miércoles, 15 de julio de 2026

Modernización Administrativa en Guasca | Hacia una Gestión de Convivencia y Paz, Proyecto de Acuerdo 012 de 2026

 

"La organización

es lo que permite que el talento

se convierta en resultados."

PETER DRUCKER

HILOS SUELTOS RELACIONADOS

1. Fué Eliminada FIDUCIA y Cargo Para Acueductos Veredales | Proyecto de Acuerdo 011 de 2026






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Modernización Administrativa en Guasca

 Hacia una Gestión de Convivencia y Paz

Introducción y Noticia Principal

En un avance decisivo para el fortalecimiento institucional del municipio, el Concejo Municipal de Guasca ha aprobado por unanimidad el Proyecto de Acuerdo 012 de 2026. Con una votación contundente de 10 votos a favor en la plenaria, esta iniciativa marca el inicio de un proceso de saneamiento administrativo indispensable para la gobernanza local.

El propósito central de este acuerdo es actualizar la estructura orgánica de la administración central, resolviendo las inconsistencias y vacíos técnicos identificados en los acuerdos anteriores (064 de 2023 y 002 de 2024). Esta intervención era necesaria bajo el principio de legalidad, dado que la estructura orgánica previa no estaba definida con el nivel de detalle por oficinas requerido, lo que impedía que el Alcalde Municipal realizara estos ajustes mediante un simple decreto administrativo, exigiendo así la intervención directa de la corporación edilicia.

Objetivos de la Modernización Administrativa

La actualización de la estructura no responde únicamente a una necesidad organizativa, sino a un imperativo de armonización con el marco legal nacional. Los pilares de este proceso de depuración técnica son:

  • Actualización del Organigrama: Reorganización jerárquica para eliminar duplicidades y optimizar el flujo de trámites ciudadanos.
  • Corrección de Inconsistencias: Solución definitiva a los vacíos legales detectados en actos administrativos previos que generaban inseguridad jurídica en la operación de las dependencias.
  • Cumplimiento Normativo: Alineación estricta con la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y la reciente Ley 2492 de 2025.

La Transformación de las Inspecciones: De Policía a "Convivencia y Paz"

El cambio de mayor calado técnico introducido por este acuerdo es la transformación de las Inspecciones de Policía. Fundamentado en la Ley 2492 de 2025, este ajuste responde a la modificación del Artículo 18 del Decreto Ley 785 de 2005, el cual exige la profesionalización del cargo de Inspector para elevar la calidad de la justicia local.

Este proceso respeta los periodos de transición establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). En este sentido, se ha garantizado que el funcionario actual haya podido manifestar su voluntad de acogerse al cambio antes del 31 de enero, asegurando la continuidad de su carrera administrativa bajo las nuevas exigencias profesionales.

Característica

Estructura Anterior

Nueva Estructura (Acuerdo 012)

Denominación

Inspector de Policía

Inspector de Convivencia y Paz

Nivel del Cargo

Técnico (Código 303)

Profesional

Sustento Legal

Régimen Policivo General

Ley 2492 de 2025 / Dec. Ley 785 de 2005

Enfoque Principal

Justicia Policiva Tradicional

Convivencia, Paz y Solución Pacífica de Conflictos

Fortalecimiento de la Secretaría General y Oficinas Especializadas

La modernización redefine la dependencia líder bajo el nombre de "Secretaría General y de Gobierno". Este cambio es fundamental para clarificar que el Secretario actúa como un gerente del Talento Humano administrativo, responsable de la gestión y desarrollo estratégico de los servidores públicos, y no como ejecutor directo de todas las tareas técnicas.

Bajo este nuevo esquema, se formaliza la independencia técnica de tres oficinas críticas que, aunque permanecen adscritas a la Secretaría de Gobierno para fines de coordinación administrativa, operan con autonomía en sus funciones específicas:

  • Oficina Jurídica y de Contratación: Especializada en el blindaje legal de los actos del municipio.
  • Comisaría de Familia: Con autonomía técnica para la protección de derechos ciudadanos.
  • Oficina de Control Interno: Como garante de la transparencia y el seguimiento a la gestión.

El Proceso de Aprobación y Consenso en el Concejo

El debate en el Concejo Municipal, liderado por la ponencia positiva del concejal Enrique Giovanni Cortés, resaltó la importancia de pasar del nivel técnico al profesional en áreas críticas del servicio civil. Durante la sustentación, el Secretario de Gobierno, Diego Cubillos, precisó que la profesionalización de las Inspecciones conlleva un ajuste salarial que situará estas remuneraciones en un nivel similar al de la Comisaría de Familia.

La viabilidad financiera de este proyecto está plenamente respaldada. Existe una disponibilidad de recursos garantizada desde noviembre del año anterior, tras una planeación presupuestaria rigurosa para la vigencia 2026. Con la aprobación de este acuerdo, se derogan formalmente los acuerdos 064 de 2023 y 002 de 2024, unificando la normativa municipal en una estructura única, coherente y técnica.

Conclusión y Beneficios para la Comunidad

La actualización administrativa de Guasca es un paso hacia una justicia local más técnica y humana. La transición hacia una gestión de "Convivencia y Paz" asegura que los conflictos ciudadanos sean atendidos por profesionales capacitados bajo un enfoque de mediación y armonía social.

Este proceso de modernización no solo optimiza el uso de los recursos públicos, sino que proyecta a Guasca como un municipio comprometido con la excelencia administrativa. El documento pasa ahora a sanción del Alcalde Municipal, marcando un hito en la transparencia y la eficiencia institucional para el beneficio de todos los guasqueños.

