Crónica y análisis de la Sesión Plenaria Extraordinaria No. 026 del 27 de octubre de 2026

 

Hilos Sueltos Relacionados:

1. Comisión Tercera, sesión No. 09: $322 millones en traslados y $5.179 millones en vigencias futuras pasan a plenaria | Octubre 20 del 2026

Crónica y análisis de la Sesión Plenaria Extraordinaria 

No. 026 del 27 de octubre de 2026

Introducción

El martes 27 de octubre de 2026, a las 6:41 de la tarde, el Concejo Municipal de Guasca abrió la Sesión Plenaria Extraordinaria No. 026 con un único asunto de fondo... el segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026, "por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Guasca, Cundinamarca, para comprometer vigencias futuras ordinarias". Lo que está en juego son $5.179.604.032 para cuatro proyectos de inversión. La sesión duró poco más de una hora y terminó sin votación del proyecto... se suspendió hasta el día siguiente. Esta entrada reconstruye en detalle qué se dijo, quién lo dijo y por qué importa.

1. La sesión en datos

• Quórum: nueve concejales presentes al llamado a lista, con quórum deliberatorio y decisorio. Al votar la ponencia ya eran diez.
• Novedades: la concejal Ana Elodia León Rueda (Partido Conservador) está en incapacidad médica; mediante la Resolución 053 del 26 de octubre de 2026 se declaró su vacancia temporal. El concejal Enrique Giovanni Cortez Díaz figuraba ausente en el llamado, pero intervino más tarde.
• Por la administración: los jefes de Contratación, Planeación y Hacienda.
• Asesoría del Concejo: el doctor Wilmar Quintero, de forma virtual, y la oficina jurídica de la organización que asesora a la corporación.
• Presidencia: no la ejerció el presidente de la comisión, porque el concejal Julián Andrés Rodríguez Barrantes (Alianza Verde) es a la vez ponente del proyecto, y el reglamento impide presidir y ser ponente al mismo tiempo.
• Orden del día: (1) segundo debate del Proyecto de Acuerdo 016 y (2) proposiciones y varios. Se aprobó sin objeciones.

2. Qué se le pide al Concejo

Una vigencia futura ordinaria es una autorización del Concejo para que el alcalde firme este año contratos cuya ejecución, y por tanto parte del gasto, se extiende al año siguiente. La regula el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y, en Guasca, el capítulo noveno del Estatuto Orgánico de Presupuesto (Acuerdo 089 de 2023). Los cuatro proyectos son:

• Subestación eléctrica de 150 kVA para el Centro de Economía Social Campesina. Crédito interno. $692.214.816.
• Adecuación de la sede antigua de la IED Mariano Ospina Rodríguez. Crédito interno. $1.716.460.305.
• Consultoría de estudios y diseños de la vía Hortifrut – IED El Carmen (vereda San José). Crédito interno. $291.348.493.
• Construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI). Convenio con el ICCU, contrato 1424 de 2025. $2.479.580.418.
• Total: $5.179.604.032.

El dato decisivo está en el cuadro del artículo primero. Los cuatro proyectos tienen el 100 % de su valor en la columna de 2026, y la columna de 2027 dice "no presenta valor". Sobre esa casilla vacía gira todo el debate.

3. La ponencia: "positiva condicional"

El concejal Rodríguez Barrantes leyó su informe del primer debate, que la Comisión Tercera de Presupuesto y Asuntos Fiscales estudió el 20 de octubre. En lo formal, lo encontró en orden... la iniciativa es del alcalde, el Concejo es competente, hay unidad de materia y en el expediente están la aprobación del CONFIS (Acta 26 del 13 de octubre de 2026) y los soportes de Planeación. También repasó los requisitos legales: iniciativa del gobierno, CONFIS previo, apropiación mínima del 15 % en la vigencia en curso, coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y con el Plan de Desarrollo "Guasca, compromiso de todos 2024-2027", y que 2026 no es el último año de gobierno.

Pero señaló una "inconsistencia sustancial"... si todo está en 2026 y nada en 2027, no se puede saber cuánto afectará realmente el presupuesto de 2027, que es justamente lo que se autoriza. Por eso pidió:

• Una matriz financiera conciliada por proyecto, fuente y vigencia, con los bienes o servicios que se recibirían en cada año.
• Soportes sobre el Marco Fiscal, la capacidad de endeudamiento y el servicio de la deuda.
• Para los proyectos con crédito: el contrato de empréstito, el cronograma de desembolsos, el concepto del CONFIS y el acto de incorporación presupuestal.
• Para el CDI: el concepto previo de Planeación Departamental o del ICCU, la incorporación del convenio y el calendario de giros.
• Corregir la meta educativa y la clasificación de la consultoría vial en el banco de proyectos, y unificar los nombres de los proyectos.
• Un cronograma verificable de cada contratación, porque los contratos deben firmarse y empezar a ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2026. Advirtió que no se debe suponer que la autorización se prorroga sola.
• Ajustes a los artículos 1, 2 y 3, un artículo de informes al Concejo y el reemplazo de la certificación de vigencia futura por el CDP en los primeros 20 días hábiles de enero de 2027.

Su conclusión: el proyecto tiene fundamento jurídico y fin público, pero la aprobación debía condicionarse a esos ajustes.

4. Lo que se aprobó y lo que la administración rechazó

La Comisión Tercera aprobó por unanimidad cuatro modificaciones:

1. Un nuevo considerando 15 que cita el Acta 26 del CONFIS.
2. Cambiar "importancia estratégica" por "importancia prioritaria" en el considerando 16. No es un matiz menor: la importancia estratégica corresponde a otro trámite, más exigente, de vigencias futuras excepcionales.
3. Corregir la meta educativa (sector 22, meta 07), que quedó como "implementar un plan de intervenciones a las instituciones educativas departamentales".
4. Un nuevo artículo cuarto: Hacienda informará por escrito al Concejo, a más tardar el 31 de enero de 2027, cómo usó el cupo autorizado.

La administración, por medio de su asesor financiero, el doctor Wilson Acosta, no aceptó los cambios de fondo:

• Artículo 1: quiso mantener el texto original y solo aceptó la corrección de la meta.
• Artículo 2: argumentó que los recursos no comprometidos al cierre de 2026 pasan a ser recursos del balance. Con la redacción propuesta habría que traer al Concejo otro proyecto para incorporarlos, lo que retrasaría las obras. La redacción original busca evitar volver a la corporación.
• Artículo 3: recordó que la autorización vence el 31 de diciembre de 2026 y que, si los compromisos no se perfeccionan, caduca.

Con esas condiciones, el proyecto se aprobó en primer debate por unanimidad (3 votos) y pasó a plenaria con el texto que la administración defendió, más las cuatro modificaciones aceptadas.

5. Las demás preguntas de la comisión

• Endeudamiento: se preguntó cómo se calculó la capacidad de endeudamiento y de dónde salen los recursos. La administración respondió que los proyectos están en el Plan de Desarrollo y que aportó la certificación.
• Documentos contractuales: el ponente pidió contratos, presupuestos, modalidades de contratación, cronogramas, CDP y fechas. La administración se comprometió a entregarlos.
• CDI: se preguntó si los recursos alcanzan, cuáles son las condiciones del convenio con el ICCU, qué ajustes requieren los diseños arquitectónicos y qué observó el ICBF.
• Contratación conjunta: se preguntó por qué se contratan juntas la adecuación del Mariano Ospina y la subestación del Centro de Economía Campesina. El jefe de Contratación dijo que es jurídicamente viable por eficacia, celeridad y economía, y que la subestación también abastecerá el futuro CDI.
• Vía Hortifrut – El Carmen: el tramo exacto, según la administración, se definirá con los mismos estudios que se van a contratar.

6. El giro de la noche | la plenaria pide tiempo

Después de que la plenaria aprobó la ponencia con diez votos a favor, ocurrió lo más revelador de la sesión. El propio ponente pidió aplazar el debate... reconoció que, por razones laborales, no había podido leer ninguno de los documentos que la administración envió ese mismo día y que no tenía "herramientas" para debatir.

• Carlos Augusto Acosta Ardila (Liberal): respaldó el aplazamiento. Si el ponente, que es quien más debe saber, no alcanzó a revisar los documentos, los demás tampoco.
• Brayan Alexander Bautista Mora (Alianza Verde): además de pedir tiempo, dijo que no encontró la certificación conjunta de Planeación y Hacienda que exige el artículo 163 del reglamento interno, y que no alcanzaba a revisar los CDP uno por uno.
• Enrique Giovanni Cortez Díaz (Alianza Verde): propuso escuchar a la administración esa noche y continuar al día siguiente.

La asesoría jurídica del Concejo mantuvo su concepto de "viabilidad condicionada". Mientras el artículo primero no muestre cuánto se compromete con cargo a 2027, dijo, autorizar el instrumento no sería viable y se "desnaturalizaría" el mecanismo. Lo explicó con un ejemplo que vale la pena entender:

Un contrato cuesta $1.000 millones y la alcaldía tiene todo el dinero en 2026, pero no alcanza a ejecutarlo este año. Entonces expide un CDP por lo que sí se ejecuta en 2026, mínimo el 15 % ($150 millones). Los otros $850 millones quedan respaldados por la autorización del Concejo, mediante una certificación de vigencia futura. Esos $850 millones no se comprometen en 2026 y pasan a 2027 como recursos del balance. En los primeros 20 días de enero de 2027, esa certificación se reemplaza por un CDP de 2027. Por eso el cuadro debe mostrar en la columna de 2026 solo lo que se ejecuta este año, y en la de 2027 lo que se compromete para el siguiente.

