BIEN INTENCIONADA, MAL TRAMITADA
LA EXENCIÓN DE DELINEACIÓN URBANA QUE EL CONCEJO APROBÓ
SIN CUENTAS Y SIN PLAZO
Introducción
Análisis de la Sesión Plenaria Extraordinaria No. 029 del 30 de octubre de 2026, segundo debate del Proyecto de Acuerdo 019 de 2026.
El jueves 30 de octubre, a las 6:25 p. m., el Concejo Municipal de Guasca abrió la sesión extraordinaria No. 029 con un solo punto de fondo... el segundo debate del Proyecto de Acuerdo 019 de 2026, que crea una nueva exención del impuesto de delineación urbana para obras de vivienda derivadas de proyectos liderados por la Administración y dirigidas a personas en debilidad manifiesta. Poco más de hora y media después, el proyecto estaba aprobado por unanimidad... 10 votos a favor, ninguno en contra.
La medida tiene buenas razones. El problema está en cómo se aprobó... sin estudio de costo fiscal, sin plazo de vigencia y sin acoger las condiciones que el propio ponente había calificado de «indispensables». Esta entrada reconstruye la sesión y evalúa sus argumentos.
- QUÉ SE VOTÓ
- Proyecto: PA 019 de 2026. Modifica el artículo 245 del Estatuto Tributario municipal (Acuerdo 029 de 2021, modificado por el Acuerdo 087 de 2023).
- Qué agrega: un literal D, que exime del impuesto de delineación a las licencias de construcción, en todas sus modalidades, derivadas de proyectos liderados por la Administración para garantizar vivienda digna a grupos en debilidad manifiesta.
- Exenciones ya vigentes: A) bienes de conservación patrimonial; B) edificaciones del municipio; C) personas en pobreza según SISBÉN, oriundas o con más de 30 años de residencia.
- Ponente: concejal Carlos Augusto Acosta Ardila (Comisión Tercera).
- Votaciones: comisión, 4–0 (21 de octubre); ponencia en plenaria, 10–0; proyecto, 10–0.
- Beneficiarios estimados: según la Administración, entre 10 y 20 familias por convocatoria de mejoramiento o construcción en sitio propio (meta 125 del Plan de Desarrollo).
- CÓMO SE USÓ EL TIEMPO
La sesión duró unos 98 minutos efectivos. Unos 50 se fueron en leer la ponencia y el articulado completo, considerandos incluidos. La Administración expuso durante unos 23 minutos. El debate entre concejales, el único momento de deliberación propiamente dicha, ocupó cerca de 14 minutos, y casi todo giró alrededor de un literal que el proyecto no modificaba. No hubo proposiciones ni asuntos varios.
Esa proporción dice mucho... el Concejo dedicó más tiempo a leer en voz alta el artículo 2 de la Constitución que a discutir cuánto le cuesta al municipio la exención o cuánto debe durar.
- LA PONENCIA: UN «SÍ, PERO» QUE TERMINÓ EN UN «SÍ» A SECAS
La ponencia del concejal Acosta fue técnica y precisa y señaló sin rodeos los vacíos del proyecto:
- Costo fiscal. Advirtió que el expediente no contenía un estudio del costo fiscal de la exención, ni proyecciones de recaudo, ni concepto de Hacienda sobre su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Recordó que lo exigen el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 y el artículo 11 del Acuerdo 089 de 2023. Y añadió que «la finalidad social del proyecto no sustituye la obligación de cuantificar el costo fiscal».
- Temporalidad. Recordó que el artículo 6 del Estatuto Tributario municipal exige que las exenciones sean expresas y temporales, con un máximo de cinco años, y propuso que esta rigiera hasta el 31 de diciembre de 2027.
- Delimitación. Pidió definir con criterios objetivos y verificables quién se beneficia, para qué obras y bajo qué programa.
- Competencias. Propuso que Planeación verificara los requisitos técnicos y Hacienda los tributarios.
Concluyó que era «indispensable» incorporar esos ajustes y soportes «antes de la aprobación definitiva». Sin embargo, la Comisión aprobó el proyecto 4–0 sin votar ninguna modificación, y el texto llegó a plenaria tal como lo había radicado la Administración.
