Sesión 028, Hoy 29 de Octubre | El traslado de $322 millones que se quedó esperando sus papeles

 

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Sesión 028, Hoy 29 de Octubre
 El traslado de $322 millones que se quedó esperando sus papeles

Concejo Municipal de Guasca · Sesión Plenaria Extraordinaria No. 028 · 29 de octubre de 2026

El Concejo aplazó el segundo debate del Proyecto de Acuerdo 017 porque los documentos que pidió en comisión llegaron la noche anterior, después del horario hábil. La discusión de fondo, la de qué metas pierden plata y por qué, quedó pendiente.

LO ESENCIAL

• Qué se discutía: el Proyecto de Acuerdo 017 de 2026, que mueve $322.803.000 dentro del presupuesto de inversión: quita recursos a unos rubros y se los da a otros sin cambiar el total.
• Qué pasó: se leyó y aprobó el informe de ponencia, pero el debate se suspendió (no se cerró). La mesa directiva definirá la nueva fecha.
• Por qué: los anexos pedidos en la Comisión Tercera llegaron al Concejo el 28 de octubre entre las 5:15 y las 6:46 p. m. Los concejales dijeron que no tuvieron tiempo de estudiarlos.
• El alcalde abrió la sesión pidiendo disculpas por la radicación tardía y anunció una reunión con secretarios y concejales.
• Al cierre, la Secretaría dejó constancia de que los documentos del Proyecto 019, que se debatía al día siguiente, tampoco habían llegado.

FICHA DE LA SESIÓN

• Fecha y hora: jueves 29 de octubre de 2026, aprox. 7:35 a 9:09 a. m.
• Tipo: plenaria extraordinaria No. 028
• Quórum: nueve concejales presentes al llamado a lista; la concejala Alodia León y el concejal Julián Rodríguez, excusados al llamado a lista
• Orden del día: 1. Segundo debate del PA 017 de 2026 (traslados presupuestales). 2. Proposiciones y varios
• Ponente: concejal Wilmar Beltrán Contreras (AICO), Comisión Tercera Administrativa y de Asuntos Fiscales
• Resultado: ponencia aprobada; debate suspendido por proposición del concejal Juan Manuel Rodríguez

EL ALCALDE ABRE CON UNA DISCULPA 

Antes de la lectura de la ponencia, el alcalde pidió la palabra. Empezó reconociendo lo que los concejales ya le habían reclamado en privado... secretarios y jefes de oficina radican tarde los documentos que pide la corporación, en este caso la noche anterior. "Ustedes tienen toda la razón", dijo, y anunció una reunión con el gabinete y el Concejo para revisar la situación de fondo.

Luego defendió el proyecto. De los $80 millones que estaban para eventos de integración comunitaria y campesina (la exposición equina y bovina que no se hizo), la Administración propone pasar:

• $50 millones a recebo para mantenimiento de vías, ahora que, según dijo, el municipio ya tiene completo el kit de maquinaria.
• $30 millones a la preparación frente al fenómeno de El Niño: motobombas para incendios forestales y capacitación a miembros de las juntas de acción comunal de las veredas altas, según lo acordado con gestión del riesgo, Defensa Civil y Bomberos.

Sobre ferias y fiestas, dijo que los recursos no alcanzaban, que la semana cultural cumplió ese papel y que muchos municipios de Cundinamarca no harán ferias este año. Propuso discutir más recursos en el presupuesto de 2027. Después se retiró para una entrevista en la Gobernación y una reunión al día siguiente en Gachalá con los alcaldes del Guavio, el gobernador y el ministro de Ambiente. Pidió seguir el debate por Facebook Live.

QUÉ CONTIENE EL PROYECTO DE ACUERDO 017

El proyecto fue radicado por el alcalde el 15 de octubre. Mueve $322.803.000 entre rubros de inversión. Los créditos y contracréditos están equilibrados, así que no aumenta el presupuesto ni crea ingresos nuevos. Tiene como soporte un certificado de disponibilidad de Hacienda del 9 de octubre y el acta 026 del CONFIS del 13 de octubre.

• Sectores que ceden recursos (contracréditos): agricultura y desarrollo rural; cultura; comercio, industria y turismo; vivienda; inclusión social; gobierno territorial.
• Sectores que reciben (créditos): transporte; ambiente y desarrollo sostenible; cultura; inclusión social; gobierno territorial.

Los destinos que se explicaron en comisión fueron estos:

• Material granular (recebo) para vías terciarias, $50 M: 30 a 32 km de vías en sectores como San Francisco, Santa Ana, La Concepción, Pueblo Viejo y otros.
• Cambio climático / fenómeno de El Niño, $30 M: 10 a 12 motobombas con mangueras de 100 m, para veredas cercanas al páramo; Defensa Civil capacitaría a las JAC.
• Gestión del riesgo, sector Pericos, $50 M: $30 M por convenio solidario con la JAC de Pericos para manejo de drenajes por remoción en masa; $20 M para logística de emergencias.
• Beneficencia de Cundinamarca, $63 M: continuidad de la atención de siete personas del municipio, cuyos costos subieron.
• Escuelas de formación artística, valor no detallado: dotación de escuelas nuevas y circulación de agrupaciones (Sogamoso, Soacha, Cajicá).

Los rubros identificados suman cerca de $193 millones. El resto de los $322,8 millones está en los anexos, pero no se detalló en la lectura en plenaria.

LO QUE LA PONENCIA YA HABÍA ADVERTIDO

El informe del concejal Wilmar Beltrán fue favorable pero condicionado. Dejó por escrito observaciones que valen más que el aplazamiento mismo:

1. Falta de un requisito: en el expediente no estaba la constancia de que el Consejo de Gobierno aprobó el ajuste al Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), que exige el artículo 15 del Acuerdo 089 de 2023. La Administración dijo que enviaría el acta del 13 de octubre.
2. Un error en los anexos: un crédito de $44.750.000 aparecía asociado a la meta 126 (vivienda) cuando correspondía a la meta 158 (material granular). También faltaba la descripción de la meta 127. Ambas cosas se corrigieron en comisión.
3. Un costo de fondo: el ponente pidió valorar qué pasa con las metas de vivienda, agua potable, patrimonio cultural y prevención del trabajo infantil, que pierden recursos con el traslado.
4. Una propuesta rechazada: la Administración no aceptó incluir el detalle de los anexos dentro del articulado. Mantuvo los anexos separados con base en el artículo 72 del Acuerdo 089 de 2023.

La Comisión aprobó el proyecto en primer debate con 3 votos. Sin embargo, quedaron pendientes varias solicitudes: el cronograma de contratación, los conceptos técnicos sobre Pericos, la lista de veredas priorizadas para las motobombas y las razones por las que no se ejecutó la meta 100. Esos documentos son los que llegaron la noche del 28.

EL DEBATE | ¿POR QUÉ SE APLAZÓ?

Una vez aprobada la ponencia, las intervenciones fueron casi todas en el mismo sentido.

• Wilmar Beltrán (ponente) pidió que la Administración leyera en voz alta los documentos que había enviado, porque la mayoría de concejales no había podido revisarlos.
• Brayan Bautista precisó las horas: los documentos pedidos en comisión "el martes de la semana pasada" llegaron a las 5:15 y a las 6:09 p. m. del día anterior. Recordó que días antes se aplazó otro debate por la falta de un acta y pidió ser coherentes. Agregó que los compromisos de gestión del riesgo vienen de agosto, así que hubo tiempo de sobra.
• Juan Manuel Rodríguez planteó una moción de procedimiento con base en el artículo 134 del Reglamento Interno: para iniciar el segundo debate, el informe de ponencia y el texto definitivo deben repartirse con al menos dos días de anticipación.
• Hernán Gantiva recordó que los secretarios fueron notificados de las sesiones extraordinarias desde el 22 de octubre. Advirtió que el aplazamiento afecta a la comunidad de Pericos y a las vías, pero que el Concejo no puede seguir "sumiso".
• Giovanni Cortés aclaró ante la comunidad que no se trataba de falta de voluntad, sino de un tema de trámite.
• Wilmar Beltrán agregó un argumento formal: la Secretaría del Concejo recibe documentos de 8 a. m. a 5 p. m. Lo que llegó a las 6:40 p. m. se entiende recibido a las 8 a. m. del día siguiente, y la sesión empezó antes de esa hora.
• Carlos Acosta concluyó que, contado así, el debate no podría hacerse antes del sábado a las 8 a. m.

