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Comisión Tercera, sesión No. 09
$322 millones en traslados y $5.179 millones en vigencias futuras pasan a plenaria
Resumen pormenorizado de la sesión del 20 de octubre de 2026 (extraordinarias) · Por Carlos A. Galarza
Introducción
El martes 20 de octubre, a las 6:15 de la tarde, se instaló la Sesión No. 09 de la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Asuntos Fiscales del Concejo de Guasca. Fue parte de las sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde, que radicó cuatro proyectos de acuerdo. La sesión duró casi cinco horas, se transmitió por Facebook y por la emisora institucional, y se declaró en sesión permanente al cumplir cuatro horas, como lo exige el reglamento interno.
Estuvieron tres concejales de la Comisión. La concejala Ana Elodia León Rueda (Partido Conservador) se excusó por incapacidad. El orden del día tuvo dos puntos de fondo: el Proyecto de Acuerdo 017 de 2026 (traslados presupuestales) y el Proyecto de Acuerdo 016 de 2026 (vigencias futuras ordinarias). Los dos fueron aprobados en primer debate y pasan a plenaria.
1. PROYECTO DE ACUERDO 017: TRASLADOS POR $322.803.000
El ponente fue el concejal Wilmer Beltrán Contreras. El proyecto no trae plata nueva ni aumenta el presupuesto: quita recursos de unos programas (contracréditos) y los pasa a otros (créditos) por el mismo valor.
De dónde sale la plata:
- Agricultura, meta 100, eventos de integración campesina (ferias): $80.000.000
- Cultura, patrimonio cultural: $30.000.000
- Turismo, página web turística: $5.000.000
- Vivienda, ciudad y territorio (vivienda, ordenamiento territorial y alcantarillado): $138.750.000
- Inclusión social, primera infancia (meta de trabajo infantil): $63.053.000
- Gobierno territorial (saldos): $6.000.000
A dónde va:
- Transporte, recebo para vías terciarias (meta 158): $144.750.000
- Ambiente, cambio climático y fenómeno de El Niño: $30.000.000
- Cultura, escuelas de formación (dotación y circulación): $35.000.000
- Inclusión social, atención a población con discapacidad: $63.053.000
- Gestión del riesgo, atención de desastres: $50.000.000
Total en cada lado: $322.803.000
La ponencia: positiva, pero con observaciones
El ponente concluyó que el proyecto es legal y que las cifras cuadran. Pero dejó tres observaciones de fondo:
- En el expediente no estaba el acta del Consejo de Gobierno que aprueba el ajuste al POAI, como exige el artículo 15 del Acuerdo 089 de 2023 (Estatuto Orgánico de Presupuesto).
- Había un error en el Anexo 2: unos $44.750.000 para recebo quedaron asignados a la meta 126 (vivienda) y no a la meta 158 (material granular).
- Recomendó incorporar los anexos al articulado, para que el detalle de fuentes y metas quede amarrado en el acuerdo.
La Secretaría de Hacienda aceptó el cambio de título, el nuevo considerando y la corrección de la meta. Se comprometió a entregar el acta del Consejo de Gobierno al día siguiente; explicó que no la había adjuntado porque la secretaria del despacho no estaba ese día. No aceptó incorporar los anexos al articulado, con base en el artículo 72 del mismo estatuto. También se corrigió el Anexo 1 para incluir la descripción de la meta 127, que faltaba según señaló el concejal Julián Rodríguez.
Lo que explicó cada dependencia
- Desarrollo económico y ambiente: los $80 millones de las ferias campesinas se reorientan. Van $50 millones a recebo y $30 millones a comprar entre 10 y 12 motobombas portátiles con 100 metros de manguera. Irían a las juntas de acción comunal de las veredas cercanas al páramo, ante el riesgo de El Niño a finales de noviembre. La secretaria citó requerimientos de la Procuraduría y una reunión con el gobernador. También reconoció que la feria equina no se hizo: con $80 millones no alcanzaba para dos eventos, y los ganaderos reclamaron trato igual al de los caballistas.
