Introducción
El 27 de agosto publiqué en este blog la entrada «El viaje a San Andrés | Entre el derecho al descanso y el látigo de la envidia colectiva». En ella defendí que los concejales —de Guasca o de cualquier municipio— podían viajar a San Andrés con sus propios recursos, y califiqué a quienes los criticaban de actuar movidos por la envidia.
Partí de un supuesto que no verifiqué... que el viaje se pagaba con los honorarios de cada concejal. Los documentos del proceso contractual del propio Concejo Municipal muestran que ese supuesto era falso. Esta entrada corrige lo que escribí.
Lo que dije y por qué estuvo mal
Mi argumento tenía dos partes. La primera —que un concejal puede gastar sus honorarios como quiera— sigue siendo cierta. La segunda —que quien criticaba el viaje lo hacía por envidia— fue un error de fondo. Atribuí malas intenciones a ciudadanos que estaban ejerciendo control social sobre el uso de recursos públicos. Eso es exactamente lo que un consejero territorial de planeación debe defender, no descalificar. A ellos les debo una disculpa pública, y aquí la dejo.
Debo corregir algo más. El 10 de septiembre publiqué una sátira sobre las capacitaciones convertidas en paseos, con la aclaración de que «no estamos hablando de los Concejales de Guasca». Esa aclaración no era exacta... la escribí cuando ya sabía que el asunto tocaba a nuestro Concejo. Prefiero decirlo ahora de forma directa.
Lo que dicen los documentos
- Contrato: CM-CD-03 de 2026, por contratación directa, entre el Concejo Municipal de Guasca y la empresa ADCV SAS.
- Valor: $48.000.000, con un anticipo del 50% ($24.000.000).
- Objeto: talleres de capacitación para los concejales y la Secretaría General.
- Vigencia: firmado el 23 de julio de 2026, con inicio el 27 de julio y terminación el 23 de noviembre de 2026.
- Obligación del contratista: suministrar a los participantes «almuerzo, refrigerios, alojamiento, y desplazamientos».
Y en los estudios previos, numeral 6.12, punto 4, se lee textualmente:
«Las partes acuerdan como uno de los lugares de capacitación será la ciudad de San Andrés Isla. Los recursos que hacen parte del Contrato permitirán el desplazamiento, alojamiento, alimentación de los participantes y la realización de los talleres de capacitación a todo costo.»
Es decir... San Andrés estaba previsto desde la planeación del contrato, y los costos del viaje se cubren con recursos públicos del Concejo, no con los honorarios de nadie.
¿Es legal? | Una Pregunta Que No Me Corresponde Cerrar
Los estudios previos se apoyan en dos conceptos del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil (908 de 1996 y 908A de 1997). Según lo citan esos mismos estudios, los concejales tienen derecho a capacitación, y el presupuesto puede cubrir su desplazamiento, alojamiento y manutención cuando la capacitación se realiza fuera del municipio, siempre que esos gastos se limiten a los «estrictamente necesarios».
Por eso no afirmo que haya un delito. Pero tampoco puedo afirmar lo contrario. Si era estrictamente necesario viajar a San Andrés para recibir talleres de técnica legislativa, gestión documental o contratación estatal es precisamente lo que deben verificar la Procuraduría y la Contraloría. Los estudios previos no explican por qué ese destino, ni con qué concejo o entidad se haría el «intercambio de experiencias exitosas» que mencionan.
De paso, corrijo una afirmación de mi sátira del 10 de septiembre... dije que el municipio no puede pagar pasajes ni gastos de viaje a los concejales. Según esa doctrina del Consejo de Estado, en el marco de una capacitación sí puede, con el límite de lo estrictamente necesario.
Lo Que Sí Me Corresponde Juzgar | Los valores
Lo legal y lo correcto no siempre coinciden. El propio Reglamento Interno del Concejo de Guasca (Acuerdo 09 de 2020) fija estándares que van más allá de lo que un juez pueda sancionar:
- Artículo 13: las actuaciones de los concejales deben sujetarse a los principios del artículo 209 de la Constitución, entre ellos la moralidad, la economía y la publicidad.
- Artículo 44, deberes: «abstenerse de invocar su condición de concejal para la obtención de algún provecho personal indebido»; «utilizar adecuadamente los bienes y recursos asignados para el desempeño de su función»; y «ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común».
Con ese reglamento en la mano, las preguntas son sencillas:
- Economía: ¿qué justifica recibir en una isla, con tiquetes y hotel, talleres que pueden dictarse en el recinto del Concejo, como de hecho se dictaron otros del mismo contrato?
- Bien común: ¿qué recibe la comunidad de Guasca de ese componente del contrato?
- Publicidad: ¿por qué la ciudadanía se enteró del viaje por las redes sociales y no por el propio Concejo?
- Oportunidad: ¿era el momento, cuando el país atendía a los damnificados del sismo del 10 de agosto?
Lo que el Concejo debería responder
- Quiénes viajaron, en qué fechas, y si viajaron personas distintas a los concejales y la Secretaria General.
- Cuál fue la agenda académica en San Andrés, quiénes fueron los capacitadores y cuál la entidad con la que se hizo el «intercambio de experiencias».
- Cuánto costó el componente de San Andrés (tiquetes, hotel y alimentación) frente al costo de los talleres.
- Qué resultados concretos deja para Guasca. El reglamento exige a las comisiones accidentales que se desplazan fuera del municipio presentar a la plenaria un informe escrito de su gestión (artículo 95). Lo mínimo es que los concejales rindan un informe equivalente, en sesión pública.
Conclusión
Me equivoqué al llamar Envidia Colectiva a lo que era vigilancia ciudadana. Quien pregunta por el destino de los recursos públicos no está castigando el descanso ajeno... está haciendo lo que la Constitución espera de un ciudadano. A quienes preguntaron, gracias.
La legalidad del viaje la determinarán los entes de control. Lo que no necesita un juez es la pregunta por los valores... si un concejal que debe «consultar permanentemente los intereses del bien común» puede explicarle a su comunidad por qué su capacitación tenía que ser en San Andrés. Presentaré un derecho de petición al Concejo y remitiré los documentos a los entes de control. Las respuestas las publicaré aquí.
El «siempre se ha hecho así»
solo se rompe cuando alguien pregunta.
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