sábado, 21 de noviembre de 2026

Al Lanzador Invisible le Salió Vocero

 

Hilos Sueltos Relacionados:

1. Se busca | El lanzador Invisible del Panorámico De La Camioneta De La Alcaldia

2. El panorámico en seis actos: lo que se dijo en la sesión 074

 Al lanzador invisible le salió vocero

Introducción

El 15 de noviembre publiqué «Se busca: el lanzador invisible», sobre el panorámico roto de la camioneta de la Alcaldía. Dos días después llegó un comentario... el lanzador, dice su autor, no es invisible, porque «todo el pueblo sabe» quién es, y el que no lo nombra soy yo. Aquí va la respuesta, con humor y sin condenar a nadie por comentario.

Un lector con prisa

El martes 17 de noviembre, a la 1:40 de la tarde, el señor José Alfaro me escribió en Facebook. Su reclamo, en resumen, es este: yo sé quién rompió el vidrio, el pueblo entero lo sabe, y aun así no digo el nombre. Pero cuando se trata de decir que la seguridad del municipio empeora, «saco pecho», hago denuncias públicas y radico derechos de petición.

Primero, gracias. Que alguien lea una entrada de G|R Data y se tome el trabajo de responder ya es una victoria del control social. Y su comentario trae algo que mi entrada no tenía... según él, esa noche no solo se rompió un vidrio, sino que además habría sido agredido un policía. Si eso es cierto, el asunto es bastante más serio que un panorámico.

Segundo, el señor Alfaro sí hizo lo que me pide a mí... escribió un nombre propio, con apellido. Yo le contesté en el mismo hilo lo que sostengo hoy... no me consta, y definir eso les corresponde a las autoridades.

El misterio del lanzador cada vez más visible

Hay que admitir que el caso tiene su gracia. Escribí sobre un lanzador invisible y en menos de 48 horas ya era el invisible más conocido de Guasca. Todo el mundo lo vio, todo el mundo sabe, todo el mundo lo comenta en la tienda.

Solo hay un lugar donde, por lo visto, nadie sabe nada... el expediente.

Así funciona en Colombia el tribunal de «todo el pueblo sabe». Es el más rápido del país, no necesita pruebas, no admite apelaciones y dicta sentencia por WhatsApp antes del mediodía. Tiene un solo problema...sus fallos no los firma un juez, sino el que publica. Y el que publica responde.

Por qué no voy a escribir ese nombre

No es por cobardía ni por complicidad. Son cuatro razones, y ninguna es de conveniencia.

  1. No me consta. Yo no estaba ahí. Lo que sé es lo que dice un comentario de Facebook. Si el criterio para publicar un nombre en este blog fuera «alguien lo dijo en Facebook», tendría que cerrar el blog y abrir un muro de chismes.

  2. La ley no distingue entre decirlo y repetirlo. El artículo 222 del Código Penal castiga la injuria y la calumnia indirectas... quien reproduce o repite la imputación que hizo otro responde como si la hubiera hecho. «Lo dijo don José» no es un escudo. Es un coautor.

  3. La presunción de inocencia vale para todos. También para los que nos caen mal y para los parientes de quien sea. El artículo 29 de la Constitución no trae una excepción para cuando «todo el pueblo sabe».

  4. Este blog vigila a las instituciones, no a los particulares. Mi trabajo como consejero territorial y ciudadano es preguntar qué hacen la Alcaldía, la Policía y el Concejo con los recursos y con las responsabilidades públicas. Señalar a un particular como culpable de un delito no es control social. Es otra cosa, y para eso existen la Policía, la Fiscalía y los jueces.

Sobre lo de «sacar pecho»

El señor Alfaro ve una contradicción... no nombro al presunto responsable, pero sí denuncio públicamente que la seguridad empeora. No la hay. Las dos cosas responden al mismo principio.

Cuando hablo de seguridad, hablo de decisiones públicas... cuántos policías hay, cómo se gasta el fondo de seguridad, qué cámaras funcionan, qué responde la Alcaldía a un derecho de petición. Son actos de autoridades, que se pueden verificar con documentos y que deben rendir cuentas. Eso se critica con nombre propio y con cargo.

Lo que no hago es convertir un rumor en sentencia contra un ciudadano. Y no lo hago aunque el rumor me sirva para el argumento. Ese «aunque» es justamente la diferencia entre el control social y el linchamiento.

Si eso es sacar pecho, entonces sí... saco pecho por no condenar a nadie sin pruebas. Me parece un pecho bastante modesto.

Lo que el comentario sí deja claro (y es grave)

Leído con calma, el comentario del señor Alfaro le da la razón a la entrada original. Si es cierto que ese día se rompió un vehículo oficial, se agredió a un uniformado y, en sus palabras, «no pasa nada», el problema no es de un vidrio. Es de cómo responden las instituciones. Ese es exactamente el tema de control social:

  • ¿Existe una denuncia o noticia criminal por los daños a la camioneta oficial?
  • Si hubo una agresión a un policía, ¿la institución dejó el registro y dio el traslado correspondiente?
  • ¿El seguro pagó el panorámico y, en ese caso, alguien está buscando que el responsable, sea quien sea, responda por el daño?
  • ¿Qué le ha informado la Alcaldía a la comunidad?

Esas preguntas se pueden hacer, y se van a hacer, sin escribir el nombre de nadie. Lo que importa saber es si el Estado actuó. Quién lo hizo lo decide un juez.

Una invitación, de vecino a vecino

Don José, si usted sabe lo que pasó, no lo gaste en un comentario de Facebook, donde se lo lleva la siguiente publicación. Llévelo a donde sirve... a la Policía o a la Fiscalía, como denuncia o como testigo. Un testimonio en un despacho vale mucho más que mil «todo el pueblo sabe» en redes. Y si lo hace, cuente conmigo para hacerle seguimiento público a esa denuncia... que no se archive, que no se duerma, que no se pierda.

Conclusión

El lanzador sigue siendo invisible, al menos para el único lugar donde su identidad tiene consecuencias legales... el expediente. Este blog no va a ponerle cara a punta de comentarios, porque el día que G|R Data condene a un ciudadano por rumor pierde la única autoridad que tiene, que es la de los datos verificables. Lo que sí seguirá preguntando, con nombre y cargo, es qué hicieron las autoridades con un vehículo público dañado y, si fue así, con un policía agredido. Al señor Alfaro, gracias por leer y por comentar. La crítica también es control social, y la invitación a la denuncia formal queda abierta.

Fuentes

  1. Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), artículo 222, «Injuria y calumnia indirectas»: https://leyes.co/codigo_penal/222.htm
  2. Código Penal, artículos 220 y 221 (injuria y calumnia), y artículo 224 (eximente por prueba de la veracidad), resumen: https://www.notaria19bogota.com/concepto-y-generalidades-de-injuria-y-calumnia/
  3. Constitución Política de Colombia, artículo 29 (debido proceso y presunción de inocencia).
  4. G|R Data, «Se busca | El lanzador invisible del panorámico de la camioneta de la Alcaldía», 15 de noviembre de 2026.
  5. Comentario de José Alfaro en Facebook, 17 de noviembre de 2026, 1:40 p. m. (recorte en la portada).

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · Guasca — «El consejero que se forma, transforma su territorio»

Páramo y Sisbén | Lo que Dijo el Concejo de Guasca


Introducción

La sesión 081 del Concejo de Guasca, del sábado 21 de noviembre de 2026, dejó tres mensajes que conviene no perder de vista. Primero, Corpoguavio está formulando el plan de manejo del páramo de Chingaza: en Guasca toca nueve veredas y 448 predios, y la corporación insiste en que no habrá expropiaciones. Segundo, la pregunta de fondo quedó abierta: qué pasará con los cultivos bajo invernadero y la ganadería que hoy existen en esas zonas. Tercero, el Sisbén sigue siendo el instrumento de focalización hasta el 31 de diciembre de 2027, porque el Gobierno aplazó la entrada del Registro Universal de Ingresos (RUI).