En plenaria, la Administración rechazó los dos parágrafos que recogían el plazo, el alcance y las competencias. Tampoco presentó la memoria fiscal. Aun así, la ponencia se aprobó 10–0, y el ponente votó a favor de un texto que no cumplía las condiciones que él mismo había puesto. Ningún concejal dejó constancia de ese cambio de postura.
- QUÉ ACEPTÓ Y QUÉ RECHAZÓ LA ADMINISTRACIÓN
Acogidas:
- Retirar el considerando 16 (aludía al proyecto VIS masivo).
- Precisar el título (citar el artículo 245).
- Cambiar «obras de construcción» por «licencias de construcción» en el literal D.
- Artículo 2: que modifique únicamente el artículo 245.
Rechazadas o sin respuesta:
- Parágrafo 1 (porcentaje, plazo y no retroactividad): rechazado.
- Parágrafo 2 (competencias de Planeación y Hacienda): rechazado.
- Memoria de costo fiscal (Ley 819 de 2003): no se presentó.
Las cuatro recomendaciones acogidas eran de forma. Las de fondo se rechazaron o se quedaron sin respuesta.
- LOS ARGUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN, UNO POR UNO
«No necesita financiación porque es una exención»: técnicamente errado.
La arquitecta encargada de Planeación sostuvo que el proyecto «no se financia con ninguna meta» porque solo libera a los ciudadanos de una obligación. Pero una exención es un gasto tributario: el municipio deja de recibir un dinero que la ley le asigna. Por eso el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 exige cuantificar su costo. Que el beneficio no salga del presupuesto de gastos no significa que no cueste.
Lo paradójico es que el costo parece pequeño. Con las cifras de la propia Administración (10 a 20 familias y licencias de alrededor de 1,5 millones de pesos), la exención costaría del orden de 15 a 30 millones al año. Hacer la cuenta tomaba una tarde. No haberla hecho no ahorró tiempo: dejó el acuerdo con un flanco débil que no necesitaba tener.
«Sería injusto ponerle un límite en el tiempo»: confunde a la persona con la norma.
El argumento fue que una persona con discapacidad no deja de tenerla cuando cambia la administración. Es cierto, pero no viene al caso. El plazo no aplica a la condición de la persona sino a la vigencia de la norma, y vencido se puede renovar con evidencia de resultados. El artículo 38 de la Ley 14 de 1983 dispone que los municipios solo pueden otorgar exenciones «por plazo limitado», nunca superior a diez años, y el Estatuto Tributario de Guasca fija un máximo de cinco. Una exención sin término choca con las dos normas. En comisión, la Administración había retirado su propuesta de vigencia indefinida. En plenaria la defendió de nuevo y rechazó el parágrafo que fijaba el plazo.
«Una exención parcial anula el subsidio»: argumento sólido.
Fue el mejor argumento de la noche. Si el municipio da un subsidio de 5 millones y luego cobra 1,5 millones por la licencia, le devuelve con una mano lo que le dio con la otra, y el beneficio real se reduce casi en un tercio. Frente a la propuesta de un descuento del 50 o el 60 %, la exención total tiene lógica para esta población y para un número tan pequeño de casos.
«No es SISBÉN, es debilidad manifiesta»: más flexible, menos verificable.
La Administración aclaró que el criterio no es la clasificación del SISBÉN sino la debilidad manifiesta definida por la jurisprudencia constitucional: enfermedad, discapacidad, vejez, vulnerabilidad económica. Es un concepto más justo para los casos individuales, pero el acuerdo no dice quién lo certifica ni con qué soporte. El ponente pidió precisamente incorporar esos criterios al artículo, y no se hizo. Lo que mitiga el riesgo es el filtro práctico: para acceder hay que haber sido seleccionado antes en un programa municipal de subsidio, que tiene sus propios requisitos. Funciona, pero queda a merced de cómo se diseñe cada convocatoria.
