jueves, 27 de agosto de 2026

EL PAE Y EL TRANSPORTE ESCOLAR BAJO LA LUPA EN GUASCA | DEBATE POR LA DIGNIDAD DE LAS ECÓNOMAS, PLAGAS EN LAS COCINAS Y LA "POLÉMICA DE LA CUCHARA"

 

"Dignificar la labor de las mujeres
que trabajan en la cocina es un asunto de pura empatía.
Yo valoro profundamente el oficio que hacen ellas
por los niños de Guasca y se merecen todo lo mejor."
Concejala Elodia León

EL PAE Y EL TRANSPORTE BAJO LA LUPA EN GUASCA
DEBATE POR LA DIGNIDAD DE LAS ECÓNOMAS, PLAGAS EN LAS COCINAS
Y LA "POLÉMICA DE LA CUCHARA"

Introducción

La Sesión Ordinaria N° 62 del Consejo Municipal de Guasca, celebrada el 27 de agosto de 2026, abrió una de las jornadas de control político más sensibles para la comunidad... la evaluación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Ante la plenaria comparecieron Ricardo Castro, coordinador zonal del operador UT Concol, Sofía Rivera, supervisora municipal del PAE, y el secretario de Desarrollo Social, Yesid, para responder a las persistentes inquietudes de los concejales y la comunidad sobre las condiciones laborales de las manipuladoras, la calidad de los víveres y el estado de la infraestructura de las cocinas escolares.

A continuación, sintetizamos los debates clave y las realidades expuestas durante esta intensa jornada legislativa: 1. ¿Dignificación laboral o explotación? El álgido debate sobre los contratos de las ecónomas
El punto central y de mayor tensión en el recinto fue el tipo de contratación y la remuneración que reciben las manipuladoras de alimentos (ecónomas), quienes en su mayoría son madres cabezas de hogar de Guasca.

