Qué se aprobó, qué se discutió y qué queda por vigilar
Crónica y análisis de la Sesión Plenaria Extraordinaria No. 027 del Concejo Municipal, 28 de octubre de 2026
Introducción
La noche del 28 de octubre, en la Sesión Plenaria Extraordinaria No. 027, el Concejo Municipal de Guasca aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 016 de 2026, «por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Guasca, Cundinamarca, para comprometer vigencias futuras ordinarias». La votación fue de nueve votos a favor y uno en contra. El acuerdo pasa ahora a sanción del alcalde.
Detrás de esa cifra hay cerca de dos horas de debate con un desacuerdo jurídico de fondo, varias preguntas que quedaron sin respuesta y una apuesta contra el reloj. Esta entrada reconstruye la sesión con detalle, para que cualquier ciudadano pueda entender qué se decidió y qué conviene vigilar en los próximos meses.
PRIMERO, ¿QUÉ ES UNA VIGENCIA FUTURA?
En Colombia el presupuesto público es anual: cada peso se apropia y se compromete entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Es el principio de anualidad, que recoge el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996).
Pero hay obras que no caben en un solo año. Para eso existe la autorización de vigencias futuras: el Concejo permite al alcalde firmar este año contratos cuya ejecución, y parte de cuyos pagos, se extienden al año siguiente. Las «ordinarias», reguladas en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, exigen entre otras cosas que la ejecución arranque con presupuesto del año en curso, que los proyectos estén en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el banco de proyectos, y que no se supere el periodo del alcalde.
La alternativa sería dejar los recursos como «reservas presupuestales», algo que la Procuraduría ha pedido limitar a casos excepcionales. Por eso la administración presentó este proyecto.
LOS PROYECTOS AUTORIZADOS
La Secretaría de Infraestructura expuso cuatro proyectos, uno de ellos con su interventoría. Tres se financian con el empréstito de 6.500 millones que el Concejo aprobó este año; el Centro de Desarrollo Infantil, con un convenio con la Gobernación a través del ICCU.
- Compromiso | Valor (pesos) | Plazo | Fuente Construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) | 2.479.580.418 | 8 meses | Convenio Gobernación / ICCU
- Interventoría del CDI | 180.419.580 | 8 meses | Convenio Gobernación / ICCU Reforzamiento estructural, sede antigua IED Mariano Ospina Rodríguez | 1.716.460.305 | No quedó claro en el audio | Empréstito
- Subestación de 150 kVA, Centro de Economía Campesina | 692.214.816 | 7 meses | Empréstito
- Estudios y diseños, vía Hortifrut – IE El Carmen (1.472 m) | 291.348.493 | 4 meses | Empréstito
Algunos datos de contexto que dio la administración:
EL DEBATE, PASO A PASO
La sesión arrancó a las 6:20 p. m. El presidente pidió una sola intervención por concejal, porque el proyecto ya se había estudiado en comisión y en la sesión del día anterior.
El asesor jurídico del Concejo intervino de forma virtual y reiteró lo que había dicho la víspera: su concepto sobre el proyecto era de «viabilidad condicionada». A su juicio, el acuerdo debía discriminar qué parte del compromiso afectará el presupuesto de 2027, conforme a la Ley 819 y a los artículos 122 a 124 del estatuto presupuestal municipal.
El concejal Julián hizo la intervención más crítica. Sus preguntas fueron estas:
La administración respondió en tres voces. El asesor de Hacienda, Dr. Wilson, sostuvo que el Concejo «no da viabilidad: aprueba o no aprueba»; que el 100 % de los recursos pertenece al presupuesto de 2026; que el proyecto cumple el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el banco de proyectos, la capacidad de endeudamiento, la aprobación del CONFIS y el límite del periodo de gobierno; y que el artículo 2 autoriza al alcalde a incorporar por decreto en 2027 los saldos que queden. También dijo que pedir el detalle de los futuros contratos era como «hacer control político sobre algo que va a suceder».
El asesor jurídico de la administración, Dr. Andrés, explicó que sin la vigencia futura no se puede abrir la licitación pública 03 del CDI, que ya está publicada como borrador, y que si no se ejecuta, la Gobernación podría pedir la devolución de los recursos. Defendió la contratación directa interadministrativa (Ley 1150 de 2007) citando una sentencia del Consejo de Estado del 20 de abril de 2026, según la cual lo determinante es que el objeto de la entidad contratada permita ejecutar el contrato, aunque luego subcontrate. Dijo que los precios del CDI son los del convenio aprobado por la Gobernación y que solo un desequilibrio económico probado permitiría pedir adiciones.
La arquitecta aclaró que el proyecto vial está bien clasificado en el sector 24 «transporte» y en el programa de «red vial primaria», porque así lo define el catálogo del Departamento Nacional de Planeación y no la clasificación vial de la Ley 1228 de 2008. Ante una pregunta del concejal Carlos Acosta, confirmó que la meta del Plan de Desarrollo está expresada en metros cuadrados, no en metros lineales.
En su segunda intervención, el concejal Julián dijo que su preocupación nace de la desconfianza hacia lo que presenta la administración y de que, en sus palabras, «siempre estamos viendo los mismos contratistas de obra». Aclaró que no le interesa contratar con el municipio. Recordó además que la ley impide que quien elaboró los estudios y diseños participe luego en la obra, y que, según se dijo cuando se aprobó el empréstito, los diseños del Mariano Ospina habrían sido «donados».
