EL CONCEJO PIDIÓ MÁS TIEMPO | La prórroga es legal, Lo interesante es por qué la necesitan

 «Para responder de manera precisa es necesario […] 

coordinar con el contratista la revisión

 de los soportes relativos a los bienes y servicios adquiridos

 y a los profesionales y/o profesional que participaron en las jornadas.»

Concejo Municipal de Guasca, oficio 2026-C-0274

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EL CONCEJO PIDIÓ MÁS TIEMPO

La prórroga es legal. Lo interesante es por qué la necesitan

Introducción

El 20 de octubre radiqué el segundo derecho de petición sobre la capacitación en San Andrés... once preguntas sobre lo que no llegó con la primera respuesta. El Concejo tenía diez días hábiles para contestar.

No contestó. Pidió más tiempo. Mediante el oficio 2026-C-0274, del 3 de noviembre, fijó como nueva fecha el 18 de noviembre de 2026.

Primero lo justo | la prórroga es legal

Antes de que alguien se escandalice, hay que decirlo... el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 permite ampliar el plazo de manera excepcional. Exige tres cosas, y el Concejo cumplió las tres:

1. Avisar antes del vencimiento. El plazo vencía el 4 de noviembre; el oficio es del 3.
2. Explicar los motivos. Los explicó.
3. No pasar del doble del plazo inicial. El 18 de noviembre está dentro de los veinte días hábiles.

Así que aquí no hay escándalo. Hay algo mejor... una carta que, para pedir tiempo, tuvo que contar por qué lo necesita.

Lo que la carta dice sin querer

Las facturas no estaban en casa. El Concejo dice que debe «coordinar con el contratista la revisión de los soportes relativos a los bienes y servicios adquiridos». Traducido... los soportes de tiquetes, hotel y alimentación no están en el expediente; hay que pedírselos a ADCV.

Lo curioso es que el 14 de septiembre la supervisión certificó el cumplimiento del contrato y autorizó el pago final. Y el anticipo de $24 millones estaba amparado por una póliza de «buen manejo y correcta inversión». ¿Cómo se verificó la correcta inversión de un anticipo sin los soportes de en qué se invirtió? Es como firmar que la maleta llegó completa sin abrirla.

¿Uno o varios capacitadores? La carta habla de «los profesionales y/o profesional que participaron en las jornadas». Ese «y/o» es una joya. Casi dos meses después del viaje, el Concejo todavía no sabe si a los concejales les enseñó una persona o varias. Y eso que eran ellos los alumnos.

Los tres puntos que la carta no nombró

Al resumir mi petición, el Concejo enumeró el anticipo, los capacitadores, las condiciones de las jornadas, los certificados, la planeación y las garantías. Los demás quedaron dentro de un «entre otros aspectos»:

• Con qué entidad se hizo el intercambio de experiencias.
• Si existe algún estudio que compare el costo de hacer las jornadas en Guasca con el de hacerlas en San Andrés.
• La fecha en que se presentará el informe a la comunidad.

Confío en que «entre otros aspectos» los incluya. Por si acaso, serán los primeros que revise el 18 de noviembre.

Qué sigue

1. Esperar hasta el 18 de noviembre. La ley no permite una segunda prórroga.
2. El Concejo se comprometió por escrito a dar «respuesta de fondo a cada una de las solicitudes» y a hacer «las precisiones a que haya lugar» sobre los documentos que no estén disponibles. Eso es justo lo que pedí... lo que exista, en copia; lo que no exista, por escrito.
3. Si la respuesta no llega o llega incompleta, procede la acción de tutela.
4. Con la respuesta, o con su ausencia, el expediente irá a la Procuraduría Provincial y a la Contraloría de Cundinamarca.

Conclusión

Pedir más tiempo no es un pecado; a veces es señal de que alguien se tomó en serio la pregunta. Lo que sí dice mucho es el motivo... para saber cuánto costó el viaje y quién dictó las clases, el Concejo tiene que preguntarle al contratista.

Esa información debió estar en el expediente desde antes de pagar. Que haya que salir a buscarla después es, por sí solo, una respuesta.

Para pagar el viaje bastó la firma del supervisor.

 Para explicarlo hacen falta veinte días hábiles.

Sesión 068 del Concejo de Guasca | 322 millones que cambian de destino

 

Sesión 068 del Concejo de Guasca

 322 millones que cambian de destino

Crónica y análisis de la Sesión Plenaria Ordinaria No. 068 del 3 de noviembre de 2026, en la que se aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 017 de traslados presupuestales.

FICHA DE LA SESIÓN

Fecha: martes 3 de noviembre de 2026, 6:12 p. m. a 8:08 p. m.

Tipo: Plenaria ordinaria No. 068 (primera sesión de trabajo de noviembre)

Quórum: 10 de 11 concejales (una concejala ausente por incapacidad médica)

Tema central: segundo debate del P.A. 017 de 2026, traslados en el presupuesto de inversión

Monto: $322.803.000

Resultado: aprobado 9 votos contra 1. Pasa a sanción del alcalde

Transmisión: Facebook del Concejo y emisora local

1. De dónde viene el proyecto

El Proyecto de Acuerdo 017 empezó su trámite en la Comisión Tercera de Presupuesto el 20 de octubre. El 29 de octubre, en sesiones extraordinarias, la plenaria leyó y aprobó la ponencia del concejal Wilmer Beltrán, pero la discusión quedó aplazada "por circunstancias de conocimiento de la corporación y de la administración" que no se explicaron en la transmisión. El 3 de noviembre se retomó el estudio.

La Secretaría de Hacienda resumió el proyecto: $322.803.000 que salen de metas que, según certifican los propios secretarios, "ya se cumplieron o este año no se van a cumplir". El traslado fue aprobado antes en el CONFIS (Consejo Municipal de Política Fiscal).

2. Qué se mueve y hacia dónde

• Transporte (mantenimiento vial y recebo): $144.750.000
• Inclusión social y reconciliación: $63.053.000
• Gobierno territorial (gestión del riesgo): $50.000.000
• Cultura: $35.000.000
• Ambiente y desarrollo sostenible: $30.000.000
• Total: $322.803.000

Cada secretaría sustentó su parte:

• Cultura ($35 millones). $30 millones pasan de la meta 42 (plan de salvaguardia del patrimonio, que se ha adelantado con apoyo de la Universidad Nacional) a la meta 32, para transporte y alimentación de las escuelas de formación artística en festivales de Sogamoso, Zipaquirá, Junín, Cajicá, Soacha y Tenjo. Otros $5 millones salen de la meta 107 (página web cultural, hecha "con gestión" y a punto de lanzarse) hacia insumos para las escuelas.
• Planeación ($50 millones). Salen de la meta 126 (proyecto de vivienda de interés prioritario: los gastos notariales de escrituración costaron menos de lo previsto) y de la meta 127 (revisión e implementación del Esquema de Ordenamiento Territorial, donde había recursos para un tema patrimonial). Destino: $30 millones para obras de mitigación del deslizamiento en la vereda La Trinidad, sector Pericos, mediante convenio solidario con la Junta de Acción Comunal, y $20 millones para logística de atención de emergencias. Los soportes incluyen oficios de la Procuraduría sobre el fenómeno de El Niño y conceptos de Corpoguavio, de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.
• Infraestructura (mantenimiento vial). Saldos de la meta del Plan Maestro de Alcantarillado (que se cumple por otras vías: reparación en Portales de Valenta y diseños para redes, en línea con la sentencia del río Bogotá) y $6 millones de la meta 186. Con ellos se adiciona el contrato de suministro 207 de 2026 para unos 30 kilómetros de vías en afirmado: La Trinidad, San Francisco, Betania, Santa Ana Alta, La Concepción, El Salitre, Pueblo Viejo, El Volcán, Flores, Pastor Ospina (Agua Caliente) y El Santuario, entre otras. La idea es mantener un mes más el vibrocompactador para tener dos cuadrillas completas, una en mantenimiento y otra en bacheo.
• Desarrollo Social ($63.053.000). De la meta 64 a la meta 81 (convenios con centros de protección), para un nuevo contrato con la Beneficencia de Cundinamarca que sostiene a siete personas mayores y con discapacidad de Guasca en sus centros.
• Agricultura y Medio Ambiente. Recorta la meta 100 (eventos de integración campesina y ferias, con $450 millones aprobados) para enviar recursos a la meta 158 de recebo y $30 millones a la meta 152 de cambio climático, con los que se planea comprar fumigadoras estacionarias, las populares "maruyamas", para atender conatos de incendio forestal. La secretaria explicó que la Procuraduría, los ministerios de Ambiente y Agricultura y otras entidades han pedido acciones frente a El Niño, que el gobernador dejó claro que "el municipio asume" y que el plan de contingencia 2026-2027 se adoptó en el Consejo de Gestión del Riesgo del 1 de octubre. Por esas razones, las ferias no se harán; el Día del Campesino sí.