Según el asesor, esa es la orientación del Ministerio de Hacienda y lo que dice el propio estatuto de presupuesto de Guasca.

La administración explicó que las respuestas llegaron tarde porque la sesión de comisión fue de casi cinco horas, terminó cerca de la medianoche y tomó tiempo organizar las preguntas. Propuso exponer el proyecto y resolver las dudas al día siguiente.

Decisión: la presidencia suspendió el estudio del proyecto y citó a continuar el miércoles 28 de octubre a las 6:00 p. m. Pidió a los concejales llegar con preguntas concretas y a la administración responder a lo planteado por la asesoría o explicar por qué no lo acoge. No hubo proposiciones ni varios.

7. Análisis | tres puntos que no deberían pasar inadvertidos

a) La columna vacía no es un detalle técnico. Si todo el dinero está apropiado y certificado en 2026, la pregunta lógica es para qué se necesita una vigencia futura. Si se necesita, es porque una parte se ejecutará en 2027, y esa parte es la que el Concejo autoriza. Aprobar un cuadro con 2027 en cero es autorizar algo cuyo tamaño no aparece en el acto. Hay que reconocer que el argumento de la administración tiene una lógica práctica: no quiere volver al Concejo para incorporar recursos del balance. Pero ese es otro trámite presupuestal, y forzar la vigencia futura para evitarlo es lo que la asesoría llama desnaturalizar el instrumento.

b) Una ponencia "condicional" cuyas condiciones no se cumplieron. El ponente pidió ajustar los artículos 1, 2 y 3 como requisito de aprobación. La administración rechazó esos ajustes y, aun así, la comisión aprobó 3-0 y la ponencia se aprobó 10-0 en plenaria. El informe deja constancia del desacuerdo, pero en la práctica el texto que avanza es el de la administración. Mañana el Concejo tendrá que decidir si sus condiciones eran de verdad condiciones.

c) El calendario manda. La autorización vence el 31 de diciembre de 2026. Quedan unas nueve semanas para aprobar, adelantar cuatro procesos de selección, firmar contratos e iniciar ejecución, en parte con un crédito cuyo contrato de empréstito y cronograma de desembolsos el ponente pidió acreditar. La documentación llegó el mismo día del debate y el ponente reconoció no haberla leído. Pedir tiempo fue una decisión responsable, pero muestra un proceso apretado, y la presión del calendario suele jugar en contra de la deliberación.

8. Qué vigilar en la sesión del 28 de octubre

• ¿Se corrige el cuadro del artículo primero para mostrar cuánto se compromete con cargo a 2027 en cada proyecto?
• ¿Llega la certificación conjunta de Planeación y Hacienda (artículo 163 del reglamento)?
• ¿Se entregan el contrato de empréstito, el cronograma de desembolsos y los CDP de los tres proyectos con crédito?
• ¿Hay un cronograma creíble para contratar e iniciar las cuatro obras antes del 31 de diciembre?
• ¿El CDI tiene resueltos los ajustes de diseño y las observaciones del ICBF?
• ¿El Concejo mantiene el informe a enero de 2027 y añade seguimiento posterior a la ejecución?

Conclusión

Los cuatro proyectos (energía para el Centro de Economía Campesina, la sede antigua del Mariano Ospina, los diseños de una vía rural y el CDI) responden a necesidades reales del municipio, y nadie en la sesión cuestionó su conveniencia. Lo que está en discusión es la forma, y en presupuesto público la forma es la garantía. Un cuadro que no dice cuánto se compromete para 2027 deja al Concejo autorizando algo que no puede medir. La noche del 27 dejó una señal sana... un ponente que admite no haber leído y una plenaria que prefiere esperar antes que votar a ciegas. La prueba real es mañana. O la administración ajusta el artículo primero y entrega los soportes, o el Concejo tendrá que explicar por qué sus propias condiciones dejaron de serlo. A la ciudadanía le corresponde seguir mirando.

Nota metodológica: esta entrada se elaboró a partir de la transcripción automática de la transmisión en vivo del Concejo Municipal de Guasca (Sesión Plenaria Extraordinaria No. 026, 27 de octubre de 2026, 1 h 14 min). Las cifras se verificaron: la suma de los cuatro proyectos da $5.179.604.032. En la lectura del artículo primero se escuchó "cinco mil ciento sesenta y nueve millones", que no coincide con el total. Vale la pena verificar en el texto oficial si es un error de lectura o del documento. La subestación aparece una vez como "15 kVA" y otra como "150 kVA"; aquí se usa 150 kVA, la cifra del articulado. Las citas son paráfrasis fieles y no transcripciones literales.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · El consejero que se forma, transforma su territorio

Desde Guasca al Plan Nacional de Desarrollo | Por qué y Cómo Vamos a Proponer

 

Hilos Sueltos Relacionados:

1. ¿ME VAN A APOYAR AL CONCEJO? | 66 reacciones, 7 comentarios y LA PREGUNTA que deberíamos hacerles a todos los que aspiren a las 11 curules en 2027

Desde Guasca al Plan Nacional de Desarrollo
Por qué y cómo vamos a proponer

Introducción a la serie | Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 

Hoy empieza en este blog una serie de ocho ( 8 ) entradas. En cada una presento una propuesta de Guasca para un eje del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 que prepara el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. El objetivo es uno solo... que lo que vive nuestro municipio llegue, con argumentos y datos, a la hoja de ruta del país para los próximos cuatro años.

POR QUÉ PARTICIPAR

El Plan Nacional de Desarrollo define las prioridades, los programas y las inversiones del Gobierno Nacional durante el cuatrienio. Lo que no queda escrito en el Plan difícilmente recibe recursos después. Por eso, si los problemas de los municipios pequeños no aparecen allí, seguirán dependiendo de la gestión personal de cada alcalde.

La participación en la planeación no es un favor del Gobierno: es un derecho. La Constitución (artículos 339 a 342), la Ley 152 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 reconocen a la ciudadanía el derecho a intervenir en la planeación del desarrollo, y el Departamento Nacional de Planeación habilitó un formulario para recibir propuestas.

Proponer no depende de la afinidad política con el Gobierno de turno. El Plan va a regir para todos los colombianos, y quien conoce el territorio tiene la obligación de aportar a que quede bien hecho.

LO QUE SE PUEDE ESPERAR, Y LO QUE NO

El propio DNP aclara que las propuestas son consultivas y no vinculantes: se evalúan técnicamente, el Ejecutivo conserva su autonomía y el Congreso aprueba el Plan. Nadie garantiza que una propuesta ciudadana quede en el texto final.

Precisamente por eso, una propuesta tiene más posibilidades cuando es concreta, se apoya en datos verificables, nombra a la entidad responsable y propone una meta medible. Ese es el estándar que intenté cumplir en cada entrada.

CÓMO CONSTRUÍ LAS PROPUESTAS

No partí de una lista de deseos. Partí de lo que se discutió en el Concejo Municipal de Guasca. Revisé las sesiones de agosto de 2026, en especial las plenarias del 30 y 31 de agosto, en las que intervino el alcalde, y la sesión de seguridad del 25 de agosto, en la que hablaron concejales, dignatarios comunales y ciudadanos.

De allí salieron los problemas... vías veredales, saneamiento, seguridad, vivienda, educación, trámites, coordinación con el Departamento y la Nación. A cada uno le busqué el lugar que le corresponde en los siete ( 7 ) ejes del Plan y lo organicé con la misma estructura... diagnóstico, propuesta, población objetivo y resultados esperados al 2030.

Las cifras provienen de lo dicho en esas sesiones, a partir de transcripciones automáticas. Por honestidad intelectual, cada entrada lo advierte, y los datos deben confirmarse con documentos oficiales antes de radicarse.

LA LÓGICA DEL EJERCICIO

Cada propuesta sigue un razonamiento simple. Primero, un problema real de Guasca que el municipio no puede resolver solo. Segundo, la razón por la que necesita a la Nación... costo, competencia o capacidad técnica. Tercero, una acción concreta con un responsable. Cuarto, una meta a 2030 que permita saber si se cumplió.

Además, casi todas las propuestas están pensadas para servir a cualquier municipio de quinta y sexta categoría, que son la gran mayoría del país. Guasca funciona como caso de estudio... lo que se resuelva aquí puede replicarse en muchos otros territorios.

LAS OCHO ENTRADAS DE LA SERIE

Siete ( 7 ) corresponden a los ejes del Plan y una es una propuesta complementaria sobre tecnología para simplificar trámites:

1. Reconstrucción, Transformación y Resiliencia: prevenir antes que reconstruir
2. Patriotismo Constitucional: seguridad con Estado presente en lo rural
3. Milagro Social: agua, vivienda y salud para un pueblo que crece
4. Milagro Económico: del campo y el turismo al mercado
5. Colombia desde las regiones: reglas claras, no gestión personal
6. Transformación del Estado: que el ciudadano vea en qué se gasta cada peso
7. Milagro Educativo: del CDI al colegio y del colegio al trabajo
8. GovTech local: emprendimiento digital local para simplificar trámites

¿Quiere hacer su propia propuesta? El formulario del DNP está en https://formularioparticipacionvirtual.dnp.gov.co/ . Cada cuadro admite unos 650 caracteres, así que conviene escribir corto y concreto.

