Introducción
La Comisión Tercera del Concejo de Guasca aprobó el 18 de noviembre, con los votos de sus tres integrantes, la ponencia positiva al proyecto de presupuesto de 2027 por $32.803 millones. Pero el sí vino cargado de condiciones... el ponente encontró un plan de inversiones que no cuadra con el plan plurianual por cerca de $3.879 millones, metas con plata pero sin nada que entregar y artículos que le darían al Ejecutivo facultades más amplias de las que la ley permite. La administración aceptó algunos reparos y rechazó otros. El debate de fondo quedó para el viernes 20.
Cómo se desarrolló la sesión
La transmisión del Concejo duró 1 hora y 41 minutos. Era la continuación del primer debate en la Comisión Tercera (asuntos fiscales y presupuesto) del Proyecto de Acuerdo 020 de 2026, «por el cual se expide el presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de Guasca, Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027».
Casi toda la sesión fue la lectura de la ponencia por parte del concejal ponente, Julián Rodriguez. Pasada la hora y diez minutos, el concejal Wilmer propuso, con base en el parágrafo primero del artículo 120 del reglamento interno, la «proposición de no lectura»: se iba apenas en la página 27 de 57, había sesión plenaria a las seis y no alcanzaba el tiempo. La comisión la aprobó por unanimidad y le pidió al ponente que leyera solo los ajustes que propone y su decisión final.
La ponencia fue positiva y la comisión la aprobó con tres votos. Sin embargo, no se votó el articulado: el estudio sigue el viernes 20 de noviembre a las 5:00 p. m., ya en debate con la administración, que debe llegar con respuestas por escrito.
Las cifras del proyecto
Según lo leído en la sesión, el presupuesto está equilibrado: ingresos y gastos suman exactamente $32.803.632.000.
Ingresos
- Ingresos tributarios: unos $14.039 millones.
- Ingresos no tributarios (incluidas las transferencias): unos $18.735 millones.
- Recursos de capital: $29,97 millones (rendimientos financieros).
Gastos
- Funcionamiento: unos $7.780 millones.
- Servicio de la deuda: unos $2.135 millones.
- Inversión (POAI 2027): $22.888,8 millones.
En inversión, el sector que más pesa es, de lejos, salud y protección social, con $8.545 millones (buena parte es régimen subsidiado). Le siguen gobierno territorial ($2.783 millones), vivienda (unos $2.900 millones), inclusión social ($1.504 millones), transporte ($1.380 millones), educación ($1.144 millones), ambiente ($1.014 millones), cultura ($970 millones), minas y energía (unos $881 millones), agricultura ($630 millones) y deporte ($595 millones). Al final de la lista quedan comercio, industria y turismo ($81,5 millones), estadística ($70 millones) y trabajo ($5 millones).
Un dato llamativo para un municipio que habla de innovación: ciencia, tecnología e innovación tiene cero pesos en 2027, cuando el plan plurianual le asignaba $50,9 millones.
El primer reparo | el POAI no es el plan plurianual
El plan plurianual de inversiones (PPI) del Plan de Desarrollo preveía para 2027 cerca de $19.010 millones. El plan operativo anual de inversiones (POAI) que llegó con el presupuesto trae $22.889 millones. La diferencia es de $3.878.937.332, alrededor de un 20 % más.
Más plata para inversión no es mala noticia en sí misma. El problema es que el presupuesto debe corresponder al Plan de Desarrollo, y cuando el año de ejecución se separa tanto de lo planeado hay que explicar de dónde sale la diferencia y a qué metas va. Los mayores aumentos que se leyeron fueron en vivienda (unos $1.488 millones), gobierno territorial ($881 millones) y deporte ($194 millones). El ponente pidió unificar las cifras del POAI y del plan de inversiones.
Metas con plata, pero sin entregables
El ponente revisó 218 metas únicas en 16 sectores y encontró tres asuntos que vale la pena seguir:
- Diez metas tienen programación física en cero pero sí tienen recursos, por $489,2 millones en total (metas 47, 93, 132, 138, 151, 152, 156, 159, 160 y 181). El ponente fue prudente: un cero no prueba por sí solo que el proyecto no exista, porque puede financiar mantenimiento, cierres o productos intermedios. Pero pidió a Planeación que lo explique.
- Una meta de patrimonio cultural (la 42) aparece codificada como un producto de «eventos deportivos comunitarios», por $20 millones. El ponente lo calificó como un problema de concordancia programática, no como desviación de recursos, y pidió corregir el código en todos los anexos.
- $29,97 millones de rendimientos financieros no están en una de las columnas del plan de inversiones, aunque sí en el total. No es un hueco de financiación, pero sí una fórmula que hay que corregir.
Gasto público social | falta la comparación
La ley protege el gasto público social: no puede bajar, en proporción, frente al año anterior. El ponente advirtió que el proyecto solo lo define en su artículo 37, pero no trae un comparativo 2026-2027 con la misma metodología. Su conclusión fue equilibrada: sin esa comparación no se puede certificar que se cumpla, pero tampoco afirmar que haya una reducción. Pidió un anexo comparativo.
También pidió seguir cada fuente con destinación específica hasta su uso: la sobretasa ambiental (unos $930 millones que deben transferirse a la autoridad ambiental), la estampilla para el adulto mayor (70 % para centros de vida y 30 % para bienestar), la sobretasa bomberil, los fondos de salud y de agua. Que todo entre a una misma caja no puede borrar para qué es cada peso.
