martes, 17 de noviembre de 2026

Fondo de Bienestar Animal en Guasca | Cumple, Pero a Medias


Introducción

La Alcaldía de Guasca radicó ante el Concejo el Proyecto de Acuerdo 022 de 2026, que crea el Fondo Municipal para la Protección y el Bienestar Animal. Hoy 17 de Noviembre entra a su primer debate en la comisión tercera del Concejo Municipal. Crearlo es una obligación legal, y la figura financiera que propone es la correcta. Pero en lo que le permitiría a la ciudadanía vigilar ese dinero, la participación y la rendición de cuentas, el texto se queda en el mínimo. Ahí es donde el Concejo puede mejorarlo.

Qué propone el proyecto

El proyecto, firmado por el alcalde, crea el Fondo como una cuenta especial del presupuesto municipal... sin personería jurídica, sin planta de personal y sin estructura administrativa propia. Su función es separar en la contabilidad el dinero destinado a la protección animal para poder seguirle la pista.

Según el articulado, el Fondo se nutriría de varias fuentes:

  • las multas por maltrato animal;
  • otras sanciones con esa misma destinación;
  • donaciones y recursos de cooperación;
  • los reembolsos que deben pagar los responsables de maltrato por la alimentación y la atención veterinaria de los animales aprehendidos;
  • los rendimientos financieros y los saldos de vigencias anteriores.

El gasto lo ordena el alcalde. La Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico ejecuta los proyectos, y la Secretaría de Hacienda maneja el recaudo y la contabilidad.

Por qué no es opcional

La Ley 2455 de 2025, conocida como "Ley Ángel", modificó el artículo 46 de la Ley 84 de 1989. Su parágrafo ordena que el dinero de las multas vaya a un Fondo Municipal o Distrital y que "cada distrito o municipio deberá crear dicho fondo". El proyecto de Guasca reproduce esa norma con fidelidad.

La ley no fijó un plazo, pero la obligación se considera exigible desde que entró en vigencia, en abril de 2025:

  • La Procuraduría General, en su Directiva 012 del 16 de junio de 2026, instó a los alcaldes que aún no hubieran creado el fondo a hacerlo "de manera inmediata". También les pidió demostrar con soportes contables que todo lo recaudado por multas va al fondo, y advirtió que incumplir puede ser falta disciplinaria.
  • En Popayán, según la prensa local, un juzgado administrativo falló una acción de cumplimiento en septiembre de 2026 y ordenó al alcalde presentar el proyecto de creación del fondo al Concejo.

Guasca, por tanto, no está innovando... se está poniendo al día. Eso no es un reproche, es el contexto. Lo que importa ahora es cómo queda el fondo.

Lo que el proyecto hace bien

  • La figura es la adecuada. Una cuenta especial no crea burocracia ni gastos de funcionamiento. Es la misma figura que adoptó Cartagena.
  • Admite el problema. En el considerando 11, la Administración reconoce que hoy las multas por maltrato entran al presupuesto sin poder distinguirse del resto. Por eso el municipio no puede demostrar que se gastaron solo en lo que ordena la ley. Es una confesión útil para cualquier ejercicio de control.
  • Pone límites al uso del dinero. Prohíbe usarlo en gastos de funcionamiento ajenos al objeto del fondo o en eventos que impliquen maltrato o sufrimiento animal.

Cuatro vacíos que el Concejo debería corregir

1. De "participación activa" a una reunión al año

La ley dice que el fondo "contará con la participación activa de organizaciones animalistas, juntas defensoras de animales o entidades equivalentes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos".

El artículo octavo del proyecto traduce ese mandato en al menos un espacio anual de socialización, y su parágrafo aclara que esa participación es consultiva y no condiciona el gasto, la contratación ni la ejecución.

Socializar es contar lo que ya se decidió. Participar activamente para "garantizar el cumplimiento de los objetivos" exige intervenir antes de decidir y hacer seguimiento después. Es cierto que la ley no define qué es "participación activa", y que las organizaciones no pueden ordenar el gasto. Pero entre ordenar el gasto y una reunión al año hay mucho espacio. Por ejemplo, la ponencia de un proyecto de ley que hoy cursa en el Congreso para reformar las Juntas Defensoras les asigna la función de hacer seguimiento al manejo del fondo municipal.

2. Trazabilidad sin rendición de cuentas

El proyecto ordena llevar el presupuesto y la contabilidad del fondo por separado. Está bien, pero esa trazabilidad se queda dentro de la Secretaría de Hacienda. No hay ningún artículo que obligue a publicar cuánto entró por multas, en qué se gastó o qué saldo quedó, ni a informar periódicamente al Concejo.

Un fondo que puede seguirse en la contabilidad pero que nadie ve no resuelve el problema que el propio proyecto describe... demostrarle a la ciudadanía que el dinero se usó para lo que manda la ley.