- Cultura y turismo: más dotación para las escuelas de formación y recursos de circulación (orquesta a Sogamoso, banda a Soacha y danzas a Cájica, entre otros). La página web turística, según el secretario, ya está casi lista.
- Infraestructura: con dos cuadrillas completas en campo, falta material. Se proyectan entre 30 y 32 km de mantenimiento, incluido un mes más de vibrocompactador. Los sectores priorizados son Trinidad, San Francisco, Betania, Santa Ana Alta, La Concepción, El Salitre, Pueblo Viejo, Volcán, Pastor Ospina y Agua Caliente.
- Gestión del riesgo (Planeación): $30 millones para un convenio solidario con la JAC de Pericos, para manejar los drenajes en la zona de remoción en masa. La funcionaria aclaró que estas acciones no resuelven el problema de fondo. Otros $20 millones irán a un contrato de suministro de logística para emergencias (alimentación, combustible, traslados). La misma funcionaria reconoció que ese contrato debía existir desde enero y que se está haciendo tarde.
- Desarrollo social: los $63 millones son para el contrato con la Beneficencia de Cundinamarca, que atiende a siete guasqueños (adultos mayores y personas con discapacidad). Se pagan cerca de $2,1 millones al mes por cada adulto mayor y $2,3 millones por cada persona con discapacidad. El contrato vigente vencía el 21 de octubre y el nuevo depende de este traslado.
El debate
El concejal Julián Rodríguez fue el más incisivo. Leyó un oficio que la Secretaría de Agricultura había enviado al Concejo el 15 de octubre. En él se decía que los recursos de las ferias ya se habían trasladado a recebo e insumos, cuando el Concejo aún no había aprobado nada. La secretaria lo reconoció como un error de redacción hecho por el afán de responder.
Julián Rodríguez también pidió por escrito para la plenaria:
- el concepto técnico sobre Pericos;
- las comunicaciones de Procuraduría y Gobernación;
- un cronograma de contratación;
- la explicación de por qué no se ejecutaron los recursos que ahora se retiran.
Preguntó si Pericos no ameritaba una declaratoria de calamidad pública. Propuso fortalecer a Defensa Civil y Bomberos, que según él "trabajan con las uñas". Y sugirió desvincular la meta 100 para no sacrificar las fiestas campesinas.
Otros concejales preguntaron cómo se van a entregar las motobombas: si en comodato, con qué acta, con qué capacitación y quién responde si hay un accidente. Ese es un punto de corresponsabilidad del municipio que quedó planteado y que la plenaria debería exigir por escrito.
La Oficina Jurídica estimó los tiempos de contratación así: una semana para las adiciones, unos diez días hábiles para las compras por acuerdo marco y entre cinco y quince días para el convenio solidario. Un concejal recordó que, si la plenaria aprueba hacia el 31 de octubre, quedan unos 55 días para comprometer todo.
Votación: el proyecto pasó a plenaria con tres votos a favor, ya con su nuevo título: "Por medio del cual se efectúan traslados en el presupuesto de gastos de inversión del municipio de Guasca para la vigencia fiscal 2026".
2. PROYECTO DE ACUERDO 016: VIGENCIAS FUTURAS POR $5.179.604.032
El ponente fue el presidente del Concejo, Julián Andrés Rodríguez Barrantes. El proyecto pide autorizar al alcalde para comprometer vigencias futuras ordinarias en cuatro proyectos:
- Construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), 8 meses, con recursos del convenio ICCU 1424-2025: $2.479.580.418
- Adecuación y reforzamiento estructural de la sede antigua de la IED Mariano Ospina Rodríguez (fase 1), 7 meses, con crédito: $1.716.460.305
- Subestación de 150 kVA del Centro de Economía Social Campesina, 7 meses, con crédito: $692.214.816
- Estudios y diseños de la vía Hortifrut – IED El Carmen, 4 meses, con crédito: $291.348.493
Total: $5.179.604.032
La ponencia: un documento técnico y exigente
Su hallazgo central es una contradicción. El artículo 1 pide autorización para comprometer recursos "a ejecutarse en la vigencia 2027". Pero la tabla asigna el 100% de cada proyecto a 2026 y deja la columna de 2027 en cero. Por eso, según el ponente, el cupo no se puede verificar.
