EL PAE Y EL TRANSPORTE ESCOLAR BAJO LA LUPA EN GUASCA | DEBATE POR LA DIGNIDAD DE LAS ECÓNOMAS, PLAGAS EN LAS COCINAS Y LA "POLÉMICA DE LA CUCHARA"

 

"Dignificar la labor de las mujeres

que trabajan en la cocina es un asunto de pura empatía.

Yo valoro profundamente el oficio que hacen ellas

por los niños de Guasca y se merecen todo lo mejor."

Concejala Elodia León

EL PAE Y EL TRANSPORTE BAJO LA LUPA EN GUASCA
DEBATE POR LA DIGNIDAD DE LAS ECÓNOMAS, PLAGAS EN LAS COCINAS 
Y LA "POLÉMICA DE LA CUCHARA"

Introducción

La Sesión Ordinaria N° 62 del Consejo Municipal de Guasca, celebrada el 27 de agosto de 2026, abrió una de las jornadas de control político más sensibles para la comunidad... la evaluación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Ante la plenaria comparecieron Ricardo Castro, coordinador zonal del operador UT Concol, Sofía Rivera, supervisora municipal del PAE, y el secretario de Desarrollo Social, Yesid, para responder a las persistentes inquietudes de los concejales y la comunidad sobre las condiciones laborales de las manipuladoras, la calidad de los víveres y el estado de la infraestructura de las cocinas escolares.

A continuación, sintetizamos los debates clave y las realidades expuestas durante esta intensa jornada legislativa:

1. ¿Dignificación laboral o explotación? El álgido debate sobre los contratos de las ecónomas

El punto central y de mayor tensión en el recinto fue el tipo de contratación y la remuneración que reciben las manipuladoras de alimentos (ecónomas), quienes en su mayoría son madres cabezas de hogar de Guasca.

Los concejales, liderados por Carlos Acosta y el presidente del Concejo, expresaron su profunda indignación al analizar las planillas de pago. Se expuso un soporte de pago por valor de 517.000 pesos correspondiente a un periodo laboral de 9 días. Al hacer la división, la tarifa diaria ronda los 50.000 pesos, lo que equivale a unos 7.000 pesos por hora de trabajo. Los cabildantes señalaron que, dado que las ecónomas deben cumplir un horario estricto que va desde las 7:00 de la mañana hasta la 1:30, 2:00 o 3:00 de la tarde para dejar todo impecable, existe una evidente subordinación laboral y no una simple prestación de servicios. Por ende, exigieron que se les garantice al menos el pago proporcional de un salario mínimo legal vigente con su respectivo auxilio de transporte.
Frente a esto, el coordinador de UT Concol, Ricardo Castro, aclaró que el operador trabaja bajo la modalidad de "contrato a tiempo parcial". Explicó que las manipuladoras están afiliadas a pensión, caja de compensación y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) con nivel de riesgo 4. Argumentó que el único ítem que no se cotiza bajo el régimen contributivo es la salud (EPS). Esto se hace con el fin de protegerlas, ya que los contratos son muy cortos y, de pasarlas al régimen contributivo, perderían de inmediato sus beneficios del Sisbén (régimen subsidiado, en el cual se encuentra el 25% de ellas), quedando desprotegidas al finalizar el periodo escolar.
Asimismo, ante la denuncia sobre una carta que se les hizo firmar para aceptar el no pago de salarios durante las vacaciones de los niños, Castro defendió que el operador solo recibe pagos de la Gobernación de Cundinamarca por "plato servido" y por los días efectivamente laborados según el calendario escolar. En consecuencia, durante los recesos académicos no se generan cobros ni salarios.
2. Alerta de roedores en el Colegio Domingo Savio y control de calidad de la comida

Otro de los momentos más preocupantes de la sesión fue la denuncia de problemas de salubridad en los comedores escolares. Los concejales que realizaron visitas de inspección en agosto evidenciaron la presencia de desechos de roedores y hasta una bolsa de harina mordisqueada en las bodegas del Colegio Domingo Savio.
Al respecto, el operador reportó que este año se han realizado dos jornadas de fumigación en las sedes principales (una el 6 de febrero y otra reciente el 18 de agosto de 2026). Sin embargo, Castro enfatizó que la fumigación por sí sola no elimina la plaga si la infraestructura escolar no cuenta con "hermeticidad". Explicó que si queda un espacio mínimo entre la puerta y el piso por donde quepa un esfero, un roedor podrá ingresar fácilmente, por lo que instó a la administración municipal a mejorar los cerramientos físicos.
En cuanto a la calidad de los alimentos, la concejala Elodia denunció que en la Institución Educativa El Carmen el plátano llegó sumamente verde, imposibilitando su cocción inmediata, mientras que las remolachas y zanahorias llegaron con un tamaño "exagerado", lo que genera sospechas sobre un exceso de químicos. El operador defendió que la materia prima se despacha los martes por la noche para ser entregada los miércoles, y que obligatoriamente debe ir verde para que madure paulatinamente y soporte toda la semana escolar sin dañarse. Además, aclaró que el control técnico se realiza por peso y gramaje según el estándar nutricional y no por el tamaño de la verdura.
3. La escasez de personal en la Institución Educativa El Carmen

