miércoles, 2 de septiembre de 2026

EL DESARROLLO SOCIAL DE GUASCA BAJO EXAMEN, Sesión 5: 15 de Agosto | TRANSPORTE ESCOLAR, DISCAPACIDAD Y EL CLIMA LABORAL EN LA SECRETARÍA

 

EL DESARROLLO SOCIAL DE GUASCA BAJO EXAMEN
 TRANSPORTE ESCOLAR, DISCAPACIDAD Y EL CLIMA LABORAL EN LA SECRETARÍA

Introducción

La Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Guasca abrió uno de los debates más sensibles y cercanos para la comunidad... la evaluación del estado y los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social. Ante la plenaria, el secretario Yesid Nemocon presentó un balance detallado del trimestre, respondiendo a un riguroso cuestionario planteado por los concejales sobre el transporte escolar, la ejecución de las metas, la atención a poblaciones vulnerables y los desafíos internos de su oficina.

A continuación, se detallan los temas clave y las realidades expuestas durante esta intensa jornada:

1. El debate de las rutas escolares y la seguridad vial

El transporte escolar fue uno de los temas más álgidos de la sesión. El programa beneficia actualmente a 525 estudiantes del municipio, distribuidos en 308 alumnos de la Institución Educativa El Carmen, 109 del Colegio Domingo Sabio y 109 de la Institución Educativa Mariano Ospina Rodríguez.

Los concejales denunciaron graves sobrecupos en las rutas, detallando casos específicos donde microbuses con capacidad para 25 personas transportaban hasta 40 estudiantes, obligando a muchos de ellos a viajar de pie. Asimismo, se criticó la impuntualidad, reportando buses que llegaban a las instituciones a las 7:02 a.m. o 7:03 a.m., retrasando el ingreso regular a clases y entorpeciendo la labor de los docentes en la primera hora.

La alarma por la seguridad vial aumentó al revelarse que se presentó el estallido de una llanta trasera de un bus escolar justo frente al Colegio Domingo Sabio, coincidiendo con una de las visitas de inspección de los concejales. Ante el desgaste evidente de los neumáticos de la flota, los cabildantes exigieron la implementación de una lista de chequeo diaria (checklist) obligatoria para verificar el estado de llantas, luces, frenos y líquidos antes de iniciar los recorridos.

El secretario se comprometió a coordinar un acompañamiento técnico semanal con el ingeniero mecánico de la Secretaría de Infraestructura para estructurar estas listas de control preventivo. Finalmente, se aclaró que, aunque no existe un contrato directo entre el municipio y la transportadora (sino una alianza voluntaria donde los padres autorizan transferir el valor de sus bonos de 60, 80 o 100 mil pesos directamente al operador), la administración ejerce una veeduría sobre las pólizas de responsabilidad de la flota.

2. La paradoja de las ejecuciones físicas y financieras

Varios concejales cuestionaron la disparidad entre las ejecuciones reportadas en el plan de desarrollo, donde algunas metas muestran un avance físico muy elevado frente a un bajo porcentaje financiero. El secretario Yesid explicó que esta diferencia es normal y obedece al rezago en el cobro de cuentas o al esquema de pagos de los contratos.

Por ejemplo, en el caso del transporte escolar, la meta registra un 86% de avance físico pero solo un 41% de ejecución financiera debido a que la operación inició en marzo y la alcaldía apenas ha realizado el primero de los tres giros pactados con la transportadora, desembolsando 356 millones de pesos de las cuentas municipales. Ocurre un retraso similar con el contratista de la alimentación de adulto mayor, quien ha presentado demoras en la radicación mensual de sus cuentas de cobro, desalineando temporalmente las estadísticas de gasto real frente a los días de raciones efectivamente entregadas.

3. Discapacidad | El nuevo Centro de Vida Sensorial y el "Plan Padrino"

Un hito fundamental para el municipio es la inminente entrega del nuevo Centro de Vida Sensorial (CAD) proyectada para el mes de noviembre, el cual ha sido catalogado por el departamento como una de las infraestructuras de inclusión más grandes para un municipio de sexta categoría. No obstante, debido a la escasez de recursos presupuestales, el centro se recibirá sin mobiliario. El secretario Yesit solicitó la gestión activa de los concejales ante la Gobernación de Cundinamarca para asegurar los recursos de dotación técnica y no dejar el edificio inactivo.

Por otro lado, ante la falta de presupuesto público para la alimentación del grupo de la Unidad de Atención Integral (GUAI), la secretaría ha implementado con éxito el "Plan Padrino" para garantizar el refrigerio de los niños que asisten de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m.. El secretario agradeció públicamente el apoyo del sector privado, destacando de manera especial a la empresa Ortifut, que dona semanalmente 16 kilos de fruta fresca para preparar los jugos y meriendas de los beneficiarios.