El reparo de fondo | cuánto poder le da el Concejo al alcalde
Este es, a mi juicio, el punto más importante de la sesión. Las disposiciones generales del proyecto (52 artículos) incluyen autorizaciones para que la administración haga traslados, correcciones, incorporaciones y distribuciones por decreto. El ponente reconoció que el Estatuto Orgánico de Presupuesto de Guasca (Acuerdo 089 de 2023) sí permite algunas. Pero recordó que el presupuesto es una decisión del Concejo y que un acuerdo anual no puede trasladarle esa función al Ejecutivo.
Citó como referencia la Sentencia C-036 de 2023. En ella, la Corte Constitucional estudió una norma que permitía a las asambleas dar facultades pro tempore a los gobernadores para modificar el presupuesto, y la declaró contraria al principio de legalidad del presupuesto. El ponente fue cuidadoso: esa sentencia se refiere a los departamentos y no anuló el estatuto de Guasca, pero sus razones sobre la separación de funciones aplican.
Sus propuestas concretas:
- Eliminar del artículo 47 la facultad de cambiar el objeto, la cuantía o la fuente de un gasto como si fuera una «simple corrección». Corregir un código equivocado es una operación formal; mover plata entre programas cambia la decisión de gasto.
- Limitar la autorización abierta del artículo 50 sobre incorporaciones, de modo que solo proceda donde la ley lo permita expresamente y lo demás pase por el Concejo.
- No tratar todas las autorizaciones como una sola: contratar, adicionar, trasladar o comprometer vigencias futuras tienen fuentes y límites distintos.
Y recordó algo clave: 2027 es el último año de este gobierno. La Ley 1483 de 2011 prohíbe a las entidades territoriales aprobar cualquier vigencia futura en el último año de gobierno del alcalde, con excepciones muy puntuales de cofinanciación. En año preelectoral, un presupuesto con facultades amplias es justamente el que más vigilancia necesita.
Lo que respondió la administración
Al final, el funcionario que intervino por la administración (según el contenido, de la Secretaría de Hacienda) respondió punto por punto:
- Ingresos «corrientes»: aceptó que es un error de forma y que debe decir ingresos totales.
- Detalle de la inversión dentro del acuerdo: no acoge la recomendación. Sostiene que el Acuerdo 089 de 2023 permite presentarlo como anexo.
- Actas del CONFIS y del Consejo de Gobierno: dijo que no son obligatorias como soporte, pero se comprometió a enviarlas.
- Marco fiscal de mediano plazo y crédito: explicó que el crédito ya aprobado no se va a desembolsar en 2026 y por eso se proyecta para 2027; según la administración, no hace falta conciliar nada.
- Cálculo de los ingresos corrientes de libre destinación, honorarios, sesiones y presupuesto de la Personería: enviará la certificación y lo explicará el viernes.
- Ajustes al articulado: pidió al ponente una lista taxativa de los cambios, porque la ponencia, «tan extensa», usa fórmulas como «el ponente debería solicitar» y se presta a confusión.
El ponente respondió que los ajustes están en el cuadro de análisis del articulado y en las tres últimas hojas de la ponencia, y pidió respuesta por escrito al día siguiente o antes de la sesión del viernes.
Lo que quedó pendiente por escrito
- Respuesta escrita de la administración a cada ajuste propuesto por el ponente (pedida para el 19 de noviembre o antes de la sesión del 20).
- Actas del CONFIS y del Consejo de Gobierno sobre el proyecto.
- Certificación del cálculo de los ingresos corrientes de libre destinación y de los límites de gasto del Concejo y la Personería.
- Explicación de la diferencia de $3.879 millones entre el POAI y el plan plurianual.
- Explicación de las diez metas sin programación física y corrección del código de la meta 42.
- Anexo comparativo del gasto público social 2026-2027.
- Posición de la administración sobre los artículos 47 y 50 (facultades).
Una nota sobre la transparencia del trámite
La proposición de no lectura es legal y, con 57 páginas y una plenaria encima, comprensible. Pero tiene un costo: quienes siguen la transmisión no escucharon el análisis de la mitad del articulado, que es justamente donde están las facultades. Si la ponencia es pública, debería publicarse completa en los canales del Concejo antes del viernes. Así el control ciudadano no depende de haber estado en el recinto.
Hay que reconocer, en la otra orilla, que la ponencia es técnicamente seria. Distingue errores de forma de problemas de fondo, no convierte cada inconsistencia en motivo para negar el presupuesto y se cuida de no afirmar lo que no puede probar. Esa es la vara con la que debería medirse todo control político.
Conclusión
El presupuesto de 2027 de Guasca no está en riesgo por sus cifras gruesas: cuadra, tiene sus instrumentos principales y la ponencia descartó un déficit global. Lo que está en juego es quién decide los cambios durante el año, en el último año de un gobierno y en vísperas electorales. Tres cosas para vigilar el viernes 20 y en el segundo debate:
- Si la administración acepta eliminar la «corrección» que permite cambiar objeto, cuantía o fuente (artículo 47) y limitar el artículo 50.
- Si llega el comparativo del gasto público social y la explicación de los $3.879 millones de diferencia con el plan plurianual.
- Si las diez metas con plata y sin entregables quedan justificadas o se corrigen.
Un Concejo que aprueba con condiciones solo sirve si después verifica que las condiciones se cumplieron. Ahí entramos los ciudadanos.
Fuentes
- Concejo Municipal de Guasca. Transmisión en vivo, continuación Comisión III, estudio del P.A. 020 de 2026, 18 de noviembre de 2026. Ver en Facebook.
- Corte Constitucional. Sentencia C-036 de 2023. Texto en la relatoría.
- Ley 1483 de 2011, vigencias futuras en entidades territoriales. Gestor Normativo de Función Pública.
Nota: las cifras y las intervenciones provienen de la transcripción de la transmisión pública de la sesión; los valores se presentan redondeados y se corregirán con el acta oficial y el texto de la ponencia cuando estén disponibles.