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Fué Eliminada FIDUCIA y Cargo Para Acueductos Veredales | Proyecto de Acuerdo 011 de 2026

 


"No era justo que se le fuera a gravar
a estas asociaciones que han sido constituidas
con recursos de la comunidad."
Delfín Octavio Ramírez, Concejal de Guasca


HILOS SUELTOS RELACIONADOS







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Crónica de un Consenso por Guasca 
Los Detalles del Proyecto de Acuerdo sobre Alumbrado Público


1. Introducción | Un Giro Necesario para el Municipio

En el marco de las sesiones extraordinarias del Concejo Municipal de Guasca en este 2026, la política local ha dado un paso firme hacia la justicia tributaria y la eficiencia administrativa. Lo que parecía un debate técnico sobre el Acuerdo 055 de 2022 se transformó en un ejercicio de "buena fe" para corregir lo que muchos consideraban una norma "confiscatoria".

El Proyecto de Acuerdo 011 no es solo un ajuste de papeles; es la respuesta institucional a una problemática que asfixiaba a los acueductos veredales y desperdiciaba recursos públicos en trámites innecesarios. Bajo una tesis de ahorro y protección social, esta reforma busca que el dinero del impuesto de alumbrado público se quede en las calles y no en los bancos, protegiendo al mismo tiempo el esfuerzo histórico de las comunidades rurales.

2. Eficiencia Financiera | El Adiós a la Fiducia Obligatoria

Uno de los pilares de esta reforma es la eliminación del numeral 7 del artículo primero del Acuerdo 055. Hasta ahora, la normativa obligaba al municipio a contratar una fiducia para administrar los recursos del alumbrado, una figura que, lejos de aportar agilidad, generaba una carga financiera injustificada.

El costo de la burocracia: Durante el debate se reveló que la contratación de esta fiducia le costaba al municipio aproximadamente 69 millones de pesos anuales. La administración calificó este gasto como innecesario, puesto que la ley de contratación estatal no obliga a los municipios a utilizar este esquema, permitiendo que el manejo se haga directamente a través de cuentas exclusivas.

Con la aprobación de esta modificación, el municipio recupera su autonomía financiera. Estos 69 millones de pesos ahorrados no irán a gastos generales, sino que serán redirigidos a la expansión del servicio y al alumbrado navideño y ornamental, permitiendo que el recaudo se traduzca en beneficios visibles para la comunidad sin intermediarios costosos.

3. La Defensa de lo Comunitario | Los Acueductos Veredales como Protagonistas

El punto más álgido y celebrado del debate fue la modificación del Literal G, referente a los sujetos especiales del impuesto. Gracias a la asesoría técnica del Dr. Uriel, se estableció una distinción legal estratégica para proteger a los acueductos comunitarios.

Sujeto Exento: Aquel que es responsable del impuesto pero se le perdona el pago temporalmente.

Sujeto Excluido (No Sujeto Pasivo): Aquel que, por su naturaleza, no debe ser gravado.
Esta fue la figura elegida para proteger a los acueductos locales.

La estrategia del "Aclarar" vs. "Modificar"

Un detalle jurídico fundamental en este consenso fue la decisión de "Aclarar" el contenido del acuerdo en lugar de simplemente "Modificarlo". Según explicó el Dr. Uriel, una modificación solo tendría efectos hacia el futuro. Al optar por aclarar el sentido original de la norma, se produce un "decaimiento del acto administrativo". Esto significa que se reconoce que los acueductos comunitarios nunca debieron ser sujetos pasivos, lo que permite frenar y anular los procesos de cobro coactivo por deudas pasadas que amenazaban la estabilidad de asociaciones como San Jois o Mariano Ospina.

La distinción técnica | El lucro y la jurisdicción

El Concejo fue enfático en diferenciar entre el agua como derecho comunitario y el agua como negocio. Los acueductos veredales quedan excluidos porque su carácter es puramente comunitario, basado en aportes de los usuarios para mantenimiento, sin comercialización para el lucro. En contraste, entidades como Progresar o Ecosiecha seguirán siendo sujetos pasivos del impuesto, ya que cumplen con el trío de actividades industriales: Tratamiento, Distribución y Comercialización, operando en algunos casos fuera de la jurisdicción de Guasca (como el caso de Progresar en Sopó y La Calera).

4. Voces del Concejo | Un Debate Basado en la Realidad Rural

El ambiente en el recinto fue de transparencia y rigor. Concejales como Wilmer Beltrán (ponente), Carlos Acosta y Delfín Ramírez recordaron que la legislación debe reconocer la realidad de un municipio cuya infraestructura hídrica rural fue levantada "a pulso".

Justicia Social: Se denunció la "doble y hasta triple tributación" que sufrían los campesinos: pagaban el impuesto en su recibo domiciliario, lo pagaban a través de la factura de energía del acueducto y, además, la asociación era gravada como empresa.

Esfuerzo "Pico y Pala": Se resaltó que los acueductos construidos comunitariamente por los habitantes de Guasca no pueden ser tratados bajo la misma lupa fiscal que las grandes empresas comercializadoras.

Consenso Institucional: La Secretaría de Hacienda y el Concejo trabajaron de la mano para garantizar que la norma no fuera una trampa recaudatoria, sino una herramienta de fomento para la ruralidad.

5. El Resultado Final | Unanimidad por el Bien Común

Llegado el momento de la votación nominal, el respaldo fue absoluto. El Proyecto de Acuerdo 011 fue aprobado por unanimidad con 10 votos a favor.

Es importante destacar que el Concejo votó con un "quórum total" de sus miembros disponibles, registrándose únicamente la ausencia de la concejala Ana Elodia León, quien se encontraba bajo incapacidad médica debidamente justificada. Este respaldo unánime envía un mensaje de solidez jurídica y política a la administración municipal, que ahora procederá con la sanción del Alcalde para que la reforma entre en vigencia.