La concejala Elodia también denunció que durante una visita de inspección al Colegio El Carmen se encontró a una sola ecónoma preparando el almuerzo para 240 estudiantes, debido a que una compañera tuvo una calamidad familiar y otra no asistió. 
El operador aclaró que la asignación de personal está estrictamente regulada por la Gobernación de Cundinamarca bajo una tabla de proporciones: 1 manipuladora para un rango de 1 a 75 alumnos; 2 para un rango de 76 a 150 alumnos; 3 para un rango de 151 a 300 alumnos; 4 para un rango de 301 a 500 alumnos; y 5 para un rango de 501 a 750 alumnos. Detalló que en El Carmen dos manipuladoras habían presentado su renuncia voluntaria dos días antes, pero que la situación fue solventada mediante traslados temporales, y se comprometió a remunerar los días adicionales trabajados a la ecónoma que asumió la labor en solitario.
4. La "polémica de la cuchara" y la crisis del menaje escolar

Un curioso debate se generó en torno a la circular emitida por el rector de la Institución Educativa Domingo Savio, quien solicitó a los padres de familia que sus hijos llevaran diariamente una cuchara desde sus hogares para poder consumir el alimento del PAE.
El secretario de Desarrollo Social, Yesid, defendió enfáticamente la iniciativa del rector. Señaló que en el Domingo Savio se implementó la jornada única (almuerzo reforzado), lo que disparó la necesidad de cubiertos, y criticó a los padres que se quejan por tener que enviar una cuchara. "No podemos esperar que el gobierno nos subsidie absolutamente todo; los padres también debemos poner de nuestra parte en el proceso formativo", argumentó el secretario, recordando que los niños con frecuencia botan o dañan las cucharas escolares.
Por su parte, la concejala Elodia replicó que la falta de menaje es crítica en las instituciones, revelando que el año anterior la dotación para El Carmen se limitó a una paila, una cuchara de frito y 20 pocillos, obligando actualmente a que muchos niños deban hacer fila esperando a que otros terminen de comer para que se laven las pocas cucharas disponibles (tan solo 40 para cientos de estudiantes). 
Ante esto, el secretario Yesid anunció que la Alcaldía de Guasca tiene en marcha un proceso de contratación pública para la adquisición de nueva dotación de menaje (ollas, estufas, licuadoras y utensilios) que será entregada a finales de este año, y el operador asumió el compromiso de realizar mantenimiento preventivo a las estufas dañadas durante la siguiente semana.
5. El limitante de las compras locales de alimentos

Finalmente, ante la pregunta del concejal Carlos Acosta sobre qué porcentaje de alimentos se le compra a los productores campesinos de Guasca, el operador explicó que, por ficha técnica, la meta es del 30%. No obstante, expuso una gran barrera... para poder comprarles, los productores locales deben estar legalmente constituidos como asociaciones y estar en capacidad de transportar y entregar la comida directamente en la bodega central (OEGA) para pasar por la interventoría técnica obligatoria, un requisito que la mayoría de campesinos independientes del municipio no puede cumplir.
La sesión concluyó con un llamado del Concejo Municipal de Guasca para elevar estas problemáticas laborales y de contratación ante la Asamblea de Cundinamarca, reconociendo que, aunque el servicio de alimentación escolar ha mejorado operativamente frente a años anteriores, es urgente dignificar de raíz la sacrificada labor de las mujeres que alimentan a la niñez de nuestro municipio.