3. Las multas no alcanzan para lo urgente

Este es el punto más técnico y quizá el más importante. La ley limita el dinero de las multas a la formulación y el seguimiento de políticas de protección animal y a campañas de sensibilización. El propio proyecto lo respeta: dice que las multas solo pagan esas finalidades.

La consecuencia es que lo costoso y urgente no puede pagarse con multas:

  • la atención veterinaria;
  • la alimentación y la custodia de animales aprehendidos o decomisados;
  • el hogar de paso.

Todo eso dependerá de las asignaciones ordinarias del presupuesto, y el proyecto no fija ningún mínimo para ellas. Solo dice que el fondo "no sustituye" esas asignaciones. En la práctica, el fondo puede existir en el papel y estar casi vacío para lo operativo.

4. Un análisis fiscal sin cifras

La exposición de motivos cumple la Ley 819 de 2003 en la forma: afirma que el acuerdo no genera costos. Pero no trae ningún dato:

  • cuánto ha recaudado Guasca por multas de maltrato desde 2025;
  • cuánto ha invertido en bienestar animal y con qué rubros;
  • en qué avance van las metas del Plan de Desarrollo sobre el tema.

Esas metas incluyen un plan de salud pública y bienestar animal, una estrategia para el funcionamiento del hogar de paso y un programa de fauna silvestre. Todas arrancaron en cero y vencen en 2027. Sin esa línea de base, el Concejo vota a ciegas.

El argumento de la otra orilla

Quien defiende el texto tal como está tiene razones atendibles:

  • Un acuerdo de creación debe ser sencillo, y los detalles operativos pueden quedar en reglamentación.
  • Darles a las organizaciones un papel decisorio podría interferir con la ordenación del gasto, que la ley asigna al alcalde.
  • Fijar un porcentaje mínimo del presupuesto le quitaría flexibilidad a la planeación fiscal.

Las tres razones son válidas en abstracto, pero ninguna impide lo que aquí se propone. Publicar un informe no interfiere con nadie. Una instancia consultiva que opine antes de aprobar el plan de gasto no ordena el gasto. Y el Concejo puede exigir que el plan anual de inversión diga cuánto se asigna al tema, sin fijar un porcentaje rígido.

Propuestas concretas para el debate

  1. Participación real. Una instancia consultiva del fondo con la Junta Defensora de Animales y las organizaciones animalistas registradas en Guasca. Debería reunirse al menos dos veces al año: una antes de definir el plan de inversión de la vigencia y otra para revisar su ejecución. Sus conceptos deberían publicarse.
  2. Rendición de cuentas. Un informe semestral publicado en la web de la Alcaldía, con lo recaudado por fuente, lo ejecutado por línea de gasto y los saldos que pasan a la siguiente vigencia. Ese informe también se presentaría al Concejo.
  3. Recursos visibles. Que el plan anual de inversión muestre explícitamente cuánto se asigna al hogar de paso, la atención veterinaria, la esterilización y la adopción, y con qué fuente.
  4. Línea de base. Que antes del segundo debate la Administración informe cuánto se ha recaudado por multas desde 2025 y cómo van las metas del Plan de Desarrollo.
  5. Plazo para reglamentar. Que el acuerdo le fije al alcalde un plazo para expedir los instrumentos operativos del fondo.

Conclusión

El Proyecto de Acuerdo 022 de 2026 cumple la letra de la Ley Ángel en lo financiero, y eso hay que reconocerlo. Pero un fondo con destinación exclusiva vale lo que vale su vigilancia. Tal como está redactado, el municipio controla todo el ciclo del dinero y la ciudadanía recibe una reunión informativa al año.

El Concejo tiene en sus manos convertir una obligación cumplida a medias en un instrumento útil. Para eso no se necesita más presupuesto ni más burocracia: bastan dos o tres artículos bien escritos. Si eso no ocurre, el fondo corre el riesgo de ser lo que la propia Administración quiere evitar: una cuenta que existe en el papel y que nadie puede verificar.

Fuentes

  1. Alcaldía de Guasca. Proyecto de Acuerdo No. 022 de 2026 y su exposición de motivos, radicados ante el Concejo Municipal de Guasca.
  2. Congreso de la República. Ley 2455 de 2025 ("Ley Ángel"), texto en la Secretaría General del Senado.
  3. Función Pública. Ley 84 de 1989, Estatuto Nacional de Protección de los Animales.
  4. Procuraduría General de la Nación. Directiva 012 del 16 de junio de 2026.
  5. Alcaldía de Cartagena. Sustentación ante el Concejo del Fondo Distrital de Protección y Bienestar Animal.
  6. Proclama del Pacífico (28 de septiembre de 2026). Nota sobre el fallo de acción de cumplimiento en Popayán.
  7. Gaceta del Congreso 566 de 2026. Ponencia del proyecto de ley sobre Juntas Defensoras de Animales.

Carlos A. Galarza · Consejero Territorial de Planeación · Guasca
"El consejero que se forma, transforma su territorio"

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