CONCLUSIÓN

Guasca no puede esperar a que el Plan Nacional de Desarrollo se escriba solo desde Bogotá. Este ejercicio busca poner sobre la mesa, con datos y propuestas concretas, lo que un municipio rural de sexta categoría necesita de la Nación. Invito a los lectores a leer cada entrada, a corregirme donde me equivoque y, sobre todo, a enviar sus propias propuestas por el formulario del DNP. El consejero que se forma, transforma su territorio, y el ciudadano que participa también.

POSTDATA | Envié estas Propuestas en el Formulario

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación de Guasca · @CarlosGalarzaCTP

El consejero que se forma, transforma su territorio

¿ME VAN A APOYAR AL CONCEJO? | 66 reacciones, 7 comentarios y LA PREGUNTA que deberíamos hacerles a todos los que aspiren a las 11 curules en 2027

 

«Todo ciudadano tiene derecho

 a participar en la conformación,

 ejercicio y control del poder político.»

Constitución Política de Colombia, artículo 40

Hilos Sueltos Relacionados:

1. Derecho de petición al Concejo de Guasca | 17 preguntas sobre la capacitación en San Andrés
2. La respuesta del Concejo | Cinco jornadas en la isla y un intercambio de experiencias que nadie vio
3. ¿El Concejo respondió las 17 preguntas? | Balance punto por punto
4. Equipaje no entregado | Segundo derecho de petición
5. ¿Y usted no hubiera ido? | Por qué le diría NO al paseo a San Andrés

6. La Ancestral Doctrina del «Siempre Se ha Hecho Así» | El Arte de Convertir Una Capacitación Presupuestal en Paseo de Playa

¿ME VAN A APOYAR AL CONCEJO?

66 reacciones, 7 comentarios y la pregunta que deberíamos hacerles

 a todos los que aspiren a las 11 curules en 2027

Introducción

Ayer, un joven guasqueño conocido en redes como Piolo, animador y decorador de fiestas con más de cinco mil seguidores, publicó una imagen con un mensaje sencillo: «Ya que estamos hablando de política, me van a apoyar al Concejo». La acompañó con una frase que vale la pena leer dos veces: «A lo bien avisen si me apoyan, pa no pasar vergüenzas».

Medio en broma y medio en serio, Piolo abrió la conversación que Guasca tiene pendiente. En octubre de 2027 no solo elegiremos alcalde; también elegiremos a los 11 concejales del periodo 2028-2031.

Lo primero es reconocer algo... levantar la mano para aspirar a un cargo público, y hacerlo de frente, preguntándole a la gente antes de lanzarse, es ejercer el artículo 40 de la Constitución. Merece respeto. Lo que sigue no es una crítica a él, sino una lectura de lo que su publicación revela sobre cómo estamos empezando la contienda.

Los números del post

(Corte: 26 de octubre de 2026, aproximadamente un día después de publicado)

• Reacciones totales: 66
  • Me gusta: 53 (80 %)
  • Me encanta: 13 (20 %)
• Veces compartido: 3
• Comentarios en total: 10
  • Principales: 7
  • Respuestas: 3 (2 del autor y 1 etiqueta sin texto)
• Reacciones frente a seguidores (≈5.300): ≈1,2 %

¿Qué dicen los siete comentarios principales?

• Apoyo explícito: 4 (57 %). Ejemplo: «Obviooo! Está demorado».
• Apoyo condicionado: 1 (14 %). «Depende de con qué partido sea la alianza».
• Disuasión afectuosa: 1 (14 %). «Es mejor seguir con sus proyectos… ya todo cambia».
• Humor con duda: 1 (14 %). «¿Pero después nos sigues saludando?».
• Comentarios que mencionan una propuesta o un problema de Guasca: 0 (0 %).

Un dato de contraste... tres días antes, el mismo perfil publicó un recuerdo sobre los disfraces de la infancia y obtuvo 77 reacciones y 12 comentarios. La nostalgia de Halloween convocó más que la pregunta por el Concejo.

Advertencia metodológica: esto no es una encuesta. Diez comentarios no representan a Guasca y 66 reacciones no son 66 votos. Es una muestra pequeña de cómo se está conversando, no de cómo se va a votar.

Lo que dicen los comentarios, leídos de cerca

El apoyo es afectivo, no programático. Se apoya a «la juventud», a «una persona trabajadora», a alguien que «está demorado». Nadie pregunta qué haría, qué votaría o qué vigilaría. No es culpa del aspirante... es la cultura política con la que todos llegamos a 2027.

La crítica más fina del hilo vino en forma de chiste. «¿Después nos sigues saludando?» resume una desconfianza muy guasqueña... que el cargo cambia a la gente. Otra comentarista lo dijo sin humor: «ya todo cambia». Y el propio Piolo lo reconoció: «tal me vuelva todo creído».

La pregunta correcta la hizo una sola persona... «depende de con qué partido sea la alianza». En un concejo, la lista con la que uno llega pesa tanto como el nombre.

Y el argumento de fondo lo puso el aspirante... «los que no tenemos voz somos más». Es un argumento válido y poderoso. Pero también dijo que sería «independiente, de ser posible» y que le «toca pedir asesoría». Esa franqueza se agradece, y anuncia el reto... ir por fuera de los partidos exige inscribirse por firmas como grupo significativo de ciudadanos, con póliza de seriedad, y armar una lista que sume votos. Es el camino más difícil del sistema.

¿Es posible cambiar completamente el Concejo?

La pregunta no es caprichosa. Después de lo que documentamos este año, muchos guasqueños se la están haciendo. Recordemos los hechos, todos tomados de la respuesta oficial del Concejo a mi derecho de petición:

• Un contrato de capacitación por $48 millones.
• Seis jornadas: una en Guasca y cinco en San Andrés.
• Viajaron doce personas: los once concejales y la secretaria general.
• Los años anteriores: Cartagena (2022), Santa Marta (2023), Cartagena (2024) y Santa Marta (2025).

Hay un detalle que importa para 2027... viajaron los once. En este tema no hay forma de distinguir entre concejales «buenos» y «malos». Es un criterio que aplica a toda la corporación por igual.

¿Es posible jurídicamente cambiarlo todo? Sí. Las once curules están en juego y ningún concejal tiene el puesto asegurado.

¿Es probable? Hay que decirlo sin romanticismo... no es lo habitual. Los concejales pueden reelegirse sin límite, conocen el territorio electoral y tienen equipos. Sobre todo, el sistema de cifra repartidora premia a las listas, no a los individuos. Un candidato nuevo puede sacar una votación personal muy buena y quedarse por fuera si su lista no alcanza.

¿Basta con cambiar caras? No. Si en 2028 llegan once concejales nuevos y alguien les ofrece el mismo contrato «a todo costo», el resultado puede repetirse. La renovación que importa no es solo de nombres... es de compromisos verificables.

Las preguntas que todos los aspirantes deberían responder

Propongo que cada persona que aspire al Concejo en 2027 (nueva o repitente, de partido o independiente, Piolo incluido) responda públicamente cuatro preguntas:

1. ¿Viajaría usted a la costa a capacitarse con recursos del municipio?
2. ¿Se compromete a que las capacitaciones del Concejo se hagan en Guasca, con la ESAP, universidades o entidades públicas que ofrecen formación a corporaciones territoriales?
3. ¿Se compromete a que ese presupuesto se gaste en el comercio local: salones, restaurantes, transporte y refrigerios de Guasca?
4. ¿Presentará en sesión pública, con fecha, lo que aprendió en cada capacitación?

El argumento económico es sencillo. Cuarenta y ocho millones de pesos gastados en Guasca habrían quedado en manos de comerciantes, cocineras y transportadores del pueblo. Gastados en la isla, se quedaron en un hotel de cadena. La capacitación es la misma; lo que cambia es a quién le llega el dinero.

¿Y realmente se capacitaron?

Esta es la pregunta incómoda, y hay que responderla con lo que dicen los documentos, no con lo que uno sospecha:

• Los certificados de las capacitaciones llegaron con marca de agua «BORRADOR».
• La respuesta no nombra a quién dictó las jornadas en San Andrés.
• El «intercambio de experiencias exitosas» que justificaba el viaje no tiene contraparte documentada: ningún concejo, ninguna entidad.
• El 4 de agosto se certificó que el contratista había cumplido «a satisfacción» y se autorizó el primer pago. Ese mismo periodo, su propio informe decía «No se ha ejecutado» en casi todas sus obligaciones.
• El informe en sesión pública sobre lo aprendido «se va a tener en cuenta». Sin fecha.

Con esto no se puede afirmar que no hubo capacitación. Lo que sí se puede afirmar es que la carga de la prueba está en el Concejo, y todavía no la ha cumplido. Hay una prueba sencilla... que los once expliquen en sesión pública lo que aprendieron sobre contratación estatal y sobre prevención del riesgo disciplinario, fiscal y penal, dos de los temas de la isla. Sería la mejor forma de demostrar que la plata sirvió, y de paso, de revisar este mismo contrato a la luz de lo aprendido.