6. El transporte escolar a debate | El misterio de la llanta estallada y el estado de la flota
La segunda parte de la sesión de control político se concentró en la seguridad de las rutas escolares, operadas por la empresa Tures de Siecha. Esta compañía de la región, que cuenta con más de 15 años de experiencia, opera diariamente 16 rutas que benefician a más de 500 estudiantes de Guasca, empleando a conductores de los cuales el 90% son residentes locales.
El foco de mayor discusión en el cabildo fue el polémico incidente ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026 a las 7:00 de la mañana frente al Colegio Domingo Savio, donde el bus número interno 216 sufrió el estallido de su llanta trasera derecha tras haber parqueado y desembarcado a los alumnos.
Para despejar cualquier sospecha sobre una supuesta falta de mantenimiento, el ingeniero mecánico de la empresa presentó un riguroso dictamen técnico ante el Concejo. Explicó que la llanta no se encontraba lisa (era original, fabricada recientemente y tenía 5.8 mm de profundidad de labrado, casi el triple del mínimo legal permitido de 2.0 mm). El estallido se produjo por un impacto severo contra una piedra con arista cortopunzante en la vía, lo que causó una rotura longitudinal en el flanco (costado de la llanta), que es la zona más delgada por carecer de refuerzo de cinturones de acero.
Los directivos de la compañía expusieron que la flota está bajo un estricto programa de prevención: cada conductor realiza diariamente un chequeo digital preoperacional de más de 50 puntos críticos con soporte fotográfico (frenos, luces, dirección, fluidos), sumado a revisiones bimensuales y una inspección técnica trimestral interna de más de 150 puntos. Adicionalmente, informaron que ya se iniciaron los trabajos de reparación de un muro escolar que fue accidentalmente afectado por uno de sus buses, comprometiéndose a entregarlo reparado antes de finalizar agosto.
7. Sobrecupos, retrasos y el calvario de las vías terciarias de Guasca
Los concejales plantearon con preocupación reportes previos de sobrecupo en algunas rutas, donde los estudiantes debían viajar de pie, así como demoras de minutos que causaban que algunos niños llegaran a los colegios justo cuando las puertas de las instituciones ya se estaban cerrando.
La líder de operaciones de la transportadora aclaró que las situaciones de sobrecupo fueron temporales y ajenas a la capacidad de la flota. Explicó que estos desajustes ocurrieron debido a cambios de residencia de último minuto o inscripciones que los padres realizaban de forma improvisada directamente con el conductor sin reportarlos a la administración. Una vez que la Secretaría de Desarrollo Social notificó formalmente las novedades, la empresa reestructuró y reforzó las rutas correspondientes, solucionando los sobrecupos inmediatamente.
Tanto el Concejo como el operador coincidieron en que el principal obstáculo para el transporte escolar es el deterioro extremo de las vías terciarias del municipio, por donde transita el 90% de las rutas. Las fuertes lluvias han dejado tramos prácticamente intransitables en varios sectores veredales, lo que daña los vehículos y retrasa los tiempos de viaje. Al respecto, el secretario de Desarrollo Social informó que la maquinaria municipal ha intervenido las zonas críticas, pero las constantes precipitaciones lavan el material granular rápidamente. Asimismo, advirtió que debido a obras de alcantarillado en Santa Bárbara, la ruta en ese sector deberá recortar temporalmente su recorrido final por seguridad.
8. Peligro en dos ruedas | La preocupante imprudencia de las motos escolares
Uno de los puntos más alarmantes compartidos durante la sesión fue la conducta de algunos padres de familia en los entornos escolares. Los concejales presentaron evidencias fotográficas que muestran a estudiantes viajando como pasajeros en motocicletas de alto cilindraje. En muchos casos, se identificaron motocicletas transportando hasta a tres o cuatro pasajeros (incluyendo niños pequeños) sin casco de protección, o a menores de edad conduciendo estos vehículos sin licencia de conducción ni documentos de ley.
Ante este inminente riesgo de accidentes de tránsito graves, la administración anunció que se ha coordinado con la Secretaría de Gobierno para programar con carácter urgente capacitaciones pedagógicas y talleres de seguridad vial dirigidos a los padres de familia en los diferentes colegios del municipio. La corporación y la administración hicieron un llamado enfático a la corresponsabilidad de los hogares, recordando que la seguridad de los menores no depende únicamente del Estado, sino de que las familias dejen de normalizar conductas que ponen en riesgo la vida de sus propios hijos.

El viaje a San Andrés | Entre el derecho al descanso y el látigo de la ENVIDIA COLECTIVA

 

"La solidaridad es espontánea, o no lo es.

 Decretarla es aniquilarla; 

pretender imponerla como un deber social sobre la propiedad privada

 es simplemente consagrar la envidia."

Frédéric Bastiat

El viaje a San Andrés 
 Entre el derecho al descanso y el látigo de la envidia colectiva

Introducción

El debate público en Colombia suele encenderse con facilidad cuando se cruzan dos palabras mágicas: concejales y viajes. Es natural que la ciudadanía mantenga una vigilancia férrea sobre el uso de los recursos de sus municipios. En el pasado, escándalos como el de los once concejales de Sabaneta y su millonario viaje a Turquía y Dubái financiado por el erario , o la investigación a los cabildantes de Facatativá por un viaje a Cartagena bajo contratos cuestionables, han justificado plenamente la indignación popular ante el presunto desvío de dineros estatales.