3. El debate | maruyamas, juntas y corresponsabilidad

La mayor parte de la discusión giró alrededor de $30 millones, menos del 10 % del proyecto: la compra de maruyamas y la idea de entregarlas a las juntas de acción comunal de las veredas con más riesgo de incendio (El Santuario, Mariano Ospina, Santa Ana, La Trinidad y La Concepción).

• Hernán Gantiva recordó el incendio del páramo de 2007 y advirtió que una maruyama con 100 metros de manguera no sirve cuando el agua está a 300 o 400 metros. Propuso comprar menos equipos y más rollos de manguera, guardarlos en el casco urbano a disposición de Defensa Civil y Bomberos, capacitar a toda la comunidad de cada vereda y no solo a los presidentes de junta, y gestionar con Gobernación, EPC, CAR y Corpoguavio un vehículo para Defensa Civil. También preguntó por el tanque móvil que el municipio tenía y que se acoplaba a una volqueta.
• Carlos Acosta insistió en la corresponsabilidad: si un vecino sin entrenamiento sale herido usando un equipo que le dio el municipio, la responsabilidad recae en la administración. Señaló que Defensa Civil no tiene sede propia y "sus carros son sus oficinas".
• Wilmer Beltrán, ponente, dijo que hay coincidencia en que las maruyamas por sí solas no mitigan el riesgo, pero pidió atender las recomendaciones técnicas: caballaje adecuado, manguera resistente y kits de empalme. Preguntó cuántas se comprarán y a quién se entregarán, y bajo qué figura jurídica, para que no terminen fumigando potreros. Pidió además comunicar a la JAC de Pericos que el traslado se hizo con respaldo del Concejo.
• Giovanni Cortés propuso que la compra entre al almacén municipal y no vaya directo a las juntas.
• Delfín Octavio Ramírez recordó episodios de 2020 y 2024 en que Bomberos no pudo acceder a equipos y pidió que estos estén disponibles a cualquier hora.
• Otro concejal pidió que hablaran Defensa Civil y Bomberos, "que son los que saben", antes de decidir.

4. La voz técnica | Defensa Civil y Bomberos

Ese fue el momento más útil de la sesión. El representante de Defensa Civil defendió las maruyamas por su bajo consumo de agua y combustible, que es clave en temporada seca. Coincidió en que las mangueras de fábrica son frágiles para terreno de montaña y precisó que la capacitación se hará vereda por vereda, bajo el Sistema Comando de Incidentes. Reveló dos datos que merecen atención: el vehículo asignado es modelo 2002, repararlo costaría $15 millones y su avalúo es de $1.450.000; y el municipio les aporta $6 millones mensuales para 27 operativos activos.

El teniente de Bomberos, que dijo haber usado fumigadoras estacionarias desde 1997, matizó varios puntos. Las maruyamas sirven para conatos y labores de liquidación, no para incendios declarados. Gastan entre 30 y 40 litros por minuto, frente a 100 a 150 de las bombas forestales. No admiten otro tipo de manguera. Propuso acompañarlas con tanques de 1.000 litros o piscinas australianas en veredas con déficit hídrico (Santa Bárbara, Flores, El Santuario, Mariano Ospina, El Salitre). Su advertencia más seria fue sobre la responsabilidad: los civiles necesitan traje ignífugo y casco, además de capacitación, y en las investigaciones el primer señalado es el comandante del incidente, seguido del Consejo de Gestión del Riesgo y el alcalde. Recordó que el incendio de 2007 empezó el 2 de febrero y consumió 592 hectáreas.

5. Las respuestas de la administración

• La entrega a las juntas "no es la última palabra". Se estudia un comodato con Bomberos y Defensa Civil. Defensa Civil opera por ahora desde el Centro de Economía.
• Los $40 millones que ya tenía la meta 152 se usaron en un contrato por Tienda Virtual de $247.183.000: 10 tanques australianos de 18.000 litros y 120 kits de cosecha de agua para pequeños y medianos productores. Los $30 millones nuevos irían a un contrato de ferretería por monto agotable, también por Tienda Virtual.
• Para el box culvert del Motilón hay dos frentes: uno con Corpoguavio en la quebrada, cerca de la vía a El Volcán, y otro frente a Macuira, donde se rompió la tubería bajo la vía. La Secretaría de Infraestructura no tiene contrato de ferretería y espera comprar la tubería por Tienda Virtual.
• La meta 198 de gestión del riesgo arrancó con $310 millones, pero de ahí salieron los convenios de Bomberos y Defensa Civil, el combustible y el personal. Hoy tiene un saldo de $59 millones, ya comprometido con la dotación de la sala de crisis.
• El tanque móvil existe en el acopio, con filtraciones. Se hará un diagnóstico.
• Sobre la propuesta del presidente de mover $50 millones a rutas escolares: "la administración no acoge", porque Pericos necesita la inversión con urgencia.

6. El debate de fondo | control político y rutas escolares

El presidente del Concejo, Julián Andrés Rodríguez, hizo las siguientes preguntas 

• Que quede claro ante la comunidad que el recorte de unos $80 millones a la fiesta campesina y a las ferias es iniciativa de la Alcaldía y no del Concejo.
• ¿Por qué adicionar a metas que ya tenían recursos (40 millones en la 152, 310 millones en la 198)? La respuesta llegó después: esos recursos ya se gastaron.
• Las rutas escolares terminaron el 30 de octubre y hay niños caminando más de una hora para llegar al colegio. Propuso llevar los $50 millones de gestión del riesgo a la meta 2, que busca garantizar el 100 % de las rutas.
• Con contratos de monto agotable por Tienda Virtual, "¿cómo le hace seguimiento el Concejo?". En los traslados "trabajamos con supuestos" y "nunca vemos cifras concretas" (cuántas maruyamas, cuánto cuestan los estudios de Pericos).
• Faltan unos 57 días para cerrar la vigencia. ¿Alcanzan a firmarse el convenio y los contratos?
• El Concejo puede votar negativo o modificar el proyecto; no está obligado a aceptar lo que la administración considere pertinente.

Otro concejal pidió que la Alcaldía emita un comunicado explicando que las ferias no se hacen por El Niño y no por decisión del Concejo, y que quede en actas el compromiso de no entregar los equipos directamente a las juntas. Otro recordó que a Pericos se le habían prometido $50 millones y no $30, y que esa diferencia es decisión de la administración.

7. La votación

El proyecto fue aprobado por 9 votos a favor y 1 en contra. Votaron sí Carlos Acosta, Brayan Bautista, Wilmer Beltrán, Giovanni Cortés, David Garzón, Hernán Gantiva, Carlos Sebastián León, Delfín Octavio Ramírez y Juan Manuel Rodríguez. Votó no el presidente, Julián Andrés Rodríguez. Ninguna de las modificaciones discutidas (rutas escolares, prohibir la entrega a juntas, especificaciones técnicas de las maruyamas) se incorporó al texto votado; quedaron como recomendaciones.

8. Comunicaciones y proposiciones

• Intervención del público: no hubo inscritos.
• Comité Municipal de Discapacidad: invitación a la segunda velada artística "Colores del Alma", el sábado 7 de noviembre a las 6:00 p. m. en el Teatro Municipal, para recaudar fondos para la población con discapacidad.
• Enel Colombia: pide agendar el segundo espacio de participación sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto de subestación y líneas asociadas. La mesa directiva fijará la fecha e invitará a las JAC.
• Proposición aprobada: visitar la placa huella recién inaugurada, el parque municipal y la planta de tratamiento de agua potable antes de la citación de control político a Infraestructura.
• Proposición aprobada: invitar a los dos guardabosques a la sesión con la Secretaría de Agricultura para que informen sobre el estado de los predios municipales.

9. Lo que queda abierto

Se votó sí después de dos horas de reparos. Casi todos los concejales cuestionaron la compra de maruyamas, la entrega a las juntas o la falta de cifras, y aun así el resultado fue 9 a 1. El presidente lo dijo en la sesión: el Concejo tenía la potestad de modificar el proyecto. No lo hizo. Las recomendaciones solo valen si alguien les hace seguimiento.

El ordenamiento territorial vuelve a ser la caja menor. Parte de los $50 millones sale de la meta 127, la de revisión e implementación del EOT. Atender a Pericos es urgente y legítimo. Pero cuando la meta de planeación territorial es la que cede ante cada contingencia, el municipio aplaza justo el instrumento que debería evitar que se repitan los deslizamientos en zonas de riesgo.

La gestión del riesgo funciona con lo mínimo. Defensa Civil tiene 27 operativos, $6 millones al mes, un vehículo de 2002 que no vale la pena reparar y una sede prestada. Las maruyamas son un debate menor al lado de ese dato.