Lo que este post nos enseña

La publicación de Piolo es valiosa porque muestra el punto de partida de 2027...candidaturas que se miden en «me gusta» y en cariño. Eso no es malo; es humano. Pero si el Concejo que viene se elige solo por simpatía, tendremos otro Concejo elegido por simpatía, y la simpatía no revisa contratos.

A Piolo, y a cualquiera que aspire, le diría lo mismo... lo que le dará voz a «los que no tenemos voz» no es llegar, es saber qué hacer cuando se llega. Responder estas cuatro preguntas antes de pedir el voto es una buena manera de no pasar vergüenzas.

Conclusión

¿Se puede cambiar el Concejo completo en 2027? Sí... las once curules están en juego. ¿Se debe? Eso lo decide cada votante, pero hay un hecho que aplica a los once por igual... todos viajaron, y ninguno ha demostrado todavía qué aprendió.

Cambiar las caras sin cambiar las reglas solo cambia los nombres en la lista de pasajeros. La verdadera renovación es exigirle a cada aspirante, desde ya, un compromiso público... capacitarse en Guasca, gastar en Guasca y rendirle cuentas a Guasca.

En 2027 no basta con preguntar quién quiere ser concejal. Hay que preguntar a dónde piensa viajar.

PD: Galarza NO se Lanza al Concejo, NI a la Alcaldia...de pronto no más a las termales en los lunes de terapia al adulto mayor.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · @CarlosGalarzaCTP

«El consejero que se forma, transforma su territorio»

---

Fuentes:

• Publicación de Piolo en Facebook
• La respuesta del Concejo
• ¿El Concejo respondió las 17 preguntas?

ESTÍMULOS CULTURALES EN GUASCA: | LO QUE EL SEGUNDO DEBATE, HOY CORRIGIÓ Y LO QUE DEJÓ PENDIENTE

 

Hilos Sueltos Relacionados:

1. Manual del Concejo de Guasca para crear un PORTAFOLIO CULTURAL en cinco( 5 )sencillos pasos (CDP vencido incluido)

ESTÍMULOS CULTURALES EN GUASCA
 LO QUE EL SEGUNDO DEBATE CORRIGIÓ Y LO QUE DEJÓ PENDIENTE

Introducción

Hoy, 26 de octubre de 2026, la plenaria del Concejo aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo 015, que crea el Portafolio Municipal de Estímulos para la Cultura. Es una buena noticia para artistas y gestores. Pero una aprobación unánime no garantiza que el acuerdo haya quedado bien hecho, y en este caso hay tres o cuatro asuntos que conviene mirar con lupa.

FICHA DEL TRÁMITE

• Radicación: 11 de agosto de 2026 (iniciativa del alcalde, a través de la Oficina de Cultura y Turismo).
• Primer debate: Comisión Segunda, sesión No. 001 del 31 de agosto de 2026. Asistieron 2 de los 3 concejales; votación 2–0.
• Segundo debate: Plenaria extraordinaria No. 025 del 26 de octubre de 2026, de unos 73 minutos. Votación 10–0.
• Ponente: concejal Sebastián León.
• Respaldo en el Plan de Desarrollo: meta 38 del PDM Guasca compromiso de todos 2024-2027 (dos portafolios de estímulos en el cuatrienio).

1. LO QUE DEJÓ ABIERTO EL PRIMER DEBATE

La sesión de comisión del 31 de agosto duró menos de una hora y casi todo el tiempo lo ocupó la lectura de la ponencia. Hay que reconocer que fue una ponencia seria. Concluyó que el proyecto es legal y conveniente, pero lo condicionó a seis ajustes:

1. Soporte fiscal. El expediente traía un CDP de $15 millones cuya validez había vencido el 31 de mayo, antes de la radicación. Faltaba el análisis de impacto fiscal que exige el artículo 7 de la Ley 819 de 2003: costo, fuente de financiación y compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. La ponencia lo puso como condición antes de la aprobación definitiva.
2. Registro Soy Cultura. El texto omitía la inscripción obligatoria que exige el artículo 18 de la Ley 2070 de 2020.
3. Cronograma. El texto permitía cambiar los plazos de la convocatoria con simples "dinámicas de difusión", sin acto administrativo.
4. Restricciones de participación. Cualquier anotación en una base de datos se convertía en causal de exclusión, y se excluía a las escuelas de formación sin justificarlo.
5. Reglamentación. La "determinación final" quedaba en manos de la Oficina de Cultura, cuando esa competencia es del alcalde.
6. Continuidad. El acuerdo pretendía obligar a los futuros planes de desarrollo.

El jefe de la Oficina de Cultura, Edwin Mancera, aceptó todas las modificaciones. Sobre el punto fiscal dijo que el CDP ya estaba prorrogado hasta el 31 de diciembre y que no veía problema en pedirle a Hacienda la certificación. El presidente de la comisión, Hernán Gantiva, dejó una petición expresa... que para la plenaria se trajera el CDP integrado al proyecto.

2. LO QUE SE RESOLVIÓ HOY

• Registro Soy Cultura: resuelto con un parágrafo en el artículo 7.
• Cambios de cronograma: resuelto. Solo se podrán hacer mediante acto administrativo motivado y publicado.
• Restricciones e inhabilidades: resuelto. Se reescribió el artículo 8 y desapareció la exclusión de las escuelas.
• Competencia reglamentaria: resuelto. La decisión queda en el alcalde y el Consejo de Cultura actúa como instancia de asesoría.
• Continuidad y planes futuros: resuelto. Se sujeta a la planeación y al presupuesto de cada vigencia.
• Soporte fiscal (Ley 819): no hay constancia pública.

Cinco de seis reparos quedaron atendidos, y no es poca cosa. El sexto es justamente el que la propia ponencia calificó como "el más relevante".

3. LOS CABOS SUELTOS

3.1. El soporte fiscal pasó de requisito a promesa

En la parte de la transmisión de hoy que pude revisar, nadie mencionó el CDP prorrogado, la certificación de Hacienda ni un análisis de impacto fiscal. Lo que sí cambió fue la redacción. El texto aprobado incluye un considerando según el cual la implementación del portafolio "se sujetará al análisis de impacto fiscal" y a las apropiaciones de cada vigencia. Así, lo que la ponencia exigía como condición previa a la aprobación terminó escrito como una condición futura de la ejecución.

Hay que ser justos en dos cosas. La jurisprudencia constitucional (por ejemplo, la sentencia C-502 de 2007) ha dicho que el artículo 7 de la Ley 819 no funciona como un veto que anule automáticamente lo aprobado, y que la carga principal de aportar el análisis recae en el gobierno. Aquí el gobierno es el autor del proyecto, así que esa carga era del alcalde. Además, el documento puede estar en el expediente sin que nadie lo haya leído en voz alta. Por eso no lo presento como un vicio, sino como una pregunta que el Concejo debe poder responder con un papel: ¿dónde está el análisis de impacto fiscal que la comisión pidió para la plenaria?

3.2. La residencia mínima: una regla nueva, improvisada y desigual

En plenaria se añadió un requisito que no estaba en el primer debate. Las personas naturales deberán acreditar una residencia mínima en Guasca. El concejal Wilmer propuso cinco años, por analogía con los programas de vivienda. El concejal Juan Manuel lo bajó a tres porque cinco le pareció exagerado. Quedó en tres años. Hay que reconocerle una virtud... protege la intención de que los estímulos lleguen a la gente del municipio. Pero tiene tres problemas.

• No tuvo análisis. La cifra salió de una negociación en el recinto y no de un estudio. El mismo artículo 8 aprobado hoy dice que las condiciones adicionales deben ser "proporcionales a la finalidad de la convocatoria" y respetar la igualdad. Nadie explicó por qué tres años es proporcional y dos no lo es.
• Crea una asimetría. El requisito se puso solo en el numeral 1 del artículo 7, el de las personas naturales. Los grupos constituidos y las personas jurídicas sin ánimo de lucro de los numerales 2 y 5 no tienen exigencia de domicilio en Guasca, según lo leído en sesión. El resultado puede ser paradójico... un artista que llegó hace dos años no puede concursar, mientras una fundación de cualquier otro municipio sí podría.
• Quedó sin respuesta la pregunta del concejal Brayan Bautista sobre quien no reside en Guasca pero ejecuta su proyecto aquí. La respuesta verbal fue "cerrado a residentes", pero el texto no lo dice para todas las categorías.

3.3. Seis meses para reglamentar y un calendario que no cuadra

Por iniciativa del concejal Delfín se añadió un plazo máximo de seis meses para que el alcalde reglamente el acuerdo. La intención es buena, porque evita que el acuerdo duerma. Sin embargo, quedan dos cosas por precisar:

• ¿Desde cuándo corre el plazo? Hubo idas y vueltas entre "aprobación" y "sanción". La lectura final fue "a partir de la sanción y publicación". Como las modificaciones se redactaron en un receso de pocos minutos y se leyeron de viva voz, conviene confirmar que el texto que se envíe a sanción diga lo que se votó.
• La cuenta no cierra. El jefe de Cultura anunció que en 2026 no habrá convocatoria y que en 2027 habrá dos, una a comienzos de año y otra en el segundo semestre. Si el acuerdo se sanciona en noviembre, el plazo de seis meses vence hacia mayo de 2027. Sin reglamento no hay convocatoria, así que la "de comienzos de año" depende de que el decreto salga mucho antes del plazo. El plazo es un techo, no un cronograma.