Hubo diferencias sobre la nueva fecha. El concejal David Garzón pidió que el proyecto se tramite el sábado, todavía en extraordinarias, para no demorar más el recebo. Otro concejal sugirió esperar a las ordinarias, que empiezan el 1.º de noviembre. También se habló del horario del sábado: la sesión del Proyecto 018 estaba citada a las 10 p. m. y debe terminar antes de medianoche para poder instalar las ordinarias el domingo. Hubo además una preocupación por sesionar la noche del 31 de octubre, cuando poca gente estaría mirando. Beltrán respondió que la hora es lo de menos, porque las grabaciones quedan disponibles. Al final, la proposición de Rodríguez se aprobó así: el debate se suspende y la mesa directiva fija la fecha, con la intención de intentarlo el sábado.

LO QUE SE DIJO MÁS ALLÁ DEL TRÁMITE

El aplazamiento fue la ocasión para reclamos más amplios. Estos son los más relevantes, con su autor:

• Las ferias. El concejal Julián Rodríguez recordó que en agosto el Concejo advirtió que el certificado de disponibilidad llegaba tarde y que el contrato no saldría. Según él, la Administración aseguró entonces que la feria del 2 y 3 de octubre se haría. Señaló que Gachalá, Ubalá, Junín y Gachetá, con menos presupuesto, sí hicieron ferias. La pregunta que dejó: si se sabía que la plata no alcanzaba, ¿por qué el ajuste no se hizo en agosto?
• Las motobombas. El mismo concejal cuestionó que se compren equipos sin resolver de dónde sale el agua. En verano se secan las quebradas, y en zonas como San José no hay agua. Propuso pensar en tanques de almacenamiento y preguntó si Bomberos y Defensa Civil dieron concepto.
• La desconfianza. Dijo desconfiar "de todo proyecto de acuerdo" de la Administración por los errores repetidos de transcripción y de metas. Contó que el año pasado cuatro concejales estuvieron dispuestos a promover una moción de observación, sin lograr mayoría. Afirmó también que un proyecto pendiente fue copiado de otro municipio. Estimó el gasto mensual en contratistas en unos $450 millones (alrededor de 150 contratos), mientras los instructores de deportes ganan menos del mínimo.
• La permisividad del propio Concejo. Beltrán reconoció que la corporación ha agendado extraordinarias sin tener los documentos radicados, "por ayudarle a la Administración". Puso como ejemplo la fiducia: se pidió constituirla y después se desistió. Dijo que hoy, en Guasca, decirle la verdad a la Administración se interpreta como hacer oposición.
• Pericos y un aspirante. Beltrán afirmó que, ante la demora oficial, un particular que sería aspirante a la Alcaldía abrió con recursos propios y un buldócer la vía de Pericos. Según él, la ineficiencia de la Administración está promoviendo a un candidato que la misma Administración promueve. No dio nombres ni pruebas en la sesión. Dijo que lo afirma porque "ya está para irse" del Concejo.

ANÁLISIS | LO QUE ESTA SESIÓN REVELA

1. El Concejo tuvo razón al aplazar, pero no por el argumento que más se repitió. El artículo 134 habla del informe de ponencia y del texto definitivo. El informe está fechado el 22 de octubre, así que ese plazo probablemente sí se cumplía. Lo que llegó tarde fueron los soportes pedidos en comisión. El argumento más sólido era otro, y lo dejó escrito el ponente: sin la constancia del Consejo de Gobierno sobre el ajuste al POAI, no se puede verificar un requisito del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Aprobar un traslado sin ese soporte sería aprobarlo sobre la palabra de la Administración.

2. Hay una contradicción que nadie señaló. La plenaria aprobó por unanimidad una ponencia favorable minutos antes de declarar que no había podido estudiar los documentos. Se entiende como trámite, pero muestra la costumbre que el propio Beltrán reconoció: el Concejo avanza primero y revisa después.

3. La responsabilidad es compartida. La radicación tardía es una falla de la Administración, y el alcalde la reconoció. Pero un Concejo que agenda extraordinarias sin documentos radicados termina normalizando esa falla. El aplazamiento de hoy solo será un cambio real si la mesa directiva deja de citar debates sin el expediente completo. Si no, quedará como un gesto aislado.

4. El debate de fondo no ocurrió. El ponente advirtió que el traslado quita recursos a vivienda, agua potable, patrimonio cultural y prevención del trabajo infantil, y en la plenaria nadie retomó ese punto. Tampoco se discutió la meta 100 del Plan de Desarrollo (ocho eventos de integración campesina): con sus $80 millones trasladados en el penúltimo año del gobierno, es difícil que se cumpla. Ese es el costo real del proyecto y merece más atención que la hora en que llegó un correo.

5. Traslados a fin de año son una señal de baja ejecución. Mover plata en octubre suele indicar que lo planeado no se ejecutó. La explicación de la Administración sobre las ferias (no alcanzaba) y la de los concejales (se advirtió en agosto) se pueden comprobar con las actas de agosto. Vale la pena revisarlas antes de dar la razón a cualquiera de los dos.

6. La denuncia sobre el aspirante es grave, pero no tiene soporte todavía. Una obra particular con maquinaria sobre una vía pública plantea preguntas legítimas: quién la autorizó, quién responde por ella y qué relación tiene con una aspiración electoral. Hechas sin nombre ni prueba, esas afirmaciones alimentan el rumor que el mismo Concejo dice combatir. Si son ciertas, deben documentarse ante las autoridades competentes. Si no, no deberían repetirse.

7. El problema continúa. Al cierre, la Secretaría confirmó que los documentos del Proyecto 019, que se debatía al día siguiente, tampoco estaban radicados. Lo que se reclamó en esta sesión ya se estaba repitiendo antes de que terminara.

QUÉ DEBE VIGILAR LA CIUDADANÍA

• Si el expediente del PA 017 incluye finalmente el acta del Consejo de Gobierno que aprueba el ajuste al POAI.
• Cuánto pierden exactamente las metas de vivienda, agua potable, patrimonio y trabajo infantil (anexo 1).
• La lista de veredas y los puntos de abastecimiento de agua para las motobombas, y el concepto de Bomberos y Defensa Civil.
• El cronograma de contratación prometido: con dos meses de vigencia por delante, el riesgo es aprobar traslados que tampoco se ejecuten.
• Si se cumple la reunión que anunció el alcalde con secretarios y concejales, y qué compromisos verificables salen de ella.
• La fecha y hora que fije la mesa directiva, y si el debate se hace con todos los documentos radicados a tiempo.

CONCLUSIÓN

La Sesión 028 no aprobó nada, pero dejó claro cómo se trabaja hoy entre la Alcaldía y el Concejo de Guasca. Una Administración que radica a deshoras y un Concejo que, según admitió en voz alta, lo ha tolerado durante dos años y medio. El aplazamiento fue correcto. Pero en la sesión se habló mucho más de la hora en que llegaron los documentos que de su contenido. Las preguntas que importan a la comunidad siguen sin respuesta... qué metas del Plan de Desarrollo se sacrifican, si las motobombas tendrán agua y si los $322 millones se alcanzarán a ejecutar antes del 31 de diciembre. El control social empieza por hacer esas preguntas, y por exigir que se respondan con documentos y no solo con discursos.