6. El Cierre | ¿Qué Cambia para el Ciudadano de Guasca?

Para el habitante de Guasca, la aprobación de este proyecto se traduce en tres realidades inmediatas.

Ahorro y Mejora del Servicio: Al eliminar el gasto de 69 millones de pesos en la fiducia, el municipio dispone de más recursos para modernizar luminarias y financiar el alumbrado navideño.

Blindaje a los Acueductos Rurales: Las asociaciones comunitarias ya no serán perseguidas por deudas de alumbrado público, protegiendo el bolsillo de los asociados y la autonomía de los acueductos.

Transparencia en el Recaudo: Se garantiza que el dinero del impuesto se maneje en cuentas bancarias exclusivas y se invierta únicamente en los componentes técnicos del servicio (operación, mantenimiento y expansión), evitando desvíos a otras metas presupuestales.

Guasca cierra este debate con la tranquilidad de haber corregido el rumbo, demostrando que la eficiencia técnica y la defensa de lo social pueden caminar de la mano en el servicio público.
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sábado, 11 de julio de 2026

Cámaras que nadie ve | Una propuesta para repensar la videovigilancia en Guasca

 


"Debe haber ojos sobre la calle...
los ojos de sus propietarios naturales."
Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades (1961).








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Cámaras que nadie ve
Una propuesta para repensar la videovigilancia en Guasca

Menos inauguraciones, más cámaras funcionando: Un modelo mixto de seguridad para nuestro municipio

Introducción

En Colombia, más del 40% de las cámaras de videovigilancia instaladas con recursos públicos están fuera de servicio, según el informe más reciente del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de la Policía Nacional: de 26.679 cámaras instaladas en el país, 11.716 no funcionan. En Bogotá, la Contraloría Distrital detectó irregularidades por miles de millones de pesos en contratos de mantenimiento que dejaron casi la mitad del sistema inoperante. Villavicencio, Cúcuta, Cartagena...el patrón se repite en todo el territorio nacional.

Guasca no es la excepción. Cualquier habitante del municipio sabe que las cámaras instaladas en nuestras calles fallan con frecuencia, y que cuando funcionan, no siempre hay quién las esté observando. Cada administración invierte en equipos, se toma la foto de la inauguración, y unos años después el ciclo vuelve a empezar... cámaras muertas, plata enterrada, y la delincuencia intacta.

El problema no es la cámara: es el modelo

Es tentador concluir que "las cámaras no sirven". Pero esa conclusión es imprecisa, y las conclusiones imprecisas producen soluciones equivocadas. Lo que no sirve es el modelo de compra sin ciclo de vida... se presupuesta la adquisición y la instalación —lo visible, lo inaugurable— pero no el mantenimiento, la conectividad, el almacenamiento de video ni el monitoreo humano permanente. Una cámara sin mantenimiento muere en pocos años. Y una cámara que nadie observa en tiempo real no previene ningún delito... en el mejor de los casos, sirve como evidencia después de ocurrido el hecho, y solo si estaba grabando.

Mientras tanto, las cámaras privadas —las de la tienda, la ferretería, la casa de familia— suelen funcionar. ¿Por qué? No porque sus dueños las vigilen todo el día. Funcionan por una razón mucho más sencilla: el dueño tiene incentivo para mantenerlas. Es su inversión, su casa, su negocio. Cuando ocurre un hecho, el video existe y se puede entregar a las autoridades. Ese incentivo de propiedad es la clave que el modelo público ha ignorado, y es la base de la propuesta que presento a continuación.

Una propuesta en cuatro componentes

Diagnóstico público antes que cualquier peso adicional. El primer paso no es comprar nada...es saber qué tenemos. En ejercicio de mi rol de veeduría, radicaré un derecho de petición ante la Alcaldía y la Estación de Policía solicitando el inventario completo de cámaras del municipio, su estado operativo actual, el historial de contratos de adquisición y mantenimiento, y el esquema de monitoreo existente. Esa información es pública y la ciudadanía tiene derecho a conocerla. Publicaré los resultados en este espacio.

Menos cámaras públicas, pero funcionando siempre. Es preferible un número reducido de cámaras en los puntos verdaderamente críticos —accesos al casco urbano, parque principal, corredores de mayor incidencia delictiva— con contrato de mantenimiento preventivo permanente y monitoreo garantizado, que decenas de equipos muertos colgados de los postes. La métrica de éxito de una administración no debe ser cuántas cámaras instaló, sino qué porcentaje está operativo cada mes.

Integrar las cámaras privadas que ya existen. Ciudades como Cartagena han puesto en marcha convenios voluntarios para que los establecimientos y hogares cuyas cámaras apuntan hacia el espacio público las articulen con el sistema de la Policía. El costo para el municipio es mínimo: no compra equipos ni asume su mantenimiento; solo construye el registro de cámaras aliadas y los protocolos de entrega de video. En Guasca ya existe una red de videovigilancia privada funcionando mejor que la pública. Aprovechémosla.

Fortalecer los Frentes de Seguridad con equipamiento colectivo. Los Frentes de Seguridad Local, coordinados por la Policía Nacional, son la figura legal existente para la participación comunitaria en seguridad. Bogotá ya ha entregado cámaras y equipos tecnológicos a sus Frentes de Seguridad y Redes de Cuidado. El equipamiento se entrega a la estructura colectiva —con acta, con coordinación policial, con reglas claras de tratamiento de datos personales— y no a personas individuales, lo que protege tanto a la comunidad como el patrimonio público. Adicionalmente, puede estudiarse un esquema de cofinanciación en el que el municipio subsidie parcialmente cámaras que el ciudadano adquiere y posee, preservando el incentivo de propiedad que hace que las cámaras privadas funcionen.