Además, si en 2026 no habrá convocatoria, ¿qué pasa con los $15 millones del CDP prorrogado hasta diciembre? Es una pregunta sencilla, y nadie la hizo.

3.4. Propuestas que se quedaron en el aire

Tres concejales plantearon ajustes razonables que no aparecen en la lectura final de modificaciones:

• Hernán Gantiva: que, si un ganador no acepta, el estímulo pase automáticamente al siguiente en puntaje, sin volver a reunir al jurado (literal F del artículo 6).
• Giovanni: una regla de puntaje para desempatar entre jurados.
• Delfín: claridad sobre cómo se conformará el jurado. Se respondió de palabra que será externo, con apoyo del Instituto Departamental de Cultura y Turismo o mediante convocatoria, pero nada de eso quedó escrito.

Ninguna de estas propuestas se votó ni se rechazó. Simplemente se quedaron sin tramitar. En la práctica todas quedan para el decreto reglamentario, y por eso ese decreto es ahora el documento que hay que vigilar.

3.5. ¿Uno o dos portafolios?

La meta 38 del Plan de Desarrollo mide "número de portafolios de estímulos creados", con una meta de dos. El acuerdo crea un portafolio, de carácter permanente, con convocatorias por vigencia. La administración dice que cumplirá la meta con dos convocatorias en 2027. Puede que sea una lectura válida, pero convocar dos veces el mismo portafolio no es lo mismo que crear dos portafolios. Si la meta se reporta como cumplida al 100 %, el Consejo Territorial de Planeación y la ciudadanía deberían preguntar con qué evidencia.

3.6. La calidad de la deliberación

Dos hechos lo dicen todo. Un concejal propuso crear mediante este acuerdo el Consejo Municipal de Cultura, que existe desde un acuerdo de 1998 y funciona desde hace años. Y las modificaciones de fondo se redactaron en un receso de pocos minutos. La comisión tuvo una ponencia técnicamente sólida, pero en la plenaria se legisló a mano alzada. Que el resultado haya sido aceptable se debe más a esa ponencia que al debate.

4. QUÉ DEBEMOS VIGILAR DESDE AHORA

• El texto definitivo enviado a sanción. Hay que compararlo con lo votado, en especial el artículo 7 (residencia) y el artículo 9 (plazo).
• La constancia del soporte fiscal en el expediente: el CDP prorrogado y el concepto de Hacienda sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
• El decreto reglamentario y si recoge o no la reasignación por puntaje, el desempate y la conformación externa del jurado.
• El destino de los $15 millones de 2026 si no hay convocatoria este año.
• La regla de domicilio para grupos y personas jurídicas.
• El reporte de la meta 38 en el seguimiento al Plan de Desarrollo.

CONCLUSIÓN

Guasca tendrá, por primera vez, un marco para entregar estímulos culturales mediante convocatoria pública, con jurado y con reglas. Es un avance real, y la ponencia que lo depuró en comisión merece reconocimiento. Pero el segundo debate dejó un patrón que conviene nombrar... los ajustes que exigían papeles, como el soporte fiscal, se convirtieron en promesas, y los ajustes que surgieron en el recinto, como la residencia y los plazos, se improvisaron sin análisis. El acuerdo ya está aprobado. Lo que viene, el decreto reglamentario y la primera convocatoria, es donde se sabrá si este portafolio sirve a los artistas de Guasca o se queda en una meta del plan marcada como cumplida. Ahí es donde el control ciudadano tiene que estar.

Nota de método: análisis elaborado a partir de las transmisiones oficiales del Concejo Municipal de Guasca: la sesión de la Comisión Segunda No. 001 del 31 de agosto de 2026 (YouTube) y la Plenaria Extraordinaria No. 025 del 26 de octubre de 2026 (Facebook). Cualquier corrección documentada será bienvenida.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación de Guasca · @CarlosGalarzaCTP

"El consejero que se forma, transforma su territorio"

FUENTES:

• Comisión Segunda No. 001 del 31 de agosto de 2026 (YouTube)
• Plenaria Extraordinaria No. 025 del 26 de octubre de 2026 (Facebook)

Manual del Concejo de Guasca para crear un PORTAFOLIO CULTURAL en cinco( 5 )sencillos pasos (CDP vencido incluido)

 

Manual del Concejo de Guasca para crear un portafolio cultural en cinco sencillos pasos (CDP vencido incluido)

Introducción

Hoy se realiza el segundo debate del Proyecto de Acuerdo 015 de 2026, "por medio del cual se crea el Portafolio Municipal de Estímulos para la Cultura". Para que nadie se pierda, reconstruyo aquí el método que se usó en el primero. Todo está en los videos públicos del Concejo en YouTube, con minuto y segundo.

Primero, lo que no está en discusión... el proyecto es bueno. Guasca necesita estímulos para sus artistas, gestores y portadores de tradición. El Plan de Desarrollo ya lo había prometido. El problema no es el qué. El problema es el cómo. Y en un concejo, el cómo es lo que separa un acuerdo sólido de uno que cualquier abogado aburrido puede tumbar.

Paso 1. Mande el proyecto a la comisión equivocada

Un proyecto de cultura va a la Comisión Segunda (Administrativa y de Asuntos Sociales). Lo dice el reglamento interno del Concejo. Por eso el 25 de agosto el proyecto se estudió en la Comisión Tercera de Presupuesto. Hay que mantener la creatividad institucional.

Lo mejor vino cuando el ponente leyó su propia ponencia en esa sesión. En el literal F, "Verificación de la comisión permanente competente para primer debate", el documento concluye que el primer debate corresponde a la Comisión Segunda (video del 25 de agosto, min. 28:47). El papel sabía dónde estaba. La comisión no.

Paso 2. Dese cuenta 40 minutos después

Hacia el minuto 53, con buena parte de la ponencia ya leída, un concejal levantó la mano para avisar lo que estaba escrito desde el principio... el tema era de la Comisión Segunda. La sesión se suspendió. Se aclaró, eso sí, que "no se está devolviendo el proyecto". Se anunció que habría una sesión conjunta de las comisiones Segunda y Tercera, conforme al artículo 100 del reglamento.

Hay que reconocer el reflejo... es mejor frenar que seguir derecho hacia un vicio de trámite. Pero la pregunta queda: ¿quién hizo el reparto y quién lo revisó antes de citar?

Paso 3. Anuncie una sesión conjunta y haga otra cosa

El 31 de agosto no hubo sesión conjunta. Sesionó solo la Comisión Segunda, con un ponente distinto. Fue además su primera sesión del año... antes de discutir el proyecto tuvieron que elegir mesa directiva (video del 31 de agosto, min. 4:12). Era agosto. La comisión de asuntos sociales de un municipio sesionó por primera vez en el octavo mes del año.

Puede que haya una resolución de la mesa directiva que explique el cambio de plan. Si existe, debería ser pública. En el video no se menciona.

Paso 4. Apruebe la plata en abstracto

Las dos ponencias, la del 25 y la del 31, dicen lo mismo con honestidad admirable. El certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) del expediente se venció antes de radicarse el proyecto. Además, falta el análisis de impacto fiscal que exige el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, y debe completarse "antes de la aprobación definitiva".

Traducción: sabemos que falta el papel que dice cuánto cuesta y de dónde sale la plata, pero votemos igual. Un concejal lo pidió casi con ternura: "ojalá para la plenaria se nos traiga el CDP" (min. 48:24). El proyecto se aprobó en primer debate con ese hueco y pasó a plenaria.

Paso 5. Hágalo con el mínimo

La Comisión Segunda tiene tres miembros. Asistieron dos. Ponencia aprobada por dos. Proyecto aprobado por dos votos (min. 50:29). Es legal...hay quórum y hay mayoría. Pero un acuerdo que crea un programa permanente para todo el sector cultural de Guasca pasó su primer filtro con las manos de dos personas, en una comisión que acababa de despertar.

Lo que hay que mirar hoy en plenaria

• ¿Llegó el CDP vigente y el análisis fiscal de la Ley 819? Si no llegó, la plenaria estaría aprobando lo que las dos ponencias dijeron que no se debía aprobar sin ese soporte.
• ¿Se explica en el acta el paso de la Comisión Tercera a la Segunda? ¿Hay acto de la mesa directiva que reasigne el proyecto y deje sin efecto la sesión conjunta anunciada?
• ¿Las modificaciones aprobadas en comisión vienen incorporadas en el texto que se vota? Se dijo que sí. Hay que verificarlo artículo por artículo.

Conclusión

Nada de lo anterior es un escándalo. Es algo más aburrido y más grave... la costumbre de tramitar a la carrera y arreglar después. El portafolio cultural merece existir, y precisamente por eso merece un trámite que no se caiga al primer recurso. La sátira es la parte fácil. La parte útil es que hoy, en plenaria, alguien pregunte por el CDP.

Fuentes: videos públicos del canal de YouTube del Concejo Municipal de Guasca: "Sesión de Comisión III No. 008 del 25-08-2026" y "Sesión de Comisión Segunda No. 001 del 31 de Agosto 2026". Los minutos citados son aproximados y salen de la transcripción automática. Si el Concejo tiene actos o actas que aclaren algún punto, con gusto los publico y corrijo lo que haya que corregir.