Además, la ponencia advirtió lo siguiente:
- El artículo 2 autoriza al alcalde a incorporar apropiaciones en el presupuesto 2027. Así redactado es demasiado abierto y podría vulnerar el artículo 345 de la Constitución. Propuso que esas apropiaciones vayan en el proyecto de presupuesto 2027 que estudia el Concejo.
- El artículo 3 podría leerse como una "prórroga encubierta" del cupo.
- El artículo 124 del Estatuto exige que los contratos se firmen y empiecen a ejecutarse en 2026, y solo quedan unas diez semanas. Por eso pidió un cronograma creíble por contrato.
- Faltaban documentos: una matriz por proyecto y fuente, los CDP, los soportes del crédito, el convenio con el ICCU, el concepto de planeación para el CDI y la corrección de metas mal asociadas.
Citó un fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá (2023): si todo el recurso está apropiado en el año inicial y no se afecta el presupuesto siguiente, no hay propiamente una vigencia futura. Su ponencia fue positiva pero condicionada a esas correcciones y soportes.
La respuesta de la administración
Hacienda aceptó varios cambios:
- un nuevo considerando sobre el acta 026 del CONFIS (13 de octubre);
- cambiar "importancia estratégica" por "importancia prioritaria";
- corregir la meta 007 de educación y unificar los nombres de los proyectos según el Banco de Proyectos;
- un nuevo artículo que obliga a informar al Concejo, a más tardar el 31 de enero de 2027, sobre el uso del cupo.
Este último artículo quedó sin los informes trimestrales que proponía el ponente: Hacienda dijo que ese seguimiento ya no es de su competencia.
No aceptó modificar los artículos 1, 2 y 3, ni la exigencia de concepto de planeación departamental para el CDI, porque sostiene que es un proyecto municipal. Sus argumentos fueron estos:
- El 100% de los recursos ya está en el presupuesto 2026. Lo que se busca es poder ejecutarlos en 2027; al cierre pasarían como recursos del balance.
- La Procuraduría, desde la Circular 26 de 2011, pide no abusar de las reservas presupuestales y tramitar vigencias futuras cuando se sabe que un contrato pasará de año.
- Sin el artículo 2, el alcalde tendría que volver al Concejo en enero para adicionar los recursos, lo que retrasaría contratos ya firmados.
Julián Rodríguez insistió en que precisamente quiere que esos recursos vuelvan al Concejo, como garantía de control.
La sustentación técnica
La secretaria de Planeación e Infraestructura explicó la historia del CDI:
- El convenio con el ICCU se firmó el 7 de noviembre de 2025, con diseños tipo.
- En enero de 2026 la Gobernación exigió el aval del ICBF.
- El ICBF hizo observaciones de fondo sobre la arquitectura.
- El municipio destinó unos $80 millones al rediseño.
Ahora se propone un solo contrato de ajuste de diseños más construcción. Advirtió que, si no se ejecuta, la Gobernación podría reasignar esos recursos a otro municipio.
Sobre los demás proyectos:
- La sede antigua del colegio está cerrada desde 2024 y afecta a unos 570 estudiantes del bloque B.
- El Centro de Economía Social Campesina está terminado desde 2025 pero no funciona por falta de energía suficiente.
- Los diseños de la vía Hortifrut – El Carmen incluyen componente ambiental y señalización.
Para la interventoría del CDI mencionó un valor de $180.419.580. La tabla del artículo 1 no muestra esa interventoría por separado, como también había observado el ponente.