Fuente: transmisión oficial de la Sesión Plenaria Extraordinaria No. 028 del 29 de octubre de 2026, página de Facebook del Concejo Municipal de Guasca. Las cifras y citas provienen de la lectura del informe de ponencia y de las intervenciones en plenaria. Los anexos presupuestales no fueron publicados en la transmisión.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · @CarlosGalarzaCTP

"El consejero que se forma, transforma su territorio"

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Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 · Eje 1: Reconstrucción, Transformación y Resiliencia

INTRODUCCION

Guasca no está en la zona del sismo, pero sí vive emergencias por lluvias que ningún municipio pequeño puede resolver solo. Este eje del Plan incluye la prevención del riesgo y la adaptación al cambio climático en todo el país, y por esa puerta entra nuestra propuesta.

El Departamento Nacional de Planeación abrió un formulario para que la ciudadanía aporte propuestas al Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Como Consejero Territorial de Planeación de Guasca, revisé las sesiones del Concejo Municipal de agosto de 2026 y convertí los problemas que allí se discutieron en propuestas concretas para cada eje del Plan. Esta entrada hace parte de esa serie.

DIAGNÓSTICO

En Pericos y La Trinidad la vía está en deslizamiento. Los estudios de suelo prohíben meterle maquinaria y la comunidad debe dar largos rodeos. El Concejo lo calificó como de total prioridad.

Hay puentes, como el de Betania y el de la vía a Pipo, sin estudios ni diseños. En la vía departamental hacia Sopó hay box culverts tapados que ponen en riesgo viviendas, los sumideros del casco urbano no han tenido mantenimiento y los acueductos veredales no tienen dónde almacenar agua para la temporada seca.

El fondo del problema es que la gestión del riesgo es reactiva... los recursos llegan después del desastre. Según el alcalde, la Gobernación explica que la reconstrucción de Paratebueno y Medina le costó más de 115.000 millones de pesos y que no le quedan recursos. El municipio no puede pagar estudios geotécnicos y las competencias entre Departamento, autoridad ambiental y municipio están repartidas.

PROPUESTA

1. Crear, dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, una línea de prevención para municipios de quinta y sexta categoría que financie estudios de amenaza y obras de mitigación antes de la emergencia.
2. Que la UNGRD tenga un equipo técnico regional para el Guavio y la Sabana que haga, sin costo para el municipio, estudios geotécnicos y diseños de puentes y vías en riesgo.
3. Fijar una ruta única para vías en deslizamiento que diga quién estudia, quién diseña, quién financia y en qué plazo. El primer caso sería Pericos.
4. Cofinanciar tanques, cosecha de agua lluvia y protección de fuentes para los acueductos veredales, y actualizar los estudios de riesgo del EOT de Guasca.

POBLACIÓN OBJETIVO

Toda la población de Guasca y, en especial, las familias campesinas de Pericos, La Trinidad y las veredas con puentes y vías en riesgo. También los hogares del casco urbano expuestos a inundaciones por drenajes tapados y las comunidades que dependen de acueductos veredales en temporada seca.

Como el modelo está pensado para municipios de quinta y sexta categoría, beneficia de forma indirecta a los vecinos de la Sabana y el Guavio con problemas parecidos.

RESULTADOS AL 2030

A 2030, la vía de Pericos y La Trinidad tendrá estudio, diseño y obra de mitigación ejecutada, o una vía alterna habilitada. Los puentes críticos tendrán estudios, diseños y financiación asignada, y los drenajes de la vía departamental y del casco urbano tendrán mantenimiento periódico.

Los acueductos veredales contarán con almacenamiento suficiente para la temporada seca y el EOT tendrá sus estudios de riesgo actualizados. Existirá una línea nacional de prevención a la que Guasca y otros municipios pequeños podrán acudir antes de que ocurra la emergencia.

CONCLUSIÓN

Prevenir cuesta menos que reconstruir, pero solo si alguien paga los estudios a tiempo. Los municipios pequeños no tienen cómo hacerlo, y mientras la plata llegue después del derrumbe seguiremos financiando emergencias en lugar de evitarlas.

Fuentes: sesiones del Concejo Municipal de Guasca (transcripciones automáticas; datos por confirmar con documentos oficiales).

• Sesión Plenaria No. 066 del Concejo de Guasca, 31 de agosto de 2026: https://www.youtube.com/watch?v=Hyrbu0BHBOE
• Sesión Plenaria No. 065 del Concejo de Guasca, 30 de agosto de 2026: https://www.youtube.com/watch?v=HWgKu6F99xE
• Sesión de seguridad del Concejo de Guasca, 25 de agosto de 2026 (parte II): https://www.youtube.com/watch?v=jUstKqz7A-4
• Formulario de participación ciudadana del PND 2026-2030 (DNP): https://formularioparticipacionvirtual.dnp.gov.co/

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación de Guasca · @CarlosGalarzaCTP

El consejero que se forma, transforma su territorio

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Introducción

La noche del 28 de octubre, en la Sesión Plenaria Extraordinaria No. 027, el Concejo Municipal de Guasca aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 016 de 2026, «por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Guasca, Cundinamarca, para comprometer vigencias futuras ordinarias». La votación fue de nueve votos a favor y uno en contra. El acuerdo pasa ahora a sanción del alcalde.

Detrás de esa cifra hay cerca de dos horas de debate con un desacuerdo jurídico de fondo, varias preguntas que quedaron sin respuesta y una apuesta contra el reloj. Esta entrada reconstruye la sesión con detalle, para que cualquier ciudadano pueda entender qué se decidió y qué conviene vigilar en los próximos meses.

PRIMERO, ¿QUÉ ES UNA VIGENCIA FUTURA?

En Colombia el presupuesto público es anual: cada peso se apropia y se compromete entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Es el principio de anualidad, que recoge el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996).

Pero hay obras que no caben en un solo año. Para eso existe la autorización de vigencias futuras: el Concejo permite al alcalde firmar este año contratos cuya ejecución, y parte de cuyos pagos, se extienden al año siguiente. Las «ordinarias», reguladas en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, exigen entre otras cosas que la ejecución arranque con presupuesto del año en curso, que los proyectos estén en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el banco de proyectos, y que no se supere el periodo del alcalde.

La alternativa sería dejar los recursos como «reservas presupuestales», algo que la Procuraduría ha pedido limitar a casos excepcionales. Por eso la administración presentó este proyecto.

LOS PROYECTOS AUTORIZADOS

La Secretaría de Infraestructura expuso cuatro proyectos, uno de ellos con su interventoría. Tres se financian con el empréstito de 6.500 millones que el Concejo aprobó este año; el Centro de Desarrollo Infantil, con un convenio con la Gobernación a través del ICCU.

• Compromiso | Valor (pesos) | Plazo | Fuente Construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) | 2.479.580.418 | 8 meses | Convenio Gobernación / ICCU

• Interventoría del CDI | 180.419.580 | 8 meses | Convenio Gobernación / ICCU Reforzamiento estructural, sede antigua IED Mariano Ospina Rodríguez | 1.716.460.305 | No quedó claro en el audio | Empréstito

• Subestación de 150 kVA, Centro de Economía Campesina | 692.214.816 | 7 meses | Empréstito

• Estudios y diseños, vía Hortifrut – IE El Carmen (1.472 m) | 291.348.493 | 4 meses | Empréstito

Total | 5.360.023.612

Algunos datos de contexto que dio la administración:

• CDI: beneficiaría a unos 120 niños. El convenio con el ICCU es del 7 de noviembre de 2025, pero la obra no arrancó porque el ICBF exigió condiciones normativas que los diseños tipo de la Gobernación no cumplían. El municipio destinó 79.999.998 pesos para ajustar esos diseños.

• Colegio Mariano Ospina Rodríguez: el módulo antiguo está fuera de uso desde 2024. Unos 570 estudiantes no pueden ocupar esas instalaciones. El reforzamiento se basa en un diagnóstico de la firma CENSA para cumplir la norma de sismorresistencia.

• Subestación: el Centro de Economía Campesina está construido, pero no funciona porque no tiene la capacidad eléctrica necesaria. Los diseños están aprobados por Enel, que deberá revalidarlos antes de la obra.

