Entre el derecho al descanso y el látigo de la envidia colectiva
Introducción
El debate público en Colombia suele encenderse con facilidad cuando se cruzan dos palabras mágicas: concejales y viajes. Es natural que la ciudadanía mantenga una vigilancia férrea sobre el uso de los recursos de sus municipios. En el pasado, escándalos como el de los once concejales de Sabaneta y su millonario viaje a Turquía y Dubái financiado por el erario , o la investigación a los cabildantes de Facatativá por un viaje a Cartagena bajo contratos cuestionables, han justificado plenamente la indignación popular ante el presunto desvío de dineros estatales.
Sin embargo, cuando la discusión se traslada al ámbito de lo estrictamente privado, la indignación legítima suele mutar en algo mucho más oscuro y común en nuestra sociedad: la envidia disfrazada de superioridad moral.
El marco legal | Su bolsillo, su derecho
Para abordar con seriedad si los concejales de Guasca —o de cualquier otro rincón del país— pueden empacar maletas rumbo a las playas de San Andrés utilizando sus recursos personales, primero debemos trazar una línea divisoria inquebrantable entre el erario y la propiedad privada.
De acuerdo con el artículo 312 de la Constitución Política y las clarificaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, los concejales no son empleados públicos. Al carecer de un vínculo laboral de nómina, no perciben un sueldo mensual ni tienen derecho a comisiones de servicios o viáticos para viajes recreativos pagados por el municipio. Sus ingresos oficiales provienen única y exclusivamente del cobro de honorarios por su asistencia comprobada a las sesiones plenarias y de comisiones.
Cualquier intento de desviar fondos públicos —disfrazándolos de "capacitaciones" o "planes de bienestar"— para costear un paseo turístico constituye una falta gravísima que acarrea la pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, además del delito penal de peculado por apropiación.
Pero una vez que esos honorarios son legítimamente devengados por asistir a las sesiones, ese dinero entra a su patrimonio personal. Es propiedad privada. Como ciudadanos particulares en su tiempo libre, los concejales tienen la absoluta libertad constitucional de gastar sus recursos personales como mejor les parezca, incluido un viaje de descanso a San Andrés. Exigirles lo contrario es desconocer el principio de la propiedad privada y la libertad individual.
El falso dilema del terremoto | ¿Caridad o chantaje moral?
Aquí es donde entra la crítica que hoy inunda las redes sociales y los cafés: "¿Cómo se van a ir de paseo a San Andrés con la crisis que hay? Deberían donar ese dinero a los damnificados del terremoto".
Esta narrativa cobró fuerza tras el sismo del pasado 10 de agosto de 2026, que dejó graves afectaciones en varias zonas de Colombia. El debate se avivó aún más cuando figuras públicas de alto perfil, como el senador Iván Cepeda, anunciaron públicamente que donarían su prima especial de servicios de 18 millones de pesos para ayudar a las familias damnificadas.
La donación del senador es un acto voluntario y respetable. El problema radica en que los críticos instrumentalizan este tipo de gestos para crear un falso dilema moral... si un concejal gasta su propio dinero en unas vacaciones familiares en lugar de donarlo a las víctimas de la tragedia, es catalogado de "insensible", "egoísta" o "corrupto".
Esta exigencia es una falacia. La caridad, por definición, debe ser espontánea y libre. Cuando se pretende imponer a través del matoneo social o la coacción moral, deja de ser altruismo y se convierte en confiscación de la libertad individual. Los concejales, al igual que cualquier médico, comerciante o maestro del municipio, trabajan para obtener una remuneración. Pretender que los servidores públicos deban renunciar a su derecho al descanso y al disfrute de sus ingresos personales para resolver catástrofes humanitarias es un estándar absurdo que no se le exige a ninguna otra profesión.
La envidia subyacente | El verdadero motor de la crítica
Detrás del argumento de "den esa plata a los damnificados" no suele haber una genuina preocupación filantrópica por las víctimas del terremoto, sino una profunda envidia social.
La envidia es un sentimiento destructivo que no busca que el necesitado esté mejor, sino que el otro deje de disfrutar de lo que tiene. Al criticar el viaje privado de un concejal, el envidioso no está donando su propio sueldo a los damnificados; simplemente utiliza el sufrimiento de las víctimas como un escudo moralmente aceptable para fustigar el éxito o el bienestar ajeno.
Es la vieja táctica del colectivismo resentido... penalizar el disfrute individual bajo el pretexto de que "siempre hay alguien sufriendo en alguna parte". Bajo esa retorcida lógica, nadie en Colombia podría volver a salir de vacaciones, comer en un restaurante o comprar un regalo para sus hijos mientras persista la pobreza o ocurra un desastre natural.
El concejal que viaja a San Andrés con su propio dinero no le está robando nada al municipio. Al contrario, dinamiza la economía de una isla que vive precisamente del turismo. Vigilemos sin piedad los recursos públicos, exijamos transparencia total en las sesiones oficiales y denunciemos con rigor penal a quien pretenda abusar de los bienes del Estado. Pero respetemos la libertad de los demás para disfrutar del fruto de su trabajo. Al final del día, la superioridad moral de quienes señalan con el dedo desde la comodidad de sus teclados no mitiga el dolor de ninguna tragedia; solo alimenta el resentimiento de una sociedad que prefiere ver a todos igualados en la austeridad, antes que tolerar la libertad ajena.
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