miércoles, 18 de noviembre de 2026

Presupuesto 2027 de Guasca | Ponencia Positiva, Con Reparos


Introducción

La Comisión Tercera del Concejo de Guasca aprobó el 18 de noviembre, con los votos de sus tres integrantes, la ponencia positiva al proyecto de presupuesto de 2027 por $32.803 millones. Pero el sí vino cargado de condiciones... el ponente encontró un plan de inversiones que no cuadra con el plan plurianual por cerca de $3.879 millones, metas con plata pero sin nada que entregar y artículos que le darían al Ejecutivo facultades más amplias de las que la ley permite. La administración aceptó algunos reparos y rechazó otros. El debate de fondo quedó para el viernes 20.

Cómo se desarrolló la sesión

La transmisión del Concejo duró 1 hora y 41 minutos. Era la continuación del primer debate en la Comisión Tercera (asuntos fiscales y presupuesto) del Proyecto de Acuerdo 020 de 2026, «por el cual se expide el presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de Guasca, Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027».

Casi toda la sesión fue la lectura de la ponencia por parte del concejal ponente, Julián Rodriguez. Pasada la hora y diez minutos, el concejal Wilmer propuso, con base en el parágrafo primero del artículo 120 del reglamento interno, la «proposición de no lectura»: se iba apenas en la página 27 de 57, había sesión plenaria a las seis y no alcanzaba el tiempo. La comisión la aprobó por unanimidad y le pidió al ponente que leyera solo los ajustes que propone y su decisión final.

La ponencia fue positiva y la comisión la aprobó con tres votos. Sin embargo, no se votó el articulado: el estudio sigue el viernes 20 de noviembre a las 5:00 p. m., ya en debate con la administración, que debe llegar con respuestas por escrito.

Las cifras del proyecto

Según lo leído en la sesión, el presupuesto está equilibrado: ingresos y gastos suman exactamente $32.803.632.000.

Ingresos

  • Ingresos tributarios: unos $14.039 millones.
  • Ingresos no tributarios (incluidas las transferencias): unos $18.735 millones.
  • Recursos de capital: $29,97 millones (rendimientos financieros).

Gastos

  • Funcionamiento: unos $7.780 millones.
  • Servicio de la deuda: unos $2.135 millones.
  • Inversión (POAI 2027): $22.888,8 millones.

En inversión, el sector que más pesa es, de lejos, salud y protección social, con $8.545 millones (buena parte es régimen subsidiado). Le siguen gobierno territorial ($2.783 millones), vivienda (unos $2.900 millones), inclusión social ($1.504 millones), transporte ($1.380 millones), educación ($1.144 millones), ambiente ($1.014 millones), cultura ($970 millones), minas y energía (unos $881 millones), agricultura ($630 millones) y deporte ($595 millones). Al final de la lista quedan comercio, industria y turismo ($81,5 millones), estadística ($70 millones) y trabajo ($5 millones).

Un dato llamativo para un municipio que habla de innovación: ciencia, tecnología e innovación tiene cero pesos en 2027, cuando el plan plurianual le asignaba $50,9 millones.

El primer reparo | el POAI no es el plan plurianual

El plan plurianual de inversiones (PPI) del Plan de Desarrollo preveía para 2027 cerca de $19.010 millones. El plan operativo anual de inversiones (POAI) que llegó con el presupuesto trae $22.889 millones. La diferencia es de $3.878.937.332, alrededor de un 20 % más.

Más plata para inversión no es mala noticia en sí misma. El problema es que el presupuesto debe corresponder al Plan de Desarrollo, y cuando el año de ejecución se separa tanto de lo planeado hay que explicar de dónde sale la diferencia y a qué metas va. Los mayores aumentos que se leyeron fueron en vivienda (unos $1.488 millones), gobierno territorial ($881 millones) y deporte ($194 millones). El ponente pidió unificar las cifras del POAI y del plan de inversiones.

Metas con plata, pero sin entregables

El ponente revisó 218 metas únicas en 16 sectores y encontró tres asuntos que vale la pena seguir:

  • Diez metas tienen programación física en cero pero sí tienen recursos, por $489,2 millones en total (metas 47, 93, 132, 138, 151, 152, 156, 159, 160 y 181). El ponente fue prudente: un cero no prueba por sí solo que el proyecto no exista, porque puede financiar mantenimiento, cierres o productos intermedios. Pero pidió a Planeación que lo explique.
  • Una meta de patrimonio cultural (la 42) aparece codificada como un producto de «eventos deportivos comunitarios», por $20 millones. El ponente lo calificó como un problema de concordancia programática, no como desviación de recursos, y pidió corregir el código en todos los anexos.
  • $29,97 millones de rendimientos financieros no están en una de las columnas del plan de inversiones, aunque sí en el total. No es un hueco de financiación, pero sí una fórmula que hay que corregir.

Gasto público social | falta la comparación

La ley protege el gasto público social: no puede bajar, en proporción, frente al año anterior. El ponente advirtió que el proyecto solo lo define en su artículo 37, pero no trae un comparativo 2026-2027 con la misma metodología. Su conclusión fue equilibrada: sin esa comparación no se puede certificar que se cumpla, pero tampoco afirmar que haya una reducción. Pidió un anexo comparativo.

También pidió seguir cada fuente con destinación específica hasta su uso: la sobretasa ambiental (unos $930 millones que deben transferirse a la autoridad ambiental), la estampilla para el adulto mayor (70 % para centros de vida y 30 % para bienestar), la sobretasa bomberil, los fondos de salud y de agua. Que todo entre a una misma caja no puede borrar para qué es cada peso.

El reparo de fondo | cuánto poder le da el Concejo al alcalde

Este es, a mi juicio, el punto más importante de la sesión. Las disposiciones generales del proyecto (52 artículos) incluyen autorizaciones para que la administración haga traslados, correcciones, incorporaciones y distribuciones por decreto. El ponente reconoció que el Estatuto Orgánico de Presupuesto de Guasca (Acuerdo 089 de 2023) sí permite algunas. Pero recordó que el presupuesto es una decisión del Concejo y que un acuerdo anual no puede trasladarle esa función al Ejecutivo.

Citó como referencia la Sentencia C-036 de 2023. En ella, la Corte Constitucional estudió una norma que permitía a las asambleas dar facultades pro tempore a los gobernadores para modificar el presupuesto, y la declaró contraria al principio de legalidad del presupuesto. El ponente fue cuidadoso: esa sentencia se refiere a los departamentos y no anuló el estatuto de Guasca, pero sus razones sobre la separación de funciones aplican.

Sus propuestas concretas:

  • Eliminar del artículo 47 la facultad de cambiar el objeto, la cuantía o la fuente de un gasto como si fuera una «simple corrección». Corregir un código equivocado es una operación formal; mover plata entre programas cambia la decisión de gasto.
  • Limitar la autorización abierta del artículo 50 sobre incorporaciones, de modo que solo proceda donde la ley lo permita expresamente y lo demás pase por el Concejo.
  • No tratar todas las autorizaciones como una sola: contratar, adicionar, trasladar o comprometer vigencias futuras tienen fuentes y límites distintos.

Y recordó algo clave: 2027 es el último año de este gobierno. La Ley 1483 de 2011 prohíbe a las entidades territoriales aprobar cualquier vigencia futura en el último año de gobierno del alcalde, con excepciones muy puntuales de cofinanciación. En año preelectoral, un presupuesto con facultades amplias es justamente el que más vigilancia necesita.

Lo que respondió la administración

Al final, el funcionario que intervino por la administración (según el contenido, de la Secretaría de Hacienda) respondió punto por punto:

  • Ingresos «corrientes»: aceptó que es un error de forma y que debe decir ingresos totales.
  • Detalle de la inversión dentro del acuerdo: no acoge la recomendación. Sostiene que el Acuerdo 089 de 2023 permite presentarlo como anexo.
  • Actas del CONFIS y del Consejo de Gobierno: dijo que no son obligatorias como soporte, pero se comprometió a enviarlas.
  • Marco fiscal de mediano plazo y crédito: explicó que el crédito ya aprobado no se va a desembolsar en 2026 y por eso se proyecta para 2027; según la administración, no hace falta conciliar nada.
  • Cálculo de los ingresos corrientes de libre destinación, honorarios, sesiones y presupuesto de la Personería: enviará la certificación y lo explicará el viernes.
  • Ajustes al articulado: pidió al ponente una lista taxativa de los cambios, porque la ponencia, «tan extensa», usa fórmulas como «el ponente debería solicitar» y se presta a confusión.

El ponente respondió que los ajustes están en el cuadro de análisis del articulado y en las tres últimas hojas de la ponencia, y pidió respuesta por escrito al día siguiente o antes de la sesión del viernes.