El asesor del Concejo cerró su posición con un argumento preciso. El artículo 12 de la Ley 819 habla de autorizar obligaciones «que afecten presupuestos de vigencias futuras». Si el acuerdo no dice cuánto se afectará en 2027, se desnaturaliza la figura. Afirmó tener tres o cuatro fallos judiciales que anularon acuerdos en una situación «casi calcada» y ofreció compartirlos de inmediato. Insistió en que «sería muy sencillo hacer la discriminación».
La administración mantuvo su posición. Dijo que es imposible saber hoy cuánto se ejecutará antes del 31 de diciembre, porque depende del ritmo de cada contratista. Mencionó un acuerdo de Cajicá con la columna de 2027 en cero pesos, y recordó que la Dirección de Asuntos Municipales del departamento solo devolvió el primero de los acuerdos de vigencias futuras que ha aprobado este Concejo.
Antes de votar, el concejal Julián recordó el Centro de Economía Campesina: más de cinco años y más de 6.000 millones invertidos sin que funcione. Advirtió que en 2027 regirá la Ley de Garantías y anunció su voto negativo si no se ajustaban los artículos 1 y 2.
El concejal Carlos Acosta defendió el proyecto con una imagen:
«Les dimos los dulces pero entonces les prohibimos abrir el paquete.»
Agregó que el banco desembolsa contra avance de obra y que quienes votaron el empréstito tienen la responsabilidad de seguir apoyándolo. El concejal David se sumó con el argumento de ganar tiempo. El presidente cerró el debate, pidió no adelantar el control político, que tiene sus periodos en febrero, mayo, agosto y noviembre, y sometió el proyecto a votación: nueve votos a favor y uno en contra. No hubo proposiciones ni asuntos varios.
EL NUDO JURÍDICO: DOS LECTURAS DE LA MISMA NORMA
Todo el debate de fondo se reduce a una pregunta: si un municipio ya tiene en su presupuesto de este año todo el dinero de un proyecto que se ejecutará en gran parte el año siguiente, ¿basta con autorizar el plazo, o hay que decir cuánto de ese compromiso se ejecutará en 2027?
Mi lectura: el argumento de que es «imposible» fijar el monto no convence del todo. La misma ley habla de autorizar un «monto máximo», no una cifra exacta. Con los plazos que presentó la propia administración (un CDI de ocho meses cuya licitación aún no se había abierto), era razonable estimar que casi todo se ejecutará en 2027 y fijar un tope por proyecto. El ajuste era barato y reducía el riesgo. Dicho esto, la última palabra sobre la legalidad la tendrá, si alguien lo demanda, la revisión del departamento o un juez, no esta crónica.
LO QUE QUEDÓ SIN RESPUESTA
UNA LECTURA CRÍTICA, SIN CARICATURAS
Sería injusto presentar esto como una pelea entre «los que quieren obras» y «los que las frenan». Los dos bloques tienen razones válidas.
A favor de la mayoría: los proyectos son necesarios y algunos llevan años represados. Los recursos del CDI vienen de la Gobernación y podrían perderse. La Ley de Garantías de 2027 reduce el margen para contratar. Esperar a incorporar todo en el presupuesto de 2027, como proponía el concejal Julián, podía terminar en más demoras.
A favor de la minoría: el municipio tiene un historial reciente de mala planeación. Un CDI financiado con diseños que el ICBF no aceptó; un Centro de Economía Campesina que costó miles de millones y no funciona; 2.200 millones de deuda asignados a una vía antes de tener sus diseños. Pedir cantidades, cronogramas y modalidades antes de autorizar no es «control político anticipado»: es la información mínima para decidir bien.
Lo que más preocupa no es que se haya aprobado, sino cómo se aprobó. El Concejo tenía en la mesa una recomendación sencilla de su propio asesor para blindar el acuerdo y la descartó sin revisar los fallos que se le ofrecían. El argumento de «si votamos el empréstito, tenemos que seguir apoyando» es de coherencia política, no de legalidad. Haber aprobado una deuda no obliga a aprobar cualquier instrumento para ejecutarla.
QUÉ CONVIENE VIGILAR DE AQUÍ A DICIEMBRE
La autorización solo tiene sentido si los contratos se firman y empiezan a ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2026. Estos son los puntos que vale la pena seguir desde el control social:
CONCLUSIÓN
El Concejo de Guasca le dio a la administración la herramienta que pedía para mover 5.360 millones en obras que el municipio necesita: un CDI, un colegio seguro, la energía para un centro campesino que lleva años cerrado y los diseños de una vía rural. Esa es la buena noticia.
La otra cara es que el acuerdo salió sin un ajuste sencillo que su propio asesor jurídico recomendó, con preguntas importantes sin responder y con muy poco tiempo para firmar los contratos antes de fin de año. A partir de ahora, la discusión ya no es si se aprobaba o no, sino si se ejecuta bien. Eso no lo garantiza una votación: lo garantiza la vigilancia ciudadana.
Nota: esta crónica se elaboró a partir de la transmisión en vivo publicada por el Concejo Municipal de Guasca en Facebook, transcrita de forma automática. Las citas y cifras se verificaron contra el audio en lo posible, pero algunos nombres y datos pueden contener errores; se agradecen correcciones. Las opiniones son del autor.
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