• Vía Hortifrut – El Carmen: se contratan solo los estudios y diseños del tramo completo. La construcción, con unos 2.200 millones del empréstito, llegará hasta donde alcancen los recursos según esos diseños. El objeto conserva la expresión «hasta la institución educativa El Carmen» porque debe coincidir con el acuerdo del empréstito.

EL DEBATE, PASO A PASO

La sesión arrancó a las 6:20 p. m. El presidente pidió una sola intervención por concejal, porque el proyecto ya se había estudiado en comisión y en la sesión del día anterior.

El asesor jurídico del Concejo intervino de forma virtual y reiteró lo que había dicho la víspera: su concepto sobre el proyecto era de «viabilidad condicionada». A su juicio, el acuerdo debía discriminar qué parte del compromiso afectará el presupuesto de 2027, conforme a la Ley 819 y a los artículos 122 a 124 del estatuto presupuestal municipal.

El concejal Julián hizo la intervención más crítica. Sus preguntas fueron estas:

• ¿Por qué no se anexaron los mismos soportes técnicos, con cantidades y costos, que se presentaron para el empréstito?

• Si se contrata a fin de año con precios de 2025, ¿alcanzará la plata en 2027, con nuevos precios del ICCU, un nuevo salario mínimo y una nueva inflación? ¿Habrá adiciones?

• Para el CDI y el colegio se habló de un contrato interadministrativo de «gerencia integral». ¿Qué porcentaje se subcontratará y cómo se garantiza la transparencia?

• ¿Qué pasó con los cerca de 450 millones para mejoramiento de vivienda y con la adición para la vía de Fátima?

• ¿Cómo se cuenta una consultoría dentro de una meta que habla de construir pavimento?

• Faltan el valor de las demás interventorías, la modalidad de contratación y el cronograma.

La administración respondió en tres voces. El asesor de Hacienda, Dr. Wilson, sostuvo que el Concejo «no da viabilidad: aprueba o no aprueba»; que el 100 % de los recursos pertenece al presupuesto de 2026; que el proyecto cumple el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el banco de proyectos, la capacidad de endeudamiento, la aprobación del CONFIS y el límite del periodo de gobierno; y que el artículo 2 autoriza al alcalde a incorporar por decreto en 2027 los saldos que queden. También dijo que pedir el detalle de los futuros contratos era como «hacer control político sobre algo que va a suceder».

El asesor jurídico de la administración, Dr. Andrés, explicó que sin la vigencia futura no se puede abrir la licitación pública 03 del CDI, que ya está publicada como borrador, y que si no se ejecuta, la Gobernación podría pedir la devolución de los recursos. Defendió la contratación directa interadministrativa (Ley 1150 de 2007) citando una sentencia del Consejo de Estado del 20 de abril de 2026, según la cual lo determinante es que el objeto de la entidad contratada permita ejecutar el contrato, aunque luego subcontrate. Dijo que los precios del CDI son los del convenio aprobado por la Gobernación y que solo un desequilibrio económico probado permitiría pedir adiciones.

La arquitecta aclaró que el proyecto vial está bien clasificado en el sector 24 «transporte» y en el programa de «red vial primaria», porque así lo define el catálogo del Departamento Nacional de Planeación y no la clasificación vial de la Ley 1228 de 2008. Ante una pregunta del concejal Carlos Acosta, confirmó que la meta del Plan de Desarrollo está expresada en metros cuadrados, no en metros lineales.

En su segunda intervención, el concejal Julián dijo que su preocupación nace de la desconfianza hacia lo que presenta la administración y de que, en sus palabras, «siempre estamos viendo los mismos contratistas de obra». Aclaró que no le interesa contratar con el municipio. Recordó además que la ley impide que quien elaboró los estudios y diseños participe luego en la obra, y que, según se dijo cuando se aprobó el empréstito, los diseños del Mariano Ospina habrían sido «donados».

El asesor del Concejo cerró su posición con un argumento preciso. El artículo 12 de la Ley 819 habla de autorizar obligaciones «que afecten presupuestos de vigencias futuras». Si el acuerdo no dice cuánto se afectará en 2027, se desnaturaliza la figura. Afirmó tener tres o cuatro fallos judiciales que anularon acuerdos en una situación «casi calcada» y ofreció compartirlos de inmediato. Insistió en que «sería muy sencillo hacer la discriminación».

La administración mantuvo su posición. Dijo que es imposible saber hoy cuánto se ejecutará antes del 31 de diciembre, porque depende del ritmo de cada contratista. Mencionó un acuerdo de Cajicá con la columna de 2027 en cero pesos, y recordó que la Dirección de Asuntos Municipales del departamento solo devolvió el primero de los acuerdos de vigencias futuras que ha aprobado este Concejo.

Antes de votar, el concejal Julián recordó el Centro de Economía Campesina: más de cinco años y más de 6.000 millones invertidos sin que funcione. Advirtió que en 2027 regirá la Ley de Garantías y anunció su voto negativo si no se ajustaban los artículos 1 y 2.

El concejal Carlos Acosta defendió el proyecto con una imagen:

«Les dimos los dulces pero entonces les prohibimos abrir el paquete.»

Agregó que el banco desembolsa contra avance de obra y que quienes votaron el empréstito tienen la responsabilidad de seguir apoyándolo. El concejal David se sumó con el argumento de ganar tiempo. El presidente cerró el debate, pidió no adelantar el control político, que tiene sus periodos en febrero, mayo, agosto y noviembre, y sometió el proyecto a votación: nueve votos a favor y uno en contra. No hubo proposiciones ni asuntos varios.

EL NUDO JURÍDICO: DOS LECTURAS DE LA MISMA NORMA

Todo el debate de fondo se reduce a una pregunta: si un municipio ya tiene en su presupuesto de este año todo el dinero de un proyecto que se ejecutará en gran parte el año siguiente, ¿basta con autorizar el plazo, o hay que decir cuánto de ese compromiso se ejecutará en 2027?

Aspecto | Posición de la administración | Posición del asesor del Concejo

Tesis | Los recursos son 100 % de 2026; solo se autoriza ejecutar en 2027 | La figura existe para afectar presupuestos futuros; hay que discriminar el monto de 2027

Soporte | Ley 819 desde el literal a; acuerdo de Cajicá; revisiones de la Gobernación sin objeción | Primer inciso del art. 12 de la Ley 819; estatuto municipal; fallos que anularon acuerdos similares

Debilidad | Ejemplos de otros municipios no prueban que sean legales, solo que no han sido demandados | No se conocieron en la sesión los fallos citados

Mi lectura: el argumento de que es «imposible» fijar el monto no convence del todo. La misma ley habla de autorizar un «monto máximo», no una cifra exacta. Con los plazos que presentó la propia administración (un CDI de ocho meses cuya licitación aún no se había abierto), era razonable estimar que casi todo se ejecutará en 2027 y fijar un tope por proyecto. El ajuste era barato y reducía el riesgo. Dicho esto, la última palabra sobre la legalidad la tendrá, si alguien lo demanda, la revisión del departamento o un juez, no esta crónica.

LO QUE QUEDÓ SIN RESPUESTA

• El porcentaje que se subcontratará en el esquema de gerencia integral y cómo se escogerán los subcontratistas.

• Qué proyectos van por licitación pública y cuáles por contrato interadministrativo.

• El valor de las interventorías distintas a la del CDI y el cronograma de contratación, que la administración se comprometió a enviar.

• El destino de los cerca de 450 millones de vivienda y el avance de la vía de Fátima, que se remitieron a las sesiones de noviembre.

• La meta de pavimento: si es de 1.000 metros cuadrados, equivale apenas a 170–250 metros de vía (con 6 o 4 metros de ancho), mientras el tramo diseñado mide 1.472 metros, es decir, entre 5.900 y 8.800 metros cuadrados. O la meta está muy por debajo de la inversión o hay una confusión de unidades.

• Los fallos judiciales que el asesor ofreció y que nadie pidió antes de votar.