Los concejales, liderados por Carlos Acosta y el presidente del Concejo, expresaron su profunda indignación al analizar las planillas de pago. Se expuso un soporte de pago por valor de 517.000 pesos correspondiente a un periodo laboral de 9 días. Al hacer la división, la tarifa diaria ronda los 50.000 pesos, lo que equivale a unos 7.000 pesos por hora de trabajo. Los cabildantes señalaron que, dado que las ecónomas deben cumplir un horario estricto que va desde las 7:00 de la mañana hasta la 1:30, 2:00 o 3:00 de la tarde para dejar todo impecable, existe una evidente subordinación laboral y no una simple prestación de servicios. Por ende, exigieron que se les garantice al menos el pago proporcional de un salario mínimo legal vigente con su respectivo auxilio de transporte.
Frente a esto, el coordinador de UT Concol, Ricardo Castro, aclaró que el operador trabaja bajo la modalidad de "contrato a tiempo parcial". Explicó que las manipuladoras están afiliadas a pensión, caja de compensación y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) con nivel de riesgo 4. Argumentó que el único ítem que no se cotiza bajo el régimen contributivo es la salud (EPS). Esto se hace con el fin de protegerlas, ya que los contratos son muy cortos y, de pasarlas al régimen contributivo, perderían de inmediato sus beneficios del Sisbén (régimen subsidiado, en el cual se encuentra el 25% de ellas), quedando desprotegidas al finalizar el periodo escolar.
Asimismo, ante la denuncia sobre una carta que se les hizo firmar para aceptar el no pago de salarios durante las vacaciones de los niños, Castro defendió que el operador solo recibe pagos de la Gobernación de Cundinamarca por "plato servido" y por los días efectivamente laborados según el calendario escolar. En consecuencia, durante los recesos académicos no se generan cobros ni salarios.
2. Alerta de roedores en el Colegio Domingo Savio y control de calidad de la comida
Otro de los momentos más preocupantes de la sesión fue la denuncia de problemas de salubridad en los comedores escolares. Los concejales que realizaron visitas de inspección en agosto evidenciaron la presencia de desechos de roedores y hasta una bolsa de harina mordisqueada en las bodegas del Colegio Domingo Savio.
Al respecto, el operador reportó que este año se han realizado dos jornadas de fumigación en las sedes principales (una el 6 de febrero y otra reciente el 18 de agosto de 2026). Sin embargo, Castro enfatizó que la fumigación por sí sola no elimina la plaga si la infraestructura escolar no cuenta con "hermeticidad". Explicó que si queda un espacio mínimo entre la puerta y el piso por donde quepa un esfero, un roedor podrá ingresar fácilmente, por lo que instó a la administración municipal a mejorar los cerramientos físicos.
En cuanto a la calidad de los alimentos, la concejala Elodia denunció que en la Institución Educativa El Carmen el plátano llegó sumamente verde, imposibilitando su cocción inmediata, mientras que las remolachas y zanahorias llegaron con un tamaño "exagerado", lo que genera sospechas sobre un exceso de químicos. El operador defendió que la materia prima se despacha los martes por la noche para ser entregada los miércoles, y que obligatoriamente debe ir verde para que madure paulatinamente y soporte toda la semana escolar sin dañarse. Además, aclaró que el control técnico se realiza por peso y gramaje según el estándar nutricional y no por el tamaño de la verdura.
3. La escasez de personal en la Institución Educativa El Carmen
La concejala Elodia también denunció que durante una visita de inspección al Colegio El Carmen se encontró a una sola ecónoma preparando el almuerzo para 240 estudiantes, debido a que una compañera tuvo una calamidad familiar y otra no asistió.
El operador aclaró que la asignación de personal está estrictamente regulada por la Gobernación de Cundinamarca bajo una tabla de proporciones: 1 manipuladora para un rango de 1 a 75 alumnos; 2 para un rango de 76 a 150 alumnos; 3 para un rango de 151 a 300 alumnos; 4 para un rango de 301 a 500 alumnos; y 5 para un rango de 501 a 750 alumnos. Detalló que en El Carmen dos manipuladoras habían presentado su renuncia voluntaria dos días antes, pero que la situación fue solventada mediante traslados temporales, y se comprometió a remunerar los días adicionales trabajados a la ecónoma que asumió la labor en solitario.
4. La "polémica de la cuchara" y la crisis del menaje escolar
Un curioso debate se generó en torno a la circular emitida por el rector de la Institución Educativa Domingo Savio, quien solicitó a los padres de familia que sus hijos llevaran diariamente una cuchara desde sus hogares para poder consumir el alimento del PAE.
El secretario de Desarrollo Social, Yesid, defendió enfáticamente la iniciativa del rector. Señaló que en el Domingo Savio se implementó la jornada única (almuerzo reforzado), lo que disparó la necesidad de cubiertos, y criticó a los padres que se quejan por tener que enviar una cuchara. "No podemos esperar que el gobierno nos subsidie absolutamente todo; los padres también debemos poner de nuestra parte en el proceso formativo", argumentó el secretario, recordando que los niños con frecuencia botan o dañan las cucharas escolares.
Por su parte, la concejala Elodia replicó que la falta de menaje es crítica en las instituciones, revelando que el año anterior la dotación para El Carmen se limitó a una paila, una cuchara de frito y 20 pocillos, obligando actualmente a que muchos niños deban hacer fila esperando a que otros terminen de comer para que se laven las pocas cucharas disponibles (tan solo 40 para cientos de estudiantes).
Ante esto, el secretario Yesid anunció que la Alcaldía de Guasca tiene en marcha un proceso de contratación pública para la adquisición de nueva dotación de menaje (ollas, estufas, licuadoras y utensilios) que será entregada a finales de este año, y el operador asumió el compromiso de realizar mantenimiento preventivo a las estufas dañadas durante la siguiente semana.
5. El limitante de las compras locales de alimentos
Finalmente, ante la pregunta del concejal Carlos Acosta sobre qué porcentaje de alimentos se le compra a los productores campesinos de Guasca, el operador explicó que, por ficha técnica, la meta es del 30%. No obstante, expuso una gran barrera... para poder comprarles, los productores locales deben estar legalmente constituidos como asociaciones y estar en capacidad de transportar y entregar la comida directamente en la bodega central (OEGA) para pasar por la interventoría técnica obligatoria, un requisito que la mayoría de campesinos independientes del municipio no puede cumplir.
La sesión concluyó con un llamado del Concejo Municipal de Guasca para elevar estas problemáticas laborales y de contratación ante la Asamblea de Cundinamarca, reconociendo que, aunque el servicio de alimentación escolar ha mejorado operativamente frente a años anteriores, es urgente dignificar de raíz la sacrificada labor de las mujeres que alimentan a la niñez de nuestro municipio.