Cómo se desarrolló la sesión

Fue una sesión ordinaria de algo menos de dos horas, transmitida por Facebook y por la emisora municipal, que terminó a las 9:18 de la mañana. Al llamado a lista respondieron seis concejales; cuatro se excusaron por razones académicas o personales y una concejal no estaba en el recinto en ese momento. Con quórum, se aprobó un orden del día de cinco puntos:

  1. Socialización de Corpoguavio sobre la zonificación del plan de manejo del páramo de Chingaza en su jurisdicción.
  2. Invitación a la Oficina Asesora de Planeación sobre el Sisbén y su transición hacia el RUI.
  3. Intervención del público.
  4. Lectura de comunicaciones.
  5. Proposiciones y varios.

La presidencia aclaró desde el principio que el primer punto era una socialización pedida por la propia Corpoguavio, y no un debate de control político. Los puntos 3 a 5 se agotaron sin intervenciones.

Lo que presentó Corpoguavio

La líder del proceso de páramos de la corporación explicó el avance del plan de manejo. Los datos principales fueron estos:

  • Marco legal. La Ley 1930 de 2018, o ley de páramos, reconoce al habitante tradicional del páramo y ordena procesos de reconversión y sustitución de las actividades prohibidas.
  • Delimitación. El páramo de Chingaza se delimitó en 2016 y tiene unas 111.667 hectáreas. Según la corporación, 32.154 están en jurisdicción de Corpoguavio, repartidas en siete de sus ocho municipios.
  • Coordinación. El plan lo trabaja una comisión conjunta en la que participan varias corporaciones (CAR, Corpoguavio, Cormacarena, Corporinoquia y Corpochivor), Parques Nacionales, Bogotá y la Gobernación. El Parque Nacional Natural Chingaza tiene su propio plan de manejo.
  • Etapas. El plan tiene tres componentes: diagnóstico, ya hecho en campo; ordenamiento, que comprende la zonificación y el régimen de usos y es la fase que se está socializando; y programático, que define las acciones concretas.
  • Zonificación. Se hizo con análisis multitemporal (cómo ha cambiado la cobertura con los años), pendientes, rondas hídricas, zonas de amenaza, predios del Estado y usos del suelo. En toda la jurisdicción hay cinco categorías: áreas prioritarias para la conservación, áreas prioritarias para la restauración ecológica, zonas en tránsito a la reconversión y sustitución, uso público y uso sostenible. Según la exposición, en Guasca aparecen cuatro, pero no se precisó cuáles.
  • Guasca. Son nueve veredas: Santa Ana, La Floresta, Pastor Ospina, Santa Bárbara, La Concepción, Mariano Ospina, El Santuario, Santa Isabel y La Trinidad. En ellas hay 448 predios. La corporación pidió ayuda para identificar a los propietarios y ofreció compartir la base catastral.
  • El mensaje central. La funcionaria dijo que el proceso «no implica ningún tipo de desplazamiento» ni expropiación, que ninguna entidad se quedará con los predios y que la idea es concertar con los habitantes.

Una precisión de datos: 32.154 hectáreas de un total de 111.667 son cerca del 29 % del complejo, no el «54 %» que se mencionó en la exposición. Ese porcentaje puede referirse a otra base de cálculo, por ejemplo al área de páramo que queda por fuera del Parque Nacional. Vale la pena pedir la cifra por escrito.

Las preguntas de los concejales

¿Cómo se va a socializar con la gente?

Varios concejales pidieron que se diga vereda por vereda qué cambia y cómo se va a convocar a la comunidad. Uno de ellos propuso aprovechar las entregas veredales del Día del Campesino del próximo mes y abrir un espacio en la emisora. Advirtió que, si la socialización se queda en el Concejo, dentro de un tiempo unos dirán «nos socializaron» y otros «nunca nos dijeron». Corpoguavio respondió que ya se reunió con Planeación para agrupar veredas, que quiere explicar la situación predio por predio y que prepara videos y piezas para los grupos de WhatsApp y los presidentes de junta.

¿Habrá apoyo económico?

Un concejal preguntó si las familias afectadas tendrán pago por servicios ambientales (PSA) o incentivos a la conservación. La respuesta fue que la corporación maneja ambos instrumentos y que la transición será gradual y con acompañamiento técnico, sin cambios de un día para otro. No se dieron montos, cupos ni fuentes de financiación.

¿Y la economía del invernadero?

Fue la intervención de más peso económico. Un concejal sostuvo que la mancha del páramo cubre buena parte de las veredas donde están los proyectos bajo invernadero, a los que, según dijo, se les otorgaron «300 y pico» licencias con el EOT. También afirmó que esa actividad emplea a unas 2.800 personas y sostiene una porción mayoritaria de la economía local. Su pregunta fue directa: si se habla de transición, ¿transición hacia qué negocio capaz de emplear a dos o tres mil personas? Las cifras son del concejal y G|R Data no las ha verificado de forma independiente.

Esta pregunta no tuvo respuesta concreta. Corpoguavio habló de concertación, acompañamiento e incentivos, pero no dijo cómo quedarían los invernaderos con licencia dentro del área delimitada ni qué alternativa productiva tiene escala para reemplazarlos.

¿Predios partidos y cota 3.000?

El presidente preguntó qué pasa con los predios que quedan mitad dentro y mitad fuera del páramo, si la línea se trazó «por la cota» y qué ocurre con licencias de construcción y ecoturismo. Corpoguavio respondió que a cada predio solo se le aplica la norma en la parte que está dentro del páramo, y que esa situación se verificará en mesas de diálogo con cada propietario.

La aclaración de Planeación | el polígono no es nuevo

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Germán Montoya, hizo la aclaración más útil de la mañana. La mancha roja del mapa no es un área protegida nueva... es la delimitación nacional de 2016, que el municipio ya incorporó al Esquema de Ordenamiento Territorial en la revisión de 2021. Hoy, al no existir plan de manejo, el EOT aplica la regla más restrictiva, en la que solo cabe la conservación, aunque en la realidad dentro del polígono hay agricultura, ganadería y viviendas.

Según el funcionario, el plan de manejo podría aliviar esa situación en lugar de agravarla, porque permitiría zonificar y definir usos. Dio como ejemplos el reconocimiento de construcciones existentes, la vivienda campesina, la reglamentación del turismo (cupos, senderos y cabañas) y la reconversión hacia sistemas silvopastoriles. Recordó además que el Páramo Grande de Guasca fue declarado como reserva hace décadas y nunca tuvo plan de manejo. La hoja de ruta que acordaron Planeación y Corpoguavio empieza por los presidentes de Juntas de Acción Comunal y un trabajo fuerte de cartografía, para que cada familia reconozca su vereda en el mapa.

Un concejal hizo una precisión institucional que no conviene pasar por alto. Si el plan de manejo cambia los determinantes ambientales, no basta con «armonizar»... el EOT tendría que modificarse, concertarse con la comunidad y pasar por el Concejo. Esa pregunta, sobre cuándo y cómo se ajusta el EOT, quedó planteada pero no resuelta. El Concejo pidió además ser invitado a las mesas de trabajo.

Nota: en la sesión se habló de una «Resolución 1710 del Ministerio de Vivienda». La delimitación de Chingaza corresponde a la Resolución 710 del 6 de mayo de 2016 del Ministerio de Ambiente.

Sisbén y RUI | qué cambia y qué no

El segundo punto fue una invitación a Planeación, propuesta por dos concejales y aprobada por unanimidad. Respondió la técnica encargada del Sisbén en el municipio. Lo esencial fue esto:

  • El RUI no ha entrado a funcionar. El Decreto 1621 del 28 de octubre de 2026 amplió la transición hasta el 31 de diciembre de 2027. Mientras tanto, la oferta social se sigue focalizando con el Sisbén IV, y la oficina afirma que en Guasca nadie entró ni salió de programas sociales por causa del RUI.
  • Población encuestada. Hay 12.815 personas encuestadas (un número que no equivale al total de habitantes): 526 en el grupo A, 2.463 en el B, 6.675 en el C y 3.161 en el D. Son 4.588 hogares en unas 4.350 viviendas, con un promedio de 2,8 personas por hogar. En la zona rural hay 7.216 personas encuestadas, y La Floresta es la vereda con más registros.
  • Gestión del año. A agosto se acumulaban 235 encuestas; hubo 219 actualizaciones de información en el año, 87 de ellas entre mayo y agosto, y 10 encuestas en «estado de verificación», 2 en ese mismo periodo. El jefe de Planeación habló de cerca de 800 personas sisbenizadas en 2026, incluidos traslados y cambios de hogar.
  • Tiempos. Antes una encuesta podía tardar hasta tres meses, porque la oficina compartía un solo vehículo. Desde que se contrató un encuestador con vehículo propio (25 millones de pesos este año, con contrato hasta el 20 de diciembre), la visita se hace en máximo tres días y el resultado sale en máximo seis.
  • Meta del Plan de Desarrollo. La funcionaria corrigió el cuestionario: esa contratación no se financia con la meta 203 sino con la 284.

