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El Concejo Municipal de Guasca pagó $48.000.000 por seis(6) jornadas de capacitación para sus concejales y su Secretaría General. Cinco de ellas se hicieron en San Andrés Isla. Pedí los documentos mediante derecho de petición, el Concejo los entregó y aquí está lo que dicen, sin adjetivos que no resistan la lectura del expediente.
Qué pedí y qué respondieron
El 28 de septiembre de 2026 radiqué un derecho de petición de información sobre el contrato de prestación de servicios profesionales CM-CD-03 de 2026. El Concejo respondió el 13 de octubre con el oficio 2026-C-0266 y diez anexos: estudios previos, contrato, propuesta del contratista, informes de pago, planillas de asistencia, pasabordos, certificados y el reporte de SECOP II.
Hay que reconocerlo: la respuesta fue completa y se ajustó a la Ley 1712 de 2014, que presume pública la información del Estado. Eso es lo que debe pasar siempre, y no siempre pasa. Ahora toca leer lo que se entregó.
Los datos básicos del contrato
- Contratista: ADCV S.A.S., por contratación directa.
- Valor: $48.000.000, pagados en dos contados de $24.000.000. El primero, como anticipo, se autorizó el 4 de agosto. El segundo se autorizó el 14 de septiembre.
- Objeto: seis jornadas de talleres en técnica legislativa, procedimiento administrativo, gestión documental, contratación estatal, relación con la ciudadanía y prevención del riesgo disciplinario, fiscal y penal.
- Firma: 23 de julio de 2026, un día después de la invitación a presentar propuesta (22 de julio). El certificado de inexistencia de personal idóneo y la póliza también son del 23 de julio.
- Viajeros: doce personas, entre concejales e integrantes de la Secretaría General, según los pasabordos.
Hallazgo 1: el plan decía dos jornadas en Guasca; se hizo una
Los estudios previos, que son el documento donde la entidad justifica qué necesita y cómo lo va a contratar, describen el alcance así: cuatro sesiones en el sitio que indique la supervisión y dos jornadas en el recinto del Concejo Municipal.
La ejecución acreditada por el propio Concejo fue distinta: una jornada en Guasca (29 de agosto, relación con la ciudadanía y audiencias públicas) y cinco en San Andrés entre el 9 y el 12 de septiembre. El 10 de septiembre se registran dos jornadas el mismo día.
Puede haber una explicación administrativa. Pero el cambio no aparece justificado en la respuesta, y en contratación pública lo que no está escrito no existe.
Hallazgo 2: la isla estaba decidida desde la planeación
Los estudios previos no dejan el destino abierto. Dicen textualmente que "las partes acuerdan como uno de los lugares de capacitación será la ciudad de San Andrés Isla" y que los recursos cubrirán desplazamiento, alojamiento y alimentación "a todo costo".
Cuando pregunté por la justificación técnica y económica de ese destino, el Concejo respondió que se encuentra "principalmente en los estudios previos", que hablan de una "misión académica" e "intercambio de experiencias". Pero el expediente no identifica con qué institución de San Andrés se intercambiaron experiencias. Los talleres los dictó un solo profesional en Derecho aportado por el contratista. Ese mismo profesional habría podido dictarlos en el recinto del Concejo, a una hora de casa.
Hay además un patrón. Según la misma respuesta, las capacitaciones anteriores se hicieron en Cartagena (2022), Santa Marta (2023), Cartagena (2024) y Santa Marta (2025). Cinco años, cuatro destinos de playa y ninguno en un concejo de referencia del interior del país. El valor también subió: $32,5 millones en 2022, $38 millones en 2023, $40 millones en 2024 y $48 millones en 2026.
Los mismos estudios previos citan al Consejo de Estado para defender que los concejales pueden recibir capacitación fuera del municipio. Es cierto. Pero la cita completa agrega una condición: esos gastos "deben limitarse a los estrictamente necesarios". La pregunta legítima es si una isla turística a la que se llega en avión era lo estrictamente necesario para aprender redacción de acuerdos municipales.