Control político con monto agotable. Comprar por Tienda Virtual es ágil y legal, pero deja al Concejo, y a la ciudadanía, sin una lista concreta de qué se compra, cuánto y para quién. La pregunta del presidente sigue sin respuesta y le corresponde también a las veedurías.

Los niños sin ruta. Que las rutas escolares terminaran el 30 de octubre, con más de un mes de calendario por delante, es un dato grave que la sesión no resolvió. La administración priorizó Pericos, una decisión defendible. Lo que nadie explicó es por qué la meta 2 se quedó sin recursos en primer lugar.

Conclusión

La sesión 068 aprobó traslados razonables en su mayoría: vías, beneficencia, escuelas de formación y la emergencia de Pericos. Su mayor valor fue escuchar a Bomberos y Defensa Civil antes de votar. Su mayor debilidad fue votar sin cambiar nada de lo que se cuestionó. Quedan cuatro tareas para la ciudadanía: verificar en el SECOP qué se compra con los $30 millones de la meta 152, comprobar que el convenio con la JAC de Pericos se firme antes del cierre de la vigencia, exigir el comunicado sobre las ferias y preguntar por las rutas escolares. El presupuesto 2027, que llega este mes, será la prueba de si el Concejo aplica la exigencia de cifras concretas que pidió esta noche.

Nota metodológica: esta entrada se construyó a partir de la transmisión pública de la sesión en la página de Facebook del Concejo Municipal de Guasca (1 h 56 min), transcrita automáticamente y revisada. Las cifras y nombres provienen de lo dicho en la sesión; algunas intervenciones no pudieron atribuirse con certeza a un concejal específico y se citan de forma general. Cualquier corrección es bienvenida.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · @CarlosGalarzaCTP

"El consejero que se forma, transforma su territorio"

Fuente: Sesión Plenaria Ordinaria No. 068 – Facebook Concejo Municipal de Guasca

25 años con el mismo mapa | El Estado del Ordenamiento Territorial en la Jurisdicción de CORPOGUAVIO

 

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25 años Con el Mismo Mapa

El estado del ordenamiento territorial en la jurisdicción de CORPOGUAVIO

Imagine que su municipio tuviera que decidir hoy dónde se construye, dónde se protege el agua y dónde no se puede vivir por riesgo de deslizamiento, usando un mapa dibujado en el año 2000. No es un ejercicio de imaginación. Es la situación de cinco de los ocho municipios que hacen parte de la jurisdicción de CORPOGUAVIO.

Los días 12 y 13 de noviembre, CORPOGUAVIO reúne a secretarías de Planeación, Consejos Territoriales de Planeación y Concejos de sus ocho ( 8 ) municipios en una gira sobre ordenamiento territorial. Antes de llegar, vale la pena mirar en qué punto está cada uno.

Primero, una precisión que suele confundirse

La jurisdicción de CORPOGUAVIO no es lo mismo que la provincia del Guavio. La corporación es la autoridad ambiental de Fómeque, Gachalá, Gachetá, Gama, Guasca, Junín, Medina y Ubalá. Guatavita y La Calera, que sí son provincia del Guavio, dependen de la CAR. Esta entrada se ocupa de los ocho ( 8 ) municipios de CORPOGUAVIO.

El estado de cada municipio

Con datos de la Cámara de Comercio de Bogotá (corte de enero a junio de 2026) y de los boletines de CORPOGUAVIO, el panorama es este, del instrumento más antiguo al más reciente:

Ubalá. EOT adoptado por el Acuerdo 001 de 2000. Está formulando la revisión. Tuvo una concertación ambiental en 2020 (Resolución 1519) y en 2025 hizo una mesa técnica con CORPOGUAVIO para definir la hoja de ruta de su nuevo modelo de ocupación.

Medina. EOT del Acuerdo 017 de 2000. No tiene proceso de revisión en marcha. La Gobernación de Cundinamarca busca aliados para financiar sus estudios de riesgo.

Gachalá. EOT del Acuerdo 015 de 2000. Está en formulación. CORPOGUAVIO reporta una concertación de 2021 (Resolución 0597) y en octubre de 2026 se socializó el modelo de ocupación con el CTP, la Comisión de Ordenamiento y el Concejo.

Gachetá. EOT del Acuerdo 015 de 2001. No hay información actualizada para 2026. En 2024 estaba en formulación, con estudios de riesgo elaborados por CORPOGUAVIO.

Junín. EOT del Acuerdo 008 de 2001. Es el más avanzado de los rezagados: tiene concertación ambiental (Resolución 0259 del 10 de abril de 2025) y ya surtió la consulta al Consejo Territorial de Planeación. El siguiente paso, por ley, es el Concejo Municipal.

Fómeque. Adoptó su EOT con el Acuerdo 013 de 2021.

Gama. Adoptó su EOT con el Acuerdo 001 de 2023.

Guasca. Según el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá, Modificó su EOT con el Acuerdo 037 de 2026.

La brecha que nadie está mirando

Las determinantes ambientales que hoy aplica CORPOGUAVIO son las de la Resolución 0247 del 2 de marzo de 2022. Un año después, el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, el Plan Nacional de Desarrollo, reordenó la jerarquía de las determinantes del ordenamiento y puso la protección del agua en el primer nivel.

Ahí aparece un problema. Las concertaciones de Ubalá (2020) y Gachalá (2021), y el EOT de Fómeque (2021), son anteriores a esas dos normas. Junín es el único caso documentado que ya concertó con la Resolución 0247. La pregunta es obvia, y debería hacerse en voz alta...¿las concertaciones viejas siguen sirviendo, o hay que actualizarlas antes de llevar los proyectos a los concejos?

El cuello de botella es el riesgo

El patrón común no es la falta de voluntad, sino de estudios. Sin estudios de amenaza y riesgo aprobados no hay concertación posible, y esos estudios cuestan. Medina lo muestra con claridad... no avanza porque no tiene cómo financiarlos.

Por eso resulta pertinente que el proyecto de CORPOGUAVIO se llame "Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua". Si su apuesta es el agua, la pregunta práctica es cuántos recursos de ese proyecto pueden ir a cofinanciar los estudios de riesgo de los municipios que llevan un cuarto de siglo esperando.

Lo que deberían preguntar los CTP

Los Consejos Territoriales de Planeación emitimos concepto sobre los proyectos de EOT, pero no participamos en la concertación ambiental, que se hace entre la alcaldía y la corporación. Eso deja al CTP opinando sobre un documento cuya parte ambiental ya fue negociada sin él. Llevo cuatro preguntas a la gira:

1. ¿Las concertaciones anteriores a la Resolución 0247 de 2022 deben actualizarse antes de que los EOT lleguen al Concejo?
2. ¿Qué recursos del proyecto "Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua" pueden cofinanciar estudios de riesgo, empezando por Medina?
3. ¿Puede CORPOGUAVIO entregar la cartografía de determinantes en formato abierto a municipios y CTP?
4. ¿Cómo puede un CTP recibir los documentos de concertación para emitir su concepto con pleno conocimiento de lo concertado?

Conclusión

Cinco de ocho municipios de la jurisdicción de CORPOGUAVIO deciden su futuro con mapas de hace 25 años. No es un detalle técnico... un EOT desactualizado significa licencias otorgadas sobre zonas de riesgo que nadie ha estudiado, rondas de agua sin delimitar y crecimiento sin reglas claras. La gira del 12 y 13 de noviembre es una buena ocasión para pasar del diagnóstico a los compromisos... quién paga los estudios de riesgo, cuándo se actualizan las concertaciones y cómo entran los CTP a la conversación.

Por Carlos A. Galarza, Consejero Territorial de Planeación de Guasca. El consejero que se forma, transforma su territorio.

Fuentes

Cámara de Comercio de Bogotá. Estado de los procesos de revisión de los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial, enero a junio de 2026, y edición junio a agosto de 2024.

CORPOGUAVIO. Boletines 49/2025 (Junín), 302/2025 (Ubalá) y 281/2026 (Gachalá).

CORPOGUAVIO. Resolución 0247 de 2022, determinantes ambientales.

NOTA: Si su municipio tiene información más reciente, escríbame a carlosalbertogalarzavasquez@gmail.com y actualizo esta entrada.

Resolución 0247 de 2022 | Las Reglas Ambientales del Guavio que Todavía No Podemos Ver Completas

 

LINK RESOLUCION

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Resolución 0247 de 2022

Las Reglas Ambientales del Guavio que todavía no Podemos Ver Completas

Introducción

Cuando alguien pregunta si en su finca se puede construir, si una parcelación campestre es legal o si un nacimiento de agua está protegido, la respuesta no depende solo del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio. Depende también de unas reglas de mayor jerarquía que fija la autoridad ambiental. En los ocho municipios de la jurisdicción de CORPOGUAVIO, esas reglas están en la Resolución 0247 del 2 de marzo de 2022. Vale la pena conocerla, y vale la pena saber qué parte de ella todavía no está a la vista.