Carlos A. Galarza

Consejero Territorial de Planeación · @CarlosGalarzaCTP

"El consejero que se forma, transforma su territorio"

COMISIÓN TERCERA, SESIÓN 010 | DIECINUEVE MILLONES PARA EL DEPORTE Y UNA EXENCIÓN SIN FECHA DE VENCIMIENTO

 

LINK DEL VIDEO DE LA SESION

COMISIÓN TERCERA, SESIÓN 010

DIECINUEVE MILLONES PARA EL DEPORTE Y UNA EXENCIÓN SIN FECHA DE VENCIMIENTO

Síntesis y lectura crítica de la sesión del 21 de octubre de 2026. 

Introducción

El martes 21 de octubre de 2026, a las 6:20 p.m., la Comisión Tercera de Presupuesto y Asuntos Fiscales del Concejo de Guasca dio primer debate a dos proyectos de acuerdo presentados por el alcalde. La sesión duró algo más de dos horas y se transmitió por Facebook y por SíEcha Estéreo 89.6. Los dos proyectos pasaron a plenaria por unanimidad. Lo interesante no está en el resultado, sino en lo que quedó pendiente.

La comisión sesionó con un quórum reducido... una concejala está incapacitada y hay una curul en vacancia temporal. Al llamado a lista respondieron dos concejales; en las votaciones hubo tres y luego cuatro.

1. P.A. 018 de 2026 | adición de $19.924.969 para el deporte

 ¿ Qué es ?. Se adicionan al presupuesto de 2026, $19.924.969 que Indeportes Cundinamarca asignó a Guasca mediante la Resolución 421 de 2026. La plata viene de la participación municipal en el impuesto departamental al consumo de cigarrillos y tabaco (Ley 1289 de 2009), que tiene destinación específica: el deporte. Se dirige al programa 43.01 y a la meta 53 del Plan de Desarrollo, que consiste en dotar las escuelas deportivas. Según el funcionario del área, se gastará en implementación deportiva para las escuelas de formación y para los formadores: balones, platillos y elementos similares.

La ponencia. El ponente, concejal Giovanni Cortés (Alianza Verde), presentó un informe positivo y técnicamente cuidadoso. En él señaló errores del proyecto que no son menores:

• El artículo 2 autorizaba el gasto para la vigencia 2025 y no para la de 2026.
• El considerando séptimo fechaba el acta 26 del CONFIS el 9 de octubre, cuando la sesión se hizo el 13 de octubre.
• En el anexo 2 aparecía un código de sector (23) que no correspondía.
• El preámbulo citaba un acuerdo (el 012 de 2024) que no tiene relación con la adición.

Respuesta de la administración. Aceptó todas las correcciones. Explicó que esta adición le corresponde al Concejo porque se trata de la participación en un impuesto departamental y no de una cofinanciación. Pidió que se le aclarara una sola recomendación: la de conservar el anexo 1 completo.

Resultado. Se aprobó por unanimidad (4 votos) y pasa a plenaria con las modificaciones.

2. P.A. 019 de 2026 | Nueva exención del impuesto de delineación urbana

¿ Qué es ?. El proyecto modifica el artículo 245 del Estatuto Tributario municipal (Acuerdo 029 de 2021, reformado por el Acuerdo 087 de 2023) y agrega una cuarta causal de exención: "obras de construcción en todas sus modalidades derivadas de proyectos liderados por la Administración Municipal… que tengan como objeto la satisfacción del derecho fundamental a la vivienda digna de grupos sociales que se encuentren en debilidad manifiesta".

La ponencia. El ponente, concejal Carlos Augusto Acosta Ardila (Partido Liberal), presentó una ponencia positiva, pero condicionada. Reconoció que el fin constitucional es legítimo (artículos 13 y 51 de la Constitución) y que el proyecto se relaciona con la meta 125 del Plan de Desarrollo: apoyar a 150 familias con subsidios de vivienda. Encontró además cuatro problemas de fondo:

• No hay estudio de impacto fiscal. El artículo 7 de la Ley 819 de 2003 y el artículo 11 del Estatuto Orgánico de Presupuesto municipal (Acuerdo 089 de 2023) exigen cuantificar cuánto se deja de recaudar y conocer el concepto de Hacienda. En el expediente no hay nada de eso. La ponencia lo calificó como "condición indispensable".
• No hay plazo. La ley fija un máximo de 10 años para las exenciones municipales, y el artículo 6 del propio Estatuto de Guasca las limita a 5 años. El proyecto no fija ninguna fecha. El ponente propuso que la exención vaya hasta el 31 de diciembre de 2027, cuando termina el Plan de Desarrollo.
• Beneficiarios y obras indeterminados. Expresiones como "todas sus modalidades" y "grupos sociales en debilidad manifiesta" no dicen quién acredita esa condición ni cómo lo hace.
• Procedimiento ambiguo. No queda claro qué le corresponde a Planeación, qué a Hacienda y qué al alcalde.

El ponente propuso un nuevo texto para el literal D y dos parágrafos. Además dejó preguntas sobre contraprestaciones, el costo de las licencias, el avalúo catastral de un predio y la entrega de una vía.

Respuesta de la administración. La secretaria de Planeación (e) explicó qué alcance pretende darle la administración a la norma:

• Aplica solo a licencias de construcción individuales (obra nueva, ampliación, mejoramiento, entre otras). No cubre urbanizaciones, parcelaciones ni constructoras.
• El beneficiario debe haber recibido antes un subsidio municipal de mejoramiento de vivienda o de construcción en sitio propio, y debe estar en debilidad manifiesta (por salud, discapacidad, vulnerabilidad económica o edad).
• Dio este argumento central: si el municipio le da a una persona un subsidio de cinco millones y le cobra un millón de licencia, el beneficio se reduce.
• Sobre Hacienda, dijo que no tiene que intervenir porque "ellos hacen recaudo" y a estas personas no se les cobraría.
• Prefiere una vigencia indefinida, "hasta que una norma la modifique", aunque aceptaría el plazo de 2027 si la corporación lo decide.
• Aceptó retirar el considerando 16, que hablaba de vivienda de interés social y hacía pensar en proyectos masivos.

También recordó un antecedente: en 2023 el Acuerdo 087 eliminó la exención que existía para vivienda de interés prioritario.

Intervenciones. El ponente aceptó la explicación y dijo que no tenía inconveniente en que la exención se mantenga de forma indefinida. El concejal Julián Rodríguez ... Pidió:

• Cambiar "obras de construcción" por "licencias de construcción".
• Saber cuántas personas caracterizadas hay y cuántas se beneficiarían.
• Saber qué meta del Plan de Desarrollo y qué fuente financian esto.
• Aclarar qué pasa con los lotes que no cumplen el área mínima del Esquema de Ordenamiento Territorial.
• Estudiar como alternativa un descuento porcentual (50 % o 60 %) dentro de la fórmula del impuesto, en lugar de una exención total.
• Saber qué municipios aplican ya esta figura.
• Que los requisitos queden escritos en el propio artículo.
• Que se entreguen los soportes del pago de delineación de la licencia de Villa Catalina y del proyecto de vivienda financiado con regalías por cerca de $2.100 millones, entregado hacia 2024.

Resultado. El presidente pidió que las respuestas se entreguen por escrito para la plenaria y cerró el debate. El proyecto pasó a segundo debate por unanimidad (4 votos).

3. Proposiciones

El concejal Julián Rodríguez propuso enviar una carta al alcalde. En ella se pide que las modificaciones y respuestas lleguen al Concejo dos días antes del segundo debate, y no, como "suele pasar", a las cinco de la tarde para una sesión que empieza a las seis. La proposición se aprobó por unanimidad.

4. Lectura crítica

a) La ponencia del P.A. 019 se contradijo en el mismo debate. El concejal Acosta escribió que el límite de 5 años del artículo 6 del Estatuto "es la regla que se debe respetar mientras continúe vigente". Media hora después aceptó que la exención fuera indefinida. Eso no se arregla con un argumento social: una exención sin término choca con su propio Estatuto y con el tope legal de 10 años. Si la plenaria aprueba el texto sin fecha, el acuerdo queda expuesto a que lo tumben en una revisión de legalidad. Al final eso perjudicaría precisamente a la población que se quiere proteger.

b) Confundir "no recaudar" con "no costar". Decir que Hacienda no tiene papel porque a los beneficiarios no se les cobra equivale a describir el costo fiscal sin medirlo. Lo que la Ley 819 pide es justamente eso: cuánto deja de entrar y cómo encaja en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Es probable que la cifra sea pequeña. Si las licencias son individuales y están atadas a subsidios para unas 150 familias en el cuatrienio, el impacto debería ser modesto. Pero que sea "probable" no equivale a estar sustentado. Si es pequeño, debería ser fácil calcularlo.

c) La norma dice una cosa y la explicación otra. La explicación de Planeación es razonable: licencias individuales, beneficiarios de subsidio y debilidad manifiesta acreditada. El problema es que nada de eso está en el texto del literal D, que sigue hablando de "obras en todas sus modalidades" y de "grupos sociales". Lo que se aplica es lo que queda escrito en el acuerdo, no lo que se dice en la presentación. Las propuestas del ponente y del concejal Rodríguez apuntan a corregir eso, y deberían llegar votadas a la plenaria y no quedarse como sugerencias.

d) El primer debate quedó a medias. Las preguntas de fondo se pasaron a la plenaria "por escrito" y el proyecto se aprobó en comisión sin respuestas. Es un procedimiento permitido, pero vacía de contenido la función de la comisión, que es filtrar técnicamente. Con la proposición de los dos días, el propio Concejo reconoce que la información llega tarde.

e) El P.A. 018 era sencillo y llegó con errores evitables. En un proyecto de tres artículos, el año equivocado en la autorización del gasto es el tipo de error que no debería llegar al Concejo. Hay que reconocer que la ponencia cumplió su tarea de control de calidad. Queda un detalle por verificar en el texto final: al leer las modificaciones, la secretaría mencionó el "16 de octubre" como fecha del acta del CONFIS, mientras la ponencia y la administración hablaron del 13.

f) La transmisión. Los primeros cinco minutos del video no tienen audio, pues corresponden a la pantalla de espera. Más importante... justo en el momento de votar el paso del P.A. 019 a plenaria, después de que alguien se refiriera a la transmisión, el audio queda en silencio total durante unos 80 segundos (minuto 2:21 a 2:22 del video). Cuando vuelve el sonido, el presidente habla de que "se estaba mirando el procedimiento" para continuar el estudio. No afirmo que haya habido intención de ocultar nada. Sí afirmo que la ciudadanía no puede saber qué se discutió en el instante decisivo, y que es legítimo preguntarle al Concejo por qué se cortó el audio.