6. El transporte escolar a debate | El misterio de la llanta estallada y el estado de la flota
La segunda parte de la sesión de control político se concentró en la seguridad de las rutas escolares, operadas por la empresa Tures de Siecha. Esta compañía de la región, que cuenta con más de 15 años de experiencia, opera diariamente 16 rutas que benefician a más de 500 estudiantes de Guasca, empleando a conductores de los cuales el 90% son residentes locales.
El foco de mayor discusión en el cabildo fue el polémico incidente ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026 a las 7:00 de la mañana frente al Colegio Domingo Savio, donde el bus número interno 216 sufrió el estallido de su llanta trasera derecha tras haber parqueado y desembarcado a los alumnos.
Para despejar cualquier sospecha sobre una supuesta falta de mantenimiento, el ingeniero mecánico de la empresa presentó un riguroso dictamen técnico ante el Concejo. Explicó que la llanta no se encontraba lisa (era original, fabricada recientemente y tenía 5.8 mm de profundidad de labrado, casi el triple del mínimo legal permitido de 2.0 mm). El estallido se produjo por un impacto severo contra una piedra con arista cortopunzante en la vía, lo que causó una rotura longitudinal en el flanco (costado de la llanta), que es la zona más delgada por carecer de refuerzo de cinturones de acero.
Los directivos de la compañía expusieron que la flota está bajo un estricto programa de prevención: cada conductor realiza diariamente un chequeo digital preoperacional de más de 50 puntos críticos con soporte fotográfico (frenos, luces, dirección, fluidos), sumado a revisiones bimensuales y una inspección técnica trimestral interna de más de 150 puntos. Adicionalmente, informaron que ya se iniciaron los trabajos de reparación de un muro escolar que fue accidentalmente afectado por uno de sus buses, comprometiéndose a entregarlo reparado antes de finalizar agosto.
7. Sobrecupos, retrasos y el calvario de las vías terciarias de Guasca
Los concejales plantearon con preocupación reportes previos de sobrecupo en algunas rutas, donde los estudiantes debían viajar de pie, así como demoras de minutos que causaban que algunos niños llegaran a los colegios justo cuando las puertas de las instituciones ya se estaban cerrando.
La líder de operaciones de la transportadora aclaró que las situaciones de sobrecupo fueron temporales y ajenas a la capacidad de la flota. Explicó que estos desajustes ocurrieron debido a cambios de residencia de último minuto o inscripciones que los padres realizaban de forma improvisada directamente con el conductor sin reportarlos a la administración. Una vez que la Secretaría de Desarrollo Social notificó formalmente las novedades, la empresa reestructuró y reforzó las rutas correspondientes, solucionando los sobrecupos inmediatamente.
Tanto el Concejo como el operador coincidieron en que el principal obstáculo para el transporte escolar es el deterioro extremo de las vías terciarias del municipio, por donde transita el 90% de las rutas. Las fuertes lluvias han dejado tramos prácticamente intransitables en varios sectores veredales, lo que daña los vehículos y retrasa los tiempos de viaje. Al respecto, el secretario de Desarrollo Social informó que la maquinaria municipal ha intervenido las zonas críticas, pero las constantes precipitaciones lavan el material granular rápidamente. Asimismo, advirtió que debido a obras de alcantarillado en Santa Bárbara, la ruta en ese sector deberá recortar temporalmente su recorrido final por seguridad.
8. Peligro en dos ruedas | La preocupante imprudencia de las motos escolares
Uno de los puntos más alarmantes compartidos durante la sesión fue la conducta de algunos padres de familia en los entornos escolares. Los concejales presentaron evidencias fotográficas que muestran a estudiantes viajando como pasajeros en motocicletas de alto cilindraje. En muchos casos, se identificaron motocicletas transportando hasta a tres o cuatro pasajeros (incluyendo niños pequeños) sin casco de protección, o a menores de edad conduciendo estos vehículos sin licencia de conducción ni documentos de ley.
Ante este inminente riesgo de accidentes de tránsito graves, la administración anunció que se ha coordinado con la Secretaría de Gobierno para programar con carácter urgente capacitaciones pedagógicas y talleres de seguridad vial dirigidos a los padres de familia en los diferentes colegios del municipio. La corporación y la administración hicieron un llamado enfático a la corresponsabilidad de los hogares, recordando que la seguridad de los menores no depende únicamente del Estado, sino de que las familias dejen de normalizar conductas que ponen en riesgo la vida de sus propios hijos.

El viaje a San Andrés | Entre el derecho al descanso y el látigo de la ENVIDIA COLECTIVA

 


"La solidaridad es espontánea, o no lo es.
 Decretarla es aniquilarla; 
pretender imponerla como un deber social sobre la propiedad privada
 es simplemente consagrar la envidia."
Frédéric Bastiat

El viaje a San Andrés 
 Entre el derecho al descanso y el látigo de la envidia colectiva

Introducción

El debate público en Colombia suele encenderse con facilidad cuando se cruzan dos palabras mágicas: concejales y viajes. Es natural que la ciudadanía mantenga una vigilancia férrea sobre el uso de los recursos de sus municipios. En el pasado, escándalos como el de los once concejales de Sabaneta y su millonario viaje a Turquía y Dubái financiado por el erario , o la investigación a los cabildantes de Facatativá por un viaje a Cartagena bajo contratos cuestionables, han justificado plenamente la indignación popular ante el presunto desvío de dineros estatales.