4. Colombia Mayor | Cancha de tejo y la frustración de la lista de espera

El municipio atiende a 160 adultos mayores inscritos en el Centro Día Semillas de Amor. En respuesta a sus peticiones de esparcimiento, el secretario Yesid anunció la destinación de 53 millones de pesos para la adecuación de una cancha de tejo reglamentaria en el centro. El recurso alcanzará para la construcción del piso y la zona de juego, aunque el techado del escenario deberá presupuestarse para la vigencia del próximo año debido a los elevados costos de los materiales.

Sin embargo, la mayor dificultad del programa radica en que existen cerca de 70 adultos mayores en lista de espera. Al respecto, se aclaró que los cupos están congelados en 233 beneficiarios y su ampliación depende exclusivamente del Gobierno Nacional, el cual no prioriza a Guasca debido a que el municipio está catalogado con un nivel de desarrollo Sisbén superior en comparación con otras regiones vecinas que presentan necesidades básicas insatisfechas mucho más críticas.

5. Retrasos en los certificados de sanidad para comerciantes

Frente a las quejas por la demora de más de dos meses en la entrega de respuestas a las peticiones de certificados de sanidad de los establecimientos de comercio de Guasca, la secretaría expuso que la administración municipal no tiene facultades de inspección sanitaria directa.

Estas visitas dependen exclusivamente de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, entidad que tuvo un prolongado vacío en la contratación del inspector asignado al sector de Sopó, La Calera, Guatavita y Guasca. Esto generó represamientos masivos que obligaron a la oficina local a responder las peticiones explicando el retraso departamental y reiterando constantemente las solicitudes vía correo electrónico apenas se normalizó el contrato del inspector.

6. El ambiente laboral y las dificultades de transporte de los profesionales

La plenaria del Concejo abordó con preocupación los roces e incidentes de rivalidad interna reportados públicamente entre algunos contratistas profesionales de la oficina de Desarrollo Social. El secretario Yesid admitió que los conflictos son recurrentes debido a la diversidad de caracteres en un equipo de más de 40 personas, pero confirmó que ya realizó mesas de conciliación privada con los grupos de discapacidad y adulto mayor. Advirtió con firmeza que se evaluará la permanencia y renovación de los contratos de aquellos profesionales que persistan en generar tensiones que afecten la calidad de los programas comunitarios.

A su vez, se debatió sobre las limitaciones logísticas que enfrentan los psicólogos y trabajadores de campo para llegar a las veredas más distantes, puesto que la oficina no cuenta con un vehículo propio y depende de que les presten la camioneta Nissan Navara de la alcaldía únicamente los jueves por la mañana. Ante esto, muchos profesionales terminan pagando de su propio bolsillo transporte o el secretario debe movilizarlos en su carro particular.

El Concejo propuso evaluar la viabilidad de un convenio de transporte o la asignación de un vehículo permanente para la secretaría, facilitando las visitas rurales y eliminando el riesgo de que personas ajenas suplanten la identidad de los funcionarios públicos en el territorio.

El limbo de la Perimetral de Oriente, POB | El traumático fin del asfalto privado y el reto de la gestión estatal

 

"El riesgo de la terminación anticipada de la concesión
 es la eventual falta de capacidad financiera y administrativa 
para que la vía sea completada y mantenida en condiciones de seguridad
 y calidad para los usuarios".
 Consuelo Araújo, Presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).


El limbo de la Perimetral de Oriente
 El traumático fin del asfalto privado y el reto de la gestión estatal

Introducción

La liquidación y entrega oficial del megaproyecto de Cuarta Generación (4G) Perimetral de Oriente de Cundinamarca (POB) al Estado colombiano el pasado 12 de junio de 2026 marca un hito agridulce en la historia de la infraestructura nacional. Lo que nació en julio de 2014 como una ambiciosa solución de 152 kilómetros para desviar el tráfico pesado de la Vía al Llano hacia el norte del país sin asfixiar a Bogotá, hoy se ha convertido en un laberinto de inestabilidad geológica, peajes colapsados y un hueco fiscal histórico de más de 1,3 billones de pesos tras una condena arbitral contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

¿Cómo una de las "victorias tempranas" de las Alianzas Público-Privadas (APP) se transformó en una vía hacia el fracaso? Y, sobre todo, ¿a qué se enfrentan las comunidades de La Calera, Sopó, Guasca, Choachí y Cáqueza ahora que el concesionario privado se ha ido y el Invías ha tomado el control?