El canal institucional: que la propuesta no se quede en el aire

Esta propuesta tiene un destino concreto...el Comité Territorial de Orden Público de Guasca y el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), con financiación del Fondo Territorial de Seguridad (FONSET), que se alimenta de la contribución especial sobre los contratos de obra pública que ya se ejecutan en el municipio. No se trata de pedir plata nueva... se trata de que la plata que ya existe deje de enterrarse en equipos que mueren solos y se invierta bajo un modelo que ha demostrado funcionar en otras ciudades del país. El nuevo énfasis del Gobierno nacional entrante en seguridad urbana abre, además, una ventana de oportunidad para que los municipios lleguen a esa conversación con propuestas serias y estructuradas, no con las manos vacías.

Conclusión

La discusión sobre las cámaras de Guasca no debe ser un pulso entre quienes defienden a la administración y quienes la atacan. Debe ser una conversación técnica sobre un modelo agotado... comprar equipos sin presupuestar su vida útil es, en la práctica, un riesgo de detrimento del patrimonio público, y así lo han señalado los organismos de control en todo el país. 

La alternativa existe, es legal, tiene precedentes en Colombia y cuesta menos de lo que hoy se pierde... pocas cámaras públicas bien mantenidas, integración de la red privada existente y Frentes de Seguridad equipados, todo canalizado por las instancias institucionales creadas precisamente para eso. El primer paso es el diagnóstico, y ese paso lo daré yo mismo con el derecho de petición que anunciaré en este espacio. Porque la seguridad de nuestro municipio no se resuelve con inauguraciones... se resuelve con sistemas que funcionen el día que se les necesita.
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viernes, 10 de julio de 2026

LA REGISTRADURÍA, ESA AGENCIA DE VIAJES QUE LO LLEVA A UNO A LA CASA DE NARIÑO

                     

"Cuando mi candidato gana, 
es la voluntad del pueblo.

Cuando gana el suyo, 
es la Registraduría.

Cuando no gana nadie,
 es culpa del arbitro, del clima

y de la señora que vendía empanadas
 afuera del puesto de votación."

Manual del Perdedor Ilustrado,
 edición de bolsillo, capítulo único.








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LA REGISTRADURÍA, ESA AGENCIA DE VIAJES 
QUE LO LLEVA A UNO A LA CASA DE NARIÑO


I. EL MEME QUE ME LLEGÓ (Y QUE SEGURO LE LLEGÓ A USTED)

Circula por estos días una imagen con la foto de Rodrigo Lara y dos frases apiladas una encima de la otra, como quien apila un ladrillo y un merengue esperando que el lector no note la diferencia de materiales.

La primera frase, entre comillas: "Rodrigo Lara: 'De la Espriella puede vencer a Cepeda en primera vuelta'".

La segunda frase, sin comillas, pegada debajo con el disimulo de un polizón: "Sin llenar plazas la registraduría se encarga del triunfo".

Y remata la obra un inocente "¿Qué opinas?", que es la forma elegante que tienen los memes de decir: "haga usted el trabajo sucio de difundir esto que a mí me da pena firmar".

Pues bien... opino. Para eso me preguntaron.

II. LA PARTE VERDADERA (QUE ES, JUSTAMENTE, LA QUE MENOS IMPORTA AL MEME)

La cita de Lara es real. La dijo en entrevista con María Isabel Rueda, en El Tiempo, el 20 de abril de 2026, en plena campaña. La repitió después en Semana y en Emisora Atlántico, con cifras y todo: que Abelardo venía creciendo "como una bola de nieve", que estaba a cuatro puntos de Cepeda,que la campaña de Paloma se desinflaba.

En ese momento las encuestas le daban la razón a los escépticos: AtlasIntel ponía a Cepeda con 38%, a De la Espriella con 29,9%. Lara hizo lo que hace todo aliado de campaña: una predicción optimista. Solo que esta vez —oh, escándalo— la predicción se cumplió.

Y aquí viene lo maravilloso del meme...convierte el acierto en delito.

Porque en la lógica del creador anónimo, acertar una predicción electoral no es señal de buen olfato político. Es señal de que uno ya sabía el resultado. Como el que acusa al meteorólogo de haber mandado la lluvia.

III. LA PARTE INVENTADA (QUE ES, JUSTAMENTE, LA QUE EL MEME QUIERE QUE USTED RECUERDE)

La segunda frase —"la registraduría se encarga del triunfo"— no la dijo Lara. No la dijo nadie con nombre y apellido. La dijo el meme. Y los memes, como es sabido, gozan de una inmunidad procesal envidiable: no declaran ante el Consejo de Estado, no aportan formularios E-14, no presentan testigos. Solo insinúan y se van, como el que toca el timbre y corre.

Analicémosla con la seriedad que no merece...

La acusación es que la Registraduría "fabricó" un triunfo. Prueba aportada...ninguna.

Formulario alterado...ninguno. Testigo electoral...ninguno. 

Demanda con evidencia... ninguna que respalde ESTA dirección del fraude.

Lo que hay es un razonamiento impecable en su circularidad..."mi candidato no ganó, ergo hubo fraude, ergo no necesito pruebas, porque el fraude explica que no haya pruebas". Un sistema filosófico completo. Autosuficiente. Hermético. Inútil.

Y el criterio probatorio estrella... "sin llenar plazas". Ah, las plazas. Ese censo electoral paralelo donde cada asistente vale por tres votos, dos selfies y un tamal. Si las plazas eligieran presidentes, gobernaría el que tenga la mejor tarima y el sonido más potente. El voto, lamentablemente para los organizadores de eventos, sigue siendo secreto, individual y se deposita en una urna, no en una tribuna.