Qué es una determinante ambiental

La Ley 388 de 1997, en su artículo 10, establece que los municipios deben respetar unas "determinantes" al hacer o revisar su plan de ordenamiento. Son normas de superior jerarquía: el EOT no puede contradecirlas. Las ambientales incluyen las áreas protegidas, las reservas forestales, las rondas de los ríos, los planes de manejo de cuencas y las zonas de amenaza y riesgo, entre otras.

Cada corporación autónoma regional define cuáles aplican en su territorio. En el caso de CORPOGUAVIO, que es la autoridad ambiental de Fómeque, Gachalá, Gachetá, Gama, Guasca, Junín, Medina y Ubalá, lo hizo con la Resolución 0247 de 2022.

Qué hace la Resolución 0247

La resolución, firmada por el director general Marcos Manuel Urquijo Collazos, hace cuatro cosas:

Primero, adopta las determinantes ambientales que los ocho municipios deben tener en cuenta al formular, revisar o ajustar sus EOT.

Segundo, deroga la Resolución 686 de 2008, que era la norma anterior. Todo lo que se concertó con CORPOGUAVIO antes de marzo de 2022 se hizo con esas reglas viejas.

Tercero, agrupa las determinantes en cuatro ejes, siguiendo la tipología del Ministerio de Ambiente...elementos naturales del territorio; medio transformado y calidad de vida; gestión del riesgo y cambio climático; y densidades máximas de ocupación.

Cuarto, reconoce como determinantes los planes de ordenación de las cuencas de los ríos Bogotá, Guavio, Guayuriba y Humea, adoptados entre 2015 y 2019, así como las declaratorias de reservas forestales, áreas protegidas, reservas naturales de la sociedad civil y rondas hídricas que la corporación ha expedido.

Por qué le importa a un vecino de Guasca

El eje de densidades máximas de ocupación es el que más toca la vida diaria del municipio. La Ley 99 de 1993 le da a las corporaciones la facultad de fijar cuántas viviendas caben por hectárea en áreas suburbanas, cerros y montañas, y exige que no menos del 70 por ciento del área de esos proyectos se destine a conservar la vegetación nativa. En un municipio con la presión de condominios y parcelaciones campestres que tiene Guasca, esa regla define qué se puede construir y qué no.

El eje de riesgo también importa. Sin estudios de amenaza aprobados, ningún municipio puede actualizar su EOT. Y el eje de elementos naturales es el que protege el páramo, los bosques y las fuentes de agua que abastecen los acueductos veredales.

Lo que falta: la resolución no está completa en la web

Aquí aparece el problema. La Resolución 0247 es un acto administrativo de nueve páginas, y la mayor parte son considerandos con citas de leyes y decretos. Lo sustantivo, es decir, qué determinante aplica en qué vereda, está en tres anexos:

• Un Documento Técnico General de Determinantes y Asuntos Ambientales, que la resolución declara parte integral del acto.
• Una ficha de determinantes ambientales para cada uno de los ocho municipios.
• La cartografía oficial a escala 1:25.000, elaborada con las especificaciones del IGAC.

La propia resolución ordena publicar el documento técnico y la cartografía en la página web de la corporación, "para facilitar su consulta". Al 2 de noviembre de 2026, la sección de determinantes ambientales de esa página solo ofrece el PDF de la resolución, publicado en mayo de 2023, más de un año después de su expedición. El documento técnico, las fichas y los mapas no aparecen.

Eso significa que un ciudadano, un concejal o un consejero territorial que quiera saber qué restricciones ambientales pesan sobre un predio no tiene dónde consultarlo. La regla existe, pero no se puede leer completa.

La resolución también ordena comunicar las fichas y su cartografía a cada alcaldía. Por tanto, la Oficina de Planeación de Guasca debería tener la ficha del municipio. Es otra puerta para pedirla.

Las preguntas que deja abiertas

La resolución rige desde su expedición y no trae un régimen de transición. No dice qué pasa con los procesos de revisión de EOT que ya tenían concertación con la Resolución 686 de 2008, como los de Ubalá (2020) y Gachalá (2021).

Además, un año después de expedida, el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, el Plan Nacional de Desarrollo, reordenó la jerarquía de las determinantes del ordenamiento y puso la protección del agua en el primer nivel. La Resolución 0247 es anterior a ese cambio. ¿La corporación la ha ajustado? No hay, en su página, ningún acto posterior que lo indique.

Lo que hice

El 2 de noviembre de 2026 radiqué un derecho de petición ante CORPOGUAVIO. Pedí copia del documento técnico, de la ficha de Guasca y de la cartografía en formato digital geográfico; la dirección donde están publicados o la fecha prevista para publicarlos; información sobre actos posteriores que actualicen la resolución; y las resoluciones de concertación del EOT de Guasca. Por ley, la corporación tiene diez días hábiles para responder. Contaré aquí lo que entreguen.

Conclusión

La Resolución 0247 de 2022 es una buena noticia a medias. Actualizó unas reglas ambientales que llevaban catorce años sin cambios y las organizó de forma clara. Pero una norma que se aplica sobre mapas que nadie puede ver no cumple su función pública. Las determinantes ambientales no son un asunto técnico para especialistas... definen dónde se puede vivir, dónde se debe conservar y dónde hay riesgo. Mientras sus anexos no estén publicados, la participación ciudadana en el ordenamiento del Guavio se hace a ciegas. 

Fuentes

CORPOGUAVIO. Resolución 0247 del 2 de marzo de 2022, "por medio de la cual se actualizan y adoptan las determinantes ambientales para la formulación, revisión y ajuste de los esquemas de ordenamiento territorial e instrumentos de planificación intermedia de los municipios de la jurisdicción". Radicado 20227100247.

CORPOGUAVIO. Página de determinantes ambientales, www.corpoguavio.gov.co/determinantes-ambientales, consultada el 2 de noviembre de 2026.

Ley 388 de 1997, artículo 10. Ley 99 de 1993, artículo 31. Ley 2294 de 2023, artículo 32.

Por Carlos A. Galarza, Consejero Territorial de Planeación de Guasca.

El consejero que se forma, transforma su territorio.

Guasca propone al PND | Agua, Vivienda y Salud para un Pueblo que Crece

 

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Guasca propone al PND

Agua, vivienda y salud para un pueblo que crece

Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 · Eje 3: Milagro Social

El Milagro Social busca mejorar las condiciones de vida: salud, vivienda, servicios públicos y cuidado. En Guasca, el casco urbano creció más rápido que la infraestructura que lo sostiene.

El Departamento Nacional de Planeación abrió un formulario para que la ciudadanía aporte propuestas al Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Como Consejero Territorial de Planeación de Guasca, revisé las sesiones del Concejo Municipal de agosto de 2026 y convertí los problemas que allí se discutieron en propuestas concretas para cada eje del Plan. Esta entrada hace parte de esa serie.

DIAGNÓSTICO

El saneamiento es lo más urgente. La planta de tratamiento de aguas residuales ya no da abasto y tiene líos jurídicos. Según el alcalde, una nueva cuesta cerca de 16.000 millones de pesos, y en enero de 2026 se trasladaron unos 783 millones de su meta hacia otras. El plan maestro de acueducto y alcantarillado sigue en subsanación ante el Ministerio de Vivienda, y en las veredas hay acueductos comunitarios sin almacenamiento.

La vivienda se volvió inalcanzable... un arriendo en Guasca ya cuesta cerca de un millón de pesos. El municipio prepara un proyecto de vivienda social con una cuota objetivo de hasta 700.000 pesos, pero depende de que la Nación reactive los subsidios.

En salud y cuidado, el proyecto del centro de salud espera concepto de la Secretaría de Salud de Cundinamarca y el CDI tiene ajustes pendientes por requerimientos del ICBF.

PROPUESTA

1. Que el Ministerio de Vivienda priorice y financie la nueva PTAR de Guasca y acompañe el cierre del plan maestro de acueducto y alcantarillado, incluida la situación jurídica de los predios por donde pasa la tubería. Esos recursos deben quedar protegidos para que no se trasladen a otras metas.

2. Cofinanciar tanques, cosecha de agua lluvia y protección de fuentes para los acueductos veredales.

3. Reactivar los subsidios de vivienda de interés social y prioritario con un cupo para municipios pequeños, y crear un programa de mejoramiento de vivienda rural.

4. Fijar un plazo máximo para el concepto del centro de salud, cofinanciar su construcción y acompañar los ajustes del CDI para que entre en funcionamiento.