La parte pedagógica fue quizá la más útil para la comunidad:

  • El Sisbén no es un seguro ni entrega ayudas. Solo clasifica, y cada programa decide hasta qué grupo admite beneficiarios.
  • La encuesta es por hogar, no por persona.
  • Mentir en la encuesta no sirve: el sistema cruza la información con otras fuentes, como educación, salud o la DIAN, y marca un «estado de verificación».
  • La clasificación cambia sola cuando cambian esas fuentes.
  • El estrato del recibo de la luz y el grupo del Sisbén son dos instrumentos distintos.
  • La encuesta es igual para propietarios y arrendatarios: lo que cambia es la respuesta sobre la tenencia de la vivienda.
  • Un adulto mayor que se afilia como independiente para pagar su seguridad social puede aparecer en los cruces como alguien con ingresos.

La funcionaria también contó casos de personas reportadas por error como fallecidas o como propietarias de predios tras liquidaciones de captadoras ilegales. Su recomendación fue una sola: mantener la encuesta actualizada, porque esa información será la base del RUI.

Hubo una decisión discutible. La oficina reconoció que no socializó el RUI con las Juntas de Acción Comunal, porque sabía que la transición se iba a aplazar y no quería «generar alarmas». Es un argumento razonable, pero tiene un costo: el vacío de información lo llenan los rumores, como los de esconder la nevera o pedirle a un concejal que «baje el puntaje», que la misma funcionaria tuvo que desmentir durante la sesión.

Lo que quedó pendiente

  • Corpoguavio quedó en enviar por separado el régimen de usos detallado.
  • Corpoguavio debe precisar cuáles son las cuatro categorías de zonificación que aplican en Guasca y su mapa por vereda.
  • Corpoguavio ofreció compartir la base catastral de los 448 predios para ubicar a los propietarios.
  • El Concejo pidió ser invitado a las mesas de trabajo entre Corpoguavio y Planeación.
  • Queda sin respuesta qué pasará con los invernaderos y las actividades con licencia dentro del polígono.
  • Queda sin respuesta cuándo y cómo se ajustará el EOT si cambian los determinantes ambientales.
  • No se informaron montos ni cupos de PSA e incentivos para las familias del páramo.

Conclusión

La sesión desmontó un miedo y dejó al descubierto otro. Desmontó el miedo a la expropiación: el polígono existe desde 2016 y ya está en el EOT, y el plan de manejo podría flexibilizar una regla que hoy, en el papel, solo permite conservar. Pero dejó al descubierto la pregunta económica: una «transición» sin cifras, sin fuentes de financiación y sin alternativas de escala no responde a quien vive del invernadero o del ganado.

Para hacer control social, propongo vigilar tres cosas:

  1. Que la socialización llegue de verdad a las nueve veredas, con mapas predio por predio y actas, antes de que se adopte la zonificación.
  2. Que Corpoguavio publique el régimen de usos y el Concejo lo reciba por escrito.
  3. Que cada propietario actualice su información, tanto en el catastro como en el Sisbén, porque en los dos casos el dato que usted no corrige termina decidiendo por usted.

Las cifras de esta entrada provienen de la transcripción de la transmisión en vivo y se corregirán con el acta oficial de la sesión cuando esté disponible.

Fuentes

  1. Concejo Municipal de Guasca. Sesión Plenaria No. 081 del 21 de noviembre de 2026 (transmisión en Facebook): ver video.
  2. Ministerio de Ambiente. Páramos delimitados y corporaciones (Resolución 710 del 6 de mayo de 2016, páramo de Chingaza): minambiente.gov.co.
  3. Ley 1930 de 2018, gestión integral de los páramos. Gestor Normativo de Función Pública: funcionpublica.gov.co.
  4. Secretaría Distrital de Ambiente. «Bogotá participa en la construcción del Plan de Manejo del Páramo de Chingaza»: bogota.gov.co.
  5. DNP. Ampliación de la transición al Registro Universal de Ingresos hasta diciembre de 2027 (Decreto 1621 de 2026): dnp.gov.co.
  6. Decreto 1621 de 2026, régimen de transición del RUI: Régimen Legal de Bogotá.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · Guasca
«El consejero que se forma, transforma su territorio»

jueves, 19 de noviembre de 2026

Camioneta de la Alcaldía de Guasca | Lo Que La Denuncia Omite


Introducción

La Alcaldía de Guasca compró una camioneta de $285,6 millones y en redes ya circula la condena... despilfarro, capricho del alcalde, plata que debió ir a las vías. Revisé los documentos oficiales del contrato. Desde el procedimiento, la compra se sostiene. La denuncia que circula, en cambio, falla justo donde pretende ser más contundente.

Qué se compró y cómo

Los datos están en el Sistema Integral de Auditoría (SIA Observa) de la Auditoría General de la República, que cualquiera puede consultar:

  • Contrato: orden de compra ORDC-167242-2026, firmada el 24 de julio de 2026 con ALBORAUTOS S.A.S.
  • Objeto: una camioneta doble cabina con platón, 4x4, cero kilómetros, con placa oficial, "para el despacho del alcalde y desarrollo de las diferentes actividades de la Alcaldía".
  • Modalidad: Acuerdo Marco de Precios de Vehículos III (CCE-163-III-AMP-2020) de Colombia Compra Eficiente, en la Tienda Virtual del Estado.
  • Presupuesto: CDP del 25 de junio por $300 millones y registro presupuestal del 31 de julio por $285.619.893. El rubro es de funcionamiento (vehículos automotores), con recursos propios.
  • Documentos: en el SIA están cargados los estudios previos, el estudio del sector, la orden de compra, las pólizas y el acta de inicio.

En resumen: hubo disponibilidad presupuestal antes de comprometer el gasto, se usó la modalidad que la ley exige y el soporte documental está publicado. Con esto en mente, veamos la denuncia.

Primer error | sumar peras con manzanas

La publicación que más ha circulado, firmada por Nicolás Londoño en Facebook, pone la camioneta frente a una lista de unas doce necesidades... vías terciarias, Policía, Villa Olímpica, puentes, rutas escolares, cámaras, PTAR, la fachada del Palacio. La conclusión parece obvia... con esa plata se hacían cosas más importantes.

El argumento suena fuerte en un muro de Facebook, pero no resiste una lectura del presupuesto. El presupuesto municipal no es una sola bolsa. Las rutas escolares se financian con recursos de educación. La PTAR depende de la plata de agua potable y saneamiento, que tiene destinación específica. Las vías se hacen con recursos de inversión. La camioneta salió de gastos de funcionamiento, que es la plata con la que la Alcaldía opera... nómina, servicios, papelería, vehículos.

Decir que la camioneta "le quitó" plata a la PTAR es como reclamarle a una familia que compró la nevera con el sueldo porque el techo sigue goteando, cuando el techo se iba a pagar con un crédito de vivienda que solo sirve para eso. Las dos cosas pueden ser necesarias, pero no compiten por la misma plata.

Segundo error | un "exclusivo" que ningún documento dice

La denuncia afirma que la camioneta es "para uso exclusivo del despacho del alcalde". Los documentos dicen otra cosa. El objeto contractual la destina al despacho y al "desarrollo de las diferentes actividades de la Alcaldía". Los estudios previos justifican la compra por la escasez de vehículos para todas las dependencias.

Si la camioneta termina usándose solo para llevar y traer al alcalde, ese sería un reclamo legítimo, y habría que hacerlo con pruebas del uso. Pero presentar como dato oficial una palabra que no está en ningún documento no es control social, es editorializar.