Lo que quedó pendiente por escrito

  1. Respuesta escrita de la administración a cada ajuste propuesto por el ponente (pedida para el 19 de noviembre o antes de la sesión del 20).
  2. Actas del CONFIS y del Consejo de Gobierno sobre el proyecto.
  3. Certificación del cálculo de los ingresos corrientes de libre destinación y de los límites de gasto del Concejo y la Personería.
  4. Explicación de la diferencia de $3.879 millones entre el POAI y el plan plurianual.
  5. Explicación de las diez metas sin programación física y corrección del código de la meta 42.
  6. Anexo comparativo del gasto público social 2026-2027.
  7. Posición de la administración sobre los artículos 47 y 50 (facultades).

Una nota sobre la transparencia del trámite

La proposición de no lectura es legal y, con 57 páginas y una plenaria encima, comprensible. Pero tiene un costo: quienes siguen la transmisión no escucharon el análisis de la mitad del articulado, que es justamente donde están las facultades. Si la ponencia es pública, debería publicarse completa en los canales del Concejo antes del viernes. Así el control ciudadano no depende de haber estado en el recinto.

Hay que reconocer, en la otra orilla, que la ponencia es técnicamente seria. Distingue errores de forma de problemas de fondo, no convierte cada inconsistencia en motivo para negar el presupuesto y se cuida de no afirmar lo que no puede probar. Esa es la vara con la que debería medirse todo control político.

Conclusión

El presupuesto de 2027 de Guasca no está en riesgo por sus cifras gruesas: cuadra, tiene sus instrumentos principales y la ponencia descartó un déficit global. Lo que está en juego es quién decide los cambios durante el año, en el último año de un gobierno y en vísperas electorales. Tres cosas para vigilar el viernes 20 y en el segundo debate:

  1. Si la administración acepta eliminar la «corrección» que permite cambiar objeto, cuantía o fuente (artículo 47) y limitar el artículo 50.
  2. Si llega el comparativo del gasto público social y la explicación de los $3.879 millones de diferencia con el plan plurianual.
  3. Si las diez metas con plata y sin entregables quedan justificadas o se corrigen.

Un Concejo que aprueba con condiciones solo sirve si después verifica que las condiciones se cumplieron. Ahí entramos los ciudadanos.

Fuentes

  1. Concejo Municipal de Guasca. Transmisión en vivo, continuación Comisión III, estudio del P.A. 020 de 2026, 18 de noviembre de 2026. Ver en Facebook.
  2. Corte Constitucional. Sentencia C-036 de 2023. Texto en la relatoría.
  3. Ley 1483 de 2011, vigencias futuras en entidades territoriales. Gestor Normativo de Función Pública.

Nota: las cifras y las intervenciones provienen de la transcripción de la transmisión pública de la sesión; los valores se presentan redondeados y se corregirán con el acta oficial y el texto de la ponencia cuando estén disponibles.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · Guasca
«El consejero que se forma, transforma su territorio»

Guasca Renueva su Comité de Estratificación | ¿Para Qué Sirve?


Introducción

Guasca ya tiene nuevos representantes de la comunidad en el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica para el periodo 2026-2028. Es una instancia poco conocida, pero de ella depende algo que todos pagamos cada mes... el estrato que aparece en las facturas de agua, luz y gas. Aquí explico qué es el Comité, qué no es y qué debe hacer.

Lo que pasó

El 12 de noviembre de 2026, la Personería Municipal de Guasca expidió la Resolución Administrativa 048. Con ella cerró la tercera convocatoria pública (abierta por la Resolución 041 de 2026) y designó a cuatro representantes de la comunidad ante el Comité:

  • María Elvia Rodríguez Rodríguez (urbano)
  • John Freddy Lesmes Fernández (rural)
  • Luis Eduardo Garzón Rodríguez (urbano)
  • Carlos Alberto Galarza Vásquez (urbano), quien escribe esta entrada

El periodo es de dos años, sin reelección en los dos periodos siguientes. Como no se cubrieron todos los cupos, el Comité funcionará por ahora sin paridad numérica entre la comunidad y las empresas de servicios públicos, hasta que la Personería haga una nueva convocatoria.

Falta un paso: el Comité se conforma por decreto del Alcalde. La Personería ya debía remitirle la designación. Cuando la Administración expida ese decreto, se fijará la fecha de instalación.

El Comité no es nuevo. Existe en Guasca por lo menos desde 2013, y su conformación más reciente fue el Decreto 063 de 2020. Lo que se renueva ahora es la representación ciudadana.

¿Qué es el Comité?

La Ley 142 de 1994, que rige los servicios públicos domiciliarios, le asigna al alcalde el deber indelegable de estratificar los inmuebles residenciales del municipio. La misma ley le ordena conformar un Comité Permanente de Estratificación que lo asesore. Su función principal es velar por que las metodologías se apliquen correctamente.

El Modelo de Reglamento que hoy publica el DANE lo define como un órgano asesor, consultivo, de veeduría y de apoyo del alcalde, y como segunda instancia de los reclamos por el estrato asignado. Es creado por la ley y no tiene personería jurídica. Sus miembros ejercen funciones públicas, y por eso responden disciplinariamente.

En Guasca lo integran, con voz y voto:

  • un representante por cada empresa que presta servicios públicos domiciliarios residenciales en el municipio (acueducto, energía, gas);
  • representantes de la comunidad elegidos por convocatoria de la Personería, en un número igual al de las empresas, con al menos uno del sector rural.

El Personero y un Vocal de Control de los servicios públicos participan con voz y sin voto. La Secretaría Técnica la ejerce el funcionario de Planeación responsable de la estratificación.

¿Qué no es?

Aclarar esto evita falsas expectativas:

  • No estratifica. Asignar el estrato es responsabilidad del alcalde, que lo adopta por decreto. El Comité conceptúa y vigila.
  • No cambia estratos por votación. El reglamento lo prohíbe expresamente: ningún estrato distinto al que resulta de aplicar la metodología puede someterse a votación. El Comité no está para hacer favores ni para "bajar el estrato" a quien lo pida.
  • No fija tarifas ni subsidios. Las tarifas salen de las fórmulas de las comisiones de regulación. Los porcentajes de subsidio y contribución los fija el Concejo dentro de los rangos legales. El estrato solo define en qué grupo queda cada vivienda.
  • No reemplaza a la Superintendencia de Servicios Públicos. Si una empresa aplica mal la estratificación, la vigilancia y las sanciones son de la Superservicios. El Comité informa a las autoridades.
  • No es una instancia política. Participar en campañas a cargos de elección popular inhabilita a los representantes de la comunidad.
  • No maneja dinero. No tiene tesorería; los gastos de su funcionamiento corren por cuenta de la Alcaldía.

¿Qué tiene que hacer?

Según la ley y el reglamento, estas son sus tareas principales:

  1. Conceptuar los estudios de estratificación (urbana, de centros poblados y rural) antes de que el alcalde los adopte por decreto.
  2. Resolver las apelaciones de los ciudadanos inconformes con su estrato, con visita de campo.
  3. Observar que las empresas apliquen correctamente los estratos adoptados.
  4. Solicitar a la Alcaldía que actualice la estratificación donde haga falta.
  5. Conceptuar el presupuesto anual de la estratificación antes de que llegue al Concejo.
  6. Vigilar el "concurso económico": el aporte con el que las empresas de servicios públicos cofinancian la estratificación.
  7. Poner en conocimiento de los órganos de control cualquier irregularidad.

Desde la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo), las metodologías las fija el DANE en coordinación con el DNP. El Comité también puede manifestar dudas sobre la correcta realización de la estratificación, para que el DANE emita concepto técnico y, si es el caso, ordene una revisión.

Si no estás de acuerdo con tu estrato

Cualquier persona puede pedir por escrito, en cualquier momento, la revisión del estrato de su vivienda. El trámite tiene dos instancias:

  • Primera instancia: la Alcaldía (Planeación), que tiene dos meses para responder.
  • Segunda instancia: si la respuesta no le satisface, el ciudadano apela ante el Comité, que tiene otros dos meses.

La Superservicios ha precisado que en ambas instancias opera el silencio administrativo positivo: si no responden a tiempo, la solicitud se entiende resuelta a favor del usuario.

Una aclaración necesaria... como miembro del Comité no puedo promover ni tramitar reclamos particulares. El reglamento lo considera una falta. Sí puedo explicar el procedimiento, y eso es lo que hago aquí.

Por qué importa ahora

En abril de 2025, la Procuraduría General de la Nación, mediante la Circular 008 de 2025, pidió a las alcaldías del país actualizar la estratificación, estimar su costo anual, presentarlo al Comité para concepto previo, garantizar que el Comité funcione activamente y exigir a las empresas el número predial en la facturación. Advirtió que en varios territorios la estratificación está desactualizada.

En Guasca hay preguntas concretas que el Comité deberá aclarar con documentos. Según un informe de la Superservicios de 2014, la estratificación urbana vigente en ese momento se adoptó en 1994 y se actualizó en 2003. Uno de los primeros pasos será verificar cuál es la estratificación vigente hoy en la zona urbana, en los centros poblados y en las fincas y viviendas dispersas, y si el concurso económico se está cobrando.