POBLACIÓN OBJETIVO

Toda la población de Guasca. Con la PTAR y el plan maestro se benefician los hogares, comercios e instituciones del casco urbano y las comunidades aguas abajo. Los hogares que pagan arriendo, en especial familias jóvenes y de bajos ingresos, serían beneficiarios del programa de vivienda, y las familias campesinas recibirían agua rural y mejoramiento de vivienda.

En salud y cuidado, se benefician los usuarios del centro de salud, la primera infancia que atendería el CDI y los usuarios del centro de vida sensorial.

RESULTADOS AL 2030

A 2030, Guasca tendrá su nueva PTAR funcionando y tratará todas las aguas residuales del casco urbano. El plan maestro de acueducto y alcantarillado estará aprobado y en ejecución, y los acueductos veredales tendrán almacenamiento suficiente para la temporada seca.

El proyecto de vivienda social estará entregado, con cuotas de no más de 700.000 pesos, y varias familias campesinas habrán mejorado su vivienda. El centro de salud estará prestando servicios y el CDI atendiendo a la primera infancia.

CONCLUSIÓN

El bienestar de un pueblo se mide en cosas concretas...agua tratada, un techo que se pueda pagar y un centro de salud abierto. Guasca tiene los proyectos radicados; lo que falta es que la Nación los financie y que esa plata no se pueda trasladar a otras metas a mitad de camino.

Fuentes: sesiones del Concejo Municipal de Guasca (transcripciones automáticas; datos por confirmar con documentos oficiales).

• Sesión Plenaria No. 066 del Concejo de Guasca, 31 de agosto de 2026: https://www.youtube.com/watch?v=Hyrbu0BHBOE
• Sesión Plenaria No. 065 del Concejo de Guasca, 30 de agosto de 2026: https://www.youtube.com/watch?v=HWgKu6F99xE
• Sesión de seguridad del Concejo de Guasca, 25 de agosto de 2026 (parte II): https://www.youtube.com/watch?v=jUstKqz7A-4
• Formulario de participación ciudadana del PND 2026-2030 (DNP): https://formularioparticipacionvirtual.dnp.gov.co/

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación de Guasca · @CarlosGalarzaCTP

El consejero que se forma, transforma su territorio

Sesión 067, Instalacion Sesiones Ordinarias Mes de Noviembre | Muchas Preguntas, ¿Cuántas respuestas?

 

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Sesión 067, Instalacion Sesiones Ordinarias Mes de Noviembre 

Muchas preguntas, ¿cuántas respuestas?

Introducción

El Concejo instaló el 1 de noviembre su último periodo ordinario de 2026. En 34 minutos aprobó, sin una sola objeción, un paquete de cuestionarios de control político que toca casi todas las dependencias de la Alcaldía. El paquete está bien armado. El problema es lo que pasa después.

1. Lo que ocurrió

El domingo 1 de noviembre de 2026 el Concejo Municipal de Guasca realizó la Sesión Plenaria Ordinaria No. 067, transmitida por su página de Facebook. Que la sesión fuera un domingo no es capricho... la Ley 136 de 1994 fija el 1 de noviembre como inicio del cuarto periodo ordinario en municipios como el nuestro, y la corporación cumplió esa fecha.

Asistieron ocho concejales; dos estuvieron ausentes y una curul se reportó con incapacidad médica. El orden del día tuvo solo dos puntos... la instalación del periodo, a cargo del presidente Julián Andrés Rodríguez Barrantes, y proposiciones y varios. No hubo asuntos varios. La sesión cerró recordando que el martes se hará el segundo debate en plenaria del Proyecto de Acuerdo 017.

2. El discurso de instalación | Correcto y Vacío

El presidente habló de responsabilidad, diálogo respetuoso, rigor y comunicación oportuna con la administración. Dijo que hay "temas importantes sobre la mesa", pero no nombró ninguno. Tampoco mencionó el Proyecto de Acuerdo 017, que se votará en segundo debate dos días después, ni dijo de qué trata.

Un discurso de instalación es protocolario, es cierto. Pero es también el único momento en que la mesa directiva le dice a la ciudadanía qué va a decidir el Concejo en el mes. Noviembre es, en la práctica, el mes del presupuesto del año siguiente. Quien vio la transmisión no supo cuál es la agenda de decisiones; solo supo que habrá trabajo.

3. El paquete de proposiciones | Qué se preguntó

Casi toda la sesión se fue en leer y aprobar proposiciones. Las agrupo por tema, no por concejal, porque así se ve mejor el mapa:

• Presupuesto 2027 y finanzas. El presidente pidió a Hacienda un cuadro de ejecución por meta para 2024, 2025 y 2026; las variaciones del presupuesto 2027 frente a 2026 y su justificación; cómo se proyectan predial, industria y comercio, SGP, regalías y crédito; el estado de la deuda; el cumplimiento de los límites de gasto de la Ley 617 de 2000, y qué recursos del balance entran al 2027. A Planeación, la articulación con el POAI y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y qué proyectos del Banco de Proyectos están viabilizados.
• Ejecución del Plan de Desarrollo. Brayan Bautista pidió a todas las dependencias su ejecución física y financiera meta por meta al 31 de octubre, con proyección al 31 de diciembre. El presidente pidió además qué metas del PDM 2024-2027 siguen pendientes y con qué recursos de 2027 se van a cumplir.
• Seguridad y convivencia. Cuatro concejales tocaron el tema: los compromisos del consejo de seguridad realizado en la Casa de la Cultura; el plan para la temporada decembrina, licor adulterado y pólvora; el plan de contingencia y movilidad del 31 de octubre y las caravanas; qué pasó con las cámaras de seguridad que se gestionaban con la Gobernación; qué cubre el PISCC, cuánto se ejecutó en 2026 y cuánto hay para 2027, y los índices de hurto, violencia intrafamiliar, microtráfico y homicidio con las metas para el próximo año.
• Sisbén y el nuevo Registro Universal de Ingresos. Los concejales David Ramiro Garzón y Delfín Octavio Ramírez preguntaron por la operación del Sisbén, la transición hacia el sistema del DNP, cuántas familias o adultos mayores han cambiado de grupo o perdido subsidios (Colombia Mayor, devolución del IVA, salud, vivienda) por los cruces automáticos de datos, y qué ruta existe para corregir errores.
• Salud. Estado físico, técnico, financiero y de dotación del centro de salud de Guasca para sala de partos y rayos X; convenios y transferencias; y si ya se superó el déficit de enfermería y fisioterapia reportado en mayo.
• Alumbrado público. Luminarias nuevas instaladas entre mayo y octubre, solicitudes pendientes de las juntas, recaudo 2026 y proyección 2027, si ese recaudo se destina solo al servicio, qué pasa con las luminarias retiradas en la modernización, el estudio técnico de referencia, y cuánto costará el alumbrado navideño.
• Infraestructura. La glorieta de la Perimetral de Oriente en Cuatro Esquinas (quién la mantiene: concesión, ANI o municipio, y qué se ha hecho con hundimientos e inundaciones); obras inconclusas y previstas; un box coulvert dañado hace tres meses en la vía hacia el sector conocido como Macuira; y el proyecto de pavimentación de la Avenida Fátima, financiado con regalías y empréstito, con la advertencia de que si no arranca este año se podrían perder recursos.
• Contratación y control. Contratos suscritos en 2026, los que se piensan firmar en diciembre y en qué modalidad, el Plan Anual de Adquisiciones 2027, publicación en SECOP II, hallazgos de Contraloría o Procuraduría, procesos contra funcionarios o contratistas, y quejas ante la Personería.
• Ferias, agro y juntas. Qué pasó con el CDP y el RP expedidos para unas ferias y fiestas que, según lo dicho en agosto, serían en octubre; costos y cronograma de la feria equina y bovina; horas de uso y gastos de la maquinaria agrícola; y una invitación a Asojuntas para que informe sobre placa huellas, recursos y convocatorias.

4. Lo que está bien

Hay que decirlo sin rodeos: varias de estas preguntas están bien formuladas. Piden periodos concretos (mayo a octubre), datos desagregados (casco urbano y veredas, barrio por barrio), soportes (actas, listados de asistencia, cronogramas) y referencias a metas del Plan de Desarrollo. Eso es control político serio, porque obliga a la administración a responder con cifras y no con generalidades.

Tres preguntas merecen subrayarse. La del presupuesto 2027, porque es la decisión más importante que tomará el Concejo este año y la que más pesa sobre los próximos. La del Sisbén, porque los cambios de clasificación por cruces automáticos le pueden quitar un subsidio a un adulto mayor sin que nadie se lo explique. Y la de la Avenida Fátima, porque si los recursos de regalías se pierden por no ejecutar a tiempo, el costo lo paga el municipio entero.