Tercer error | los $285 millones no son el precio de la camioneta

La cifra total impresiona, y de eso vive la indignación. Pero la orden de compra la desglosa:

  • Vehículo: $215,3 millones.
  • Adecuaciones y accesorios (según el estudio del sector: barra antivuelco, carpa y protector de platón, defensas, llantas, alarma y cámara de reversa, entre otros): $26,2 millones.
  • Mantenimiento preventivo incluido: $9,8 millones.
  • SOAT, matrícula y entrega: $2,6 millones.
  • Gravámenes: $31,7 millones. En buena parte son estampillas municipales (pro adulto mayor, pro cultura, pro deporte) e ICA.

Ese último renglón importa. Parte de lo que se "gastó" vuelve a las arcas del propio municipio y a programas como los del adulto mayor. El costo neto para Guasca es menor que la cifra del titular.

Además, en un Acuerdo Marco la Alcaldía no escoge al proveedor a dedo ni negocia el precio. Pide cotizaciones a los proveedores habilitados en la Tienda Virtual, y Colombia Compra Eficiente exige colocar la orden con el que ofrezca el menor valor. El Acuerdo Marco existe para eso... evitar sobrecostos y favoritismos.

Cuarto | la necesidad sí está documentada

La denuncia pregunta para qué se necesitaba la camioneta. Los estudios previos responden:

  • La Alcaldía tiene tres vehículos para todas sus dependencias, todos con más de doce años.
  • El vehículo del despacho, una Toyota Fortuner modelo 2013, tiene 346.165 kilómetros recorridos. ( Toca recordar que  SUPUESTAMENTE esta tuvo un aparatoso accidente cuando estaba recien comprada, hecho que pasó de agache )
  • En los dos últimos años, mantener la Fortuner costó cerca de $49 millones, alrededor de la mitad de su valor comercial, estimado entre $95 y $107 millones. Las reparaciones incluyeron el sistema de combustible, la transmisión, la suspensión y la dirección...y la SUPUESTA reparación del SUPUESTO accidente que sufrió.
  • La compra está ligada a la meta 180 del Plan de Desarrollo... renovar el parque automotor.

Se puede discutir si esas razones bastan, pero la necesidad no se inventó: está escrita, firmada y publicada.

Por qué importa denunciar bien... Y no por querer figurar para el Concejo

El control social tiene un enemigo silencioso... la denuncia mal armada. Cada vez que una publicación viral se cae porque confunde rubros o atribuye a los documentos palabras que no dicen, la administración gana un argumento fácil para descalificar la próxima, aunque esa sí tenga razón. Indignarse es gratis. Leer el CDP cuesta media hora...y pues está en todo su derecho el Joven Nicolas de armar tierrero de cualquier cosa para ganar "votantes" en su supuesta aspiración al concejo.

Conclusión

La compra de la camioneta se hizo por la vía legal...Acuerdo Marco vigente, disponibilidad presupuestal previa, recursos de funcionamiento y una necesidad documentada. La denuncia acierta en la cifra y en una pregunta, la del vehículo que se reemplaza, pero falla en el argumento central. Compara plata que no se puede comparar, le atribuye al contrato un "uso exclusivo" que no existe y presenta un valor bruto como si fuera el precio del carro. La discusión que vale la pena no es si el alcalde debía tener camioneta o puentes. 

Fuentes

  1. Auditoría General de la República, SIA Observa. Ficha del contrato ORDC-167242-2026, Alcaldía de Guasca (rubros, CDP, RP, contratista, documentos de legalidad, orden de compra, estudios previos y estudio del sector). Ver ficha
  2. Colombia Compra Eficiente. Acuerdo Marco de Vehículos III, CCE-163-III-AMP-2020. Ver acuerdo
  3. Colombia Compra Eficiente. Comunicación sobre la guía de compra de Vehículos III: la orden se coloca con el proveedor de menor valor. Ver comunicación
  4. Decreto 310 de 2021, obligatoriedad de los Acuerdos Marco de Precios. Función Pública, Gestor Normativo. Ver decreto

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · Guasca
"El consejero que se forma, transforma su territorio"

Alumbrado en Guasca: 94 luminarias que siguen sin llegar


Introducción

En la Sesión Plenaria Ordinaria No. 078 del 18 de noviembre de 2026, el Concejo de Guasca volvió a poner sobre la mesa el alumbrado público. Tres cosas quedaron claras: entre mayo y octubre no se instaló ni una sola luminaria nueva de expansión; el estudio técnico de referencia, que define cuánto pagaremos de impuesto, sigue detenido por observaciones financieras de la Secretaría de Hacienda; y la Navidad de este año costará 245,6 millones de pesos en alquiler, con un debate abierto sobre si conviene seguir alquilando o empezar a comprar.

Cómo se desarrolló la sesión

La sesión, transmitida en vivo por Facebook y por la emisora municipal, empezó pasadas las 6:00 de la tarde y terminó a las 7:55 de la noche. Tras verificar el quórum y aprobar el orden del día, se aprobaron las actas 104 a 108 (12 al 17 de noviembre).

El punto central fue la invitación a la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Hacienda, la empresa de servicios públicos Ecosiecha y la Unión Temporal contratista del alumbrado público. La proposición la presentaron los concejales Delfín Octavio Ramírez y David Garzón, con aportes del concejal Julián Rodríguez Barrantes, y fue aprobada por unanimidad. La administración respondió un cuestionario de ocho preguntas. Por la Unión Temporal asistió su gerente técnico, porque el representante legal se recupera de una cirugía. No hubo intervenciones del público inscritas, ni comunicaciones, ni proposiciones.

El informe: lo que dijo la administración

Expansión: cero luminarias nuevas en seis meses

La primera respuesta fue la más reveladora: entre mayo y octubre de 2026 no se hizo ninguna instalación de expansión. Los cuatro sectores priorizados siguen siendo los mismos que se anuncian hace meses:

  • Vía Pipo: 23 luminarias.
  • Variante (desde las bombas hasta el cruce con la calle 6): 20 luminarias.
  • San Isidro, sector Siecha (de la vía principal a las capillas de Siecha): 34 luminarias.
  • La Floresta, vía a Villa Olímpica (de La Giralda o Villa Alicia hasta la entrada de Villa Olímpica): 17 luminarias.

En total, 94 luminarias, ya con diseño fotométrico. Además, la comunidad y varias juntas de acción comunal han pedido expansiones en otros sectores: Salitre, La Floresta primer y segundo sector, y dos sectores más del Salitre. Para estos no se presentó cronograma.

Por qué no ha arrancado: un vacío en el contrato

La explicación técnica gira alrededor de las UCAP, las unidades constructivas del alumbrado público: el paquete de elementos (poste, cable, fotocelda, conectores, brazo) por el que se le paga al contratista. Según el gerente técnico, el contrato se hizo con UCAP "muy genéricas": no distingue entre postes de 510 y de 1.050 kilogramos de carga, ni entre tipos de redes aéreas, y no incluye bien las puestas a tierra. El contratista pidió incluir esos ítems y la administración, que dice no poder decidir sola, elevó la consulta a la interventoría y a la Comisión de Regulación.

La administración reconoció que los pliegos se hicieron con base en el estudio técnico de referencia de 2022, y que por eso las unidades quedaron "de manera general".

El nuevo cronograma

Lo nuevo de esta sesión es que, según el gerente técnico, el 17 de noviembre se decidió seguir adelante sin esperar la respuesta de la consulta y se dieron órdenes de compra de postes y luminarias: 94 luminarias y unos 88 postes. Las fechas que dio son estas:

  • Fabricación: unos 30 días.
  • Llegada de postes: entre el 15 y el 20 de diciembre.
  • Instalación: dos a tres semanas.
  • Entrega completa: entre el 15 de enero y finales de enero de 2027.

Nota: el contratista se refirió a este calendario como "modernización", pero por el contexto se trata de la fase de expansión.

Lo que queda de la modernización

Según el contratista, la modernización a LED quedó completa: cerca de 800 luminarias, frente a las 740 del inventario inicial. Siguen apareciendo puntos que no estaban en el levantamiento; el último informe habla de unas 25 luminarias pendientes de cambio. Las nueve luminarias del sector El Recreo ya se instalaron, pero hubo que cambiar cable y aparecieron otras fallas, lo que retrasó su encendido entre un mes y mes y medio.