UNA LECTURA CRÍTICA, SIN CARICATURAS

Sería injusto presentar esto como una pelea entre «los que quieren obras» y «los que las frenan». Los dos bloques tienen razones válidas.

A favor de la mayoría: los proyectos son necesarios y algunos llevan años represados. Los recursos del CDI vienen de la Gobernación y podrían perderse. La Ley de Garantías de 2027 reduce el margen para contratar. Esperar a incorporar todo en el presupuesto de 2027, como proponía el concejal Julián, podía terminar en más demoras.

A favor de la minoría: el municipio tiene un historial reciente de mala planeación. Un CDI financiado con diseños que el ICBF no aceptó; un Centro de Economía Campesina que costó miles de millones y no funciona; 2.200 millones de deuda asignados a una vía antes de tener sus diseños. Pedir cantidades, cronogramas y modalidades antes de autorizar no es «control político anticipado»: es la información mínima para decidir bien.

Lo que más preocupa no es que se haya aprobado, sino cómo se aprobó. El Concejo tenía en la mesa una recomendación sencilla de su propio asesor para blindar el acuerdo y la descartó sin revisar los fallos que se le ofrecían. El argumento de «si votamos el empréstito, tenemos que seguir apoyando» es de coherencia política, no de legalidad. Haber aprobado una deuda no obliga a aprobar cualquier instrumento para ejecutarla.

QUÉ CONVIENE VIGILAR DE AQUÍ A DICIEMBRE

La autorización solo tiene sentido si los contratos se firman y empiezan a ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2026. Estos son los puntos que vale la pena seguir desde el control social:

• Sanción del acuerdo por el alcalde y eventuales observaciones del departamento en su revisión de legalidad.

• Apertura, número de oferentes y adjudicación de la licitación pública 03 del CDI en SECOP II.

• El contrato de gerencia integral: con qué entidad, por cuánto y qué parte se subcontrata.

• Que quien hizo los estudios y diseños del Mariano Ospina no participe en la obra.

• El cronograma y las interventorías que la administración prometió enviar al Concejo.

• La ficha del indicador de pavimento en el Plan de Desarrollo: unidad, línea base y meta.

• Las respuestas sobre vivienda y la vía de Fátima en las sesiones ordinarias de noviembre.

CONCLUSIÓN

El Concejo de Guasca le dio a la administración la herramienta que pedía para mover 5.360 millones en obras que el municipio necesita: un CDI, un colegio seguro, la energía para un centro campesino que lleva años cerrado y los diseños de una vía rural. Esa es la buena noticia.

La otra cara es que el acuerdo salió sin un ajuste sencillo que su propio asesor jurídico recomendó, con preguntas importantes sin responder y con muy poco tiempo para firmar los contratos antes de fin de año. A partir de ahora, la discusión ya no es si se aprobaba o no, sino si se ejecuta bien. Eso no lo garantiza una votación: lo garantiza la vigilancia ciudadana.

Nota: esta crónica se elaboró a partir de la transmisión en vivo publicada por el Concejo Municipal de Guasca en Facebook, transcrita de forma automática. Las citas y cifras se verificaron contra el audio en lo posible, pero algunos nombres y datos pueden contener errores; se agradecen correcciones. Las opiniones son del autor.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación de Guasca · @CarlosGalarzaCTP

«El consejero que se forma, transforma su territorio»

Crónica y análisis de la Sesión Plenaria Extraordinaria No. 026 del 27 de octubre de 2026

 

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Crónica y análisis de la Sesión Plenaria Extraordinaria 

No. 026 del 27 de octubre de 2026

Introducción

El martes 27 de octubre de 2026, a las 6:41 de la tarde, el Concejo Municipal de Guasca abrió la Sesión Plenaria Extraordinaria No. 026 con un único asunto de fondo... el segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026, "por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Guasca, Cundinamarca, para comprometer vigencias futuras ordinarias". Lo que está en juego son $5.179.604.032 para cuatro proyectos de inversión. La sesión duró poco más de una hora y terminó sin votación del proyecto... se suspendió hasta el día siguiente. Esta entrada reconstruye en detalle qué se dijo, quién lo dijo y por qué importa.

1. La sesión en datos

• Quórum: nueve concejales presentes al llamado a lista, con quórum deliberatorio y decisorio. Al votar la ponencia ya eran diez.
• Novedades: la concejal Ana Elodia León Rueda (Partido Conservador) está en incapacidad médica; mediante la Resolución 053 del 26 de octubre de 2026 se declaró su vacancia temporal. El concejal Enrique Giovanni Cortez Díaz figuraba ausente en el llamado, pero intervino más tarde.
• Por la administración: los jefes de Contratación, Planeación y Hacienda.
• Asesoría del Concejo: el doctor Wilmar Quintero, de forma virtual, y la oficina jurídica de la organización que asesora a la corporación.
• Presidencia: no la ejerció el presidente de la comisión, porque el concejal Julián Andrés Rodríguez Barrantes (Alianza Verde) es a la vez ponente del proyecto, y el reglamento impide presidir y ser ponente al mismo tiempo.
• Orden del día: (1) segundo debate del Proyecto de Acuerdo 016 y (2) proposiciones y varios. Se aprobó sin objeciones.

2. Qué se le pide al Concejo

Una vigencia futura ordinaria es una autorización del Concejo para que el alcalde firme este año contratos cuya ejecución, y por tanto parte del gasto, se extiende al año siguiente. La regula el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y, en Guasca, el capítulo noveno del Estatuto Orgánico de Presupuesto (Acuerdo 089 de 2023). Los cuatro proyectos son:

• Subestación eléctrica de 150 kVA para el Centro de Economía Social Campesina. Crédito interno. $692.214.816.
• Adecuación de la sede antigua de la IED Mariano Ospina Rodríguez. Crédito interno. $1.716.460.305.
• Consultoría de estudios y diseños de la vía Hortifrut – IED El Carmen (vereda San José). Crédito interno. $291.348.493.
• Construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI). Convenio con el ICCU, contrato 1424 de 2025. $2.479.580.418.
• Total: $5.179.604.032.

El dato decisivo está en el cuadro del artículo primero. Los cuatro proyectos tienen el 100 % de su valor en la columna de 2026, y la columna de 2027 dice "no presenta valor". Sobre esa casilla vacía gira todo el debate.

3. La ponencia: "positiva condicional"

El concejal Rodríguez Barrantes leyó su informe del primer debate, que la Comisión Tercera de Presupuesto y Asuntos Fiscales estudió el 20 de octubre. En lo formal, lo encontró en orden... la iniciativa es del alcalde, el Concejo es competente, hay unidad de materia y en el expediente están la aprobación del CONFIS (Acta 26 del 13 de octubre de 2026) y los soportes de Planeación. También repasó los requisitos legales: iniciativa del gobierno, CONFIS previo, apropiación mínima del 15 % en la vigencia en curso, coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y con el Plan de Desarrollo "Guasca, compromiso de todos 2024-2027", y que 2026 no es el último año de gobierno.

Pero señaló una "inconsistencia sustancial"... si todo está en 2026 y nada en 2027, no se puede saber cuánto afectará realmente el presupuesto de 2027, que es justamente lo que se autoriza. Por eso pidió:

• Una matriz financiera conciliada por proyecto, fuente y vigencia, con los bienes o servicios que se recibirían en cada año.
• Soportes sobre el Marco Fiscal, la capacidad de endeudamiento y el servicio de la deuda.
• Para los proyectos con crédito: el contrato de empréstito, el cronograma de desembolsos, el concepto del CONFIS y el acto de incorporación presupuestal.
• Para el CDI: el concepto previo de Planeación Departamental o del ICCU, la incorporación del convenio y el calendario de giros.
• Corregir la meta educativa y la clasificación de la consultoría vial en el banco de proyectos, y unificar los nombres de los proyectos.
• Un cronograma verificable de cada contratación, porque los contratos deben firmarse y empezar a ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2026. Advirtió que no se debe suponer que la autorización se prorroga sola.
• Ajustes a los artículos 1, 2 y 3, un artículo de informes al Concejo y el reemplazo de la certificación de vigencia futura por el CDP en los primeros 20 días hábiles de enero de 2027.