También es una buena señal que la pregunta sobre las ferias apunte al CDP y al RP. Si se comprometió presupuesto para un evento que no se hizo en la fecha anunciada, la ciudadanía tiene derecho a saber qué pasó con ese compromiso.

5. Lo que preocupa

Aprobación sin deliberación. Todas las proposiciones se aprobaron levantando la mano, sin una sola pregunta, ajuste o priorización. Esto es habitual y no es ilegal. Pero el Concejo es un cuerpo colegiado: si nadie discute qué preguntar primero, cada concejal pregunta lo suyo y la corporación no fija una línea.

Repetición pese al llamado a no repetir. El presidente pidió no duplicar proposiciones. Aun así, seguridad apareció en cuatro intervenciones, alumbrado en dos y la ejecución del plan de acción en dos. Los temas son legítimos; la dispersión no. Cuatro cuestionarios de seguridad producen cuatro respuestas parciales, cuando uno solo, consolidado, obligaría a una respuesta completa.

El riesgo del informe que nadie lee. Este es el punto central. Se le pidieron a la administración, en un mes, informes meta por meta de todas las dependencias, comparativos financieros de tres vigencias, relación de contratos, procesos disciplinarios, inventarios de luminarias y la operación completa del Sisbén. La experiencia muestra que un volumen así suele terminar en documentos extensos que llegan tarde, se leen poco y no se debaten. El control político no se mide por la cantidad de preguntas aprobadas, sino por las respuestas que se confrontan en plenaria y por las decisiones que de ahí salen.

La seguridad, en abstracto. La sesión se hizo al día siguiente de un fin de semana con alta tensión pública por seguridad: la Alcaldía emitió un comunicado sobre los hechos del 30 de octubre y en redes circularon denuncias ciudadanas sobre hechos violentos en el municipio. En la sesión se pidieron cronogramas, índices y planes, pero no se nombraron esos hechos ni se pidió una explicación específica sobre ellos. Que el Concejo hable de seguridad en términos generales justo cuando la comunidad habla de seguridad en términos concretos es una distancia que vale la pena cerrar.

Ningún asunto varios. El punto de varios se cerró vacío. En el último periodo del año, sin un solo tema adicional de la comunidad, la sesión se quedó en trámite.

6. Qué puede hacer la ciudadanía

• Seguir la sesión del martes y exigir que se explique, en lenguaje claro, qué es el Proyecto de Acuerdo 017 y qué cambia para Guasca.
• Pedir, por derecho de petición, copia de las respuestas que entregue cada dependencia a estos cuestionarios. Son documentos públicos, y su contenido no debería quedarse en la Secretaría del Concejo.
• Asistir o seguir con atención las sesiones de control político sobre seguridad, presupuesto 2027 y Sisbén, que son las de mayor impacto en la vida diaria.
• Si usted o un familiar perdió un subsidio o cambió de grupo en el Sisbén sin explicación, este es el momento de decirlo: el Concejo lo preguntó, y su caso puede convertir una cifra en una respuesta concreta.

Conclusión

La Sesión 067 dejó un buen cuestionario y una pregunta abierta. El cuestionario muestra que hay concejales que saben qué preguntar: presupuesto, Sisbén, salud, contratación y obras con recursos en riesgo. La pregunta abierta es si este último periodo será de respuestas o de archivos. Aprobar proposiciones es la parte fácil del control político; la difícil es leer lo que responde la administración, confrontarlo en plenaria y convertirlo en decisiones. En noviembre, además, el Concejo vota el rumbo financiero de 2027. Ahí se sabrá si las preguntas de este domingo fueron el inicio de un debate o solo su anuncio.

Fuente: transmisión oficial de la Sesión Plenaria Ordinaria No. 067 del 1 de noviembre de 2026, página de Facebook del Concejo Municipal de Guasca. Análisis elaborado a partir de la transcripción de la sesión.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · @CarlosGalarzaCTP

"El consejero que se forma, transforma su territorio"

Radiografía de la Sesión Extraordinaria 030 del 31 de Octubre 10 de la Noche | 19,9 millones, 34 minutos y cero preguntas

 

Radiografía de la Sesión Extraordinaria 030

19,9 millones, 34 minutos y cero preguntas

Introducción

La noche del sábado 31 de octubre, mientras buena parte del pueblo andaba en Halloween, el Concejo de Guasca aprobó en segundo debate una adición presupuestal para el deporte. El trámite fue legal y la ponencia fue seria. El debate, en cambio, no existió.

FICHA DE LA SESIÓN

• Sesión: Plenaria Extraordinaria No. 030 de 2026
• Fecha y hora: sábado 31 de octubre de 2026, de 10:21 p.m. a 10:55 p.m. (34 minutos)
• Quórum: 10 de 11 concejales; una ausencia excusada
• Único punto de fondo: segundo debate del Proyecto de Acuerdo 018 de 2026, "por el cual se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos de inversión del municipio de Guasca para la vigencia fiscal 2026"
• Ponente: concejal Enrique Giovanni Cortés Díaz (Alianza Verde), Comisión Tercera
• Por la Administración: el jefe de la oficina de Juventud, Deportes y Recreación
• Resultado: aprobado con 10 votos. En comisión había pasado 4-0.
• Difusión: Facebook del Concejo y emisora Cieché Estéreo 89.6 FM

QUÉ SE APROBÓ, EN PALABRAS SIMPLES

El municipio recibió $19.924.969 del Instituto Departamental de Deportes de Cundinamarca (Indeportes), mediante la Resolución 421 de 2026. Ese dinero sale de la participación que la ley le da al deporte en el impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado. Según la ponencia, la base legal es la Ley 30 de 1971, modificada por la Ley 1289 de 2009.

Es plata con destinación específica: no es de libre uso. El acuerdo la mete al presupuesto de ingresos y la pasa, por el mismo valor, al sector 43 (Deporte y Recreación), programa 43.01, meta 053 del Plan de Desarrollo "Guasca, compromiso de todos 2024-2027": "realizar dos dotaciones a las escuelas deportivas existentes en el cuatrienio". Con eso se compraría implementación deportiva: platillos, conos, balones y similares.

El funcionario de deportes añadió un dato que importa. Antes estos recursos se incorporaban por decreto del alcalde, y ahora se tramitan por acuerdo del Concejo. También recordó que el departamento exige un informe detallado del uso de los recursos, contratos incluidos.

LO QUE FUNCIONÓ

1. Una ponencia hecha con lupa. Se Revisó los soportes, uno por uno: la resolución de Indeportes, la certificación de Hacienda del 9 de octubre, la de Planeación del 18 de septiembre y el Acta 26 del CONFIS. Comprobó que ingresos y gastos cuadraran al peso y que el gasto encajara en una meta del Plan de Desarrollo. También dejó constancia de que el acuerdo no crea gastos permanentes, no toca la planta de personal y no genera deuda. Así debería verse una ponencia.

2. La Administración aceptó las correcciones. El asesor financiero de la Alcaldía acogió en comisión las modificaciones propuestas.

3. Más control, no menos. Que estas adiciones pasen por el Concejo y no por decreto le da a la corporación un control que antes no tenía. Ahora la pregunta es si lo va a ejercer.

4. Transmisión pública. La sesión se emitió por redes y por radio, y quedó grabada. Gracias a eso existe esta entrada.

LO QUE PREOCUPA

1. El proyecto llegó con errores que no deberían existir. Fue la propia ponencia la que los encontró:

• La fecha del Acta del CONFIS estaba equivocada: era el 13 de octubre de 2026.
• El artículo segundo hablaba de la vigencia fiscal 2025 en una adición para 2026.
• El anexo de inversión traía un código sectorial errado (23 en lugar de 43).
• El preámbulo citaba el Acuerdo 012 de 2024 sin que se viera su relación con el proyecto.
• La cláusula de vigencia incluía una derogatoria genérica que no hacía falta.

Ninguno de estos errores es grave por sí solo, y todos se corrigieron. Juntos, sin embargo, muestran que un proyecto de una sola fuente y un solo destino salió de la Alcaldía sin revisión de calidad. Si eso pasa con 19,9 millones, conviene preguntarse qué tan blindados llegan los proyectos grandes. Que el Concejo detecte el error está bien. Que tenga que detectarlo habla mal del filtro de origen.

2. Un punto quedó "pendiente por aclarar" y nadie lo aclaró. El informe para segundo debate dice que la observación sobre el artículo primero y la identificación del código de la fuente 1610 era "algo pendiente por aclarar por el ponente". En la plenaria no se dijo cómo se resolvió. El acuerdo se aprobó "como está planteado inicialmente", según la fórmula de la presidencia. Lo más probable es que sea un asunto menor de forma. Aun así, un pendiente que aparece en un informe oficial debería cerrarse en voz alta antes de votar.