Una estratificación desactualizada no es un asunto técnico menor. Si las viviendas de mayor nivel quedan mal clasificadas, el municipio pierde aportes solidarios. Si hogares de menores ingresos quedan en un estrato superior, pagan de más. En ambos casos se afecta el equilibrio de subsidios y contribuciones del que dependen los prestadores, incluidos nuestros acueductos rurales.

Lo que viene

Mientras se instala el Comité, mi compromiso como representante de la comunidad es concreto:

  • solicitar por escrito la información básica: decretos de estratificación vigentes, reglamento, actas y cuentas del concurso económico;
  • dejar en las actas, con texto completo, cada propuesta y cada desacuerdo;
  • informar a la comunidad, por este medio, lo que se encuentre y lo que se decida.

Conclusión

El Comité Permanente de Estratificación no es un trámite más. Es la instancia que debe garantizar que el estrato de cada vivienda de Guasca corresponda a la realidad y no a la inercia, a la presión o a la conveniencia. No decide tarifas ni reparte favores. Su trabajo es técnico: vigilar la metodología, revisar los reclamos con visitas de campo y exigir que la estratificación se mantenga al día y bien financiada. Su utilidad dependerá de que sesione con regularidad, de que la información circule y de que la ciudadanía sepa que existe. Este periodo empieza con tareas pendientes, y la primera es saber con precisión en qué estado está la estratificación del municipio.

Fuentes

  1. Ley 142 de 1994, artículos 101 a 104. https://normograma.com/crc/compilacion/docs/ley_0142_1994.htm
  2. Ley 732 de 2002, modificada por la Ley 2294 de 2023. https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/ley_0732_2002.htm
  3. Ley 2294 de 2023, Plan Nacional de Desarrollo, artículos 309 a 311. https://normograma.com/crc/compilacion/docs/ley_2294_2023.htm
  4. DANE, Modelo de Reglamento del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica. https://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/Modelo_de_Reglamento_CPE.pdf
  5. Decreto 007 de 2010 (concurso económico). https://www.dane.gov.co/files/dig/Decreto_007_2010.pdf
  6. Superservicios, Concepto 516 de 2021. https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/concepto_superservicios_0000516_2021.htm
  7. Procuraduría General de la Nación, comunicado del 22 de abril de 2025 sobre la Circular 008 de 2025. https://camacol.co/sites/default/files/descargables/COMUNICADO%20DEPRENSA%20PROCURADURIA_ABRIL_25.pdf
  8. Superservicios, Evaluación integral de prestadores, ECOSIECHA S.A. E.S.P., noviembre de 2014. https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/2014empresadeacueductoalcantarilladoyaseodeguascasaespecosiechasaesp12.12.14.pdf
  9. Personería Municipal de Guasca, Resolución Administrativa 048 del 12 de noviembre de 2026, y Oficio 2026-PMGS-595 del 17 de noviembre de 2026.
  10. Alcaldía de Guasca, Decreto 063 del 22 de julio de 2020.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · Guasca

"El consejero que se forma, transforma su territorio"

martes, 17 de noviembre de 2026

Sin Cuestionario No Hubo Debate | El Secretario De Gobierno,... contraataca al Concejo


Introducción

El martes 17 de noviembre de 2026 el Concejo de Guasca tenía citado al secretario de Gobierno, General y Convivencia Ciudadana para un debate de control político. No hubo debate... el funcionario no entregó a tiempo las respuestas al cuestionario y la Presidencia aplicó el reglamento. Lo interesante vino después, cuando el secretario tomó la palabra. Reconoció el error en una frase y dedicó el resto de su intervención a devolverle la acusación al Concejo.

Qué pasó en la sesión 077

La sesión plenaria ordinaria No. 077 se instaló a las 6:15 p. m. con ocho ( 8 ) concejales presentes. Antes de leer el orden del día, el presidente de la corporación dejó una constancia que merece reconstruirse con cuidado, porque en ella está todo el caso:

  • El 4 de noviembre la Secretaría General del Concejo envió por correo electrónico la citación a la Secretaría de Gobierno, con fecha de debate el 17 de noviembre y plazo para entregar el cuestionario resuelto el 13 de noviembre antes de las 5 p. m.
  • El parágrafo 1 del artículo 60 del Reglamento Interno obliga al funcionario citado a entregar las respuestas, en físico y en medio magnético, el día hábil anterior a la citación. Su inciso final dice que, si no cumple, la citación no podrá desarrollarse en el orden del día, sin perjuicio de otras acciones legales.
  • Como el artículo 218 del mismo reglamento considera hábiles todos los días calendario durante el periodo de sesiones, la Presidencia pidió esperar hasta el lunes 16 de noviembre. Ese día tampoco llegó nada.
  • La respuesta se radicó hoy mismo, a las 12:27 p. m., sin ninguna explicación del retraso. Tampoco hubo antes un correo o un oficio pidiendo prórroga o justificando la demora.

Con esa base, el presidente retiró la citación del orden del día, anunció que enviará el caso a la Personería Municipal y a Control Interno de la Alcaldía, y pidió disculpas a la comunidad por una sesión que quedó reducida a media hora... intervención del público (no hubo inscritos), una invitación de la JAC del barrio Las Acacias y asuntos varios.

Fue en asuntos varios donde un concejal pidió que se le diera la palabra al secretario para que explicara públicamente por qué no entregó a tiempo. Le dieron la palabra.

La respuesta del secretario, en tres ( 3 ) movimientos

La intervención duró unos cinco minutos. Vista en orden, tiene una estructura clara.

1. La excusa y la admisión mínima

El secretario explicó que hubo un "cruce de fechas" en la agenda del despacho... creían que la sesión era el día siguiente y que el informe se enviaría ese día. Contó que a las 8 de la mañana tenían una reunión con la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca sobre los dos homicidios ocurridos en el municipio, microtráfico y grupos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. Dijo que fue "un error humano, error de forma que asumo".

Hay que ser justos... sí hubo una admisión explícita. Pero la excusa no cubre el incumplimiento. Confundir la fecha de la sesión (17 o 18 de noviembre) no explica por qué no se entregó el 13, que era el plazo escrito en la citación, ni por qué no se avisó nada el 16, cuando la Presidencia todavía esperaba. Y mencionar los homicidios y el microtráfico, temas graves y reales, pone el peso emocional de la seguridad del municipio al lado de una falla administrativa que no depende de ellos... un cuestionario enviado el 4 de noviembre tenía nueve días para resolverse.

2. "Error de forma, no de fondo"

Dos veces calificó el asunto como "de forma, no de fondo" y añadió que las preguntas sí se respondieron, todas. Esta es la parte que convierte la admisión en minimización. En el control político la forma es el fondo... el plazo existe para que los concejales lean las respuestas antes del debate y puedan contrastarlas. El presidente lo dijo en términos prácticos... recibir varios documentos anexos horas antes de la sesión no permite estudiarlos. Un debate sobre respuestas que nadie alcanzó a leer es una exposición, no un control.

3. El contraataque | "si vamos a cumplir el reglamento, cumplámoslo de ambas partes"

Aquí está el centro de su intervención. El secretario sostuvo que el Concejo también incumple... que a su despacho le llegan preguntas "extemporáneas", por fuera del cuestionario de la citación; que la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, exige que la citación vaya con cuestionario; que a veces no se sabe si se trata de una invitación o de una citación; y que "un reglamento no puede ir superior a la norma". Pidió que la misma vara que se le aplica al secretario se le aplique a las citaciones futuras del Concejo.

Cerró con dos frases que vale la pena registrar. Una, sobre su permanencia... si el tema es "facultativo", eso le corresponde al alcalde, y acataría su decisión. La otra, sobre su asistencia... estaba presente, había entregado el cuestionario (ese mismo día) y por tanto no incurría en ninguna falta de las que señala la Ley 136. Terminó diciendo que respetaba y acataba la decisión del Concejo.

Qué tiene de razón y qué no

El argumento del secretario no es vacío, y descartarlo sin más sería un error. Pero mezcla tres cosas distintas.

Lo que tiene de cierto. La Constitución y la ley sí ponen límites al Concejo. Las citaciones se hacen con al menos cinco días de anticipación, con cuestionario escrito, y el debate no puede extenderse a asuntos ajenos a ese cuestionario. La Corte Constitucional lo ha aplicado... en la sentencia T-375 de 2014 resumió estas reglas y analizó un caso en el que se incluyeron en la sesión preguntas ajenas a las inicialmente planteadas. Si en Guasca se están formulando preguntas fuera del cuestionario en plena sesión, el reclamo es legítimo y el Concejo debería tomarlo en serio.