Recordemos, además, un detalle histórico incómodo...campañas con plazas desbordadas han perdido elecciones, y campañas de puerta a puerta, de redes y de territorio silencioso las han ganado. Aquí y en todo el hemisferio.

Confundir el ruido con los votos es exactamente el error de cálculo que cometieron los que hoy necesitan que la culpa sea de la Registraduría.

IV. EL DETALLE QUE EL MEME OLVIDÓ (QUÉ PENA RECORDÁRSELO)

Hay una ironía tan grande en esta pieza que merece párrafo propio. Resulta que el único de los personajes involucrados que SÍ presentó denuncias formales sobre anomalías electorales, con datos verificables, fue precisamente... Rodrigo Lara. Pero en la dirección contraria...patrones atípicos de votación superior al 70% en más de 110 municipios que coinciden con las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo por presencia de grupos armados, a favor del candidato Cepeda.

Es decir... el meme usa la cara de Lara para insinuar un fraude a favor de De la Espriella, cuando Lara es quien documentó indicios de irregularidades a favor del contrario. Es como usar la foto del bombero para promocionar el incendio.

Uno quisiera preguntarle al autor anónimo... ¿revisamos también esas 110 votaciones atípicas, o las irregularidades solo nos interesan cuando apuntan hacia donde nos conviene? Porque la veeduría electoral, como la gravedad, funciona en todas las direcciones o no funciona.

V. POR QUÉ ESTO IMPORTA (MOMENTO DE SERIEDAD, DISCULPEN)

Bajemos un momento el tono, porque el fondo no es chistoso.

Deslegitimar una elección sin pruebas es un ácido que corroe parejo. Hoy lo vierte un bando; mañana, con la misma receta, lo vierte el otro. Y cuando todos los resultados son "fraude" según quien pierda, ya no queda elección que valga, ni institución que arbitre, ni democracia que defender.

Quien tenga pruebas de fraude —de cualquier fraude, a favor de cualquiera— tiene un deber ciudadano... llevarlas al Consejo de Estado, a la Fiscalía, a la veeduría. Quien no las tenga y aun así publique memes acusando, no está haciendo denuncia. Está haciendo propaganda con disfraz de indignación.

Yo, como veedor, aplico una sola regla y la aplico parejo... evidencia o silencio. Si mañana las dudas favorecen a mi candidato, exigiré los mismos formularios, los mismos testigos, las mismas demandas. Esa es la diferencia entre fiscalizar y despechar.

CONCLUSIÓN

El meme junta una cita verdadera con una acusación inventada, esperando que la credibilidad de la primera contagie a la segunda. Es el viejo truco de sentar al invitado de honor junto al colado para que ambos parezcan de la familia.

La cita de Lara es real, verificable y —para mayor vergüenza del meme— terminó siendo profética. La insinuación sobre la Registraduría es un añadido anónimo, sin una sola prueba, que confunde plazas con urnas y despecho con evidencia.

Así que, respondiendo al "¿Qué opinas?" con el que cierra la imagen... opino que quien tenga pruebas las presente, que quien no las tenga deje de fabricar memes, y que la Registraduría, hasta donde consta en el expediente —que es el único lugar donde constan las cosas—, no es una agencia de viajes a la Casa de Nariño. Los tiquetes, en democracia, se siguen comprando de a un voto por persona.

Y esos, hasta nueva orden, no se depositan en las plazas.
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EL CASTILLO DEL POLITIQUERO | GRITAR DESDE EL PATIO, ESCONDERSE EN LA TORRE

 

«Yo nunca dije lo que dije. 
Y si lo dije, lo que quise decir fue otra cosa. 
Y esa otra cosa, 
dígame usted quién puede estar en desacuerdo.»
Politiquero anónimo, en cualquier plaza,
 en cualquier año electoral






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EL CASTILLO DEL POLITIQUERO
 GRITAR DESDE EL PATIO, ESCONDERSE EN LA TORRE

Sobre la falacia motte-and-bailey, o el arte de prometer en grande 
y defender en chiquito.


Introducción

Hay una mudanza que el politiquero criollo ejecuta con más agilidad que cualquier trasteo de fin de mes... la mudanza entre lo que grita en la tarima y lo que defiende cuando le piden cuentas. 

La teoría de la argumentación le tiene nombre a esa maniobra...la falacia motte-and-bailey. Y aunque el nombre suene a queso francés, es en realidad una estrategia medieval de castillos que hoy se practica, con entusiasmo renovado, en el debate público colombiano.

UN CASTILLO CON DOS LUGARES

En la Edad Media, ciertos castillos tenían dos partes. El bailey era el patio amplio y fértil...ahí estaba la vida buena, los cultivos, el comercio. Pero era indefendible. El motte era una torre estrecha e incómoda sobre una colina... nadie quería vivir ahí, pero era casi imposible de tomar por asalto.

El señor feudal vivía en el patio. Cuando llegaba el enemigo, corría a la torre. Cuando el enemigo se aburría y se iba, bajaba de nuevo al patio como si nada hubiera pasado.

En el debate público funciona igual. El politiquero lanza una afirmación grande, atractiva y difícil de sostener (el patio). Cuando alguien la cuestiona con datos, se refugia en una versión modesta, obvia, que nadie en su sano juicio negaría (la torre). Y apenas el crítico se distrae, vuelve a repetir la afirmación grande como si ya la hubiera defendido.