Sin embargo, cuando la discusión se traslada al ámbito de lo estrictamente privado, la indignación legítima suele mutar en algo mucho más oscuro y común en nuestra sociedad: la envidia disfrazada de superioridad moral.

El marco legal | Su bolsillo, su derecho

Para abordar con seriedad si los concejales de Guasca —o de cualquier otro rincón del país— pueden empacar maletas rumbo a las playas de San Andrés utilizando sus recursos personales, primero debemos trazar una línea divisoria inquebrantable entre el erario y la propiedad privada.

De acuerdo con el artículo 312 de la Constitución Política y las clarificaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, los concejales no son empleados públicos. Al carecer de un vínculo laboral de nómina, no perciben un sueldo mensual ni tienen derecho a comisiones de servicios o viáticos para viajes recreativos pagados por el municipio. Sus ingresos oficiales provienen única y exclusivamente del cobro de honorarios por su asistencia comprobada a las sesiones plenarias y de comisiones.

Cualquier intento de desviar fondos públicos —disfrazándolos de "capacitaciones" o "planes de bienestar"— para costear un paseo turístico constituye una falta gravísima que acarrea la pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, además del delito penal de peculado por apropiación.

Pero una vez que esos honorarios son legítimamente devengados por asistir a las sesiones, ese dinero entra a su patrimonio personal. Es propiedad privada. Como ciudadanos particulares en su tiempo libre, los concejales tienen la absoluta libertad constitucional de gastar sus recursos personales como mejor les parezca, incluido un viaje de descanso a San Andrés. Exigirles lo contrario es desconocer el principio de la propiedad privada y la libertad individual.

El falso dilema del terremoto | ¿Caridad o chantaje moral?

Aquí es donde entra la crítica que hoy inunda las redes sociales y los cafés: "¿Cómo se van a ir de paseo a San Andrés con la crisis que hay? Deberían donar ese dinero a los damnificados del terremoto".

Esta narrativa cobró fuerza tras el sismo del pasado 10 de agosto de 2026, que dejó graves afectaciones en varias zonas de Colombia. El debate se avivó aún más cuando figuras públicas de alto perfil, como el senador Iván Cepeda, anunciaron públicamente que donarían su prima especial de servicios de 18 millones de pesos para ayudar a las familias damnificadas.

La donación del senador es un acto voluntario y respetable. El problema radica en que los críticos instrumentalizan este tipo de gestos para crear un falso dilema moral... si un concejal gasta su propio dinero en unas vacaciones familiares en lugar de donarlo a las víctimas de la tragedia, es catalogado de "insensible", "egoísta" o "corrupto".

Esta exigencia es una falacia. La caridad, por definición, debe ser espontánea y libre. Cuando se pretende imponer a través del matoneo social o la coacción moral, deja de ser altruismo y se convierte en confiscación de la libertad individual. Los concejales, al igual que cualquier médico, comerciante o maestro del municipio, trabajan para obtener una remuneración. Pretender que los servidores públicos deban renunciar a su derecho al descanso y al disfrute de sus ingresos personales para resolver catástrofes humanitarias es un estándar absurdo que no se le exige a ninguna otra profesión.

La envidia subyacente | El verdadero motor de la crítica

Detrás del argumento de "den esa plata a los damnificados" no suele haber una genuina preocupación filantrópica por las víctimas del terremoto, sino una profunda envidia social.

La envidia es un sentimiento destructivo que no busca que el necesitado esté mejor, sino que el otro deje de disfrutar de lo que tiene. Al criticar el viaje privado de un concejal, el envidioso no está donando su propio sueldo a los damnificados; simplemente utiliza el sufrimiento de las víctimas como un escudo moralmente aceptable para fustigar el éxito o el bienestar ajeno.

Es la vieja táctica del colectivismo resentido... penalizar el disfrute individual bajo el pretexto de que "siempre hay alguien sufriendo en alguna parte". Bajo esa retorcida lógica, nadie en Colombia podría volver a salir de vacaciones, comer en un restaurante o comprar un regalo para sus hijos mientras persista la pobreza o ocurra un desastre natural.