Se han retirado 71 luminarias con brazos. Varios concejales preguntaron si sirven para canchas o colegios rurales. La respuesta: la Unión Temporal se las entrega al municipio, que decide. Si se instalan en predios privados o institucionales, deben ir conectadas al contador de ese predio y no a la red de alumbrado público. Las de sodio, según el contratista, no se pueden reutilizar por razones ambientales y deben ir a disposición final.

Recaudo y destino del impuesto

La Secretaría de Hacienda informó que, con corte a septiembre de 2026, el recaudo del impuesto de alumbrado público suma $1.301.254.194. En el audio el porcentaje de ejecución se oye como 159 %, una cifra que debe confirmarse con el informe escrito. Para 2027 se mencionó una proyección de 850 millones de pesos.

Hacienda recordó que el Decreto 943 de 2018 limita el uso de este impuesto a la prestación del servicio: energía, administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición, expansión e interventoría. Para 2027 se proyectan cuatro componentes de gasto:

  • Interventoría, financiada con las vigencias futuras que ya aprobó el Concejo.
  • Operación y mantenimiento, mediante un convenio interadministrativo con Ecosiecha.
  • Energía: unos 25,8 millones de pesos al mes, según las facturas de Enel-Codensa.
  • Expansión, siempre que esté respaldada por estudios técnicos de la Secretaría de Infraestructura.

El estudio técnico de referencia: el punto que más pesa en el bolsillo

El estudio técnico de referencia es el documento que sustenta cuánto debe cobrar el municipio por alumbrado público. Las versiones no coinciden:

  • La Unión Temporal dice que entregó el estudio, que en mayo de 2026 empezaron las mesas técnicas, que la interventoría avaló la versión final y que ahora la decisión es del municipio. También señaló que en mayo nadie hizo observaciones.
  • La Secretaría de Hacienda dice que conoció el documento en reuniones de septiembre y octubre y que tiene cuatro observaciones de fondo: justificar la proyección de ingresos mensuales de $122.936.676 comparándola con lo recaudado en 2023, 2024 y 2025; ajustar el costo de la energía al promedio real pagado; justificar el costo de fiducia o retirarlo; y recalcular egresos, flujo de caja y resultados.
  • La Secretaría de Infraestructura dice que sus observaciones de julio y agosto ya se corrigieron, pero que, como persisten las financieras, todavía no es viable presentar al Concejo el proyecto de acuerdo de tarifas. Su argumento fue claro: esto "va a impactar los bolsillos" de los ciudadanos.

El concejal Julián Rodríguez recordó que desde mayo existe un contrato de casi 40 millones de pesos para actualizar este estudio y que el Concejo aún no tiene un documento consolidado. La objeción de Hacienda es razonable: si los ingresos proyectados no corresponden al recaudo histórico, la tarifa que salga del estudio puede quedar mal calculada en cualquier dirección. Lo que no es razonable es que este cruce de observaciones se dé seis meses después de iniciado el trabajo.

Los pagos: una cuenta que no quedó del todo clara

Fue el tema en el que más insistieron el concejal Julián Rodríguez y la Presidencia. De lo dicho por la Secretaría de Infraestructura se desprende lo siguiente:

  • Contrato de interventoría CI-004 de 2023: no recibió ningún pago entre marzo de 2024 y julio de 2026. Ese periodo está hoy en un proceso judicial, por lo que la Secretaría no quiso ampliar.
  • Desde agosto de 2026 los recursos de la interventoría están garantizados con CDP y RP, pero no se ha pagado porque, según la Secretaría, la interventoría no ha radicado la documentación completa (facturas y anexos).
  • Operación del servicio: ya está firmado el convenio interadministrativo 287 de 2026 con Ecosiecha. Los giros ya no pasan por fiducia: el municipio gira a Ecosiecha y esta le paga al operador. Hay pagos pendientes de julio a octubre por la transición entre el convenio anterior y el nuevo.

La aclaración final no fue limpia. En la misma intervención se habló de "cuatro pagos pendientes" y de "tres pagos" para la interventoría (agosto a octubre), y el gerente de la Unión Temporal dijo que a ellos les deben cuatro meses, de agosto a noviembre. No se dieron montos en pesos, aunque el concejal Julián los pidió de forma expresa.

El concejal también recordó que el municipio gastó 61 millones de pesos en una fiducia que, en sus palabras, "no nos funcionó", y que después hubo que modificar un acuerdo para eliminarla. La Presidencia anotó que el Concejo ha tramitado cuatro proyectos para corregir el tema de pagos y que aún no tiene certeza de su resultado.

Enel y la factura que nunca bajó

El concejal Delfín Octavio Ramírez recordó que hace años se anunció que el cambio a LED bajaría el consumo cerca de un 70 % y que esa rebaja "nunca se ha visto". La Secretaría de Infraestructura lo confirmó: Hacienda verificó que la modernización anterior no redujo la facturación. Como posible causa mencionó que los centros de distribución no cumplían los requisitos técnicos de la empresa de energía.

El trámite actual se llama Serie 6: un formato en el que se le demuestra a Enel, poste por poste, qué luminaria se instaló y con qué certificación RETILAP. Los 12 diseños de los centros de distribución de Guasca ya fueron aprobados. Falta que Enel haga visitas de verificación y, después, que se pida el ajuste de la carga facturada. La interventoría dijo que buscará que el ajuste sea retroactivo, desde la fecha de la modernización, con base en sus informes y las certificaciones. El gerente técnico opinó que a Enel no le conviene hacerlo rápido. Es una opinión suya, no un hecho comprobado.

El concejal Delfín propuso acudir a la Superintendencia de Servicios Públicos si no hay respuesta y pidió copia de los formatos Serie 6 para el Concejo. El concejal Juan Manuel Rodríguez pidió a Hacienda un comparativo de kilovatios facturados antes y después del cambio de luminarias, que tenga en cuenta el aumento del precio del kilovatio.

Alumbrado navideño: alquilar o comprar

Lo que se va a instalar

  • Cielos luminosos en la calle 4 entre carreras 4 y 5, en la carrera 3 entre calles 4 y 6, y frente a la basílica.
  • Decoración de la Casa de Gobierno (con ajustes frente a las imágenes de referencia).
  • Una escena en la jardinera central con el paisaje de Guasca: la laguna de Siecha, el páramo, el oso de anteojos y el venado.
  • Instalación desde el 23 de noviembre. El concejal Brian Bautista mencionó el 6 o 7 de diciembre como fecha de inauguración.
  • Costo: unos 206 millones antes de IVA, para un total de $245.608.860.

La Unión Temporal aseguró que el valor incluye todo: alquiler, montaje, mantenimiento durante la temporada, desmonte y la devolución de la fachada en el estado en que se recibió. Según la administración, se financia con los remanentes del impuesto que certifica la interventoría. El aumento en la factura de energía por la temporada lo estimó el contratista en no más de 500.000 a 600.000 pesos. Este punto merece atención: el Decreto 943 de 2018 dice expresamente que la iluminación navideña no es servicio de alumbrado público, aunque permite que los municipios, en uso de su autonomía, destinen a ella parte del impuesto. Es legal, pero es una decisión con costo de oportunidad: esos remanentes también podrían ir a expansión, donde llevamos seis meses en cero.

El debate

Los concejales Julián Rodríguez y Brian Bautista, y la Presidencia, cuestionaron que se siga alquilando. La Presidencia puso como ejemplo a Guatavita: lleva más de una década con el mismo alumbrado, que repara y amplía cada año, y la gente sigue yendo. Su argumento central: si un privado puede alquilar y aun así ganar, ese margen podría quedarse en el municipio.

El contratista y la administración respondieron que el alquiler cuesta casi lo mismo que la compra, porque la intemperie, las mascotas y el público dañan cerca de la mitad de los elementos y las mangueras se cortan a la medida de cada fachada. También dijeron que el alquiler incluye garantía y permite cambiar el diseño cada año.

El concejal Julián propuso una salida intermedia que tiene sentido: comprar lo que es fijo y hecho a la medida, como las cintas cortadas para el Palacio Municipal y los cielos de la calle 4, y alquilar solo las figuras temáticas que se quieren renovar. La Presidencia agregó la idea de explorar proyecciones sobre la basílica, que gastan menos energía y cableado, y de volver a premiar la cuadra o el barrio mejor iluminado.