Lo que no se sostiene. Primero, el presidente le respondió con un hecho... las preguntas adicionales llegan por proposiciones votadas en plenaria y remitidas formalmente a cada secretaría, no como improvisaciones. Si eso es así, son nuevas solicitudes con su propio trámite, no una violación del cuestionario. Segundo, decir que "un reglamento no puede ir superior a la norma" sugiere que el plazo del artículo 60 contradice la ley. No la contradice... la ley fija lo mínimo (cuestionario escrito y anticipación) y el reglamento organiza cómo se entrega. Exigir las respuestas el día anterior desarrolla la ley, no la desborda. Tercero, y más importante, aunque el Concejo hubiera incumplido en otras ocasiones, eso no convierte en cumplido lo que el secretario dejó de hacer esta vez. Es la forma clásica del "tú también" (tu quoque): responder a una acusación señalando una falta del acusador, sin refutar la acusación.

Lo de la asistencia. Tiene razón en lo literal... asistió. La sanción que la ley asocia a la inasistencia sin excusa (la moción de observaciones o de censura) no es lo que estaba en juego. Pero nadie lo acusó de no asistir. El Concejo no suspendió el debate por su ausencia sino por la falta de insumos, que es lo que dice el reglamento. Defenderse de una acusación que nadie hizo es otra manera de cambiar el tema.

La forma importa

Más allá de quién tenga razón en cada punto, la secuencia retórica es reveladora... una frase de reconocimiento, varias de minimización y la mayor parte del tiempo dedicada a señalar al Concejo. El mensaje que queda para la ciudadanía no es "fallamos y así lo vamos a corregir", sino "ustedes también fallan". En un funcionario cuya cartera es justamente la convivencia, ese tono pesa. Y la alusión a su continuidad en el cargo, puesta en boca del alcalde, desplaza la conversación de un plazo incumplido hacia una disputa de poder entre la administración y el Concejo.

Tampoco el Concejo sale ileso. El presidente reconoció que la administración envía documentos una hora antes de las sesiones en comisiones y plenarias. Si ese patrón es habitual y hasta ahora no se había aplicado el artículo 60, la pregunta obvia es por qué se aplica ahora y no antes. La regla es correcta, pero su aplicación tiene que ser constante para no parecer selectiva.

Lo que quedó pendiente

  • La Presidencia enviará el caso a la Personería Municipal y a Control Interno de la Alcaldía.
  • Dos concejales propusieron no esperar hasta febrero y reprogramar el debate en lo que queda de sesiones ordinarias (hasta el 30 de noviembre). El presidente pidió hacerlo mediante proposición y sugirió unirlo a otra sesión, posiblemente la de Cultura y Turismo.
  • El cuestionario ya está radicado. Su contenido sobre homicidios, microtráfico y convivencia sigue sin discutirse en público.

Conclusión

El secretario de Gobierno no negó el error... lo admitió en una frase. Lo que hizo fue empequeñecerlo ("de forma, no de fondo") y responder con un contraataque que tiene un núcleo legítimo, el de los límites del cuestionario, pero que no lo exime de su propio incumplimiento. El Concejo, por su parte, hizo bien en aplicar su reglamento, aunque debe mostrar que lo hará siempre y con todas las secretarías.

Para la ciudadanía lo que importa es el contenido que quedó en el cajón... los homicidios, el microtráfico y el estado de la convivencia en Guasca. Hay tres cosas para vigilar: si se aprueba la proposición para reprogramar el debate antes del 30 de noviembre, qué responden la Personería y Control Interno, y si el Concejo exige el mismo plazo a todas las secretarías en las sesiones que siguen. Si el debate no se hace este año, la discusión sobre seguridad se va a febrero.

Fuentes

  1. Concejo Municipal de Guasca, Sesión Plenaria Ordinaria No. 077 del 17/11/2026, transmisión en Facebook: ver video.
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-375 de 2014: relatoría.
  3. Función Pública, Concepto 336921 de 2021 sobre citación de secretarios por el concejo: Gestor Normativo.
  4. Función Pública, concepto de 2021 sobre citación con cuestionario en municipios de menos de 25.000 habitantes: Gestor Normativo.

Nota: los hechos y las frases citadas provienen de la transcripción de la transmisión de la sesión; se corregirán si el acta oficial muestra diferencias.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · Guasca
"El consejero que se forma, transforma su territorio"

Capital Semilla y Fondo Animal | Lo Que Dejó La Comisión


Introducción

La Comisión Tercera de Presupuesto y Asuntos Fiscales del Concejo de Guasca aprobó en primer debate, el 17 de noviembre de 2026, dos ( 2 ) proyectos de acuerdo de la Alcaldía... el nuevo Programa Municipal de Capital Semilla y el Fondo Municipal para la Protección y el Bienestar Animal. Los dos ( 2 ) pasan a plenaria, pero con las decisiones de fondo aplazadas... cuántos años de residencia se exigirán, hasta qué grado de parentesco se cerrará la puerta a los allegados del poder y en qué se podrá gastar la plata del fondo animal. Y un dato que casi pasa de largo... para esta vigencia el capital semilla tendría unos 12 millones de pesos.

Cómo se desarrolló la sesión

La sesión No. 011 de la Comisión Tercera se instaló a las 4:13 de la tarde con tres de sus cuatro integrantes: los concejales Carlos Augusto Acosta Ardila, Wilmer Alberto Beltrán Contreras y Enrique Giovanni Cortés Díaz. La cuarta integrante se excusó. Con quórum decisorio se aprobó el orden del día y las actas 08, 09 y 010 de 2026 de la misma comisión.

El orden del día tenía dos puntos de fondo:

  • Proyecto de Acuerdo 021 de 2026, que deroga el Acuerdo 021 de 2021 y establece el Programa Municipal de Capital Semilla para el emprendimiento y el fortalecimiento de unidades productivas. Ponente: concejal Wilmer Beltrán.
  • Proyecto de Acuerdo 022 de 2026, que crea el Fondo Municipal para la Protección y el Bienestar Animal. Ponente: concejal Giovanni Cortés.

No hubo proposiciones ni varios. La sesión terminó a las 6:02 de la tarde porque había plenaria programada a las seis de la tarde.

Proyecto 021 | un capital semilla con reglas nuevas

¿Por qué la Alcaldía quiere cambiar el acuerdo de 2021?

Según explicó la administración, cuando la Secretaría se disponía a abrir una convocatoria con el Acuerdo 021 de 2021, la Oficina Jurídica de Contratación advirtió que ese acuerdo no daba herramientas suficientes para reclamar los recursos a quien incumpliera ni dejaba claros los criterios para asignarlos. También había que ajustarlo a la nueva estructura orgánica de la Alcaldía. El objetivo declarado... "dejar las reglas del juego más claras".

Lo que propone el texto

  • Naturaleza del apoyo: incentivo no reembolsable y condicionado, en especie, en dinero o mixto. No es donación, crédito ni contrato. Quien incumpla debe devolverlo.
  • Tope: hasta 4 salarios mínimos por beneficiario. Con el mínimo de 2026, eso equivale a unos 7 millones de pesos.
  • Quién puede aspirar: personas mayores de edad con emprendimiento o unidad productiva en Guasca, con cinco años de residencia y clasificadas en los grupos A, B o C del Sisbén; también asociaciones, cooperativas y otras formas de economía solidaria.
  • Qué se financia: herramientas, equipos, muebles y utensilios; insumos y materias primas hasta el 30 % del apoyo; costos de formalización. No se financian deudas, impuestos, multas, viajes ni inmuebles.
  • Selección por mérito, sobre 100 puntos: viabilidad del plan de negocio (30), impacto en empleo e ingresos (25), condición socioeconómica y ruralidad (20), innovación y encadenamiento local (15) y sostenibilidad ambiental (10). Solo son elegibles quienes saquen 60 puntos o más. Nunca por orden de llegada.
  • Comité evaluador: los secretarios de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico; de Hacienda y de Desarrollo Social, y el jefe de Planeación. Los contratistas pueden apoyar con voz pero sin voto.
  • Seguimiento: 12 meses, con al menos dos visitas de verificación con acta. El dinero se legaliza con soportes dentro de los 60 días siguientes a cada desembolso.
  • Exclusiones: servidores públicos, concejales, contratistas que participen en el programa y familiares hasta segundo grado de consanguinidad del alcalde, del secretario del ramo, del comité evaluador y de los concejales.

Una ponencia positiva con casi todo para corregir

El ponente Wilmer Beltrán presentó ponencia positiva, pero con observaciones a casi todos los artículos. Él mismo lo reconoció más tarde... hubo "modificación o sugerencias para cada uno de los artículos". Las principales:

  • Corregir la referencia al Plan de Desarrollo. El que rige es el Acuerdo 003 de 2024, "Guasca compromiso de todos 2024-2027", cuya meta de producto 109 es apoyar a 10 microempresarios y unidades de emprendimiento con capital semilla. En el proyecto quedó mal citado.
  • Los cinco años de residencia: si la Alcaldía quiere mantenerlos, debe justificar por qué son proporcionados. No basta con invocar el domicilio.
  • Hacer compatibles las exclusiones con el Fondo de Emprendimiento para la Mujer (FEM) de la Ley 2535 de 2025 y no cerrar el acceso de forma automática a quien haya recibido otros apoyos.
  • Evaluar a las asociaciones y cooperativas con indicadores sobre sus integrantes, no con un Sisbén que una persona jurídica no tiene.
  • Precisar que el acta de compromiso solo sirve como título ejecutivo cuando contenga una obligación clara, expresa y exigible.
  • Pedir a la Secretaría de Hacienda una estimación de costos y fuentes, y mostrar que el programa es compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

La comisión aprobó la ponencia por unanimidad de los tres presentes.