EL TRASTEO EN ACCIÓN | TRES EJEMPLOS DE PLAZA PÚBLICA

El truco no tiene ideología... se practica con igual destreza a la izquierda, a la derecha y en ese centro que nunca se sabe dónde queda. Veamos tres ejemplos genéricos, sin nombre propio, porque el lector sabrá ponérselo:

Ejemplo 1 — El patio: «El sistema de salud es un negocio criminal que hay que acabar de raíz.» La torre (cuando le muestran las cifras de cobertura): «Yo solo digo que el sistema tiene fallas y hay que mejorarlo.» ¿Quién puede negar que el sistema tiene fallas? Nadie. Pero eso no prueba que haya que dinamitarlo.

Ejemplo 2 — El patio: «Con mano dura acabamos la delincuencia en seis meses.» La torre (cuando le preguntan por el plan concreto): «Yo solo digo que la seguridad debe ser una prioridad.» Claro que debe serlo. Pero la prioridad no era lo prometido: lo prometido era el milagro con cronograma.

Ejemplo 3 — El patio: «Esta administración es la más corrupta de la historia.» La torre (cuando le piden las pruebas): «Yo solo digo que la ciudadanía tiene derecho a hacer veeduría.» Por supuesto que lo tiene —este blog vive de ejercerlo—. Pero la veeduría exige evidencia, no superlativos.

Nótese el patrón: la frase de tarima cosecha aplausos, indignación y votos. La frase de torre solo sirve para sobrevivir al contradictor. Son dos afirmaciones distintas disfrazadas de una sola, y el politiquero cobra el premio de la grande pagando apenas el precio de la chiquita.

POR QUÉ FUNCIONA (Y POR QUÉ NOS FUNCIONA)

La maniobra prospera por tres razones. 

Primera: la memoria del auditorio es corta y la del algoritmo, más. El video viral registra el grito del patio; la aclaración de la torre sale en una entrevista que nadie ve. 

Segunda: el crítico queda en posición incómoda, porque atacar la versión de la torre lo hace ver como un exagerado que pelea contra obviedades. 

Tercera —y esta es la incómoda—: al elector le gusta el patio. La afirmación grandiosa emociona; la matizada aburre. El politiquero no engaña a un público inocente... le vende exactamente el castillo que el público quiere comprar.

CAJA DE HERRAMIENTAS DEL CIUDADANO
CÓMO DESALOJAR EL CASTILLO

La buena noticia es que la falacia se desarma con una sola pregunta, formulada con calma y repetida con paciencia: «¿Cuál de las dos cosas está usted afirmando: la fuerte o la débil?»

Si responde que la débil, se le concede de inmediato —conceder lo obvio es de buen argumentador— y se le anota en el acta... entonces la promesa de tarima queda retirada. Si responde que la fuerte, se le exige la carga de la prueba que la afirmación fuerte requiere. Lo que no se le permite es el trasteo permanente entre las dos, porque ahí es donde vive el truco.

Y un consejo adicional para quien debate en redes...la respuesta no es para el politiquero —él ya sabe lo que hace—, es para la audiencia que lee. Nombrar la maniobra en voz alta («esto es un motte-and-bailey: promete el patio y defiende la torre») le entrega al público un lente que ya no podrá quitarse. Una vez usted ve el castillo, lo ve en todas partes.

CONCLUSIÓN

El motte-and-bailey no es un accidente retórico... es un modelo de negocio. Permite cosechar el rédito electoral de la promesa desmedida sin asumir nunca el costo de defenderla. Y sobrevive porque el debate público premia el volumen sobre la precisión.

La defensa ciudadana no requiere títulos en lógica... requiere memoria y una pregunta.

Memoria, para no dejar que la aclaración de la torre borre el grito del patio. Y la pregunta de siempre: ¿cuál de las dos cosas me está diciendo? Un electorado que aprende a distinguir el patio de la torre es un electorado al que ya no le pueden vender castillos. Y ese, precisamente, es el tipo de ciudadanía que este espacio quiere ayudar a formar... la que no se conforma con el eslogan, porque aprendió a preguntar por los planos.
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jueves, 9 de julio de 2026

LA TRISTEZA PRESTADA | Cómo Se Defiende La Cultura Olvidando Citar Al Autor

 

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LA TRISTEZA PRESTADA 
Cómo Se Defiende la Cultura Olvidando Citar al Autor

Introducción

Hay emociones que nos definen. La alegría del gol agónico, la nostalgia del aguacero en tierra fría, la indignación del peaje que sube en enero. Son nuestras, intransferibles, hechas a la medida del alma de cada quien.

O eso creía yo, hasta que el pasado 3 de julio, a las 10:40 de la mañana, el señor Julio César  publicó en Facebook que le era "imposible no sentir una profunda tristeza" por la anunciada fusión de los ministerios de Cultura y Deporte. Un texto sentido, en primera persona, con hashtags y corazón partido incluidos.

Tres días después —el 6 de julio, a las 11:16 de la mañana— esa misma profunda tristeza apareció publicada en el muro del señor Oskar Javier Sarmiento, activista de la causa petrista-cepedista. Palabra por palabra, coma por coma, hashtag por hashtag, fotografías incluidas. Sin comillas. Sin crédito. Sin un modesto "comparto estas palabras de". La tristeza llegó a su muro como llegan las cadenas de WhatsApp... huérfana de autor y lista para adoptar.

Aclaro, porque en esto soy cuidadoso... no sé —y por eso no lo afirmo— si el texto viajó directamente de un muro al otro, o si ambos lo tomaron de alguna cadena que circula por los grupos del sector cultural. Para el caso da lo mismo. Lo verificable, y de ello conservo las capturas con fecha y hora, es esto... el mismo texto, presentado como sentir propio, apareció en ambos muros con tres días de diferencia y sin atribución alguna en el segundo. Sobre ese hecho, y solo sobre ese hecho, opino lo que sigue.