Hay dos preocupaciones prácticas más. La fachada del Palacio está deteriorada y con nidos de palomas: la Secretaría de Infraestructura anunció una limpieza previa con personal de la alcaldía certificado en alturas y revisión de canaletas. Y el parque principal sigue con polisombra por una obra que, según el concejal Julián, lleva más de un año sin terminar. Él pidió que se termine antes de diciembre para no adornar una obra inconclusa. También recordó el Papá Noel del año pasado, que funcionó unos tres días.

Lo que quedó pendiente por escrito

  • Fecha oficial de inicio de la expansión, con cronograma por sector (pedida por los concejales Delfín Ramírez, Julián Rodríguez, Brian Bautista y la Presidencia).
  • Estado de los pagos a la interventoría y al operador, con montos en pesos y meses adeudados (concejal Julián Rodríguez).
  • Copia del contrato del alumbrado navideño (concejal Julián Rodríguez).
  • Proyección del aumento de la factura de energía por el alumbrado navideño (concejal Brian Bautista).
  • Copia de los formatos Serie 6 y de las gestiones ante Enel (concejal Delfín Ramírez).
  • Comparativo de consumo y facturación de energía antes y después de la modernización (concejal Juan Manuel Rodríguez, a la Secretaría de Hacienda).
  • Respuesta de la interventoría y de la Comisión de Regulación sobre las UCAP de postes, redes y puestas a tierra.
  • Versión ajustada del estudio técnico de referencia con las correcciones financieras de Hacienda.

Conclusión

La sesión dejó una impresión que no es nueva: Guasca paga un impuesto de alumbrado que, con corte a septiembre, ya superaba los 1.300 millones de pesos, pero los resultados que ve el ciudadano llegan tarde o no llegan. La expansión lleva seis meses en cero. La rebaja de la factura de energía que se prometió con el LED no se ha visto en años. El estudio que definirá la tarifa todavía no tiene un respaldo financiero que convenza a la propia Secretaría de Hacienda. Y hay una deuda con la interventoría que terminó en los juzgados.

Hay que reconocer que esta vez hubo dos cosas concretas: órdenes de compra ya emitidas y una fecha para la expansión. También fue prudente que la administración no presentara un proyecto de tarifas con cifras dudosas. Pero el Concejo ya escuchó fechas en sesiones anteriores, y la confianza se recupera con postes instalados, no con cronogramas.

Para hacer seguimiento, propongo vigilar tres cosas:

  1. Que entre el 15 y el 20 de diciembre lleguen los postes, y que a finales de enero de 2027 estén encendidas las 94 luminarias de Pipo, la Variante, San Isidro y La Floresta.
  2. Que el estudio técnico de referencia llegue al Concejo con la proyección de ingresos comparada con el recaudo real de 2023 a 2025, y que ningún proyecto de tarifa se debata sin ese análisis.
  3. Que la administración entregue el comparativo de facturación de energía y el soporte del trámite ante Enel, incluida la solicitud de devolución retroactiva.

Sobre la Navidad, la pregunta de fondo no es si alquilar o comprar. Es si gastar 245 millones de remanentes en luces de temporada, mientras cuatro sectores siguen a oscuras todo el año, es el mejor uso posible de un impuesto que pagamos todos.

Fuentes

  1. Concejo Municipal de Guasca. Sesión Plenaria Ordinaria No. 078 del 18 de noviembre de 2026 (transmisión en Facebook): https://www.facebook.com/100066793792733/videos/1418462687028429
  2. Decreto 943 de 2018, Ministerio de Minas y Energía (Gestor Normativo de Función Pública): https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=86680
  3. Decreto 943 de 2018, texto compilado (Gestor Normativo de la CREG): https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/decreto_0943_2018.htm

Nota: las cifras y declaraciones de esta entrada provienen de la transcripción de la transmisión pública de la sesión. Se corregirán con el acta oficial cuando esté disponible. Las afirmaciones de los concejales y del contratista se les atribuyen a ellos y no se han verificado de forma independiente.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · Guasca — "El consejero que se forma, transforma su territorio"

miércoles, 18 de noviembre de 2026

Presupuesto 2027 de Guasca | Ponencia Positiva, Con Reparos


Introducción

La Comisión Tercera del Concejo de Guasca aprobó el 18 de noviembre, con los votos de sus tres integrantes, la ponencia positiva al proyecto de presupuesto de 2027 por $32.803 millones. Pero el sí vino cargado de condiciones... el ponente encontró un plan de inversiones que no cuadra con el plan plurianual por cerca de $3.879 millones, metas con plata pero sin nada que entregar y artículos que le darían al Ejecutivo facultades más amplias de las que la ley permite. La administración aceptó algunos reparos y rechazó otros. El debate de fondo quedó para el viernes 20.

Cómo se desarrolló la sesión

La transmisión del Concejo duró 1 hora y 41 minutos. Era la continuación del primer debate en la Comisión Tercera (asuntos fiscales y presupuesto) del Proyecto de Acuerdo 020 de 2026, «por el cual se expide el presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de Guasca, Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027».

Casi toda la sesión fue la lectura de la ponencia por parte del concejal ponente, Julián Rodriguez. Pasada la hora y diez minutos, el concejal Wilmer propuso, con base en el parágrafo primero del artículo 120 del reglamento interno, la «proposición de no lectura»: se iba apenas en la página 27 de 57, había sesión plenaria a las seis y no alcanzaba el tiempo. La comisión la aprobó por unanimidad y le pidió al ponente que leyera solo los ajustes que propone y su decisión final.

La ponencia fue positiva y la comisión la aprobó con tres votos. Sin embargo, no se votó el articulado: el estudio sigue el viernes 20 de noviembre a las 5:00 p. m., ya en debate con la administración, que debe llegar con respuestas por escrito.

Las cifras del proyecto

Según lo leído en la sesión, el presupuesto está equilibrado: ingresos y gastos suman exactamente $32.803.632.000.

Ingresos

  • Ingresos tributarios: unos $14.039 millones.
  • Ingresos no tributarios (incluidas las transferencias): unos $18.735 millones.
  • Recursos de capital: $29,97 millones (rendimientos financieros).

Gastos

  • Funcionamiento: unos $7.780 millones.
  • Servicio de la deuda: unos $2.135 millones.
  • Inversión (POAI 2027): $22.888,8 millones.

En inversión, el sector que más pesa es, de lejos, salud y protección social, con $8.545 millones (buena parte es régimen subsidiado). Le siguen gobierno territorial ($2.783 millones), vivienda (unos $2.900 millones), inclusión social ($1.504 millones), transporte ($1.380 millones), educación ($1.144 millones), ambiente ($1.014 millones), cultura ($970 millones), minas y energía (unos $881 millones), agricultura ($630 millones) y deporte ($595 millones). Al final de la lista quedan comercio, industria y turismo ($81,5 millones), estadística ($70 millones) y trabajo ($5 millones).

Un dato llamativo para un municipio que habla de innovación: ciencia, tecnología e innovación tiene cero pesos en 2027, cuando el plan plurianual le asignaba $50,9 millones.

El primer reparo | el POAI no es el plan plurianual

El plan plurianual de inversiones (PPI) del Plan de Desarrollo preveía para 2027 cerca de $19.010 millones. El plan operativo anual de inversiones (POAI) que llegó con el presupuesto trae $22.889 millones. La diferencia es de $3.878.937.332, alrededor de un 20 % más.

Más plata para inversión no es mala noticia en sí misma. El problema es que el presupuesto debe corresponder al Plan de Desarrollo, y cuando el año de ejecución se separa tanto de lo planeado hay que explicar de dónde sale la diferencia y a qué metas va. Los mayores aumentos que se leyeron fueron en vivienda (unos $1.488 millones), gobierno territorial ($881 millones) y deporte ($194 millones). El ponente pidió unificar las cifras del POAI y del plan de inversiones.

Metas con plata, pero sin entregables

El ponente revisó 218 metas únicas en 16 sectores y encontró tres asuntos que vale la pena seguir:

  • Diez metas tienen programación física en cero pero sí tienen recursos, por $489,2 millones en total (metas 47, 93, 132, 138, 151, 152, 156, 159, 160 y 181). El ponente fue prudente: un cero no prueba por sí solo que el proyecto no exista, porque puede financiar mantenimiento, cierres o productos intermedios. Pero pidió a Planeación que lo explique.
  • Una meta de patrimonio cultural (la 42) aparece codificada como un producto de «eventos deportivos comunitarios», por $20 millones. El ponente lo calificó como un problema de concordancia programática, no como desviación de recursos, y pidió corregir el código en todos los anexos.
  • $29,97 millones de rendimientos financieros no están en una de las columnas del plan de inversiones, aunque sí en el total. No es un hueco de financiación, pero sí una fórmula que hay que corregir.