5. Qué vigilar en la plenaria

• Que el P.A. 018 llegue con el año 2026 en el artículo 2 y con la fecha correcta del acta del CONFIS.
• Que el P.A. 019 tenga plazo expreso (máximo 5 años según el Estatuto) y memoria de impacto fiscal con concepto de Hacienda.
• Que el literal D diga en el texto lo que la administración dijo en la presentación: licencias individuales, beneficiarios de subsidio y debilidad manifiesta acreditada con criterios objetivos.
• Las respuestas escritas a las preguntas del concejal Rodríguez, en especial las cifras de beneficiarios y los soportes de Villa Catalina y del proyecto financiado con regalías.
• Que la discusión y la votación se transmitan completas y con audio.

Conclusión

La sesión deja dos proyectos de distinto peso. El de deporte es un trámite correcto que solo necesitaba revisión de forma. El de la exención persigue un fin justo... no cobrarle con una mano a quien se subsidia con la otra. Pero llegó sin cifra, sin plazo y con un texto más amplio que su propia explicación, y la comisión lo dejó pasar con la promesa de responder después. La pregunta para la plenaria no es si hay que ayudar a las familias en debilidad manifiesta, porque en eso hay acuerdo. La pregunta es si se aprobará una norma que pueda sostenerse jurídicamente o una que sea fácil de tumbar. Lo que más protege a esas familias es una exención bien escrita, con fecha y con números.

Nota metodológica: esta síntesis se elaboró a partir de la transcripción automática del audio de la transmisión oficial del Concejo Municipal de Guasca (Facebook, 21 de octubre de 2026, 2 h 25 min). Los nombres, cifras y citas deben contrastarse con el acta oficial de la sesión.

Comisión Tercera, sesión No. 09: $322 millones en traslados y $5.179 millones en vigencias futuras pasan a plenaria | Octubre 20 del 2026

 

LINK DEL VIDEO DE LA SESION

Comisión Tercera, sesión No. 09

 $322 millones en traslados y $5.179 millones en vigencias futuras pasan a plenaria

Resumen pormenorizado de la sesión del 20 de octubre de 2026 (extraordinarias) · Por Carlos A. Galarza

Introducción

El martes 20 de octubre, a las 6:15 de la tarde, se instaló la Sesión No. 09 de la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Asuntos Fiscales del Concejo de Guasca. Fue parte de las sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde, que radicó cuatro proyectos de acuerdo. La sesión duró casi cinco horas, se transmitió por Facebook y por la emisora institucional, y se declaró en sesión permanente al cumplir cuatro horas, como lo exige el reglamento interno.

Estuvieron tres concejales de la Comisión. La concejala Ana Elodia León Rueda (Partido Conservador) se excusó por incapacidad. El orden del día tuvo dos puntos de fondo: el Proyecto de Acuerdo 017 de 2026 (traslados presupuestales) y el Proyecto de Acuerdo 016 de 2026 (vigencias futuras ordinarias). Los dos fueron aprobados en primer debate y pasan a plenaria.

1. PROYECTO DE ACUERDO 017: TRASLADOS POR $322.803.000

El ponente fue el concejal Wilmer Beltrán Contreras. El proyecto no trae plata nueva ni aumenta el presupuesto: quita recursos de unos programas (contracréditos) y los pasa a otros (créditos) por el mismo valor.

De dónde sale la plata:

• Agricultura, meta 100, eventos de integración campesina (ferias): $80.000.000
• Cultura, patrimonio cultural: $30.000.000
• Turismo, página web turística: $5.000.000
• Vivienda, ciudad y territorio (vivienda, ordenamiento territorial y alcantarillado): $138.750.000
• Inclusión social, primera infancia (meta de trabajo infantil): $63.053.000
• Gobierno territorial (saldos): $6.000.000

A dónde va:

• Transporte, recebo para vías terciarias (meta 158): $144.750.000
• Ambiente, cambio climático y fenómeno de El Niño: $30.000.000
• Cultura, escuelas de formación (dotación y circulación): $35.000.000
• Inclusión social, atención a población con discapacidad: $63.053.000
• Gestión del riesgo, atención de desastres: $50.000.000

Total en cada lado: $322.803.000

La ponencia: positiva, pero con observaciones

El ponente concluyó que el proyecto es legal y que las cifras cuadran. Pero dejó tres observaciones de fondo:

• En el expediente no estaba el acta del Consejo de Gobierno que aprueba el ajuste al POAI, como exige el artículo 15 del Acuerdo 089 de 2023 (Estatuto Orgánico de Presupuesto).
• Había un error en el Anexo 2: unos $44.750.000 para recebo quedaron asignados a la meta 126 (vivienda) y no a la meta 158 (material granular).
• Recomendó incorporar los anexos al articulado, para que el detalle de fuentes y metas quede amarrado en el acuerdo.

La Secretaría de Hacienda aceptó el cambio de título, el nuevo considerando y la corrección de la meta. Se comprometió a entregar el acta del Consejo de Gobierno al día siguiente; explicó que no la había adjuntado porque la secretaria del despacho no estaba ese día. No aceptó incorporar los anexos al articulado, con base en el artículo 72 del mismo estatuto. También se corrigió el Anexo 1 para incluir la descripción de la meta 127, que faltaba según señaló el concejal Julián Rodríguez.

Lo que explicó cada dependencia

• Desarrollo económico y ambiente: los $80 millones de las ferias campesinas se reorientan. Van $50 millones a recebo y $30 millones a comprar entre 10 y 12 motobombas portátiles con 100 metros de manguera. Irían a las juntas de acción comunal de las veredas cercanas al páramo, ante el riesgo de El Niño a finales de noviembre. La secretaria citó requerimientos de la Procuraduría y una reunión con el gobernador. También reconoció que la feria equina no se hizo: con $80 millones no alcanzaba para dos eventos, y los ganaderos reclamaron trato igual al de los caballistas.
• Cultura y turismo: más dotación para las escuelas de formación y recursos de circulación (orquesta a Sogamoso, banda a Soacha y danzas a Cájica, entre otros). La página web turística, según el secretario, ya está casi lista.
• Infraestructura: con dos cuadrillas completas en campo, falta material. Se proyectan entre 30 y 32 km de mantenimiento, incluido un mes más de vibrocompactador. Los sectores priorizados son Trinidad, San Francisco, Betania, Santa Ana Alta, La Concepción, El Salitre, Pueblo Viejo, Volcán, Pastor Ospina y Agua Caliente.
• Gestión del riesgo (Planeación): $30 millones para un convenio solidario con la JAC de Pericos, para manejar los drenajes en la zona de remoción en masa. La funcionaria aclaró que estas acciones no resuelven el problema de fondo. Otros $20 millones irán a un contrato de suministro de logística para emergencias (alimentación, combustible, traslados). La misma funcionaria reconoció que ese contrato debía existir desde enero y que se está haciendo tarde.
• Desarrollo social: los $63 millones son para el contrato con la Beneficencia de Cundinamarca, que atiende a siete guasqueños (adultos mayores y personas con discapacidad). Se pagan cerca de $2,1 millones al mes por cada adulto mayor y $2,3 millones por cada persona con discapacidad. El contrato vigente vencía el 21 de octubre y el nuevo depende de este traslado.

El debate

El concejal Julián Rodríguez fue el más incisivo. Leyó un oficio que la Secretaría de Agricultura había enviado al Concejo el 15 de octubre. En él se decía que los recursos de las ferias ya se habían trasladado a recebo e insumos, cuando el Concejo aún no había aprobado nada. La secretaria lo reconoció como un error de redacción hecho por el afán de responder.

Julián Rodríguez también pidió por escrito para la plenaria:

• el concepto técnico sobre Pericos;
• las comunicaciones de Procuraduría y Gobernación;
• un cronograma de contratación;
• la explicación de por qué no se ejecutaron los recursos que ahora se retiran.

Preguntó si Pericos no ameritaba una declaratoria de calamidad pública. Propuso fortalecer a Defensa Civil y Bomberos, que según él "trabajan con las uñas". Y sugirió desvincular la meta 100 para no sacrificar las fiestas campesinas.

