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1. El Peaje de Sopó a Juicio | El Derecho de Petición y el Camino del Control Social
Introducción
El fallido megaproyecto de la Perimetral de Oriente de Cundinamarca (POB) ha entrado en su fase de mayor tensión social y jurídica. Tras la reversión del corredor vial a manos del Estado en junio de 2026, la ciudadanía de Sopó y Guasca decidió no quedarse de brazos cruzados frente al cobro ininterrumpido de una caseta de peaje cuya promesa de infraestructura colapsó.
La confrontación entre las exigencias comunitarias expuestas por el líder ciudadano Gustavo Sánchez a través de un riguroso Derecho de Petición y la respuesta institucional emitida por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) revela un abismo de visiones que ha llevado a la comunidad a tomar una decisión contundente: iniciar la recolección masiva de firmas para interponer una Acción Popular.
El Contraste | Lo que la Comunidad Exige vs. Lo que el Estado Responde
El examen detallado del intercambio documental entre el peticionario y la entidad estatal pone de manifiesto cómo los argumentos técnicos y jurídicos del Gobierno tropiezan frontalmente con el malestar social en el territorio.
1. El Laudo Arbitral y el Secretismo Institucional
- La Petición: El ciudadano solicitó copia íntegra y transparente del laudo arbitral internacional que declaró la terminación anticipada del contrato de concesión y que condenó a la Nación por deficiencias en la estructuración ambiental del proyecto.
- La Respuesta Oficial: La ANI se negó a entregar el documento invocando una cláusula de confidencialidad contractual contenida en el propio contrato de concesión. La entidad argumentó que solo entregará el fallo arbitral si media una orden judicial expresa que levante dicha reserva legal.
2. La Claridad de las Cuentas y los Expedientes Administrativos
- La Petición: Se exigió el expediente administrativo completo de la terminación y reversión, así como la totalidad de conceptos jurídicos, memorandos internos y actas entre la ANI, el Ministerio de Transporte, el Invías y la concesionaria respecto al peaje de Sopó.
- La Respuesta Oficial: La autoridad vial frenó la entrega de estos documentos amparándose en normas del procedimiento administrativo. Afirmó que la solicitud es "imprecisa e indeterminada" y requirió al ciudadano para que reespecifique exactamente qué folios necesita. Adicionalmente, la entidad recordó que los memorandos e informes internos forman parte del "proceso deliberativo" de los servidores públicos y gozan de reserva legal.
3. El Avance Real de las Obras frente al Recaudo Continuo
- La Petición: Se solicitó certificar el avance físico real del proyecto y justificar jurídicamente por qué el Invías continúa cobrando la tarifa plena en la estación de Sopó si la gran autopista prometida jamás se construyó en su totalidad.
- La Respuesta Oficial: La ANI confirmó oficialmente que el megaproyecto cerró con un avance físico global de apenas el 43,23%. Detalló que las Unidades Funcionales 4 y 5 (que conectarían con la Vía al Llano) quedaron en un 0% de ejecución por presencia de manantiales hídricos, y que obras clave como la estación de pesaje de Sopó quedaron inconclusas por hallazgos arqueológicos. Pese a esto, la entidad sostuvo que el cobro es plenamente legal... durante la etapa de reversión se cobró bajo el contrato de concesión para financiar la operación básica, y desde el 13 de junio de 2026 el Invías asumió el recaudo amparado en resoluciones del Ministerio de Transporte, manteniendo vigentes las tarifas diferenciales para residentes.
La Respuesta Comunitaria | Firma de la Acción Popular
La respuesta oficial de la ANI fue percibida por los habitantes y líderes de Sopó y Guasca como una estrategia evasiva fundamentada en rigorismos legales y tecnicismos para no responder de fondo a la pregunta central: ¿Por qué los ciudadanos deben seguir financiando con un peaje pleno un proyecto fracturado e inconcluso?
Ante la negativa de entregar los expedientes clave y la ratificación de que el cobro no se suspenderá por vía administrativa, la comunidad ha escalado la estrategia hacia la vía judicial. En las veredas, cascos urbanos y puntos de encuentro de Sopó, Guasca y municipios vecinos de la Sabana, los ciudadanos se encuentran recolectando firmas de forma masiva para respaldar la radicación de una Acción Popular.
Esta demanda colectiva buscará que un juez administrativo ampare los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el patrimonio público, el goce del espacio público y la seguridad vial. Entre sus pretensiones principales, la Acción Popular solicitará la suspensión cautelar o el desmonte definitivo del peaje de Sopó, argumentando la ruptura del principio de reciprocidad entre la tarifa exigida a los usuarios y el estado real de la infraestructura vial prestada por el Estado.
Conclusión
El caso del peaje de Sopó demuestra que cuando las respuestas institucionales se limitan a blindarse tras el trámite burocrático, la participación ciudadana no se apaga, sino que se transforma. El paso del derecho de petición a la recolección de firmas para una Acción Popular marca el inicio de un litigio decisivo que pondrá a prueba los límites de la equidad fiscal y los derechos de las comunidades frente a los fracasos de la infraestructura nacional.