Gasto público social | falta la comparación

La ley protege el gasto público social: no puede bajar, en proporción, frente al año anterior. El ponente advirtió que el proyecto solo lo define en su artículo 37, pero no trae un comparativo 2026-2027 con la misma metodología. Su conclusión fue equilibrada: sin esa comparación no se puede certificar que se cumpla, pero tampoco afirmar que haya una reducción. Pidió un anexo comparativo.

También pidió seguir cada fuente con destinación específica hasta su uso: la sobretasa ambiental (unos $930 millones que deben transferirse a la autoridad ambiental), la estampilla para el adulto mayor (70 % para centros de vida y 30 % para bienestar), la sobretasa bomberil, los fondos de salud y de agua. Que todo entre a una misma caja no puede borrar para qué es cada peso.

El reparo de fondo | cuánto poder le da el Concejo al alcalde

Este es, a mi juicio, el punto más importante de la sesión. Las disposiciones generales del proyecto (52 artículos) incluyen autorizaciones para que la administración haga traslados, correcciones, incorporaciones y distribuciones por decreto. El ponente reconoció que el Estatuto Orgánico de Presupuesto de Guasca (Acuerdo 089 de 2023) sí permite algunas. Pero recordó que el presupuesto es una decisión del Concejo y que un acuerdo anual no puede trasladarle esa función al Ejecutivo.

Citó como referencia la Sentencia C-036 de 2023. En ella, la Corte Constitucional estudió una norma que permitía a las asambleas dar facultades pro tempore a los gobernadores para modificar el presupuesto, y la declaró contraria al principio de legalidad del presupuesto. El ponente fue cuidadoso: esa sentencia se refiere a los departamentos y no anuló el estatuto de Guasca, pero sus razones sobre la separación de funciones aplican.

Sus propuestas concretas:

  • Eliminar del artículo 47 la facultad de cambiar el objeto, la cuantía o la fuente de un gasto como si fuera una «simple corrección». Corregir un código equivocado es una operación formal; mover plata entre programas cambia la decisión de gasto.
  • Limitar la autorización abierta del artículo 50 sobre incorporaciones, de modo que solo proceda donde la ley lo permita expresamente y lo demás pase por el Concejo.
  • No tratar todas las autorizaciones como una sola: contratar, adicionar, trasladar o comprometer vigencias futuras tienen fuentes y límites distintos.

Y recordó algo clave: 2027 es el último año de este gobierno. La Ley 1483 de 2011 prohíbe a las entidades territoriales aprobar cualquier vigencia futura en el último año de gobierno del alcalde, con excepciones muy puntuales de cofinanciación. En año preelectoral, un presupuesto con facultades amplias es justamente el que más vigilancia necesita.

Lo que respondió la administración

Al final, el funcionario que intervino por la administración (según el contenido, de la Secretaría de Hacienda) respondió punto por punto:

  • Ingresos «corrientes»: aceptó que es un error de forma y que debe decir ingresos totales.
  • Detalle de la inversión dentro del acuerdo: no acoge la recomendación. Sostiene que el Acuerdo 089 de 2023 permite presentarlo como anexo.
  • Actas del CONFIS y del Consejo de Gobierno: dijo que no son obligatorias como soporte, pero se comprometió a enviarlas.
  • Marco fiscal de mediano plazo y crédito: explicó que el crédito ya aprobado no se va a desembolsar en 2026 y por eso se proyecta para 2027; según la administración, no hace falta conciliar nada.
  • Cálculo de los ingresos corrientes de libre destinación, honorarios, sesiones y presupuesto de la Personería: enviará la certificación y lo explicará el viernes.
  • Ajustes al articulado: pidió al ponente una lista taxativa de los cambios, porque la ponencia, «tan extensa», usa fórmulas como «el ponente debería solicitar» y se presta a confusión.

El ponente respondió que los ajustes están en el cuadro de análisis del articulado y en las tres últimas hojas de la ponencia, y pidió respuesta por escrito al día siguiente o antes de la sesión del viernes.

Lo que quedó pendiente por escrito

  1. Respuesta escrita de la administración a cada ajuste propuesto por el ponente (pedida para el 19 de noviembre o antes de la sesión del 20).
  2. Actas del CONFIS y del Consejo de Gobierno sobre el proyecto.
  3. Certificación del cálculo de los ingresos corrientes de libre destinación y de los límites de gasto del Concejo y la Personería.
  4. Explicación de la diferencia de $3.879 millones entre el POAI y el plan plurianual.
  5. Explicación de las diez metas sin programación física y corrección del código de la meta 42.
  6. Anexo comparativo del gasto público social 2026-2027.
  7. Posición de la administración sobre los artículos 47 y 50 (facultades).

Una nota sobre la transparencia del trámite

La proposición de no lectura es legal y, con 57 páginas y una plenaria encima, comprensible. Pero tiene un costo: quienes siguen la transmisión no escucharon el análisis de la mitad del articulado, que es justamente donde están las facultades. Si la ponencia es pública, debería publicarse completa en los canales del Concejo antes del viernes. Así el control ciudadano no depende de haber estado en el recinto.

Hay que reconocer, en la otra orilla, que la ponencia es técnicamente seria. Distingue errores de forma de problemas de fondo, no convierte cada inconsistencia en motivo para negar el presupuesto y se cuida de no afirmar lo que no puede probar. Esa es la vara con la que debería medirse todo control político.

Conclusión

El presupuesto de 2027 de Guasca no está en riesgo por sus cifras gruesas: cuadra, tiene sus instrumentos principales y la ponencia descartó un déficit global. Lo que está en juego es quién decide los cambios durante el año, en el último año de un gobierno y en vísperas electorales. Tres cosas para vigilar el viernes 20 y en el segundo debate:

  1. Si la administración acepta eliminar la «corrección» que permite cambiar objeto, cuantía o fuente (artículo 47) y limitar el artículo 50.
  2. Si llega el comparativo del gasto público social y la explicación de los $3.879 millones de diferencia con el plan plurianual.
  3. Si las diez metas con plata y sin entregables quedan justificadas o se corrigen.

Un Concejo que aprueba con condiciones solo sirve si después verifica que las condiciones se cumplieron. Ahí entramos los ciudadanos.

Fuentes

  1. Concejo Municipal de Guasca. Transmisión en vivo, continuación Comisión III, estudio del P.A. 020 de 2026, 18 de noviembre de 2026. Ver en Facebook.
  2. Corte Constitucional. Sentencia C-036 de 2023. Texto en la relatoría.
  3. Ley 1483 de 2011, vigencias futuras en entidades territoriales. Gestor Normativo de Función Pública.

Nota: las cifras y las intervenciones provienen de la transcripción de la transmisión pública de la sesión; los valores se presentan redondeados y se corregirán con el acta oficial y el texto de la ponencia cuando estén disponibles.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · Guasca
«El consejero que se forma, transforma su territorio»

Guasca Renueva su Comité de Estratificación | ¿Para Qué Sirve?


Introducción

Guasca ya tiene nuevos representantes de la comunidad en el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica para el periodo 2026-2028. Es una instancia poco conocida, pero de ella depende algo que todos pagamos cada mes... el estrato que aparece en las facturas de agua, luz y gas. Aquí explico qué es el Comité, qué no es y qué debe hacer.

Lo que pasó

El 12 de noviembre de 2026, la Personería Municipal de Guasca expidió la Resolución Administrativa 048. Con ella cerró la tercera convocatoria pública (abierta por la Resolución 041 de 2026) y designó a cuatro representantes de la comunidad ante el Comité:

  • María Elvia Rodríguez Rodríguez (urbano)
  • John Freddy Lesmes Fernández (rural)
  • Luis Eduardo Garzón Rodríguez (urbano)
  • Carlos Alberto Galarza Vásquez (urbano), quien escribe esta entrada

El periodo es de dos años, sin reelección en los dos periodos siguientes. Como no se cubrieron todos los cupos, el Comité funcionará por ahora sin paridad numérica entre la comunidad y las empresas de servicios públicos, hasta que la Personería haga una nueva convocatoria.