Las preguntas que quedaron en el aire
- ¿Qué pasa si los $2.479 millones del CDI no alcanzan? ¿Pone el municipio la diferencia? Un concejal recordó promesas de la Gobernación que luego exigieron contrapartida municipal.
- ¿Quién paga la operación y los servicios públicos del CDI?
- ¿Por qué unir en un solo contrato interadministrativo (cerca de $2.400 millones) la obra del colegio y la subestación del Centro Campesino, que no tienen nada que ver entre sí? Julián Rodríguez recordó que el contrato del parque principal, de unos $300 millones, todavía no se ha terminado.
- ¿Hasta dónde llega realmente la vía "hasta El Carmen"? ¿Por qué una consultoría se asocia a una meta de metros cuadrados pavimentados?
- ¿Se trata, en el fondo, de "amarrar" los proyectos para ejecutarlos en 2027, si el empréstito preveía tener todo contratado mucho antes?
La Oficina Jurídica respondió algunas de estas preguntas:
- El contrato único se justifica por economía y celeridad, y la entidad contratista tiene capacidad para ambas obras.
- El alcance de la vía lo definirán los propios estudios.
- El "monto agotable" busca evitar adiciones posteriores. Si sobran recursos, se devuelven.
- La subestación servirá a todo el complejo, incluido el futuro CDI, y quedará energizada.
- Los prepliegos de la licitación del CDI ya están publicados; solo falta la autorización de vigencias futuras para abrirla.
Las demás respuestas, cronogramas, CDP y contratos quedaron comprometidos por escrito antes de la plenaria.
Votación: las modificaciones aceptadas se aprobaron por unanimidad. Luego el proyecto pasó a plenaria, también por unanimidad de la Comisión.
3. PROPOSICIONES
Se aprobó la proposición del concejal Julián Rodríguez para invitar a la Defensa Civil y al Cuerpo de Bomberos a la sesión plenaria en la que se estudien los traslados. Se levantó la sesión pasadas las 11 de la noche.
CONCLUSIÓN
Hay que reconocer lo bueno: las dos ponencias, sobre todo la de vigencias futuras, son un ejemplo de lo que debe ser el control presupuestal. Están documentadas, citan norma y jurisprudencia, y ponen el dedo en contradicciones reales. Esa es la deliberación que un municipio necesita.
Pero hay que decir lo otro con la misma claridad. La Comisión aprobó ambos proyectos mientras faltaban documentos que los propios ponentes llamaron indispensables: el acta del Consejo de Gobierno, los cronogramas, los CDP, los soportes del crédito y la respuesta escrita sobre el manejo de los recursos en 2027. Los artículos 1, 2 y 3 del Proyecto 016, que eran el corazón de las observaciones, quedaron como los presentó la administración. Si la ponencia condicionaba su aprobación a esos ajustes y esos ajustes no se hicieron, la plenaria tiene la obligación de resolver esa tensión antes de votar, no después.
Queda también una pregunta de planeación que va más allá de un acuerdo. Ferias que no se hicieron, un oficio que daba por hecho un traslado no aprobado, un contrato de emergencias que "debía existir desde enero", un convenio de la Beneficencia que vencía al día siguiente y obras financiadas con un empréstito que llegan a octubre sin contratar. Ese patrón revela que se está gobernando a contrarreloj. Las diez semanas que quedan del año dirán si estos recursos se convierten en obras o en reservas.
Como ciudadano y consejero territorial de planeación, invito a seguir la plenaria y a exigir que todos los documentos prometidos se publiquen. El control social empieza por leer lo que se aprueba en nuestro nombre.
Nota metodológica: este resumen se elaboró a partir de la transcripción automática de la transmisión pública de la sesión (Facebook del Concejo Municipal de Guasca, 20 de octubre de 2026, 4 h 52 min). Las cifras se cotejaron entre sí y con las sumas leídas en la sesión. El documento oficial es el acta de la Comisión.