El concejal que viaja a San Andrés con su propio dinero no le está robando nada al municipio. Al contrario, dinamiza la economía de una isla que vive precisamente del turismo. Vigilemos sin piedad los recursos públicos, exijamos transparencia total en las sesiones oficiales y denunciemos con rigor penal a quien pretenda abusar de los bienes del Estado. Pero respetemos la libertad de los demás para disfrutar del fruto de su trabajo. Al final del día, la superioridad moral de quienes señalan con el dedo desde la comodidad de sus teclados no mitiga el dolor de ninguna tragedia; solo alimenta el resentimiento de una sociedad que prefiere ver a todos igualados en la austeridad, antes que tolerar la libertad ajena.

miércoles, 26 de agosto de 2026

Cinco ( 5 ) Voces del Pueblo En El Concejo Municipal | Los Testimonios SOBRE SEGURIDAD Y MOVILIDAD Que Marcaron La Sesion del 25 de Agosto

 



"De las graderías de la Villa Olímpica
 al asedio en Fátima: 
Nicolás Patarroyo, Luis Garzón, 
Mauricio Garzón , Angélica Cruz
 y
El Rector Armando Moyano,
expusieron con crudeza y valentía 
las realidades que azotan la convivencia de Guasca."
2. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN GUASCA | EL LLAMADO A LA ACCIÓN COLECTIVA EN EL CONCEJO MUNICIPAL


CINCO( 5 ) VOCES DEL PUEBLO EN EL CONCEJO
 LOS TESTIMONIOS SOBRE SEGURIDAD Y MOVILIDAD 

Introducción
La Sesión Ordinaria N° 60, celebrada el 25 de agosto de 2026, no fue una jornada de control político común y corriente. Fue un espacio donde la comunidad de Guasca rompió el silencio y expuso, con nombres propios y rostros visibles, la cruda realidad de inseguridad, desorden vial y desamparo que se vive en las calles y veredas de nuestro municipio
Mientras las autoridades presentaron sus cifras institucionales, cuatro representantes ciudadanos alzaron su voz para exigir soluciones medibles, compromisos reales y el fin de las promesas vacías. Sus testimonios pintan un panorama que la administración municipal y la Fuerza Pública no pueden seguir ignorando.

1. Nicolás Patarroyo: Inoperancia institucional y el caos vial desde adentro

El líder comunitario Nicolás abrió el debate con una denuncia directa sobre las barreras para denunciar el delito en el municipio. Señaló que la comunidad ha dejado de denunciar porque, al acudir a la estación de Policía de Guasca, se encuentran frecuentemente con la puerta principal de vidrio cerrada y sin personal disponible para atenderlos. Cuando logran ser atendidos un fin de semana, los agentes los direccionan a la Fiscalía local, entidad que no presta servicio sábados ni domingos, a pesar de que el policía de turno cuenta con la capacidad técnica para redactar y tramitar la denuncia en el acto.

Nicolás también denunció la grave pérdida de pie de fuerza policial a raíz de la incorporación de Guasca a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, lo que apartó al municipio del distrito de Chocontá. Asimismo, criticó el abandono de la plaza de eventos (antiguo albergue de soldados), que hoy sirve como foco de consumo de sustancias y cuyo autobús municipal abandonado es usado como guarida de personas sospechosas.

En materia de movilidad, Nicolás calificó la situación de Guasca como insostenible. Censuró que las mesas de socialización del Plan de Movilidad se programen los miércoles a las 3:00 de la tarde, un horario inviable para los campesinos dedicados a las labores de ordeño y los trabajadores locales. Además, reveló que la veeduría ciudadana de tránsito creada en el pasado fue completamente ignorada por la alcaldía, siendo convocada únicamente para calmar disturbios comunitarios contra los agentes viales. "Debemos organizar la casa desde adentro", puntualizó, señalando que los mismos funcionarios de la alcaldía parquean mal en el casco urbano.

2. Luis Garzón: La indisciplina en las vías y la propuesta de tocar el bolsillo de los infractores

Por su parte, el ciudadano Luis Garzón respaldó la urgencia de ordenar la movilidad municipal. Tras asistir a las mesas de socialización del equipo de tránsito departamental, confirmó que existe una tendencia y consenso del 80% entre los comerciantes y participantes para que la Calle Sexta sea decretada en un solo sentido vial.

Garzón denunció la total indisciplina de jóvenes irresponsables que transitan a alta velocidad en motocicletas con escapes modificados (resonadores), sin cascos (llegando a registrar hasta cuatro personas en una sola moto) y que incluso cubren sus placas con plásticos negros para evadir controles. Frente a esto, propuso que la solución definitiva no son los patrullajes intermitentes, sino la creación de una Secretaría de Tránsito local o el establecimiento de convenios de tránsito permanentes que cobren multas severas, argumentando que "mientras no se toque el bolsillo de los infractores, no habrá cultura ciudadana".