Falta un paso: el Comité se conforma por decreto del Alcalde. La Personería ya debía remitirle la designación. Cuando la Administración expida ese decreto, se fijará la fecha de instalación.

El Comité no es nuevo. Existe en Guasca por lo menos desde 2013, y su conformación más reciente fue el Decreto 063 de 2020. Lo que se renueva ahora es la representación ciudadana.

¿Qué es el Comité?

La Ley 142 de 1994, que rige los servicios públicos domiciliarios, le asigna al alcalde el deber indelegable de estratificar los inmuebles residenciales del municipio. La misma ley le ordena conformar un Comité Permanente de Estratificación que lo asesore. Su función principal es velar por que las metodologías se apliquen correctamente.

El Modelo de Reglamento que hoy publica el DANE lo define como un órgano asesor, consultivo, de veeduría y de apoyo del alcalde, y como segunda instancia de los reclamos por el estrato asignado. Es creado por la ley y no tiene personería jurídica. Sus miembros ejercen funciones públicas, y por eso responden disciplinariamente.

En Guasca lo integran, con voz y voto:

  • un representante por cada empresa que presta servicios públicos domiciliarios residenciales en el municipio (acueducto, energía, gas);
  • representantes de la comunidad elegidos por convocatoria de la Personería, en un número igual al de las empresas, con al menos uno del sector rural.

El Personero y un Vocal de Control de los servicios públicos participan con voz y sin voto. La Secretaría Técnica la ejerce el funcionario de Planeación responsable de la estratificación.

¿Qué no es?

Aclarar esto evita falsas expectativas:

  • No estratifica. Asignar el estrato es responsabilidad del alcalde, que lo adopta por decreto. El Comité conceptúa y vigila.
  • No cambia estratos por votación. El reglamento lo prohíbe expresamente: ningún estrato distinto al que resulta de aplicar la metodología puede someterse a votación. El Comité no está para hacer favores ni para "bajar el estrato" a quien lo pida.
  • No fija tarifas ni subsidios. Las tarifas salen de las fórmulas de las comisiones de regulación. Los porcentajes de subsidio y contribución los fija el Concejo dentro de los rangos legales. El estrato solo define en qué grupo queda cada vivienda.
  • No reemplaza a la Superintendencia de Servicios Públicos. Si una empresa aplica mal la estratificación, la vigilancia y las sanciones son de la Superservicios. El Comité informa a las autoridades.
  • No es una instancia política. Participar en campañas a cargos de elección popular inhabilita a los representantes de la comunidad.
  • No maneja dinero. No tiene tesorería; los gastos de su funcionamiento corren por cuenta de la Alcaldía.

¿Qué tiene que hacer?

Según la ley y el reglamento, estas son sus tareas principales:

  1. Conceptuar los estudios de estratificación (urbana, de centros poblados y rural) antes de que el alcalde los adopte por decreto.
  2. Resolver las apelaciones de los ciudadanos inconformes con su estrato, con visita de campo.
  3. Observar que las empresas apliquen correctamente los estratos adoptados.
  4. Solicitar a la Alcaldía que actualice la estratificación donde haga falta.
  5. Conceptuar el presupuesto anual de la estratificación antes de que llegue al Concejo.
  6. Vigilar el "concurso económico": el aporte con el que las empresas de servicios públicos cofinancian la estratificación.
  7. Poner en conocimiento de los órganos de control cualquier irregularidad.

Desde la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo), las metodologías las fija el DANE en coordinación con el DNP. El Comité también puede manifestar dudas sobre la correcta realización de la estratificación, para que el DANE emita concepto técnico y, si es el caso, ordene una revisión.

Si no estás de acuerdo con tu estrato

Cualquier persona puede pedir por escrito, en cualquier momento, la revisión del estrato de su vivienda. El trámite tiene dos instancias:

  • Primera instancia: la Alcaldía (Planeación), que tiene dos meses para responder.
  • Segunda instancia: si la respuesta no le satisface, el ciudadano apela ante el Comité, que tiene otros dos meses.

La Superservicios ha precisado que en ambas instancias opera el silencio administrativo positivo: si no responden a tiempo, la solicitud se entiende resuelta a favor del usuario.

Una aclaración necesaria... como miembro del Comité no puedo promover ni tramitar reclamos particulares. El reglamento lo considera una falta. Sí puedo explicar el procedimiento, y eso es lo que hago aquí.

Por qué importa ahora

En abril de 2025, la Procuraduría General de la Nación, mediante la Circular 008 de 2025, pidió a las alcaldías del país actualizar la estratificación, estimar su costo anual, presentarlo al Comité para concepto previo, garantizar que el Comité funcione activamente y exigir a las empresas el número predial en la facturación. Advirtió que en varios territorios la estratificación está desactualizada.

En Guasca hay preguntas concretas que el Comité deberá aclarar con documentos. Según un informe de la Superservicios de 2014, la estratificación urbana vigente en ese momento se adoptó en 1994 y se actualizó en 2003. Uno de los primeros pasos será verificar cuál es la estratificación vigente hoy en la zona urbana, en los centros poblados y en las fincas y viviendas dispersas, y si el concurso económico se está cobrando.

Una estratificación desactualizada no es un asunto técnico menor. Si las viviendas de mayor nivel quedan mal clasificadas, el municipio pierde aportes solidarios. Si hogares de menores ingresos quedan en un estrato superior, pagan de más. En ambos casos se afecta el equilibrio de subsidios y contribuciones del que dependen los prestadores, incluidos nuestros acueductos rurales.

Lo que viene

Mientras se instala el Comité, mi compromiso como representante de la comunidad es concreto:

  • solicitar por escrito la información básica: decretos de estratificación vigentes, reglamento, actas y cuentas del concurso económico;
  • dejar en las actas, con texto completo, cada propuesta y cada desacuerdo;
  • informar a la comunidad, por este medio, lo que se encuentre y lo que se decida.

Conclusión

El Comité Permanente de Estratificación no es un trámite más. Es la instancia que debe garantizar que el estrato de cada vivienda de Guasca corresponda a la realidad y no a la inercia, a la presión o a la conveniencia. No decide tarifas ni reparte favores. Su trabajo es técnico: vigilar la metodología, revisar los reclamos con visitas de campo y exigir que la estratificación se mantenga al día y bien financiada. Su utilidad dependerá de que sesione con regularidad, de que la información circule y de que la ciudadanía sepa que existe. Este periodo empieza con tareas pendientes, y la primera es saber con precisión en qué estado está la estratificación del municipio.

Fuentes

  1. Ley 142 de 1994, artículos 101 a 104. https://normograma.com/crc/compilacion/docs/ley_0142_1994.htm
  2. Ley 732 de 2002, modificada por la Ley 2294 de 2023. https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/ley_0732_2002.htm
  3. Ley 2294 de 2023, Plan Nacional de Desarrollo, artículos 309 a 311. https://normograma.com/crc/compilacion/docs/ley_2294_2023.htm
  4. DANE, Modelo de Reglamento del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica. https://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/Modelo_de_Reglamento_CPE.pdf
  5. Decreto 007 de 2010 (concurso económico). https://www.dane.gov.co/files/dig/Decreto_007_2010.pdf
  6. Superservicios, Concepto 516 de 2021. https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/concepto_superservicios_0000516_2021.htm
  7. Procuraduría General de la Nación, comunicado del 22 de abril de 2025 sobre la Circular 008 de 2025. https://camacol.co/sites/default/files/descargables/COMUNICADO%20DEPRENSA%20PROCURADURIA_ABRIL_25.pdf
  8. Superservicios, Evaluación integral de prestadores, ECOSIECHA S.A. E.S.P., noviembre de 2014. https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/2014empresadeacueductoalcantarilladoyaseodeguascasaespecosiechasaesp12.12.14.pdf
  9. Personería Municipal de Guasca, Resolución Administrativa 048 del 12 de noviembre de 2026, y Oficio 2026-PMGS-595 del 17 de noviembre de 2026.
  10. Alcaldía de Guasca, Decreto 063 del 22 de julio de 2020.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · Guasca

"El consejero que se forma, transforma su territorio"

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