Otros concejales preguntaron cómo se van a entregar las motobombas: si en comodato, con qué acta, con qué capacitación y quién responde si hay un accidente. Ese es un punto de corresponsabilidad del municipio que quedó planteado y que la plenaria debería exigir por escrito.

La Oficina Jurídica estimó los tiempos de contratación así: una semana para las adiciones, unos diez días hábiles para las compras por acuerdo marco y entre cinco y quince días para el convenio solidario. Un concejal recordó que, si la plenaria aprueba hacia el 31 de octubre, quedan unos 55 días para comprometer todo.

Votación: el proyecto pasó a plenaria con tres votos a favor, ya con su nuevo título: "Por medio del cual se efectúan traslados en el presupuesto de gastos de inversión del municipio de Guasca para la vigencia fiscal 2026".

2. PROYECTO DE ACUERDO 016: VIGENCIAS FUTURAS POR $5.179.604.032

El ponente fue el presidente del Concejo, Julián Andrés Rodríguez Barrantes. El proyecto pide autorizar al alcalde para comprometer vigencias futuras ordinarias en cuatro proyectos:

• Construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), 8 meses, con recursos del convenio ICCU 1424-2025: $2.479.580.418
• Adecuación y reforzamiento estructural de la sede antigua de la IED Mariano Ospina Rodríguez (fase 1), 7 meses, con crédito: $1.716.460.305
• Subestación de 150 kVA del Centro de Economía Social Campesina, 7 meses, con crédito: $692.214.816
• Estudios y diseños de la vía Hortifrut – IED El Carmen, 4 meses, con crédito: $291.348.493

Total: $5.179.604.032

La ponencia: un documento técnico y exigente

Su hallazgo central es una contradicción. El artículo 1 pide autorización para comprometer recursos "a ejecutarse en la vigencia 2027". Pero la tabla asigna el 100% de cada proyecto a 2026 y deja la columna de 2027 en cero. Por eso, según el ponente, el cupo no se puede verificar.

Además, la ponencia advirtió lo siguiente:

• El artículo 2 autoriza al alcalde a incorporar apropiaciones en el presupuesto 2027. Así redactado es demasiado abierto y podría vulnerar el artículo 345 de la Constitución. Propuso que esas apropiaciones vayan en el proyecto de presupuesto 2027 que estudia el Concejo.
• El artículo 3 podría leerse como una "prórroga encubierta" del cupo.
• El artículo 124 del Estatuto exige que los contratos se firmen y empiecen a ejecutarse en 2026, y solo quedan unas diez semanas. Por eso pidió un cronograma creíble por contrato.
• Faltaban documentos: una matriz por proyecto y fuente, los CDP, los soportes del crédito, el convenio con el ICCU, el concepto de planeación para el CDI y la corrección de metas mal asociadas.

Citó un fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá (2023): si todo el recurso está apropiado en el año inicial y no se afecta el presupuesto siguiente, no hay propiamente una vigencia futura. Su ponencia fue positiva pero condicionada a esas correcciones y soportes.

La respuesta de la administración

Hacienda aceptó varios cambios:

• un nuevo considerando sobre el acta 026 del CONFIS (13 de octubre);
• cambiar "importancia estratégica" por "importancia prioritaria";
• corregir la meta 007 de educación y unificar los nombres de los proyectos según el Banco de Proyectos;
• un nuevo artículo que obliga a informar al Concejo, a más tardar el 31 de enero de 2027, sobre el uso del cupo.

Este último artículo quedó sin los informes trimestrales que proponía el ponente: Hacienda dijo que ese seguimiento ya no es de su competencia.

No aceptó modificar los artículos 1, 2 y 3, ni la exigencia de concepto de planeación departamental para el CDI, porque sostiene que es un proyecto municipal. Sus argumentos fueron estos:

• El 100% de los recursos ya está en el presupuesto 2026. Lo que se busca es poder ejecutarlos en 2027; al cierre pasarían como recursos del balance.
• La Procuraduría, desde la Circular 26 de 2011, pide no abusar de las reservas presupuestales y tramitar vigencias futuras cuando se sabe que un contrato pasará de año.
• Sin el artículo 2, el alcalde tendría que volver al Concejo en enero para adicionar los recursos, lo que retrasaría contratos ya firmados.

Julián Rodríguez insistió en que precisamente quiere que esos recursos vuelvan al Concejo, como garantía de control.

La sustentación técnica

La secretaria de Planeación e Infraestructura explicó la historia del CDI:

• El convenio con el ICCU se firmó el 7 de noviembre de 2025, con diseños tipo.
• En enero de 2026 la Gobernación exigió el aval del ICBF.
• El ICBF hizo observaciones de fondo sobre la arquitectura.
• El municipio destinó unos $80 millones al rediseño.

Ahora se propone un solo contrato de ajuste de diseños más construcción. Advirtió que, si no se ejecuta, la Gobernación podría reasignar esos recursos a otro municipio.

Sobre los demás proyectos:

• La sede antigua del colegio está cerrada desde 2024 y afecta a unos 570 estudiantes del bloque B.
• El Centro de Economía Social Campesina está terminado desde 2025 pero no funciona por falta de energía suficiente.
• Los diseños de la vía Hortifrut – El Carmen incluyen componente ambiental y señalización.

Para la interventoría del CDI mencionó un valor de $180.419.580. La tabla del artículo 1 no muestra esa interventoría por separado, como también había observado el ponente.

Las preguntas que quedaron en el aire

• ¿Qué pasa si los $2.479 millones del CDI no alcanzan? ¿Pone el municipio la diferencia? Un concejal recordó promesas de la Gobernación que luego exigieron contrapartida municipal.
• ¿Quién paga la operación y los servicios públicos del CDI?
• ¿Por qué unir en un solo contrato interadministrativo (cerca de $2.400 millones) la obra del colegio y la subestación del Centro Campesino, que no tienen nada que ver entre sí? Julián Rodríguez recordó que el contrato del parque principal, de unos $300 millones, todavía no se ha terminado.
• ¿Hasta dónde llega realmente la vía "hasta El Carmen"? ¿Por qué una consultoría se asocia a una meta de metros cuadrados pavimentados?
• ¿Se trata, en el fondo, de "amarrar" los proyectos para ejecutarlos en 2027, si el empréstito preveía tener todo contratado mucho antes?

La Oficina Jurídica respondió algunas de estas preguntas:

• El contrato único se justifica por economía y celeridad, y la entidad contratista tiene capacidad para ambas obras.
• El alcance de la vía lo definirán los propios estudios.
• El "monto agotable" busca evitar adiciones posteriores. Si sobran recursos, se devuelven.
• La subestación servirá a todo el complejo, incluido el futuro CDI, y quedará energizada.
• Los prepliegos de la licitación del CDI ya están publicados; solo falta la autorización de vigencias futuras para abrirla.

Las demás respuestas, cronogramas, CDP y contratos quedaron comprometidos por escrito antes de la plenaria.

Votación: las modificaciones aceptadas se aprobaron por unanimidad. Luego el proyecto pasó a plenaria, también por unanimidad de la Comisión.

3. PROPOSICIONES

Se aprobó la proposición del concejal Julián Rodríguez para invitar a la Defensa Civil y al Cuerpo de Bomberos a la sesión plenaria en la que se estudien los traslados. Se levantó la sesión pasadas las 11 de la noche.

CONCLUSIÓN

Hay que reconocer lo bueno: las dos ponencias, sobre todo la de vigencias futuras, son un ejemplo de lo que debe ser el control presupuestal. Están documentadas, citan norma y jurisprudencia, y ponen el dedo en contradicciones reales. Esa es la deliberación que un municipio necesita.

Pero hay que decir lo otro con la misma claridad. La Comisión aprobó ambos proyectos mientras faltaban documentos que los propios ponentes llamaron indispensables: el acta del Consejo de Gobierno, los cronogramas, los CDP, los soportes del crédito y la respuesta escrita sobre el manejo de los recursos en 2027. Los artículos 1, 2 y 3 del Proyecto 016, que eran el corazón de las observaciones, quedaron como los presentó la administración. Si la ponencia condicionaba su aprobación a esos ajustes y esos ajustes no se hicieron, la plenaria tiene la obligación de resolver esa tensión antes de votar, no después.

Queda también una pregunta de planeación que va más allá de un acuerdo. Ferias que no se hicieron, un oficio que daba por hecho un traslado no aprobado, un contrato de emergencias que "debía existir desde enero", un convenio de la Beneficencia que vencía al día siguiente y obras financiadas con un empréstito que llegan a octubre sin contratar. Ese patrón revela que se está gobernando a contrarreloj. Las diez semanas que quedan del año dirán si estos recursos se convierten en obras o en reservas.

Como ciudadano y consejero territorial de planeación, invito a seguir la plenaria y a exigir que todos los documentos prometidos se publiquen. El control social empieza por leer lo que se aprueba en nuestro nombre.

Nota metodológica: este resumen se elaboró a partir de la transcripción automática de la transmisión pública de la sesión (Facebook del Concejo Municipal de Guasca, 20 de octubre de 2026, 4 h 52 min). Las cifras se cotejaron entre sí y con las sumas leídas en la sesión. El documento oficial es el acta de la Comisión.