Asimismo, defendió el principio de corresponsabilidad, compartiendo un caso exitoso en el que los vecinos y la policía colaboraron mediante cámaras de seguridad para esclarecer el hurto de ganado valorado en 100 millones de pesos.

3. Mauricio Garzón: El asedio del microtráfico y la realidad del miedo en la zona rural

Mauricio Garzón, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Ana, expuso la cara más peligrosa de la inseguridad: el microtráfico. Garzón denunció que expendedores de droga en motocicleta se están tomando los sectores oscuros del barrio Fátima y las graderías de los escenarios deportivos locales, donde se esconden bajo las estructuras cuando ven las luces de la patrulla policial.

La intervención del líder rural conmovió al recinto al revelar que ya ha recibido amenazas directas por denunciar estas redes de microtráfico. Por esta razón, se negó rotundamente a la petición de la Secretaría de Gobierno de enviar ubicaciones y reportes en tiempo real a los grupos de WhatsApp, manifestando el temor por su integridad física y la de su familia.

Garzón también compartió la alarmante situación ocurrida en las afueras del colegio Domingo Savio, donde su propia hija presenció cómo un grupo de aproximadamente diez jóvenes acorraló y asedió a un estudiante, quien tuvo que esconderse en la institución hasta que llegó la patrulla. El líder rural concluyó exigiendo que se cumplan los compromisos pactados en los consejos de seguridad de las veredas, y señaló que los policías nuevos asignados al municipio a menudo se pierden en el sector rural por desconocimiento geográfico, sumado a la falta de señal telefónica en el campo para dar alertas.

4. Angélica Cruz: Un parque que se convierte en "baño público" cada fin de semana

Cerrando las intervenciones ciudadanas, Angélica Cruz leyó un detallado informe en representación de numerosos vecinos del casco urbano que, por temor a represalias o juicios, decidieron no asistir al Concejo. Cruz describió un preocupante deterioro de la tranquilidad y la convivencia, especialmente durante los fines de semana de quincena.

Denunció que el Parque Principal y sus alrededores se han convertido en escenario de borracheras extremas, escándalos públicos, riñas y consumo de marihuana a la vista de los niños de Guasca. Como consecuencia de esto, los lunes por la mañana el parque amanece repleto de latas, botellas de vidrio rotas y desperdicios. Además, denunció que la Carrera Tercera es utilizada sistemáticamente como un baño público nocturno, obligando a los residentes a lavar los frentes de sus viviendas diariamente para mitigar los malos olores y el desaseo.

Cruz reclamó un control más estricto a los bares que operan fuera de los límites de zonificación,, la intervención de la Comisaría de Familia sobre los menores de edad que permanecen en el parque en altas horas de la madrugada, y criticó la lentitud en los tiempos de respuesta de la policía cuando se reportan disturbios por ruido excesivo en zonas residenciales.
5. El Rector Armando Moyano: El enfoque constitucional, el espacio público y la pedagogía de la autoridad
El rector Armando Moyano aportó al debate un análisis profundo basado en principios pedagógicos, jurídicos y constitucionales . Discrepando con respeto de la posición de la Policía, Moyano recordó que tanto la escuela como las facultades de derecho enseñan una premisa fundamental: "en la calle manda la policía" para imponer y restablecer el orden, y la Constitución es la norma de normas según su Artículo 4 . Bajo esta premisa, sostuvo que la autoridad municipal y policial no puede permitir que se infrinja la ley bajo ninguna justificación o pretexto de falta de personal .
Invocando el Artículo 79 de la Constitución Política (derecho a gozar de un ambiente sano), el rector denunció firmemente a los conductores irresponsables que retiran los silenciadores a los escapes de sus motocicletas, señalando con contundencia que lo hacen "solamente para fastidiar" el descanso y la paz de la comunidad. Afirmó que es competencia directa de los guardianes del orden sancionar este tipo de indisciplina social.
Moyano también enfatizó que la Policía debe ser la primera en dar ejemplo de respeto al espacio público según el Artículo 82. En este sentido, criticó que la institución cierre de manera permanente media calzada de la vía principal de salida hacia Aguas Calientes, un corredor estrecho por donde transitan rutas escolares, feligreses de varias iglesias y el transporte intermunicipal, obstaculizando innecesariamente la movilidad .
Frente al recurrente argumento de la escasez de patrulleros, Moyano planteó que el comando de la estación tiene la obligación técnica de diseñar y aplicar un riguroso "plan de contingencia" [7]. Explicó que las vacaciones, los permisos o las bajas por enfermedad son eventos previsibles en cualquier administración de personal, por lo que las autoridades deben reorganizar sus cuadrantes y priorizar los puntos más críticos del municipio en lugar de descuidar el casco urbano.
Finalmente, el rector propuso soluciones de sentido común y bajo costo que no requieren trámites burocráticos, tales como señalizar o pintar adecuadamente un solo costado de la vía en las zonas de mayor congestión del parque para evitar infracciones o contravías de conductores inexpertos [8]. Asimismo, exhortó a aplicar rigurosamente el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801) ante problemas cotidianos como la presencia descontrolada de mascotas ("tanto perrito por la calle"), recordando que estas sencillas regulaciones son la base para recuperar el talante de paz y tranquilidad que históricamente ha caracterizado a Guasca .