El debate: residencia, parientes y resultados

Concejal Carlos Acosta. Propuso bajar la residencia exigida a tres años, porque hay emprendedores que viven y producen en Guasca desde hace menos tiempo y quedarían injustamente excluidos. Preguntó a cuántos emprendedores se piensa llegar y con cuánto dinero, y dijo que Hacienda debió estar presente. Insistió en "blindar" los recursos para que no terminen en personas cercanas a la administración o al Concejo, y pidió definir hasta qué grado de consanguinidad y afinidad irá la prohibición. También preguntó cómo se garantizará que el apoyo produzca resultados y no termine siendo una donación. Contó que conoció un caso, en una administración pasada, en el que la persona encargada del seguimiento no lo hacía.

Concejal Giovanni Cortés. Propuso mantener los cinco años, para que quien aspire conozca el municipio y lo que produce. Pidió saber cuántos beneficiarios de programas anteriores de emprendimiento siguen activos y cuántos se retiraron. Según él, algunos recibieron el apoyo y abandonaron a los seis meses, mientras al campesino que pide ayuda se le responde que "no hay". Señaló que en los mercados campesinos los inscritos no han rotado como se esperaba. Sugirió vincular los proyectos de emprendimiento de los colegios y revisar cómo encajan los apoyos que ya reciben las víctimas del conflicto.

Concejal Wilmer Beltrán. Pidió extender las exclusiones a los parientes de los contratistas. Propuso no agotar la tarde en una discusión que de todos modos se repetirá en plenaria, donde decide el Concejo en pleno.

La administración respondió en varios frentes:

  • Los cinco años se tomaron del FEM municipal, cuyo plazo, según dijo, el mismo Concejo consideró prudente en un debate anterior.
  • Para esta vigencia el programa tendría asignados unos 12 millones de pesos. No crea deuda ni obligaciones futuras, porque se financia con lo que el alcalde asigne a la meta del Plan de Desarrollo.
  • Sobre los parientes, considera desproporcionado llegar al cuarto grado en un municipio pequeño, donde muchas familias están emparentadas. Propone el segundo grado para alcalde, secretarios y concejales, y excluir a los contratistas que tengan incidencia en el programa. Se comprometió a traer una enmienda a plenaria.
  • Sobre quienes ya recibieron apoyos, propone una restricción por tiempo, de tres o cinco vigencias, o absoluta, para que los recursos no se concentren en "las mismas personas que siempre vienen a pedir".
  • Sugirió que el comité evaluador podría incluir al Personero, para que no dependa solo de funcionarios nombrados por el alcalde.

Al final, el proyecto pasó a plenaria. La Secretaría del Concejo aclaró que en la comisión no se radicaron modificaciones formales al texto: todo lo discutido quedó como compromiso para el segundo debate.

Proyecto 022 | el Fondo de Bienestar Animal que la ley ya ordena

Una obligación, no una opción

La Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, modificó el Estatuto de Protección Animal. Ordena que las multas por maltrato animal vayan a un fondo municipal o distrital, que cada municipio deberá crear, con la participación de organizaciones animalistas y juntas defensoras de animales. La administración contó que el proyecto llega después de varios requerimientos de la Procuraduría sobre el cumplimiento de esa ley.

El proyecto, de nueve artículos, crea un fondo especial sin personería jurídica ni planta de personal propia. Es una cuenta del presupuesto municipal amparada en el artículo 37 del Estatuto Orgánico de Presupuesto de Guasca (Acuerdo 089 de 2023). Se articula con tres metas del Plan de Desarrollo: un plan de salud pública, bienestar y protección animal (meta 94); una estrategia para el hogar de paso animal (95), y un programa de protección y conservación de fauna (139).

La ponencia | separar la plata de las multas

El ponente Giovanni Cortés, con ponencia positiva, centró sus ajustes en un punto: no mezclar fuentes con destinos distintos. Las multas, según la ley, solo pueden ir a formular, divulgar, ejecutar y hacer seguimiento a políticas de protección animal y a campañas de sensibilización. La atención veterinaria, la alimentación, el transporte y la custodia de animales, o la atención de emergencias, deben pagarse con otras fuentes cuya destinación lo permita.

Además, el ponente advirtió que la exposición de motivos afirma que estas acciones se han financiado con rubros dispersos, pero no trae certificación del recaudo. Propuso también que haya, como mínimo, un espacio anual de socialización y seguimiento con las organizaciones animalistas, con acta de las observaciones recibidas.

Lo que dijo la administración

La Alcaldía aceptó cerca del 80 % de las enmiendas, pero no las de los artículos 4 (destinación) y 5 (fuentes). Su argumento... si el fondo solo puede financiar políticas y campañas, sirve de poco. Reconoció que Guasca hoy no tiene política pública de protección animal. Lo que más le importa es pagar el funcionamiento del hogar de paso. Asegura que las multas quedan protegidas por un parágrafo que las reserva a los fines de la ley. Como alternativa, ofreció quitar del fondo esas actividades y sus fuentes; en ese caso se seguirían financiando con recursos ordinarios de la Secretaría, como hasta ahora.

De paso, contó que la Alcaldía busca un predio que le cedan para construir el hogar de paso. No ha tenido respuesta y reconoció que tal vez no lo logre en este periodo.

La comisión aprobó el proyecto con los considerandos 10, 11 y 12 y el artículo 8 ajustados según la ponencia. Los artículos 4 y 5 quedaron pendientes para la plenaria, que verá las dos versiones.

Lo que quedó pendiente para la plenaria

  1. Años de residencia para el capital semilla (tres, cinco o más), con justificación escrita de la administración.
  2. Enmienda sobre exclusiones por parentesco y sobre contratistas.
  3. Regla para quienes ya recibieron capital semilla u otros apoyos: tiempo de espera o exclusión absoluta.
  4. Soporte de Hacienda sobre costos, fuentes y Marco Fiscal de Mediano Plazo.
  5. Mecanismos para que el seguimiento se cumpla de verdad y posible inclusión del Personero en el comité.
  6. Correcciones de forma: cita del Plan de Desarrollo, numeración y considerandos.
  7. Fondo animal: decidir entre las dos versiones de los artículos 4 y 5.

Lectura crítica

Las cuentas del capital semilla no cuadran

Este es el dato que más pesa y el que menos se discutió. La meta 109 del Plan de Desarrollo promete apoyar a 10 emprendimientos. El tope por beneficiario es de unos 7 millones de pesos. Con 12 millones en la vigencia, si alguien recibe el tope, alcanza para uno con apoyo completo y poco más. Si se reparte entre diez, cada uno recibe en promedio 1,2 millones: menos de un salario mínimo. Por comparación, el FEM de la Ley 2535 contempla entre medio y tres salarios mínimos por mujer.

Ninguna de las dos cifras es mala en sí misma. Pero el Concejo está construyendo un procedimiento exigente (plan de negocio, comité de cuatro secretarios, dos visitas, legalización con facturas, cobro coactivo) para repartir una suma pequeña. La pregunta que debe responderse en plenaria es si el costo de administrar el programa guarda proporción con lo que entrega, y cuántos beneficiarios reales habrá en 2026 y 2027.

Debatir sin Hacienda

Fue una comisión de presupuesto que estudió un programa de gasto sin la Secretaría de Hacienda presente, como lo señaló el concejal Acosta. El propio ponente condicionó la aprobación definitiva a que llegue ese soporte. Es el requisito mínimo para que la plenaria no vote a ciegas.

Un primer debate que aplazó lo importante

En los dos proyectos, la comisión votó ponencias que pedían cambios de fondo, pero no votó esos cambios: los dejó para plenaria. Es una práctica legal y tiene un argumento razonable, que es no repetir dos veces la misma discusión. Pero tiene un costo: el primer debate existe para depurar los textos en un grupo pequeño, y lo que llega a plenaria es casi el mismo texto con una lista de pendientes. La ciudadanía hará bien en pedir que las enmiendas se publiquen antes de la plenaria.

La pregunta que nadie respondió

El concejal Cortés hizo la pregunta más útil de la tarde: ¿cuántos beneficiarios del programa anterior siguen funcionando? Nadie dio la cifra. Sin ese dato, el nuevo acuerdo corrige reglas sin saber qué falló en la práctica.