El origen de la parálisis | Agua vs. Cemento

La debacle del proyecto se gestó desde sus estudios preliminares. La ANI estructuró la licitación asegurando que en el corredor no existían cuerpos de agua que interfirieran con el trazado. Sin embargo, la realidad de la cordillera andina se impuso... estudios técnicos independientes revelaron la presencia de entre 66 y 70 manantiales críticos en un radio inferior a 100 metros del diseño de la vía, específicamente en las Unidades Funcionales (UF) 4 y 5.

Dado que la legislación colombiana prohíbe de manera estricta cualquier intervención vial en zonas de protección de fuentes hídricas, las autoridades ambientales (CAR, Corpoguavio y Corporinoquia) negaron rotundamente las licencias. El resultado...el bloqueo absoluto de las obras entre Choachí y Cáqueza, tramos que representaban el 60% de la inversión proyectada y el 58% del recaudo esperado por peajes. Sin viabilidad ambiental ni cierre financiero, el concesionario demandó al Estado en octubre de 2020 ante un tribunal internacional, el cual falló a su favor eximiéndolo de responsabilidad y condenando a la ANI por mala planificación en la estructuración.

La transición de papel | ¿Qué dejó la salida del privado?

Aunque la ley resolvió la disputa contractual, dejó la vía a medio hacer, registrando un avance físico generalizado de apenas el 43,22%. Al concretarse la reversión, las entidades públicas (Invías, Gobernación de Cundinamarca y el municipio de La Calera) asumieron la administración de un corredor fracturado:

  1. Un circuito roto e incompleto: La producción agropecuaria y láctea de municipios de la provincia del Guavio, como Guasca, ha quedado comercialmente segregada. Ante la no construcción de las UF 4 y 5, los transportadores están obligados a seguir cruzando la deprimida malla vial del sur de Bogotá, encareciendo los fletes y arriesgando la calidad de los alimentos perecederos por los prolongados tiempos de entrega.
  2. Inestabilidad geológica desatendida: El abandono de laderas a medio excavar y la suspensión de obras hidráulicas complementarias por parte del concesionario han dejado 53 puntos críticos de inestabilidad geológica en las UF 4 y 5, amenazando con desprendimientos masivos sobre las comunidades rurales. Asimismo, tramos clave como la transversal Salitre-Guasca sufren inestabilidad de taludes y pérdida de banca, ahora sin el músculo financiero privado para su mantenimiento mayor.
  3. Bloqueos y descontento social: Los habitantes de Cáqueza, Choachí y Ubaque han protagonizado paros intermitentes en la Vía al Llano, exigiendo al Invías y a la ANI reparar las vías secundarias dañadas por el tránsito de maquinaria pesada durante el fallido megaproyecto.

El colapso inmediato | El "efecto dominó" en los peajes

El síntoma más directo y caótico de la "nacionalización" de la Perimetral de Oriente se vivió en las casetas de recaudo de Los Patios, La Cabaña y Sopó. Al asumir el control estatal a las 00:00 horas del 13 de junio de 2026, el Invías suspendió de manera temporal la lectura del recaudo electrónico vehicular (IP/REV) y el pago con datáfonos debido a retrasos administrativos en la contratación de redes financieras. Miles de conductores se vieron obligados a pagar la tasa estrictamente en efectivo, desatando embotellamientos viales monumentales en las horas pico.

Para complicar el panorama financiero, el descontento social motivó una Acción Popular que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió ordenando la exoneración total del pago del peaje Los Patios por el término de un año para los habitantes de La Calera. Esta medida fue implementada formalmente por el Invías mediante la Resolución No. 3257 del 8 de julio de 2026.

La descapitalización de la vía | El verdadero reto del Estado

La combinación de la exención temporal de Los Patios y la parálisis tecnológica transitoria en el recaudo electrónico descapitalizan de inmediato el fondo de mantenimiento de la vía. El Invías anunció una inversión de $9.000 millones en un plan de Gestión Vial Integral para atender tramos nacionales, pero esta cifra resulta minúscula frente a las necesidades reales de bacheo, iluminación y remoción de derrumbes invernales.

El presupuesto general de la Nación no cuenta con fondos adicionales para subsidiar permanentemente este corredor. Al perderse el modelo de financiamiento privado de las APP viales, el riesgo de mediano plazo es inminente... que lo que se diseñó para ser una moderna y segura autopista de cuarta generación (4G) termine degradándose en una precaria y peligrosa vía secundaria estatal.

La Perimetral de Oriente es hoy el ejemplo de que en infraestructura no basta con pavimentar; un estudio ambiental deficiente y un divorcio con las necesidades de las comunidades locales terminan costando billones de pesos que pagan, directamente, todos los colombianos.

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