La reacción institucional: Órdenes del Concejo y Proposiciones de Control Político

Frente al clamor de la comunidad, el Consejo Municipal ordenó formalmente al secretario de Gobierno, Diego Cubillos, enviar una respuesta individualizada por escrito a cada uno de los ciudadanos que intervinieron en la sesión.
Adicionalmente, se aprobaron por unanimidad dos proposiciones de control político claves:

  • Primero, exigir al inspector de Policía un informe sobre las medidas aplicadas contra los bares que operan ilegalmente bajo el nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), ordenando un censo comercial integral y la solicitud de visitas sanitarias sorpresa por parte de la Secretaría de Salud departamental a restaurantes.
  • Segundo, iniciar una investigación exhaustiva sobre una sospechosa construcción rural de tres pisos con terraza transitable en la vereda Florvidal, requiriendo claridad sobre los licenciamientos y autorizaciones otorgados en suelo rural.
La sesión del 25 de agosto demostró que la seguridad de Guasca no se resolverá con estadísticas, sino escuchando y respaldando a los líderes comunales y habitantes que diariamente le hacen frente a la delincuencia

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN GUASCA | EL LLAMADO A LA ACCIÓN COLECTIVA EN EL CONCEJO MUNICIPAL

 


"¿La seguridad es solo un asunto de la policía? 
El Concejo de Guasca expone cómo las viviendas en alquiler
 sin verificación de antecedentes y
 la falta de control de los padres sobre los conductores menores de edad
 alimentan las problemáticas del municipio."

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN GUASCA
EL LLAMADO A LA ACCIÓN COLECTIVA

Introducción
La Sesión Ordinaria N° 60 del Concejo Municipal de Guasca, celebrada el 25 de agosto de 2026, marcó uno de los debates más intensos y cruciales para el futuro de nuestro municipio. Con la presencia del secretario de Gobierno, Diego Cubillos; el inspector de Convivencia y Paz, Mauricio Rincón; y el comandante de la estación de Policía, la plenaria se convirtió en un escenario de exigencias ciudadanas, balances institucionales y un fuerte llamado a la corresponsabilidad para frenar los flagelos que hoy afectan la tranquilidad del territorio.

A diferencia de las discusiones sobre presupuestos de días pasados, esta sesión estuvo totalmente volcada a examinar las problemáticas de seguridad, el microtráfico, el desorden vial y la convivencia ciudadana.

Aquí te presentamos el análisis detallado y los puntos críticos que marcaron esta importante jornada de control político:
1. El cuello de botella del "Pie de Fuerza" y la seguridad regional
Uno de los datos más crudos expuestos en la sesión es la evidente escasez de fuerza pública en Guasca. Actualmente, el municipio cuenta con un pie de fuerza de aproximadamente 17 o 18 unidades de policía para cubrir tanto la extensa zona urbana como el sector rural. Al distribuirse en tres turnos de vigilancia y considerar vacaciones, permisos o situaciones administrativas, el municipio queda resguardado en el día a día por tan solo 4 o 5 agentes en servicio activo.
Esta alarmante insuficiencia se agravó tras la salida de Guasca del distrito de policía de Chocontá debido a la creación de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, lo cual redujo la asignación de recursos y personal. Para mitigar esta situación, el secretario de Gobierno reportó la articulación con el grupo especial GOES de la Policía Nacional (conformado por 10 uniformados y 5 motocicletas) que realiza patrullajes de apoyo temporales. Sin embargo, los concejales y la comunidad exigieron que la administración continúe gestionando ante la Dirección General un pie de fuerza fijo y permanente. Asimismo, se expuso que las tropas del Ejército Nacional que antes apoyaban la vigilancia rural se encuentran en periodo de reentrenamiento, por lo que se espera su retorno en las próximas semanas.
2. El azote del microtráfico en los entornos deportivos y escolares
La comunidad y el cabildo expresaron una profunda preocupación por el avance de los distribuidores de sustancias psychoactivas (comúnmente llamados gíbaros) que asedian los espacios públicos y de recreación. Sectores como el Polideportivo, el Parque Principal y la Villa Olímpica se han vuelto puntos vulnerables. En el caso de la Villa Olímpica, los concejales denunciaron que los mismos delincuentes vandalizaron y cortaron los cables de la cámara de seguridad para operar en la impunidad.