Su conclusión: el proyecto tiene fundamento jurídico y fin público, pero la aprobación debía condicionarse a esos ajustes.

4. Lo que se aprobó y lo que la administración rechazó

La Comisión Tercera aprobó por unanimidad cuatro modificaciones:

1. Un nuevo considerando 15 que cita el Acta 26 del CONFIS.
2. Cambiar "importancia estratégica" por "importancia prioritaria" en el considerando 16. No es un matiz menor: la importancia estratégica corresponde a otro trámite, más exigente, de vigencias futuras excepcionales.
3. Corregir la meta educativa (sector 22, meta 07), que quedó como "implementar un plan de intervenciones a las instituciones educativas departamentales".
4. Un nuevo artículo cuarto: Hacienda informará por escrito al Concejo, a más tardar el 31 de enero de 2027, cómo usó el cupo autorizado.

La administración, por medio de su asesor financiero, el doctor Wilson Acosta, no aceptó los cambios de fondo:

• Artículo 1: quiso mantener el texto original y solo aceptó la corrección de la meta.
• Artículo 2: argumentó que los recursos no comprometidos al cierre de 2026 pasan a ser recursos del balance. Con la redacción propuesta habría que traer al Concejo otro proyecto para incorporarlos, lo que retrasaría las obras. La redacción original busca evitar volver a la corporación.
• Artículo 3: recordó que la autorización vence el 31 de diciembre de 2026 y que, si los compromisos no se perfeccionan, caduca.

Con esas condiciones, el proyecto se aprobó en primer debate por unanimidad (3 votos) y pasó a plenaria con el texto que la administración defendió, más las cuatro modificaciones aceptadas.

5. Las demás preguntas de la comisión

• Endeudamiento: se preguntó cómo se calculó la capacidad de endeudamiento y de dónde salen los recursos. La administración respondió que los proyectos están en el Plan de Desarrollo y que aportó la certificación.
• Documentos contractuales: el ponente pidió contratos, presupuestos, modalidades de contratación, cronogramas, CDP y fechas. La administración se comprometió a entregarlos.
• CDI: se preguntó si los recursos alcanzan, cuáles son las condiciones del convenio con el ICCU, qué ajustes requieren los diseños arquitectónicos y qué observó el ICBF.
• Contratación conjunta: se preguntó por qué se contratan juntas la adecuación del Mariano Ospina y la subestación del Centro de Economía Campesina. El jefe de Contratación dijo que es jurídicamente viable por eficacia, celeridad y economía, y que la subestación también abastecerá el futuro CDI.
• Vía Hortifrut – El Carmen: el tramo exacto, según la administración, se definirá con los mismos estudios que se van a contratar.

6. El giro de la noche | la plenaria pide tiempo

Después de que la plenaria aprobó la ponencia con diez votos a favor, ocurrió lo más revelador de la sesión. El propio ponente pidió aplazar el debate... reconoció que, por razones laborales, no había podido leer ninguno de los documentos que la administración envió ese mismo día y que no tenía "herramientas" para debatir.

• Carlos Augusto Acosta Ardila (Liberal): respaldó el aplazamiento. Si el ponente, que es quien más debe saber, no alcanzó a revisar los documentos, los demás tampoco.
• Brayan Alexander Bautista Mora (Alianza Verde): además de pedir tiempo, dijo que no encontró la certificación conjunta de Planeación y Hacienda que exige el artículo 163 del reglamento interno, y que no alcanzaba a revisar los CDP uno por uno.
• Enrique Giovanni Cortez Díaz (Alianza Verde): propuso escuchar a la administración esa noche y continuar al día siguiente.

La asesoría jurídica del Concejo mantuvo su concepto de "viabilidad condicionada". Mientras el artículo primero no muestre cuánto se compromete con cargo a 2027, dijo, autorizar el instrumento no sería viable y se "desnaturalizaría" el mecanismo. Lo explicó con un ejemplo que vale la pena entender:

Un contrato cuesta $1.000 millones y la alcaldía tiene todo el dinero en 2026, pero no alcanza a ejecutarlo este año. Entonces expide un CDP por lo que sí se ejecuta en 2026, mínimo el 15 % ($150 millones). Los otros $850 millones quedan respaldados por la autorización del Concejo, mediante una certificación de vigencia futura. Esos $850 millones no se comprometen en 2026 y pasan a 2027 como recursos del balance. En los primeros 20 días de enero de 2027, esa certificación se reemplaza por un CDP de 2027. Por eso el cuadro debe mostrar en la columna de 2026 solo lo que se ejecuta este año, y en la de 2027 lo que se compromete para el siguiente.

Según el asesor, esa es la orientación del Ministerio de Hacienda y lo que dice el propio estatuto de presupuesto de Guasca.

La administración explicó que las respuestas llegaron tarde porque la sesión de comisión fue de casi cinco horas, terminó cerca de la medianoche y tomó tiempo organizar las preguntas. Propuso exponer el proyecto y resolver las dudas al día siguiente.

Decisión: la presidencia suspendió el estudio del proyecto y citó a continuar el miércoles 28 de octubre a las 6:00 p. m. Pidió a los concejales llegar con preguntas concretas y a la administración responder a lo planteado por la asesoría o explicar por qué no lo acoge. No hubo proposiciones ni varios.

7. Análisis | tres puntos que no deberían pasar inadvertidos

a) La columna vacía no es un detalle técnico. Si todo el dinero está apropiado y certificado en 2026, la pregunta lógica es para qué se necesita una vigencia futura. Si se necesita, es porque una parte se ejecutará en 2027, y esa parte es la que el Concejo autoriza. Aprobar un cuadro con 2027 en cero es autorizar algo cuyo tamaño no aparece en el acto. Hay que reconocer que el argumento de la administración tiene una lógica práctica: no quiere volver al Concejo para incorporar recursos del balance. Pero ese es otro trámite presupuestal, y forzar la vigencia futura para evitarlo es lo que la asesoría llama desnaturalizar el instrumento.

b) Una ponencia "condicional" cuyas condiciones no se cumplieron. El ponente pidió ajustar los artículos 1, 2 y 3 como requisito de aprobación. La administración rechazó esos ajustes y, aun así, la comisión aprobó 3-0 y la ponencia se aprobó 10-0 en plenaria. El informe deja constancia del desacuerdo, pero en la práctica el texto que avanza es el de la administración. Mañana el Concejo tendrá que decidir si sus condiciones eran de verdad condiciones.

c) El calendario manda. La autorización vence el 31 de diciembre de 2026. Quedan unas nueve semanas para aprobar, adelantar cuatro procesos de selección, firmar contratos e iniciar ejecución, en parte con un crédito cuyo contrato de empréstito y cronograma de desembolsos el ponente pidió acreditar. La documentación llegó el mismo día del debate y el ponente reconoció no haberla leído. Pedir tiempo fue una decisión responsable, pero muestra un proceso apretado, y la presión del calendario suele jugar en contra de la deliberación.

8. Qué vigilar en la sesión del 28 de octubre

• ¿Se corrige el cuadro del artículo primero para mostrar cuánto se compromete con cargo a 2027 en cada proyecto?
• ¿Llega la certificación conjunta de Planeación y Hacienda (artículo 163 del reglamento)?
• ¿Se entregan el contrato de empréstito, el cronograma de desembolsos y los CDP de los tres proyectos con crédito?
• ¿Hay un cronograma creíble para contratar e iniciar las cuatro obras antes del 31 de diciembre?
• ¿El CDI tiene resueltos los ajustes de diseño y las observaciones del ICBF?
• ¿El Concejo mantiene el informe a enero de 2027 y añade seguimiento posterior a la ejecución?