3. Debate plenario: cero. Así se repartieron los 34 minutos:

• Instalación, llamado a lista y orden del día: 4 min
• Lectura del informe de ponencia y del articulado: 22 min
• Intervención de la Administración: 2 min
• Intervenciones de concejales: menos de 1 min (una sola)
• Votación, varios y clausura: 4 min

La única intervención describió el proyecto como algo que "es sólo para dar trámite" y pidió más recursos para deportes en general. La presidencia preguntó dos veces si había dudas. No hubo ninguna.

Nadie hizo, por ejemplo, estas preguntas:

• ¿Cuántas escuelas de formación deportiva existen hoy, en qué disciplinas y cuántos niños, niñas y jóvenes atienden?
• La meta habla de dos dotaciones en el cuatrienio. ¿Esta es la primera o la segunda? ¿Cómo se ejecutaron los recursos de esta misma fuente en 2024 y 2025?
• ¿Qué se va a comprar exactamente, con qué modalidad de contratación y en qué plazo?
• ¿Llegó a tiempo el informe a Indeportes por los recursos del año pasado?

Son preguntas de cinco minutos. Ese es el valor del segundo debate: que lo aprobado en comisión se mire otra vez, con otros ojos, frente a la ciudadanía. Si el segundo debate solo sirve para leer en voz alta lo que ya se aprobó, se reduce a un trámite notarial.

4. El reloj juega en contra de la ejecución. Vale la pena ver la cronología completa:

• 18 de septiembre: certificación de la Oficina Asesora de Planeación
• 9 de octubre: certificación de la Secretaría de Hacienda
• 13 de octubre: el CONFIS aprueba la adición (Acta 26)
• 15 de octubre: el alcalde radica el proyecto
• 21 de octubre: primer debate en Comisión Tercera (4-0)
• 31 de octubre: segundo debate y aprobación en plenaria
• Pendiente: sanción, publicación, ajuste del POAI y del Banco de Proyectos, proceso contractual, entrega

Entre la certificación de Planeación y la radicación pasó casi un mes. Tras la sanción quedarán, siendo generosos, unas siete semanas hábiles para contratar y recibir la dotación antes del cierre de la vigencia. El mismo funcionario lo admitió: "entre más rápido podamos hacerlo, mucho mejor". Hay un riesgo concreto de que la compra se vaya a reserva presupuestal o se apresure a final de año, que es cuando más se descuida la calidad de lo que se compra.

5. La hora. Sesionar a las 10:21 de la noche de un sábado es legal. Para la participación ciudadana no es lo ideal. La transmisión compensa en parte, pero un Concejo que quiere ser visto no escoge la franja de menor audiencia de la semana.

EL CIERRE DE EXTRAORDINARIAS

En la clausura, la presidencia informó que tres proyectos de acuerdo pasaron sus debates y fueron aprobados en este periodo de extraordinarias. Informó además que el Proyecto de Acuerdo 017 de 2026, debatido en plenaria el 28 de octubre, fue aplazado por las intervenciones de ese debate y se retomará en las sesiones ordinarias de noviembre. Ese aplazamiento sugiere que, cuando el tema lo amerita, la plenaria sí delibera. Le haremos seguimiento.

QUÉ VIGILAR DESDE AHORA

1. Sanción y publicación del acuerdo, con las correcciones aprobadas en comisión ya incorporadas.
2. Actualización del POAI y del Banco de Programas y Proyectos, que la propia ponencia dejó como condición para ejecutar.
3. Proceso contractual en SECOP II: modalidad, número de oferentes, ficha técnica de los elementos y precios unitarios comparados con el mercado.
4. Entrega real a las escuelas: actas de recibo, inventario y qué escuela recibió qué.
5. Informe a Indeportes sobre el uso de los recursos, que el departamento exige.

CONCLUSIÓN

La Sesión 030 deja una lección incómoda. En lo formal, el sistema funcionó... la plata tiene soporte legal, cuadra al peso, apunta a una meta del Plan de Desarrollo y un ponente juicioso corrigió los errores con que llegó el proyecto. En lo deliberativo no funcionó... diez concejales votaron sin hacer una sola pregunta, y un pendiente del informe se cerró en silencio.

El monto es pequeño. El hábito no lo es. Un Concejo que aprueba sin preguntar cuando la cifra es modesta se entrena para aprobar sin preguntar cuando la cifra es grande. Ahora el control sobre estas adiciones es del Concejo y no un decreto del alcalde, y por eso mismo debería ejercerlo en voz alta. Lo que sigue es responsabilidad de todos... que los 19,9 millones se conviertan, antes de diciembre, en balones y conos en manos de niños de Guasca, y no en una reserva presupuestal ni en una compra de afán.

Nota metodológica: este análisis se basa en la transmisión pública de la Sesión Plenaria Extraordinaria No. 030 del 31 de octubre de 2026, publicada en la página oficial de Facebook del Concejo Municipal de Guasca, y en su transcripción. Las citas corresponden a lo dicho en la sesión; nombres, códigos y fechas se tomaron del audio y pueden tener imprecisiones menores frente a los documentos oficiales.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · @CarlosGalarzaCTP

El consejero que se forma, transforma su territorio.

Fuente: Sesión Plenaria Extraordinaria No. 030, Concejo Municipal de Guasca (Facebook)

BIEN INTENCIONADA, MAL TRAMITADA | LA EXENCIÓN DE DELINEACIÓN URBANA QUE EL CONCEJO APROBÓ SIN CUENTAS Y SIN PLAZO

 

BIEN INTENCIONADA, MAL TRAMITADA

 LA EXENCIÓN DE DELINEACIÓN URBANA QUE EL CONCEJO APROBÓ 
SIN CUENTAS Y SIN PLAZO

Introducción

Análisis de la Sesión Plenaria Extraordinaria No. 029 del 30 de octubre de 2026, segundo debate del Proyecto de Acuerdo 019 de 2026.

El jueves 30 de octubre, a las 6:25 p. m., el Concejo Municipal de Guasca abrió la sesión extraordinaria No. 029 con un solo punto de fondo... el segundo debate del Proyecto de Acuerdo 019 de 2026, que crea una nueva exención del impuesto de delineación urbana para obras de vivienda derivadas de proyectos liderados por la Administración y dirigidas a personas en debilidad manifiesta. Poco más de hora y media después, el proyecto estaba aprobado por unanimidad... 10 votos a favor, ninguno en contra.

La medida tiene buenas razones. El problema está en cómo se aprobó... sin estudio de costo fiscal, sin plazo de vigencia y sin acoger las condiciones que el propio ponente había calificado de «indispensables». Esta entrada reconstruye la sesión y evalúa sus argumentos.

1. QUÉ SE VOTÓ

• Proyecto: PA 019 de 2026. Modifica el artículo 245 del Estatuto Tributario municipal (Acuerdo 029 de 2021, modificado por el Acuerdo 087 de 2023).
• Qué agrega: un literal D, que exime del impuesto de delineación a las licencias de construcción, en todas sus modalidades, derivadas de proyectos liderados por la Administración para garantizar vivienda digna a grupos en debilidad manifiesta.
• Exenciones ya vigentes: A) bienes de conservación patrimonial; B) edificaciones del municipio; C) personas en pobreza según SISBÉN, oriundas o con más de 30 años de residencia.
• Ponente: concejal Carlos Augusto Acosta Ardila (Comisión Tercera).
• Votaciones: comisión, 4–0 (21 de octubre); ponencia en plenaria, 10–0; proyecto, 10–0.
• Beneficiarios estimados: según la Administración, entre 10 y 20 familias por convocatoria de mejoramiento o construcción en sitio propio (meta 125 del Plan de Desarrollo).

2. CÓMO SE USÓ EL TIEMPO

La sesión duró unos 98 minutos efectivos. Unos 50 se fueron en leer la ponencia y el articulado completo, considerandos incluidos. La Administración expuso durante unos 23 minutos. El debate entre concejales, el único momento de deliberación propiamente dicha, ocupó cerca de 14 minutos, y casi todo giró alrededor de un literal que el proyecto no modificaba. No hubo proposiciones ni asuntos varios.

Esa proporción dice mucho... el Concejo dedicó más tiempo a leer en voz alta el artículo 2 de la Constitución que a discutir cuánto le cuesta al municipio la exención o cuánto debe durar.