Bienestar animal | el riesgo y el realismo

En el fondo animal, ambas posiciones tienen razón en algo. El ponente protege el principio de que una plata con destino fijado por ley no se mezcla. La administración tiene a su favor el realismo... un fondo que solo paga campañas, en un municipio sin política pública y con un hogar de paso que necesita recursos, sería un fondo de papel. La solución intermedia que ya está en el texto (cuentas separadas por fuente) parece sensata, siempre que el registro contable diferenciado sea verificable y se rinda cuenta de él en el espacio anual con las organizaciones animalistas.

Conclusión

La Comisión Tercera aprobó dos proyectos necesarios. El capital semilla de 2021 no se podía ejecutar con seguridad jurídica, y el fondo de bienestar animal es una obligación de la Ley Ángel. Pero aprobó la forma y dejó el contenido para después.

Para el control social quedan tres cosas concretas que vigilar en la plenaria:

  1. Las cifras: cuánto dinero tendrá el capital semilla en 2026 y 2027, cuántos beneficiarios reales habrá y cómo se reconcilia eso con la meta de 10 emprendimientos.
  2. El blindaje: el texto final de las exclusiones por parentesco y contratistas, y quién integra el comité evaluador.
  3. La trazabilidad: el informe sobre los beneficiarios de programas anteriores y, en el fondo animal, el registro separado de las multas y su rendición anual.

Si estas respuestas llegan por escrito antes de la plenaria, el segundo debate podrá ser un debate de verdad y no un trámite.

Fuentes

  1. Concejo Municipal de Guasca. Sesión de Comisión III Permanente de Presupuesto y Asuntos Fiscales No. 011, 17 de noviembre de 2026 (transmisión en Facebook): ver video.
  2. Ley 2455 de 2025 ("Ley Ángel"), Régimen Legal de Bogotá: consultar.
  3. Ley 2535 de 2025, Fondo de Emprendimiento para la Mujer (Diario Oficial 53.219): consultar.
  4. Resumen de la Ley 2535 de 2025 (montos de 0,5 a 3 SMMLV), Cerlatam: consultar.
  5. Salario mínimo 2026 ($1.750.905), Decreto 1469 de 2025, Consultorsalud: consultar.

Nota: las cifras, intervenciones y citas provienen de la transcripción de la transmisión de la sesión. Se corregirán con el acta oficial cuando esté disponible.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · Guasca
El consejero que se forma, transforma su territorio

Fondo de Bienestar Animal en Guasca | Cumple, Pero a Medias


Introducción

La Alcaldía de Guasca radicó ante el Concejo el Proyecto de Acuerdo 022 de 2026, que crea el Fondo Municipal para la Protección y el Bienestar Animal. Hoy 17 de Noviembre entra a su primer debate en la comisión tercera del Concejo Municipal. Crearlo es una obligación legal, y la figura financiera que propone es la correcta. Pero en lo que le permitiría a la ciudadanía vigilar ese dinero, la participación y la rendición de cuentas, el texto se queda en el mínimo. Ahí es donde el Concejo puede mejorarlo.

Qué propone el proyecto

El proyecto, firmado por el alcalde, crea el Fondo como una cuenta especial del presupuesto municipal... sin personería jurídica, sin planta de personal y sin estructura administrativa propia. Su función es separar en la contabilidad el dinero destinado a la protección animal para poder seguirle la pista.

Según el articulado, el Fondo se nutriría de varias fuentes:

  • las multas por maltrato animal;
  • otras sanciones con esa misma destinación;
  • donaciones y recursos de cooperación;
  • los reembolsos que deben pagar los responsables de maltrato por la alimentación y la atención veterinaria de los animales aprehendidos;
  • los rendimientos financieros y los saldos de vigencias anteriores.

El gasto lo ordena el alcalde. La Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico ejecuta los proyectos, y la Secretaría de Hacienda maneja el recaudo y la contabilidad.

Por qué no es opcional

La Ley 2455 de 2025, conocida como "Ley Ángel", modificó el artículo 46 de la Ley 84 de 1989. Su parágrafo ordena que el dinero de las multas vaya a un Fondo Municipal o Distrital y que "cada distrito o municipio deberá crear dicho fondo". El proyecto de Guasca reproduce esa norma con fidelidad.

La ley no fijó un plazo, pero la obligación se considera exigible desde que entró en vigencia, en abril de 2025:

  • La Procuraduría General, en su Directiva 012 del 16 de junio de 2026, instó a los alcaldes que aún no hubieran creado el fondo a hacerlo "de manera inmediata". También les pidió demostrar con soportes contables que todo lo recaudado por multas va al fondo, y advirtió que incumplir puede ser falta disciplinaria.
  • En Popayán, según la prensa local, un juzgado administrativo falló una acción de cumplimiento en septiembre de 2026 y ordenó al alcalde presentar el proyecto de creación del fondo al Concejo.

Guasca, por tanto, no está innovando... se está poniendo al día. Eso no es un reproche, es el contexto. Lo que importa ahora es cómo queda el fondo.

Lo que el proyecto hace bien

  • La figura es la adecuada. Una cuenta especial no crea burocracia ni gastos de funcionamiento. Es la misma figura que adoptó Cartagena.
  • Admite el problema. En el considerando 11, la Administración reconoce que hoy las multas por maltrato entran al presupuesto sin poder distinguirse del resto. Por eso el municipio no puede demostrar que se gastaron solo en lo que ordena la ley. Es una confesión útil para cualquier ejercicio de control.
  • Pone límites al uso del dinero. Prohíbe usarlo en gastos de funcionamiento ajenos al objeto del fondo o en eventos que impliquen maltrato o sufrimiento animal.

Cuatro vacíos que el Concejo debería corregir

1. De "participación activa" a una reunión al año

La ley dice que el fondo "contará con la participación activa de organizaciones animalistas, juntas defensoras de animales o entidades equivalentes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos".

El artículo octavo del proyecto traduce ese mandato en al menos un espacio anual de socialización, y su parágrafo aclara que esa participación es consultiva y no condiciona el gasto, la contratación ni la ejecución.

Socializar es contar lo que ya se decidió. Participar activamente para "garantizar el cumplimiento de los objetivos" exige intervenir antes de decidir y hacer seguimiento después. Es cierto que la ley no define qué es "participación activa", y que las organizaciones no pueden ordenar el gasto. Pero entre ordenar el gasto y una reunión al año hay mucho espacio. Por ejemplo, la ponencia de un proyecto de ley que hoy cursa en el Congreso para reformar las Juntas Defensoras les asigna la función de hacer seguimiento al manejo del fondo municipal.

2. Trazabilidad sin rendición de cuentas

El proyecto ordena llevar el presupuesto y la contabilidad del fondo por separado. Está bien, pero esa trazabilidad se queda dentro de la Secretaría de Hacienda. No hay ningún artículo que obligue a publicar cuánto entró por multas, en qué se gastó o qué saldo quedó, ni a informar periódicamente al Concejo.

Un fondo que puede seguirse en la contabilidad pero que nadie ve no resuelve el problema que el propio proyecto describe... demostrarle a la ciudadanía que el dinero se usó para lo que manda la ley.

3. Las multas no alcanzan para lo urgente

Este es el punto más técnico y quizá el más importante. La ley limita el dinero de las multas a la formulación y el seguimiento de políticas de protección animal y a campañas de sensibilización. El propio proyecto lo respeta: dice que las multas solo pagan esas finalidades.

La consecuencia es que lo costoso y urgente no puede pagarse con multas:

  • la atención veterinaria;
  • la alimentación y la custodia de animales aprehendidos o decomisados;
  • el hogar de paso.

Todo eso dependerá de las asignaciones ordinarias del presupuesto, y el proyecto no fija ningún mínimo para ellas. Solo dice que el fondo "no sustituye" esas asignaciones. En la práctica, el fondo puede existir en el papel y estar casi vacío para lo operativo.

4. Un análisis fiscal sin cifras

La exposición de motivos cumple la Ley 819 de 2003 en la forma: afirma que el acuerdo no genera costos. Pero no trae ningún dato:

  • cuánto ha recaudado Guasca por multas de maltrato desde 2025;
  • cuánto ha invertido en bienestar animal y con qué rubros;
  • en qué avance van las metas del Plan de Desarrollo sobre el tema.

Esas metas incluyen un plan de salud pública y bienestar animal, una estrategia para el funcionamiento del hogar de paso y un programa de fauna silvestre. Todas arrancaron en cero y vencen en 2027. Sin esa línea de base, el Concejo vota a ciegas.

El argumento de la otra orilla

Quien defiende el texto tal como está tiene razones atendibles:

  • Un acuerdo de creación debe ser sencillo, y los detalles operativos pueden quedar en reglamentación.
  • Darles a las organizaciones un papel decisorio podría interferir con la ordenación del gasto, que la ley asigna al alcalde.
  • Fijar un porcentaje mínimo del presupuesto le quitaría flexibilidad a la planeación fiscal.

Las tres razones son válidas en abstracto, pero ninguna impide lo que aquí se propone. Publicar un informe no interfiere con nadie. Una instancia consultiva que opine antes de aprobar el plan de gasto no ordena el gasto. Y el Concejo puede exigir que el plan anual de inversión diga cuánto se asigna al tema, sin fijar un porcentaje rígido.

