"Debe haber ojos sobre la calle...
los ojos de sus propietarios naturales."
Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades (1961).
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Cámaras que nadie ve
Una propuesta para repensar la videovigilancia en Guasca
Menos inauguraciones, más cámaras funcionando: Un modelo mixto de seguridad para nuestro municipio
Introducción
En Colombia, más del 40% de las cámaras de videovigilancia instaladas con recursos públicos están fuera de servicio, según el informe más reciente del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de la Policía Nacional: de 26.679 cámaras instaladas en el país, 11.716 no funcionan. En Bogotá, la Contraloría Distrital detectó irregularidades por miles de millones de pesos en contratos de mantenimiento que dejaron casi la mitad del sistema inoperante. Villavicencio, Cúcuta, Cartagena...el patrón se repite en todo el territorio nacional.
Guasca no es la excepción. Cualquier habitante del municipio sabe que las cámaras instaladas en nuestras calles fallan con frecuencia, y que cuando funcionan, no siempre hay quién las esté observando. Cada administración invierte en equipos, se toma la foto de la inauguración, y unos años después el ciclo vuelve a empezar... cámaras muertas, plata enterrada, y la delincuencia intacta.
El problema no es la cámara: es el modelo
Es tentador concluir que "las cámaras no sirven". Pero esa conclusión es imprecisa, y las conclusiones imprecisas producen soluciones equivocadas. Lo que no sirve es el modelo de compra sin ciclo de vida... se presupuesta la adquisición y la instalación —lo visible, lo inaugurable— pero no el mantenimiento, la conectividad, el almacenamiento de video ni el monitoreo humano permanente. Una cámara sin mantenimiento muere en pocos años. Y una cámara que nadie observa en tiempo real no previene ningún delito... en el mejor de los casos, sirve como evidencia después de ocurrido el hecho, y solo si estaba grabando.
Mientras tanto, las cámaras privadas —las de la tienda, la ferretería, la casa de familia— suelen funcionar. ¿Por qué? No porque sus dueños las vigilen todo el día. Funcionan por una razón mucho más sencilla: el dueño tiene incentivo para mantenerlas. Es su inversión, su casa, su negocio. Cuando ocurre un hecho, el video existe y se puede entregar a las autoridades. Ese incentivo de propiedad es la clave que el modelo público ha ignorado, y es la base de la propuesta que presento a continuación.
Una propuesta en cuatro componentes
Diagnóstico público antes que cualquier peso adicional. El primer paso no es comprar nada...es saber qué tenemos. En ejercicio de mi rol de veeduría, radicaré un derecho de petición ante la Alcaldía y la Estación de Policía solicitando el inventario completo de cámaras del municipio, su estado operativo actual, el historial de contratos de adquisición y mantenimiento, y el esquema de monitoreo existente. Esa información es pública y la ciudadanía tiene derecho a conocerla. Publicaré los resultados en este espacio.
Menos cámaras públicas, pero funcionando siempre. Es preferible un número reducido de cámaras en los puntos verdaderamente críticos —accesos al casco urbano, parque principal, corredores de mayor incidencia delictiva— con contrato de mantenimiento preventivo permanente y monitoreo garantizado, que decenas de equipos muertos colgados de los postes. La métrica de éxito de una administración no debe ser cuántas cámaras instaló, sino qué porcentaje está operativo cada mes.
Integrar las cámaras privadas que ya existen. Ciudades como Cartagena han puesto en marcha convenios voluntarios para que los establecimientos y hogares cuyas cámaras apuntan hacia el espacio público las articulen con el sistema de la Policía. El costo para el municipio es mínimo: no compra equipos ni asume su mantenimiento; solo construye el registro de cámaras aliadas y los protocolos de entrega de video. En Guasca ya existe una red de videovigilancia privada funcionando mejor que la pública. Aprovechémosla.
Fortalecer los Frentes de Seguridad con equipamiento colectivo. Los Frentes de Seguridad Local, coordinados por la Policía Nacional, son la figura legal existente para la participación comunitaria en seguridad. Bogotá ya ha entregado cámaras y equipos tecnológicos a sus Frentes de Seguridad y Redes de Cuidado. El equipamiento se entrega a la estructura colectiva —con acta, con coordinación policial, con reglas claras de tratamiento de datos personales— y no a personas individuales, lo que protege tanto a la comunidad como el patrimonio público. Adicionalmente, puede estudiarse un esquema de cofinanciación en el que el municipio subsidie parcialmente cámaras que el ciudadano adquiere y posee, preservando el incentivo de propiedad que hace que las cámaras privadas funcionen.
El canal institucional: que la propuesta no se quede en el aire
Esta propuesta tiene un destino concreto...el Comité Territorial de Orden Público de Guasca y el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), con financiación del Fondo Territorial de Seguridad (FONSET), que se alimenta de la contribución especial sobre los contratos de obra pública que ya se ejecutan en el municipio. No se trata de pedir plata nueva... se trata de que la plata que ya existe deje de enterrarse en equipos que mueren solos y se invierta bajo un modelo que ha demostrado funcionar en otras ciudades del país. El nuevo énfasis del Gobierno nacional entrante en seguridad urbana abre, además, una ventana de oportunidad para que los municipios lleguen a esa conversación con propuestas serias y estructuradas, no con las manos vacías.
Conclusión
La discusión sobre las cámaras de Guasca no debe ser un pulso entre quienes defienden a la administración y quienes la atacan. Debe ser una conversación técnica sobre un modelo agotado... comprar equipos sin presupuestar su vida útil es, en la práctica, un riesgo de detrimento del patrimonio público, y así lo han señalado los organismos de control en todo el país.
La alternativa existe, es legal, tiene precedentes en Colombia y cuesta menos de lo que hoy se pierde... pocas cámaras públicas bien mantenidas, integración de la red privada existente y Frentes de Seguridad equipados, todo canalizado por las instancias institucionales creadas precisamente para eso. El primer paso es el diagnóstico, y ese paso lo daré yo mismo con el derecho de petición que anunciaré en este espacio. Porque la seguridad de nuestro municipio no se resuelve con inauguraciones... se resuelve con sistemas que funcionen el día que se les necesita.