Hallazgo 3: el mismo cargo firma, supervisa y asiste
Según el contrato y el acta de inicio, el Presidente del Concejo es el ordenador del gasto que firmó el contrato y también su supervisor, el encargado de certificar que se cumplió. Entre los certificados de asistencia emitidos aparece también el suyo como participante.
No afirmo que esto sea ilegal... el contrato asigna la supervisión a la Presidencia y la ley permite que el ordenador del gasto la ejerza. Lo que señalo es un problema de diseño de control. Cuando quien decide el gasto, quien certifica su cumplimiento y quien se beneficia coinciden en la misma persona, el control interno queda debilitado. Ese riesgo es justamente el tema de la quinta jornada... prevención del riesgo disciplinario, fiscal y penal.
A esto se suma que ADCV S.A.S. también resultó adjudicataria, en agosto de 2026, del proceso de mínima cuantía CM-MC-002-2026 para la dotación de los servidores del Concejo. Dos contratos con el mismo proveedor en el mismo año no son irregulares por sí mismos, pero sí merecen seguimiento.
Lo que sigue pendiente
- Mi segunda petición, radicada el 20 de octubre, pide el detalle del anticipo y de los gastos, la identificación de los capacitadores y los soportes de las condiciones de la capacitación. El Concejo amplió el plazo para responder hasta el 18 de noviembre de 2026 (oficio 2026-C-0274), como permite la Ley 1755 de 2015. Publicaré lo que llegue.
- La rendición de cuentas. Pedí que los resultados de la capacitación se presenten en sesión pública. El Concejo respondió que lo "va a tener en cuenta", pero sin fecha. Un informe público es lo mínimo cuando se invierten $48 millones de los guasqueños en formación.
- La liquidación. Según SECOP II, la liquidación del contrato está prevista entre el 24 y el 25 de noviembre de 2026.
Lo que defenderían quienes aprobaron el gasto
Hay argumentos del otro lado y conviene escucharlos. La capacitación de los concejales es un derecho reconocido por la ley y la jurisprudencia. El valor estaba previsto en el Plan Anual de Adquisiciones ($50 millones estimados). El supervisor certificó el cumplimiento con evidencias. Y salir del municipio puede facilitar jornadas intensivas sin las interrupciones de la agenda local. Todo eso puede ser cierto, y aun así no responde la pregunta central... ¿ por qué San Andrés y no Guasca, Bogotá o un concejo de referencia, y por qué el plan original de dos jornadas locales terminó en una?
Conclusión
Los documentos no muestran un delito y este texto no acusa a nadie de cometerlo. Muestran algo más común y por eso más importante: una planeación que fija el destino turístico antes de justificarlo, una ejecución que se aparta del plan sin explicarlo y un control concentrado en el mismo cargo que decide y se beneficia. Así se ve el riesgo antes de que se vuelva problema.
El control social no consiste en sospechar de todo, sino en leer lo que el Estado firma. El Concejo ya entregó la información; ahora le corresponde rendir cuentas en sesión pública, con fecha. Seguiré esperando la respuesta del 18 de noviembre y la publicaré aquí.
Fuentes
- Concejo Municipal de Guasca, oficio 2026-C-0266 del 13 de octubre de 2026, respuesta a derecho de petición sobre el contrato CM-CD-03 de 2026, con anexos (estudios previos, contrato y acta de inicio, informes de pago, certificados de asistencia, reporte SECOP II, proceso CM-MC-002-2026).
- Concejo Municipal de Guasca, oficio 2026-C-0274 del 3 de noviembre de 2026, ampliación del plazo de respuesta.
- SECOP II, proceso CM-CD-03 de 2026, Concejo Municipal de Guasca.
- Ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información pública — Gestor Normativo, Función Pública.
- Ley 1755 de 2015, artículo 14, sobre el derecho de petición — Gestor Normativo, Función Pública.
- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, conceptos 802 de 1996 y 908A de 1997, citados en los estudios previos del contrato.
Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · Guasca. "El consejero que se forma, transforma su territorio".