UNA EMOCIÓN DE SEGUNDA MANO

Detengámonos en la maravilla filosófica del asunto. El texto no dice "me preocupa la fusión", que sería opinable. Dice que es imposible no sentir una profunda tristeza. Y tan imposible sería no sentirla, que al parecer ni siquiera hizo falta sentirla... bastó con copiarla. La tristeza ajena, debidamente pegada, rinde igual en el algoritmo.

Es un avance notable para las ciencias del espíritu. Ya no hace falta emocionarse...basta seleccionar, copiar y pegar la emoción de otro. Marx decía que la historia ocurre dos veces, primero como tragedia y luego como farsa. Faltó la tercera...como publicación replicada.

#LACULTURASERESPETA (CONDICIONES Y RESTRICCIONES APLICAN)

Pero la joya de la corona es otra. El texto en cuestión proclama, con toda solemnidad, que "la cultura no es una mercancía" y cierra con el hashtag #LaCulturaSeRespeta. Hermoso. Conmovedor. Y sin embargo, ¿qué gesto es más elemental en el respeto a la cultura que reconocer a quien crea? Dar crédito no es un capricho notarial... es la forma mínima en que una sociedad le dice a quien escribe "esto que hiciste vale, y es tuyo".

En mi opinión, defender la cultura publicando como propio un texto ajeno es como dar cátedra de ortografía con faltas en el tablero...el gesto desmiente la pancarta. Si la cultura se respeta, que el respeto empiece por el señor Julio Cesar, quien al menos se tomó el trabajo de redactar su tristeza antes de publicarla.

Y YA QUE ESTAMOS | EL ARGUMENTO TAMPOCO ERA PARA TANTO

Sería injusto quedarme en la forma, así que vamos al fondo del texto tan entusiastamente replicado. Su tesis es que sin un Ministerio de Cultura "fuerte e independiente" los territorios quedan huérfanos. Tres datos que la tristeza, propia o prestada, olvidó consultar:

Primero. Ese ministerio fuerte e independiente pasó de ejecutar más del 93% de su presupuesto en 2022 a apenas el 64% en los años recientes. El del Deporte cayó al 36%. Es decir: el arreglo institucional que el texto defiende como salvavidas de los territorios estaba dejando sin ejecutar una de cada tres pesetas de cultura y dos de cada tres de deporte. Los territorios no comen organigrama... comen ejecución.

Segundo. El ahorro proyectado de la fusión ronda los $25.000 millones sobre un presupuesto combinado superior a $1,3 billones: menos del 2%, concentrado en altos cargos y contratistas. El anuncio oficial es explícito en que bibliotecas, convocatorias e infraestructura se mantienen. Se puede desconfiar de esa promesa —y habrá que vigilarla con el decreto y el presupuesto 2027 en la mano—, pero desconfiar de una promesa y denunciar un recorte inexistente son dos ejercicios distintos. Solo uno de los dos es honesto.

Tercero. Colombia solo tiene Ministerio de Cultura desde 1997. Las bandas municipales, las bibliotecas y los saberes que el texto invoca sobrevivieron décadas enteras bajo Colcultura, sin cartera propia. Si la identidad de un pueblo dependiera de un decreto de estructura administrativa, sería bastante menos identidad de lo que el propio texto proclama.

CONCLUSIÓN

No escribo esto para burlarme de nadie —bueno, quizás un poquito—, sino para señalar dos cosas que importan más que la anécdota.

La primera: el debate público se degrada cuando la indignación se vuelve plantilla. Una "profunda tristeza" que circula en serie, idéntica de muro en muro, no es deliberación democrática: es consigna con disfraz de sentimiento. Y las consignas, por definición, no piensan.

La segunda: los territorios —el mío, Guasca, y todos los demás— merecen mejor que este nivel de discusión. Merecen que quien defienda la cultura ejecute presupuestos, cite fuentes, verifique cifras y, ya de paso, reconozca autores. La transformación de los territorios no se hace con tristezas copiadas...se hace con argumentos propios y datos en la mano.

Que sea el señor Sarmiento quien lo demuestre en su próxima publicación. Con sus propias palabras, ojalá.

Nota del autor

Las capturas de ambas publicaciones, con fecha y hora visibles, reposan en mi archivo. Lo aquí expresado sobre la conducta descrita constituye mi opinión sobre un hecho de interés público. Este espacio permanece abierto, como siempre, a la réplica de los aludidos... será publicada íntegra y sin edición.
By Carlos Alberto Galarza Vasquez at No hay comentarios:

martes, 7 de julio de 2026

FIRMAS QUE NO PESAN EN EL EXPEDIENTE | LO QUE LA COADYUVANCIA SÍ HACE Y LO QUE NO

 

"Los necios
 están seguros de todo; 

los sabios,
 llenos de dudas"
 Bertrand Russell

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1. Guasca Bajo el Gobierno Petro | Un Balance De Desfinanciación



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FIRMAS QUE NO PESAN EN EL EXPEDIENTE
LO QUE LA COADYUVANCIA SÍ HACE Y LO QUE NO

Introducción

Miles de ciudadanos han firmado un formulario para "coadyuvar" la demanda de nulidad electoral contra la elección presidencial del 21 de junio, que pide como medida cautelar suspender la posesión del 7 de agosto. 

Antes de firmar —o de indignarse porque otros firman— conviene entender qué efecto tiene realmente esa firma. La respuesta exige separar dos planos que la campaña mezcla deliberadamente: el jurídico y el político.

EL PLANO JURÍDICO | UNA ACCIÓN QUE NUNCA NECESITÓ FIRMAS

La nulidad electoral, regulada en el artículo 139 del CPACA (Ley 1437 de 2011), es una acción pública. Esto significa que cualquier ciudadano, actuando solo, puede presentarla ante el Consejo de Estado sin abogado, sin acreditar un interés particular y, por supuesto, sin recolectar una sola firma. Ese dato, que parece técnico, es la clave de todo el asunto.