3. LA PONENCIA: UN «SÍ, PERO» QUE TERMINÓ EN UN «SÍ» A SECAS

La ponencia del concejal Acosta fue técnica y precisa y señaló sin rodeos los vacíos del proyecto:

• Costo fiscal. Advirtió que el expediente no contenía un estudio del costo fiscal de la exención, ni proyecciones de recaudo, ni concepto de Hacienda sobre su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Recordó que lo exigen el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 y el artículo 11 del Acuerdo 089 de 2023. Y añadió que «la finalidad social del proyecto no sustituye la obligación de cuantificar el costo fiscal».
• Temporalidad. Recordó que el artículo 6 del Estatuto Tributario municipal exige que las exenciones sean expresas y temporales, con un máximo de cinco años, y propuso que esta rigiera hasta el 31 de diciembre de 2027.
• Delimitación. Pidió definir con criterios objetivos y verificables quién se beneficia, para qué obras y bajo qué programa.
• Competencias. Propuso que Planeación verificara los requisitos técnicos y Hacienda los tributarios.

Concluyó que era «indispensable» incorporar esos ajustes y soportes «antes de la aprobación definitiva». Sin embargo, la Comisión aprobó el proyecto 4–0 sin votar ninguna modificación, y el texto llegó a plenaria tal como lo había radicado la Administración.

En plenaria, la Administración rechazó los dos parágrafos que recogían el plazo, el alcance y las competencias. Tampoco presentó la memoria fiscal. Aun así, la ponencia se aprobó 10–0, y el ponente votó a favor de un texto que no cumplía las condiciones que él mismo había puesto. Ningún concejal dejó constancia de ese cambio de postura.

4. QUÉ ACEPTÓ Y QUÉ RECHAZÓ LA ADMINISTRACIÓN

Acogidas:

• Retirar el considerando 16 (aludía al proyecto VIS masivo).
• Precisar el título (citar el artículo 245).
• Cambiar «obras de construcción» por «licencias de construcción» en el literal D.
• Artículo 2: que modifique únicamente el artículo 245.

Rechazadas o sin respuesta:

• Parágrafo 1 (porcentaje, plazo y no retroactividad): rechazado.
• Parágrafo 2 (competencias de Planeación y Hacienda): rechazado.
• Memoria de costo fiscal (Ley 819 de 2003): no se presentó.

Las cuatro recomendaciones acogidas eran de forma. Las de fondo se rechazaron o se quedaron sin respuesta.

5. LOS ARGUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN, UNO POR UNO

«No necesita financiación porque es una exención»: técnicamente errado.

La arquitecta encargada de Planeación sostuvo que el proyecto «no se financia con ninguna meta» porque solo libera a los ciudadanos de una obligación. Pero una exención es un gasto tributario: el municipio deja de recibir un dinero que la ley le asigna. Por eso el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 exige cuantificar su costo. Que el beneficio no salga del presupuesto de gastos no significa que no cueste.

Lo paradójico es que el costo parece pequeño. Con las cifras de la propia Administración (10 a 20 familias y licencias de alrededor de 1,5 millones de pesos), la exención costaría del orden de 15 a 30 millones al año. Hacer la cuenta tomaba una tarde. No haberla hecho no ahorró tiempo: dejó el acuerdo con un flanco débil que no necesitaba tener.

«Sería injusto ponerle un límite en el tiempo»: confunde a la persona con la norma.

El argumento fue que una persona con discapacidad no deja de tenerla cuando cambia la administración. Es cierto, pero no viene al caso. El plazo no aplica a la condición de la persona sino a la vigencia de la norma, y vencido se puede renovar con evidencia de resultados. El artículo 38 de la Ley 14 de 1983 dispone que los municipios solo pueden otorgar exenciones «por plazo limitado», nunca superior a diez años, y el Estatuto Tributario de Guasca fija un máximo de cinco. Una exención sin término choca con las dos normas. En comisión, la Administración había retirado su propuesta de vigencia indefinida. En plenaria la defendió de nuevo y rechazó el parágrafo que fijaba el plazo.

«Una exención parcial anula el subsidio»: argumento sólido.

Fue el mejor argumento de la noche. Si el municipio da un subsidio de 5 millones y luego cobra 1,5 millones por la licencia, le devuelve con una mano lo que le dio con la otra, y el beneficio real se reduce casi en un tercio. Frente a la propuesta de un descuento del 50 o el 60 %, la exención total tiene lógica para esta población y para un número tan pequeño de casos.

«No es SISBÉN, es debilidad manifiesta»: más flexible, menos verificable.

La Administración aclaró que el criterio no es la clasificación del SISBÉN sino la debilidad manifiesta definida por la jurisprudencia constitucional: enfermedad, discapacidad, vejez, vulnerabilidad económica. Es un concepto más justo para los casos individuales, pero el acuerdo no dice quién lo certifica ni con qué soporte. El ponente pidió precisamente incorporar esos criterios al artículo, y no se hizo. Lo que mitiga el riesgo es el filtro práctico: para acceder hay que haber sido seleccionado antes en un programa municipal de subsidio, que tiene sus propios requisitos. Funciona, pero queda a merced de cómo se diseñe cada convocatoria.

6. EL DEBATE DE LOS 30 AÑOS Y UN DOBLE RASERO

El único debate entre concejales lo abrió el concejal Hernán Gantiva. Propuso revisar el requisito de 30 años de residencia del literal C, que en su opinión es incoherente con los 10 años que el municipio exige en sus programas de vivienda de interés social. Otro concejal defendió la prioridad de los oriundos, y otros recordaron que el proyecto solo añadía el literal D. Las dos posturas son razonables y la discusión merecía hacerse.

Lo revelador fue la respuesta de la Administración. Pidió no bajar el requisito «a la ligera» y «estudiar a profundidad» las implicaciones, porque podría haber más de 3.000 personas en esa condición según el SISBÉN. Es un buen criterio. Pero es el mismo que la Administración se negó a aplicar a su propio proyecto: a la propuesta del concejal le exigió un estudio de impacto, y a la suya, que tampoco lo tenía, no.

La Administración también reconoció que «se evidenció una falencia» en ese literal. Queda, entonces, un problema identificado y sin trámite.

7. LO QUE NADIE PREGUNTÓ

• ¿Por qué se eliminó en 2023 la exención para VIS y VIP? La Administración explicó que el proyecto Villa Catalina (500 unidades) y otro financiado con regalías (10 familias, cerca de 2.100 millones de pesos) no pagaron delineación gracias a una exención que el Acuerdo 087 de 2023 derogó. Hoy se reintroduce una versión más estrecha. Nadie preguntó qué motivó la derogatoria ni qué cambió desde entonces.
• ¿Cuánto recauda Guasca al año por delineación urbana? Sin ese dato no se sabe qué fracción del recaudo se está cediendo.
• ¿Quién certifica la debilidad manifiesta y mediante qué acto? El texto solo dice que Planeación estudia la viabilidad y el alcalde aprueba mediante acto motivado.
• ¿Y el concepto jurídico? Durante el debate se pidió consultar a los asesores jurídicos del Concejo. La presidencia informó que no hubo respuesta, y aun así se votó.

8. BALANCE DE LA CORPORACIÓN

Hubo dos votaciones de 10–0 y ninguna constancia de voto. Hubo una ponencia rigurosa cuyas condiciones se dejaron caer sin discusión y un debate de 14 minutos dedicado a un literal ajeno al proyecto. La sesión hace parte de la seguidilla de extraordinarias de finales de octubre: el 28 se tramitaron vigencias futuras y el 29 una modificación presupuestal. En ese contexto, la rapidez es comprensible, pero no reemplaza el control.

Ahora bien, la omisión del análisis fiscal no anula por sí sola un acuerdo. La Corte Constitucional ha precisado (Sentencia C-502 de 2007) que el artículo 7 de la Ley 819 no es un poder de veto y que la carga principal recae en el Ejecutivo. Por eso el riesgo jurídico más claro no es la memoria fiscal sino la falta de plazo. Este análisis tampoco se puede cerrar sin el texto definitivo: habrá que leerlo cuando se sancione y publique.

CONCLUSIÓN

La exención es justa en su propósito y razonable en su diseño básico... no tiene sentido subsidiar una vivienda y cobrarle impuesto al subsidiado. Pero un buen fin no exime de los requisitos. El Concejo aprobó una exención sin cuantificar su costo, cuando hacerlo era trivial, y sin plazo, cuando la ley lo exige. Además, la Administración le pidió a la propuesta de un concejal un rigor que no aplicó a la suya.

La lección para Guasca no es votar en contra de lo bueno. Es exigir que lo bueno se haga bien. Una corporación que aprueba 10–0 lo que su propio ponente calificó de incompleto no está deliberando: está ratificando. Lo que queda es seguir el texto sancionado y preguntar, por los canales formales, cuánto deja de recaudar el municipio y hasta cuándo.

Nota metodológica: este análisis se basa en una transcripción automática del video oficial de la sesión, publicado en la página de Facebook del Concejo Municipal de Guasca. Algunos nombres propios y cifras pueden contener errores de transcripción. El acta oficial es la fuente definitiva. Las citas entre comillas son textuales según esa transcripción.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · @CarlosGalarzaCTP

«El consejero que se forma, transforma su territorio»