Los rectores, padres de familia y líderes comunales alertaron que estos expendedores están reclutando y vendiendo drogas a jóvenes a la salida de las instituciones educativas, como el colegio Domingo Savio. Ante esto, la comunidad exigió de forma contundente la intervención inmediata de organismos especializados de inteligencia como el CTI de la Fiscalía y la SIJÍN, ya que los cuadrantes ordinarios de la policía no dan abasto para realizar las labores técnicas de investigación y judicialización que estos delitos requieren. El comandante de la Policía reportó que, en lo corrido de la vigencia, se han incautado 1 arma de fuego, más de 50 armas cortopunzantes y se han realizado 12 capturas por hurto y lesiones personales, además de imponerse unos 300 comparendos bajo la Ley 1801, principalmente por consumo de estupefacientes.
3. Caos de movilidad, motos sin placas y el nuevo Plan de Movilidad
La movilidad y el tránsito en Guasca se han tornado insostenibles, según el consenso de los asistentes. Calles neurálgicas como la Calle Sexta, la Carrera Primera y la Calle Cuarta se encuentran colapsadas por el mal parqueo, la invasión del espacio público por parte de talleres de motocicletas que atienden sobre los andenes, y el descargue de mercancías fuera de los horarios establecidos.
La mayor indignación se centra en las motocicletas que transitan a altas velocidades por el casco urbano, muchas de ellas sin placas (u obstruidas deliberadamente con plástico negro), conducidas por menores de edad y sin portar el casco reglamentario. A esto se suma el ensordecedor ruido de motos equipadas con resonadores o escapes modificados que impiden el descanso nocturno en sectores como Villa Catalina o el Domingo Sabio.
Respecto a las soluciones, el secretario Cubillos informó que el nuevo Plan de Movilidad Municipal se encuentra en su fase final de diagnóstico y diseño técnico junto con la Gobernación de Cundinamarca. La jornada definitiva de socialización del documento está programada para el 4 de septiembre en el parque principal. Entre las propuestas que cuentan con mayor respaldo de la comunidad (cerca del 80%) está la de unificar el sentido de la Calle Sexta para que sea unidireccional y así mitigar el colapso vial.
4. Convivencia nocturna, fiestas clandestinas y espacio público
La falta de control de la actividad nocturna fue otro de los puntos álgidos. Se denunció la proliferación de "fiestas clandestinas" en predios privados del municipio, convocadas por redes sociales y frecuentadas por menores de edad, donde no se controla la venta de licor adulterado ni el consumo de estupefacientes. Asimismo, los vecinos del Parque Principal reportaron que los fines de semana se convierte en un baño público (especialmente sobre la Carrera Tercera), dejando un rastro de basuras, malos olores, botellas rotas y personas amanecidas consumiendo licor a tempranas horas de la mañana, interfiriendo incluso con actividades tradicionales como los mercados campesinos.
Por su parte, los concejales instaron a la Secretaría de Gobierno a exigir celeridad al CTI de la Fiscalía en las investigaciones en curso sobre los lamentables homicidios de dos mujeres ocurridos hace seis meses en el municipio, señalando que estos casos no pueden quedar en la impunidad.
5. Un llamado urgente a la corresponsabilidad ciudadana
Tanto la policía como la administración y los líderes comunales coincidieron en que el problema de la inseguridad en Guasca no se resolverá únicamente con uniformados, sino que requiere un cambio de actitud de la propia ciudadanía.
Se criticó fuertemente la práctica común de propietarios locales que construyen apartamentos de alquiler y reciben inquilinos sin solicitarles antecedentes judiciales ni conocer su procedencia. Igualmente, se llamó la atención a los padres de familia que les compran motocicletas de alta cilindrada a sus hijos menores de edad, permitiéndoles conducir sin licencia, sin seguro obligatorio (SOAT) ni revisión tecnomecánica, exponiéndolos a graves accidentes viales y a sanciones. La seguridad empieza por casa, por el autocuidado y por la cultura de no invadir las vías públicas por pura comodidad física.
La sesión dejó un claro mensaje de urgencia... Guasca crece exponencialmente en su economía y turismo, pero si no se toman medidas drásticas e inmediatas de control, sanción de ruidos y fortalecimiento institucional para organizar la casa, la tranquilidad histórica de nuestro municipio se desvanecerá.

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