Conclusión

Los cuatro proyectos (energía para el Centro de Economía Campesina, la sede antigua del Mariano Ospina, los diseños de una vía rural y el CDI) responden a necesidades reales del municipio, y nadie en la sesión cuestionó su conveniencia. Lo que está en discusión es la forma, y en presupuesto público la forma es la garantía. Un cuadro que no dice cuánto se compromete para 2027 deja al Concejo autorizando algo que no puede medir. La noche del 27 dejó una señal sana... un ponente que admite no haber leído y una plenaria que prefiere esperar antes que votar a ciegas. La prueba real es mañana. O la administración ajusta el artículo primero y entrega los soportes, o el Concejo tendrá que explicar por qué sus propias condiciones dejaron de serlo. A la ciudadanía le corresponde seguir mirando.

Nota metodológica: esta entrada se elaboró a partir de la transcripción automática de la transmisión en vivo del Concejo Municipal de Guasca (Sesión Plenaria Extraordinaria No. 026, 27 de octubre de 2026, 1 h 14 min). Las cifras se verificaron: la suma de los cuatro proyectos da $5.179.604.032. En la lectura del artículo primero se escuchó "cinco mil ciento sesenta y nueve millones", que no coincide con el total. Vale la pena verificar en el texto oficial si es un error de lectura o del documento. La subestación aparece una vez como "15 kVA" y otra como "150 kVA"; aquí se usa 150 kVA, la cifra del articulado. Las citas son paráfrasis fieles y no transcripciones literales.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · El consejero que se forma, transforma su territorio

Desde Guasca al Plan Nacional de Desarrollo | Por qué y Cómo Vamos a Proponer

 

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Desde Guasca al Plan Nacional de Desarrollo
Por qué y cómo vamos a proponer

Introducción a la serie | Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 

Hoy empieza en este blog una serie de ocho ( 8 ) entradas. En cada una presento una propuesta de Guasca para un eje del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 que prepara el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. El objetivo es uno solo... que lo que vive nuestro municipio llegue, con argumentos y datos, a la hoja de ruta del país para los próximos cuatro años.

POR QUÉ PARTICIPAR

El Plan Nacional de Desarrollo define las prioridades, los programas y las inversiones del Gobierno Nacional durante el cuatrienio. Lo que no queda escrito en el Plan difícilmente recibe recursos después. Por eso, si los problemas de los municipios pequeños no aparecen allí, seguirán dependiendo de la gestión personal de cada alcalde.

La participación en la planeación no es un favor del Gobierno: es un derecho. La Constitución (artículos 339 a 342), la Ley 152 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 reconocen a la ciudadanía el derecho a intervenir en la planeación del desarrollo, y el Departamento Nacional de Planeación habilitó un formulario para recibir propuestas.

Proponer no depende de la afinidad política con el Gobierno de turno. El Plan va a regir para todos los colombianos, y quien conoce el territorio tiene la obligación de aportar a que quede bien hecho.

LO QUE SE PUEDE ESPERAR, Y LO QUE NO

El propio DNP aclara que las propuestas son consultivas y no vinculantes: se evalúan técnicamente, el Ejecutivo conserva su autonomía y el Congreso aprueba el Plan. Nadie garantiza que una propuesta ciudadana quede en el texto final.

Precisamente por eso, una propuesta tiene más posibilidades cuando es concreta, se apoya en datos verificables, nombra a la entidad responsable y propone una meta medible. Ese es el estándar que intenté cumplir en cada entrada.

CÓMO CONSTRUÍ LAS PROPUESTAS

No partí de una lista de deseos. Partí de lo que se discutió en el Concejo Municipal de Guasca. Revisé las sesiones de agosto de 2026, en especial las plenarias del 30 y 31 de agosto, en las que intervino el alcalde, y la sesión de seguridad del 25 de agosto, en la que hablaron concejales, dignatarios comunales y ciudadanos.

De allí salieron los problemas... vías veredales, saneamiento, seguridad, vivienda, educación, trámites, coordinación con el Departamento y la Nación. A cada uno le busqué el lugar que le corresponde en los siete ( 7 ) ejes del Plan y lo organicé con la misma estructura... diagnóstico, propuesta, población objetivo y resultados esperados al 2030.

Las cifras provienen de lo dicho en esas sesiones, a partir de transcripciones automáticas. Por honestidad intelectual, cada entrada lo advierte, y los datos deben confirmarse con documentos oficiales antes de radicarse.

LA LÓGICA DEL EJERCICIO

Cada propuesta sigue un razonamiento simple. Primero, un problema real de Guasca que el municipio no puede resolver solo. Segundo, la razón por la que necesita a la Nación... costo, competencia o capacidad técnica. Tercero, una acción concreta con un responsable. Cuarto, una meta a 2030 que permita saber si se cumplió.

Además, casi todas las propuestas están pensadas para servir a cualquier municipio de quinta y sexta categoría, que son la gran mayoría del país. Guasca funciona como caso de estudio... lo que se resuelva aquí puede replicarse en muchos otros territorios.

LAS OCHO ENTRADAS DE LA SERIE

Siete ( 7 ) corresponden a los ejes del Plan y una es una propuesta complementaria sobre tecnología para simplificar trámites:

1. Reconstrucción, Transformación y Resiliencia: prevenir antes que reconstruir
2. Patriotismo Constitucional: seguridad con Estado presente en lo rural
3. Milagro Social: agua, vivienda y salud para un pueblo que crece
4. Milagro Económico: del campo y el turismo al mercado
5. Colombia desde las regiones: reglas claras, no gestión personal
6. Transformación del Estado: que el ciudadano vea en qué se gasta cada peso
7. Milagro Educativo: del CDI al colegio y del colegio al trabajo
8. GovTech local: emprendimiento digital local para simplificar trámites

¿Quiere hacer su propia propuesta? El formulario del DNP está en https://formularioparticipacionvirtual.dnp.gov.co/ . Cada cuadro admite unos 650 caracteres, así que conviene escribir corto y concreto.

CONCLUSIÓN

Guasca no puede esperar a que el Plan Nacional de Desarrollo se escriba solo desde Bogotá. Este ejercicio busca poner sobre la mesa, con datos y propuestas concretas, lo que un municipio rural de sexta categoría necesita de la Nación. Invito a los lectores a leer cada entrada, a corregirme donde me equivoque y, sobre todo, a enviar sus propias propuestas por el formulario del DNP. El consejero que se forma, transforma su territorio, y el ciudadano que participa también.

POSTDATA | Envié estas Propuestas en el Formulario

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación de Guasca · @CarlosGalarzaCTP

El consejero que se forma, transforma su territorio

¿ME VAN A APOYAR AL CONCEJO? | 66 reacciones, 7 comentarios y LA PREGUNTA que deberíamos hacerles a todos los que aspiren a las 11 curules en 2027

 

«Todo ciudadano tiene derecho

 a participar en la conformación,

 ejercicio y control del poder político.»

Constitución Política de Colombia, artículo 40

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¿ME VAN A APOYAR AL CONCEJO?

66 reacciones, 7 comentarios y la pregunta que deberíamos hacerles

 a todos los que aspiren a las 11 curules en 2027

Introducción

Ayer, un joven guasqueño conocido en redes como Piolo, animador y decorador de fiestas con más de cinco mil seguidores, publicó una imagen con un mensaje sencillo: «Ya que estamos hablando de política, me van a apoyar al Concejo». La acompañó con una frase que vale la pena leer dos veces: «A lo bien avisen si me apoyan, pa no pasar vergüenzas».

Medio en broma y medio en serio, Piolo abrió la conversación que Guasca tiene pendiente. En octubre de 2027 no solo elegiremos alcalde; también elegiremos a los 11 concejales del periodo 2028-2031.

Lo primero es reconocer algo... levantar la mano para aspirar a un cargo público, y hacerlo de frente, preguntándole a la gente antes de lanzarse, es ejercer el artículo 40 de la Constitución. Merece respeto. Lo que sigue no es una crítica a él, sino una lectura de lo que su publicación revela sobre cómo estamos empezando la contienda.