- EL DEBATE DE LOS 30 AÑOS Y UN DOBLE RASERO
El único debate entre concejales lo abrió el concejal Hernán Gantiva. Propuso revisar el requisito de 30 años de residencia del literal C, que en su opinión es incoherente con los 10 años que el municipio exige en sus programas de vivienda de interés social. Otro concejal defendió la prioridad de los oriundos, y otros recordaron que el proyecto solo añadía el literal D. Las dos posturas son razonables y la discusión merecía hacerse.
Lo revelador fue la respuesta de la Administración. Pidió no bajar el requisito «a la ligera» y «estudiar a profundidad» las implicaciones, porque podría haber más de 3.000 personas en esa condición según el SISBÉN. Es un buen criterio. Pero es el mismo que la Administración se negó a aplicar a su propio proyecto: a la propuesta del concejal le exigió un estudio de impacto, y a la suya, que tampoco lo tenía, no.
La Administración también reconoció que «se evidenció una falencia» en ese literal. Queda, entonces, un problema identificado y sin trámite.
- LO QUE NADIE PREGUNTÓ
- ¿Por qué se eliminó en 2023 la exención para VIS y VIP? La Administración explicó que el proyecto Villa Catalina (500 unidades) y otro financiado con regalías (10 familias, cerca de 2.100 millones de pesos) no pagaron delineación gracias a una exención que el Acuerdo 087 de 2023 derogó. Hoy se reintroduce una versión más estrecha. Nadie preguntó qué motivó la derogatoria ni qué cambió desde entonces.
- ¿Cuánto recauda Guasca al año por delineación urbana? Sin ese dato no se sabe qué fracción del recaudo se está cediendo.
- ¿Quién certifica la debilidad manifiesta y mediante qué acto? El texto solo dice que Planeación estudia la viabilidad y el alcalde aprueba mediante acto motivado.
- ¿Y el concepto jurídico? Durante el debate se pidió consultar a los asesores jurídicos del Concejo. La presidencia informó que no hubo respuesta, y aun así se votó.
- BALANCE DE LA CORPORACIÓN
Hubo dos votaciones de 10–0 y ninguna constancia de voto. Hubo una ponencia rigurosa cuyas condiciones se dejaron caer sin discusión y un debate de 14 minutos dedicado a un literal ajeno al proyecto. La sesión hace parte de la seguidilla de extraordinarias de finales de octubre: el 28 se tramitaron vigencias futuras y el 29 una modificación presupuestal. En ese contexto, la rapidez es comprensible, pero no reemplaza el control.
Ahora bien, la omisión del análisis fiscal no anula por sí sola un acuerdo. La Corte Constitucional ha precisado (Sentencia C-502 de 2007) que el artículo 7 de la Ley 819 no es un poder de veto y que la carga principal recae en el Ejecutivo. Por eso el riesgo jurídico más claro no es la memoria fiscal sino la falta de plazo. Este análisis tampoco se puede cerrar sin el texto definitivo: habrá que leerlo cuando se sancione y publique.
CONCLUSIÓN
La exención es justa en su propósito y razonable en su diseño básico... no tiene sentido subsidiar una vivienda y cobrarle impuesto al subsidiado. Pero un buen fin no exime de los requisitos. El Concejo aprobó una exención sin cuantificar su costo, cuando hacerlo era trivial, y sin plazo, cuando la ley lo exige. Además, la Administración le pidió a la propuesta de un concejal un rigor que no aplicó a la suya.
La lección para Guasca no es votar en contra de lo bueno. Es exigir que lo bueno se haga bien. Una corporación que aprueba 10–0 lo que su propio ponente calificó de incompleto no está deliberando: está ratificando. Lo que queda es seguir el texto sancionado y preguntar, por los canales formales, cuánto deja de recaudar el municipio y hasta cuándo.
Nota metodológica: este análisis se basa en una transcripción automática del video oficial de la sesión, publicado en la página de Facebook del Concejo Municipal de Guasca. Algunos nombres propios y cifras pueden contener errores de transcripción. El acta oficial es la fuente definitiva. Las citas entre comillas son textuales según esa transcripción.
Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · @CarlosGalarzaCTP
«El consejero que se forma, transforma su territorio»