Propuestas concretas para el debate

  1. Participación real. Una instancia consultiva del fondo con la Junta Defensora de Animales y las organizaciones animalistas registradas en Guasca. Debería reunirse al menos dos veces al año: una antes de definir el plan de inversión de la vigencia y otra para revisar su ejecución. Sus conceptos deberían publicarse.
  2. Rendición de cuentas. Un informe semestral publicado en la web de la Alcaldía, con lo recaudado por fuente, lo ejecutado por línea de gasto y los saldos que pasan a la siguiente vigencia. Ese informe también se presentaría al Concejo.
  3. Recursos visibles. Que el plan anual de inversión muestre explícitamente cuánto se asigna al hogar de paso, la atención veterinaria, la esterilización y la adopción, y con qué fuente.
  4. Línea de base. Que antes del segundo debate la Administración informe cuánto se ha recaudado por multas desde 2025 y cómo van las metas del Plan de Desarrollo.
  5. Plazo para reglamentar. Que el acuerdo le fije al alcalde un plazo para expedir los instrumentos operativos del fondo.

Conclusión

El Proyecto de Acuerdo 022 de 2026 cumple la letra de la Ley Ángel en lo financiero, y eso hay que reconocerlo. Pero un fondo con destinación exclusiva vale lo que vale su vigilancia. Tal como está redactado, el municipio controla todo el ciclo del dinero y la ciudadanía recibe una reunión informativa al año.

El Concejo tiene en sus manos convertir una obligación cumplida a medias en un instrumento útil. Para eso no se necesita más presupuesto ni más burocracia: bastan dos o tres artículos bien escritos. Si eso no ocurre, el fondo corre el riesgo de ser lo que la propia Administración quiere evitar: una cuenta que existe en el papel y que nadie puede verificar.

Fuentes

  1. Alcaldía de Guasca. Proyecto de Acuerdo No. 022 de 2026 y su exposición de motivos, radicados ante el Concejo Municipal de Guasca.
  2. Congreso de la República. Ley 2455 de 2025 ("Ley Ángel"), texto en la Secretaría General del Senado.
  3. Función Pública. Ley 84 de 1989, Estatuto Nacional de Protección de los Animales.
  4. Procuraduría General de la Nación. Directiva 012 del 16 de junio de 2026.
  5. Alcaldía de Cartagena. Sustentación ante el Concejo del Fondo Distrital de Protección y Bienestar Animal.
  6. Proclama del Pacífico (28 de septiembre de 2026). Nota sobre el fallo de acción de cumplimiento en Popayán.
  7. Gaceta del Congreso 566 de 2026. Ponencia del proyecto de ley sobre Juntas Defensoras de Animales.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · Guasca
"El consejero que se forma, transforma su territorio"

Concejo de Guasca: Infraestructura rinde cuentas (sesión 076)


Introducción

El lunes festivo 16 de noviembre de 2026, a las 7:15 de la mañana, la Secretaría de Infraestructura respondió un cuestionario de control político ante el Concejo de Guasca. Dos horas y cuarto de sesión dejaron una radiografía incómoda... metas con ejecución física alta y ejecución financiera en cero, la Avenida Fátima todavía sin viabilidad del DNP y un caño en Macuira que lleva dos meses esperando seis metros de tubo. Esta entrada resume lo que se dijo, lo que quedó pendiente y lo que, como ciudadano y consejero territorial, me parece que hay que seguir vigilando.

Cómo se desarrolló la sesión

La Sesión Plenaria Ordinaria No. 076 fue transmitida en vivo por la página de Facebook del Concejo y por la emisora Siecha Stéreo. La proposición de citación fue presentada por los concejales Delfín Ramírez y Davis Garzón, con acotaciones de Brayan Bautista, Julián Rodríguez y Hernán Gantiva, y aprobada por unanimidad. El presidente leyó el artículo 60 del Reglamento Interno (Acuerdo de 2020), que fija los tiempos: 30 minutos para el funcionario citado, 15 para el citante y 10 para cada uno de los demás concejales.

La secretaria de Infraestructura, arquitecta, acudió con su equipo técnico. También estuvo presente la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Lucero. El orden del día tuvo cuatro puntos; los tres últimos (intervención del público, comunicaciones y proposiciones) se agotaron sin novedades. La próxima sesión ordinaria quedó convocada para el martes 17 a las 6:00 p. m.

El plan de acción | lo físico corre, lo financiero no

La primera pregunta del cuestionario pedía la ejecución física y financiera del plan de acción, meta por meta, con corte a 31 de octubre. La secretaria leyó el listado completo. Lo llamativo no es el promedio, sino la brecha entre los dos porcentajes. Varias metas aparecen con avance físico pero con ejecución financiera del 0 %:

  • Fortalecimiento técnico y operativo de los acueductos rurales (meta 114): 43 % físico, 0 % financiero.
  • Cobertura del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del casco urbano (meta 116): 57,14 % físico, 0 % financiero.
  • Plan de saneamiento y manejo de vertimientos de las PTAR rurales: 42,86 % físico, 0 % financiero.
  • Optimización de la PTAR del casco urbano: 57,14 % físico, 0 % financiero.
  • Intervenir 4.000 m² de pavimento urbano: 42,86 % físico, 0 % financiero.
  • Intervenir 1.000 m² de pavimento rural (meta 155): 28,57 % físico, 0 % financiero.
  • Adecuar cuatro salones comunales (meta 169): 42,86 % físico, 0 % financiero.

Las metas que sí muestran coincidencia entre lo físico y lo financiero son, en general, las de funcionamiento: mantenimiento de escenarios deportivos (100 %), material granular para vías terciarias (85,25 %), parque automotor (91 %), alumbrado público (80 %) e infraestructuras municipales (92 %).

La propia secretaria lo reconoció... "esto es una alerta para nosotros". Explicó que buena parte de esas metas depende de las vigencias futuras aprobadas recientemente, es decir, de proyectos que se contratarán este año pero se ejecutarán y pagarán en 2027. Y fue explícita en las proyecciones a 31 de diciembre: el pavimento urbano llegará al 15 % (el mínimo que exige la norma para una vigencia futura), el pavimento rural al 25 %, el plan de vertimientos al 15 % y la placa huella al 80 %.

Vale la pena detenerse en lo que esto significa. Un avance físico del 43 % con 0 % financiero no describe obra construida... describe actividades previas (estudios, topografías, fichas, procesos contractuales) que se cuentan como avance de la meta aunque no se haya girado un peso. No es una práctica ilegal ni exclusiva de Guasca, pero sí obliga a leer los informes con cuidado. El concejal Julián Rodríguez pidió justamente eso: que las respuestas por escrito traigan porcentajes, actividades y fechas, y no remitan a "se responderá en sesión". La secretaria se comprometió a enviar por escrito, de nuevo, las respuestas 1 y 2 con el plan de adquisiciones como anexo.

Las obras | en ejecución, "ninguna inconclusa" y dos contratos vencidos

Según la secretaria, Guasca "no presenta ningún reporte de obras inconclusas". Sin embargo, minutos después informó que los contratos del parque principal y de la adecuación del Palacio Municipal ya vencieron sin que las obras estén terminadas, que ambos fueron requeridos por presunto incumplimiento y que los contratistas pidieron 15 días adicionales, hasta la última semana de noviembre. Si no cumplen, los casos pasarán a la Oficina Jurídica. Que una obra no esté formalmente registrada como "inconclusa" y que tenga el plazo vencido son dos cosas distintas; conviene que la ciudadanía no las confunda.

En el inventario de obras en ejecución quedaron:

  • Placa huella Camino de los Hornos: 8 % de avance, unos 232 millones de pesos.
  • Placa huella Potosí: 0 %, 340 millones (convenio ICCU), suspendida porque una empresa de gas proyectó una red en el mismo trazado, situación que no había sido reportada antes.
  • Placa huella Betania: 24 %.
  • Placa huella Santuario: 100 %, pero el sábado anterior alguien retiró la protección y pasó con una camioneta cargada sobre la placa en tiempo de curado, con daños en un tramo largo. La secretaria pidió a la inspección de policía identificar a los responsables y advirtió que el ICCU podría no recibir la obra.
  • Placa huella de Gamboa: en servicio desde el viernes.
  • Planta de tratamiento de agua potable del casco urbano (convenio con Empresas Públicas de Cundinamarca): 50,93 % físico, 43,87 % financiero, terminación proyectada para mayo de 2027.
  • Tanque de almacenamiento del acueducto San José: 78 %, capacidad de 482,77 m³.

Estas dos últimas obras hacen parte del paquete de agua y saneamiento que la Gobernación de Cundinamarca anunció en septiembre para Guasca, por más de 6.700 millones de pesos a través de Empresas Públicas de Cundinamarca.