Los números del post

(Corte: 26 de octubre de 2026, aproximadamente un día después de publicado)

• Reacciones totales: 66
  • Me gusta: 53 (80 %)
  • Me encanta: 13 (20 %)
• Veces compartido: 3
• Comentarios en total: 10
  • Principales: 7
  • Respuestas: 3 (2 del autor y 1 etiqueta sin texto)
• Reacciones frente a seguidores (≈5.300): ≈1,2 %

¿Qué dicen los siete comentarios principales?

• Apoyo explícito: 4 (57 %). Ejemplo: «Obviooo! Está demorado».
• Apoyo condicionado: 1 (14 %). «Depende de con qué partido sea la alianza».
• Disuasión afectuosa: 1 (14 %). «Es mejor seguir con sus proyectos… ya todo cambia».
• Humor con duda: 1 (14 %). «¿Pero después nos sigues saludando?».
• Comentarios que mencionan una propuesta o un problema de Guasca: 0 (0 %).

Un dato de contraste... tres días antes, el mismo perfil publicó un recuerdo sobre los disfraces de la infancia y obtuvo 77 reacciones y 12 comentarios. La nostalgia de Halloween convocó más que la pregunta por el Concejo.

Advertencia metodológica: esto no es una encuesta. Diez comentarios no representan a Guasca y 66 reacciones no son 66 votos. Es una muestra pequeña de cómo se está conversando, no de cómo se va a votar.

Lo que dicen los comentarios, leídos de cerca

El apoyo es afectivo, no programático. Se apoya a «la juventud», a «una persona trabajadora», a alguien que «está demorado». Nadie pregunta qué haría, qué votaría o qué vigilaría. No es culpa del aspirante... es la cultura política con la que todos llegamos a 2027.

La crítica más fina del hilo vino en forma de chiste. «¿Después nos sigues saludando?» resume una desconfianza muy guasqueña... que el cargo cambia a la gente. Otra comentarista lo dijo sin humor: «ya todo cambia». Y el propio Piolo lo reconoció: «tal me vuelva todo creído».

La pregunta correcta la hizo una sola persona... «depende de con qué partido sea la alianza». En un concejo, la lista con la que uno llega pesa tanto como el nombre.

Y el argumento de fondo lo puso el aspirante... «los que no tenemos voz somos más». Es un argumento válido y poderoso. Pero también dijo que sería «independiente, de ser posible» y que le «toca pedir asesoría». Esa franqueza se agradece, y anuncia el reto... ir por fuera de los partidos exige inscribirse por firmas como grupo significativo de ciudadanos, con póliza de seriedad, y armar una lista que sume votos. Es el camino más difícil del sistema.

¿Es posible cambiar completamente el Concejo?

La pregunta no es caprichosa. Después de lo que documentamos este año, muchos guasqueños se la están haciendo. Recordemos los hechos, todos tomados de la respuesta oficial del Concejo a mi derecho de petición:

• Un contrato de capacitación por $48 millones.
• Seis jornadas: una en Guasca y cinco en San Andrés.
• Viajaron doce personas: los once concejales y la secretaria general.
• Los años anteriores: Cartagena (2022), Santa Marta (2023), Cartagena (2024) y Santa Marta (2025).

Hay un detalle que importa para 2027... viajaron los once. En este tema no hay forma de distinguir entre concejales «buenos» y «malos». Es un criterio que aplica a toda la corporación por igual.

¿Es posible jurídicamente cambiarlo todo? Sí. Las once curules están en juego y ningún concejal tiene el puesto asegurado.

¿Es probable? Hay que decirlo sin romanticismo... no es lo habitual. Los concejales pueden reelegirse sin límite, conocen el territorio electoral y tienen equipos. Sobre todo, el sistema de cifra repartidora premia a las listas, no a los individuos. Un candidato nuevo puede sacar una votación personal muy buena y quedarse por fuera si su lista no alcanza.

¿Basta con cambiar caras? No. Si en 2028 llegan once concejales nuevos y alguien les ofrece el mismo contrato «a todo costo», el resultado puede repetirse. La renovación que importa no es solo de nombres... es de compromisos verificables.

Las preguntas que todos los aspirantes deberían responder

Propongo que cada persona que aspire al Concejo en 2027 (nueva o repitente, de partido o independiente, Piolo incluido) responda públicamente cuatro preguntas:

1. ¿Viajaría usted a la costa a capacitarse con recursos del municipio?
2. ¿Se compromete a que las capacitaciones del Concejo se hagan en Guasca, con la ESAP, universidades o entidades públicas que ofrecen formación a corporaciones territoriales?
3. ¿Se compromete a que ese presupuesto se gaste en el comercio local: salones, restaurantes, transporte y refrigerios de Guasca?
4. ¿Presentará en sesión pública, con fecha, lo que aprendió en cada capacitación?

El argumento económico es sencillo. Cuarenta y ocho millones de pesos gastados en Guasca habrían quedado en manos de comerciantes, cocineras y transportadores del pueblo. Gastados en la isla, se quedaron en un hotel de cadena. La capacitación es la misma; lo que cambia es a quién le llega el dinero.

¿Y realmente se capacitaron?

Esta es la pregunta incómoda, y hay que responderla con lo que dicen los documentos, no con lo que uno sospecha:

• Los certificados de las capacitaciones llegaron con marca de agua «BORRADOR».
• La respuesta no nombra a quién dictó las jornadas en San Andrés.
• El «intercambio de experiencias exitosas» que justificaba el viaje no tiene contraparte documentada: ningún concejo, ninguna entidad.
• El 4 de agosto se certificó que el contratista había cumplido «a satisfacción» y se autorizó el primer pago. Ese mismo periodo, su propio informe decía «No se ha ejecutado» en casi todas sus obligaciones.
• El informe en sesión pública sobre lo aprendido «se va a tener en cuenta». Sin fecha.

Con esto no se puede afirmar que no hubo capacitación. Lo que sí se puede afirmar es que la carga de la prueba está en el Concejo, y todavía no la ha cumplido. Hay una prueba sencilla... que los once expliquen en sesión pública lo que aprendieron sobre contratación estatal y sobre prevención del riesgo disciplinario, fiscal y penal, dos de los temas de la isla. Sería la mejor forma de demostrar que la plata sirvió, y de paso, de revisar este mismo contrato a la luz de lo aprendido.

Lo que este post nos enseña

La publicación de Piolo es valiosa porque muestra el punto de partida de 2027...candidaturas que se miden en «me gusta» y en cariño. Eso no es malo; es humano. Pero si el Concejo que viene se elige solo por simpatía, tendremos otro Concejo elegido por simpatía, y la simpatía no revisa contratos.

A Piolo, y a cualquiera que aspire, le diría lo mismo... lo que le dará voz a «los que no tenemos voz» no es llegar, es saber qué hacer cuando se llega. Responder estas cuatro preguntas antes de pedir el voto es una buena manera de no pasar vergüenzas.

Conclusión

¿Se puede cambiar el Concejo completo en 2027? Sí... las once curules están en juego. ¿Se debe? Eso lo decide cada votante, pero hay un hecho que aplica a los once por igual... todos viajaron, y ninguno ha demostrado todavía qué aprendió.

Cambiar las caras sin cambiar las reglas solo cambia los nombres en la lista de pasajeros. La verdadera renovación es exigirle a cada aspirante, desde ya, un compromiso público... capacitarse en Guasca, gastar en Guasca y rendirle cuentas a Guasca.

En 2027 no basta con preguntar quién quiere ser concejal. Hay que preguntar a dónde piensa viajar.

PD: Galarza NO se Lanza al Concejo, NI a la Alcaldia...de pronto no más a las termales en los lunes de terapia al adulto mayor.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · @CarlosGalarzaCTP

«El consejero que se forma, transforma su territorio»

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Fuentes:

• Publicación de Piolo en Facebook
• La respuesta del Concejo
• ¿El Concejo respondió las 17 preguntas?