Sin embargo, cuando la discusión se traslada al ámbito de lo estrictamente privado, la indignación legítima suele mutar en algo mucho más oscuro y común en nuestra sociedad: la envidia disfrazada de superioridad moral.

El marco legal | Su bolsillo, su derecho

Para abordar con seriedad si los concejales de Guasca —o de cualquier otro rincón del país— pueden empacar maletas rumbo a las playas de San Andrés utilizando sus recursos personales, primero debemos trazar una línea divisoria inquebrantable entre el erario y la propiedad privada.

De acuerdo con el artículo 312 de la Constitución Política y las clarificaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, los concejales no son empleados públicos. Al carecer de un vínculo laboral de nómina, no perciben un sueldo mensual ni tienen derecho a comisiones de servicios o viáticos para viajes recreativos pagados por el municipio. Sus ingresos oficiales provienen única y exclusivamente del cobro de honorarios por su asistencia comprobada a las sesiones plenarias y de comisiones.

Cualquier intento de desviar fondos públicos —disfrazándolos de "capacitaciones" o "planes de bienestar"— para costear un paseo turístico constituye una falta gravísima que acarrea la pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, además del delito penal de peculado por apropiación.

Pero una vez que esos honorarios son legítimamente devengados por asistir a las sesiones, ese dinero entra a su patrimonio personal. Es propiedad privada. Como ciudadanos particulares en su tiempo libre, los concejales tienen la absoluta libertad constitucional de gastar sus recursos personales como mejor les parezca, incluido un viaje de descanso a San Andrés. Exigirles lo contrario es desconocer el principio de la propiedad privada y la libertad individual.

El falso dilema del terremoto | ¿Caridad o chantaje moral?

Aquí es donde entra la crítica que hoy inunda las redes sociales y los cafés: "¿Cómo se van a ir de paseo a San Andrés con la crisis que hay? Deberían donar ese dinero a los damnificados del terremoto".

Esta narrativa cobró fuerza tras el sismo del pasado 10 de agosto de 2026, que dejó graves afectaciones en varias zonas de Colombia. El debate se avivó aún más cuando figuras públicas de alto perfil, como el senador Iván Cepeda, anunciaron públicamente que donarían su prima especial de servicios de 18 millones de pesos para ayudar a las familias damnificadas.

La donación del senador es un acto voluntario y respetable. El problema radica en que los críticos instrumentalizan este tipo de gestos para crear un falso dilema moral... si un concejal gasta su propio dinero en unas vacaciones familiares en lugar de donarlo a las víctimas de la tragedia, es catalogado de "insensible", "egoísta" o "corrupto".

Esta exigencia es una falacia. La caridad, por definición, debe ser espontánea y libre. Cuando se pretende imponer a través del matoneo social o la coacción moral, deja de ser altruismo y se convierte en confiscación de la libertad individual. Los concejales, al igual que cualquier médico, comerciante o maestro del municipio, trabajan para obtener una remuneración. Pretender que los servidores públicos deban renunciar a su derecho al descanso y al disfrute de sus ingresos personales para resolver catástrofes humanitarias es un estándar absurdo que no se le exige a ninguna otra profesión.

La envidia subyacente | El verdadero motor de la crítica

Detrás del argumento de "den esa plata a los damnificados" no suele haber una genuina preocupación filantrópica por las víctimas del terremoto, sino una profunda envidia social.

La envidia es un sentimiento destructivo que no busca que el necesitado esté mejor, sino que el otro deje de disfrutar de lo que tiene. Al criticar el viaje privado de un concejal, el envidioso no está donando su propio sueldo a los damnificados; simplemente utiliza el sufrimiento de las víctimas como un escudo moralmente aceptable para fustigar el éxito o el bienestar ajeno.

Es la vieja táctica del colectivismo resentido... penalizar el disfrute individual bajo el pretexto de que "siempre hay alguien sufriendo en alguna parte". Bajo esa retorcida lógica, nadie en Colombia podría volver a salir de vacaciones, comer en un restaurante o comprar un regalo para sus hijos mientras persista la pobreza o ocurra un desastre natural.

El concejal que viaja a San Andrés con su propio dinero no le está robando nada al municipio. Al contrario, dinamiza la economía de una isla que vive precisamente del turismo. Vigilemos sin piedad los recursos públicos, exijamos transparencia total en las sesiones oficiales y denunciemos con rigor penal a quien pretenda abusar de los bienes del Estado. Pero respetemos la libertad de los demás para disfrutar del fruto de su trabajo. Al final del día, la superioridad moral de quienes señalan con el dedo desde la comodidad de sus teclados no mitiga el dolor de ninguna tragedia; solo alimenta el resentimiento de una sociedad que prefiere ver a todos igualados en la austeridad, antes que tolerar la libertad ajena.