Sobre la placa huella de la vereda Trinidad, sector San Francisco, ejecutada con INVÍAS, la secretaria informó que el asunto ya no es técnico sino jurídico: hubo una primera decisión administrativa que declaró el incumplimiento, el contratista interpuso recurso y la Oficina Jurídica lo está resolviendo. Recomendó al Concejo pedir el informe detallado a esa oficina.

Avenida Fátima | casi cuatro años y aún sin viabilidad

Fue el tema con más tensión. La pavimentación de la Avenida Fátima se financia con regalías y lleva años en mesas de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación. La última mesa fue el 5 de noviembre de 2026. El proyecto, dijo la secretaria, todavía no está viabilizado.

La explicación de fondo fue nueva para muchos: los diseños con los que se presentó el proyecto solo contemplaban el alcantarillado pluvial. No incluían la rehabilitación del alcantarillado sanitario ni de las redes de acueducto. El DNP pidió la certificación de redes; Ecosiecha informó el estado real de esas redes, y hubo que elaborar diseños complementarios. "La culpa no es del Departamento Nacional de Planeación", afirmó la secretaria, aunque reconoció retrasos del consultor en la entrega de información. La meta es radicar los ajustes antes de terminar noviembre.

El concejal Delfín Ramírez recordó que la obra viene de la administración anterior y lleva casi cuatro años esperando. El concejal Julián Rodríguez planteó la pregunta clave: ¿el proyecto está formulado, viabilizado, priorizado o aprobado? Son cuatro estados distintos en el ciclo de regalías. Y advirtió el riesgo: si el municipio tuvo dos años el presupuesto y no lo ejecutó, el DNP puede concluir que no lo necesita. La secretaria confirmó que, si no se ejecuta en esta vigencia, los recursos pasarían a conformar una bolsa del bienio 2027-2028 y el puntaje del municipio bajaría.

Macuira, los puentes y el "contrato de ferretería"

El caño del sector Macuira, en la vía que conduce hacia el volcán, fue mencionado por casi todos los concejales. La secretaria reconoció que el daño se detectó hace cerca de dos meses y que la dependencia no tenía un contrato de suministro que le permitiera comprar los seis metros de tubo de 24 pulgadas que se necesitan, con un costo que estimó entre dos y tres millones de pesos. Se intentó una donación privada que no prosperó. El contrato de suministro (el "contrato de ferretería") estaría saliendo en una o dos semanas, y Macuira sería el primer punto a intervenir. Mientras tanto, el martes se repondrá la señalización preventiva.

Aquí surgió uno de los debates más interesantes. El concejal Julián Rodríguez observó que tres secretarías distintas (Gobierno, Agricultura e Infraestructura) han explicado retrasos con el mismo argumento del contrato de ferretería, y preguntó cuántas metas se van a financiar con esa figura, con qué cantidades y hasta cuándo. Pidió fechas concretas para poder responderle a la comunidad. La secretaria defendió el mecanismo: "permítanme ser rápida", dijo, argumentando que tiene personal operativo y maquinaria, pero no insumos, y que no todo requiere un contrato de obra pública.

Sobre los puentes del Uval y de Flores (meta 157, cuatro puentes y box culvert), la secretaria admitió que la meta no se programó porque la intervención definitiva es mayor y se está gestionando con Corpoguavio y la Gobernación. Mientras tanto, se propone un convenio solidario con la JAC para un "tratamiento paliativo" con gaviones, del orden de 30 millones de pesos, que permita paso restringido. Ya existe topografía de ambos puentes.

Variante y Perimetral de Oriente | la indiferencia de las entidades

Dos vías que no son del municipio concentraron la indignación. Sobre la variante de Guasca, a cargo del ICCU, la secretaría presentó la lista de más de diez requerimientos desde 2021, el último del 5 de octubre de 2026, con respuestas que se limitan a "evaluar" y "priorizar". Contó que hace unos 15 días llegó un delegado del departamento que, en lugar de revisar los daños, venía a verificar señalización, y concluyó que no se podía demarcar sobre los huecos. La propuesta de la administración es que la Oficina Jurídica, con la Personería, inicie acciones legales. Varios concejales hablaron de acción popular, de derechos de petición masivos e incluso de vías de hecho. El contraste duele... la misma Gobernación reportó en agosto obras por 43.658 millones de pesos en el corredor Guasca–Ubalá, con 17,06 % de avance, mientras la variante del casco urbano sigue sin respuesta. El concejal Delfín Ramírez afirmó que en un tramo dañado de esa vía falleció una persona; es una afirmación hecha en sesión que no he podido verificar de manera independiente.

Sobre la glorieta de Cuatro Esquinas y la Perimetral de Oriente, el hallazgo es de fondo: las cuatro franjas de terreno alrededor del retorno vial nunca fueron escrituradas a favor del municipio. "La oreja" sí aparece en el inventario vial, pero el entorno sigue siendo de particulares, y esa es la razón por la que nadie hace mantenimiento ni manejo de aguas lluvias. Hay que retomar la gestión predial con la nueva concesión y la ANI. El concejal Wilmer mencionó que la administración ya interpuso una acción de tutela contra la ANI y pidió más información sobre un corredor donde, dijo, hoy no hay carro taller ni ambulancia a pesar del nuevo peaje. El concejal Delfín advirtió, con razón, que el municipio no debería recibir esa infraestructura: fue construida para la concesión y es la concesión la que debe mantenerla.

El Palacio Municipal y el espacio público

Los concejales Delfín Ramírez, Hernán Gantiva y Carlos León se detuvieron en el estado del Palacio Municipal: fachada sucia, palomas que anidan en una canaleta de cables en desuso, una tapa eléctrica destapada desde hace más de dos años y daños al piso antiguo causados, según mostraron en fotos, por el contratista al arrastrar un andamio. La secretaria explicó que se decidió no lavar la fachada porque el contrato no tenía recursos para resanar lo que el lavado iba a destapar, y que la intervención integral tendrá que evaluarse en 2027. Acogió la sugerencia de instalar ahuyentadores de aves y anunció un segundo requerimiento al contratista por los daños.

También quedaron sobre la mesa: las losas deterioradas de las carreras 1.ª y 2.ª tras el plan maestro de alcantarillado (se revisarán las pólizas), el tránsito de vehículos de más de 10 toneladas por la calle 6.ª, el semáforo único del municipio sin mantenimiento conocido, la ausencia de andenes hacia Villa Catalina y la salida de aguas residuales a cielo abierto en Portales de Valenta, que la secretaria calificó de intervención urgente. Para los salones comunales, este año solo hubo 30 millones de pesos.

Lo que quedó pendiente por escrito

  • Respuestas 1 y 2 del cuestionario con plan de acción, plan de adquisiciones y presentación anexa.
  • Kilómetros de vías rurales intervenidos desde agosto.
  • Estado del alcantarillado de Flores (colegio Domingo Savio hacia el río Chipatá).
  • Cableado aéreo en el casco urbano: traslado a la Secretaría de Planeación.
  • Precios de combustible por galón (ACPM y gasolina) durante el periodo.
  • Resultado de la inspección de policía sobre el daño a la placa huella del Santuario.
  • Alumbrado público: se tratará de manera integral en una sesión específica con Ecosiecha y Hacienda.

Conclusión

La sesión 076 muestra a una Secretaría de Infraestructura que responde con franqueza (reconoce la alerta de la ejecución financiera, admite que Macuira lleva dos meses esperando un tubo y que la Avenida Fátima no está viabilizada) y a un Concejo que, esta vez, hizo preguntas de fondo: la diferencia entre ejecutar y contar actividades, el ciclo real de un proyecto de regalías y el uso repetido del contrato de ferretería como explicación transversal.

Tres cosas merecen seguimiento ciudadano en las próximas semanas. Primera: si antes del 30 de noviembre se radican ante el DNP los ajustes de la Avenida Fátima, y en qué estado queda el proyecto. Segunda: si los contratos del parque principal y del Palacio se terminan en la última semana de noviembre o pasan a proceso de incumplimiento. Tercera: la discusión del presupuesto 2027, donde deberán aparecer los recursos de los puentes, los salones comunales y las metas que este año quedaron en cero financiero. El control político funciona cuando las respuestas quedan por escrito y la comunidad las puede leer; por eso el compromiso de la secretaria de complementar sus respuestas es, quizá, el resultado más útil de la mañana.

Fuentes

  1. Concejo Municipal de Guasca, transmisión en vivo de la Sesión Plenaria Ordinaria No. 076, 16 de noviembre de 2026: video en Facebook
  2. Gobernación de Cundinamarca, "Más de $6.700 millones transforman las obras de agua y saneamiento en Guasca" (16 de septiembre de 2026).
  3. Gobernación de Cundinamarca, "Con inversión superior a $157.000 millones, Gobernación de Cundinamarca interviene tres corredores viales" (28 de agosto de 2026).

Nota: las cifras y citas de esta entrada provienen de la transcripción de la transmisión pública; pueden tener pequeñas imprecisiones de audio y se corregirán cuando el Concejo publique el acta.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · Guasca
El consejero que se forma, transforma su territorio

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