Si un ciudadano basta para activar la jurisdicción, cien mil coadyuvantes no agregan legitimación que no existiera ya.

La coadyuvancia (artículo 223 del CPACA) es la figura que permite a terceros sumarse a un proceso al lado de una de las partes. El coadyuvante es un interviniente adhesivo... puede aportar argumentos y pruebas, pero no amplía el objeto del litigio, no modifica las pretensiones y no altera el estándar con el que el juez decide. Firmar el formulario no convierte al ciudadano en demandante ni le da voz propia en el proceso; lo adhiere a lo que el demandante principal ya planteó.

LO QUE EL CONSEJO DE ESTADO EVALÚA (Y LO QUE NO)

La pieza central de esta estrategia no es la nulidad de fondo —que tomaría meses o años— sino la medida cautelar...que se suspenda provisionalmente el acto que declaró la elección y no se realice la posesión del 7 de agosto. 

Para decretar una suspensión provisional, los artículos 229 a 231 del CPACA exigen que la violación de las normas invocadas surja de manera clara del cotejo entre el acto demandado y el ordenamiento, y que exista riesgo de un perjuicio que la sentencia definitiva no podría remediar.

Nótese lo que NO aparece en esos artículos... el número de personas que respaldan la solicitud. La Sección Quinta del Consejo de Estado no es un órgano de representación popular; es un tribunal. 

Decide sobre normas y pruebas, no sobre volúmenes de adhesión. Cien firmas o un millón de firmas producen exactamente el mismo efecto sobre el juicio de legalidad... ninguno. Y en este caso el listón es todavía más alto de lo habitual, porque suspender una posesión presidencial implicaría alterar el relevo institucional que la propia Constitución programa, un escenario para el cual la jurisprudencia exige irregularidades de una gravedad y una evidencia excepcionales.

Un tribunal no cuenta firmas... coteja normas. La medida cautelar se decide con los artículos 229 a 231 del CPACA en la mano, y en ninguno de ellos figura la palabra "coadyuvantes".

ENTONCES, ¿PARA QUÉ SIRVEN LAS FIRMAS?

Si las firmas no pesan en el expediente, ¿por qué el esfuerzo masivo por recolectarlas? Porque su función es política, y en ese plano sí producen efectos concretos. Al menos tres.

Primero, fabrican una narrativa. 

Una demanda presentada por un abogado es un litigio; la misma demanda "respaldada por cientos de miles de ciudadanos" se presenta como un clamor nacional. Las firmas no argumentan ante el tribunal... presionan alrededor del tribunal, construyendo un relato en el que cualquier decisión desfavorable podrá pintarse como el desconocimiento de una voluntad popular.

Segundo, movilizan y cohesionan.

Para una militancia que acaba de perder una elección, firmar un formulario es una acción de bajo costo que mantiene viva la tesis de la elección ilegítima y le da a cada simpatizante la sensación de estar haciendo algo. Es organización política disfrazada de trámite procesal.

Tercero, capturan datos. 

Esto rara vez se dice en voz alta...un formulario de coadyuvancia recoge nombres, cédulas y datos de contacto de simpatizantes dispuestos a actuar. Ese padrón de activistas verificados es un activo organizativo valioso para cualquier proyecto político futuro, con independencia total de lo que decida el Consejo de Estado.

EL COSTO PEDAGÓGICO DE LA CONFUSIÓN

Aquí está el problema de fondo, y es un problema de cultura democrática antes que de orilla política. La campaña de firmas le vende al ciudadano una expectativa falsa... que su firma influirá en la decisión judicial. 

Quien promueve la recolección —un exmagistrado del Consejo Nacional Electoral— conoce perfectamente la diferencia entre una acción pública y un mecanismo de participación por firmas como el referendo o la revocatoria, donde el número sí es un requisito legal.

Cuando la medida cautelar sea negada —el escenario más probable dado el estándar descrito—, cientos de miles de firmantes habrán sido preparados para leer esa decisión no como la aplicación previsible del CPACA, sino como la traición de un tribunal a "millones de ciudadanos". 

Ese es el verdadero efecto de las firmas... no mover al juez, sino predisponer a la ciudadanía contra el fallo. Se erosiona la confianza en la justicia usando, paradójicamente, un instrumento de la justicia.

Conviene, eso sí, decir esto con precisión y sin triunfalismo. La acción de nulidad electoral es un mecanismo legal legítimo, y acudir a los jueces es siempre preferible a cualquier otra vía. Es probable, además, que la demanda sea ADMITIDA, porque los requisitos formales de una acción pública son mínimos. Distinguir tres momentos evita caer en la trampa contraria... la admisión (probable), la medida cautelar (improbable) y la nulidad de fondo (un proceso largo que, históricamente, se resuelve cuando el elegido ya ejerce el cargo). 

CONCLUSIÓN

Las firmas de coadyuvancia no tienen ningún peso en la decisión que debe tomar el Consejo de Estado...la nulidad electoral es una acción pública que un solo ciudadano puede ejercer, y la medida cautelar se decide con criterios de legalidad estricta, no de respaldo popular. 

Su importancia real es política... construyen la narrativa de un clamor ciudadano, mantienen movilizada a una militancia derrotada en las urnas y conforman una base de datos de activistas. El riesgo no está en que la gente firme —firmar es legítimo—, sino en que firme creyendo que participa de una decisión judicial, para luego ser convocada a deslegitimar al tribunal cuando falle conforme a derecho. 

La mejor vacuna contra ese uso de la justicia como escenografía es la que intenta esta entrada...explicar, con las normas en la mano, qué hace y qué no hace una firma.
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