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"Nunca cambias las cosas
luchando contra la realidad existente.
Para cambiar algo,
Construye un nuevo modelo
que haga obsoleto
el Modelo Actual."
R. Buckminster Fuller,
Arquitecto y teórico de sistemas.
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Actualizaciones:
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El Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua
¿ Qué implica Hacer a los Municipios de Colombia ?
Introducción
La gestión del agua es, sin duda, uno de los desafíos más cruciales de nuestro tiempo. En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, "Colombia Potencia Mundial de la Vida", ha puesto una apuesta central y una transformación fundamental en el ordenamiento territorial alrededor del agua. Esta política busca reconfigurar la forma en que nos asentamos, apropiamos y organizamos nuestro territorio para garantizar una vida digna y proteger nuestros valiosos ecosistemas.
¿Qué implica esto para nuestros municipios?
Más allá de una simple directriz, es una obligación y una oportunidad para construir territorios más resilientes, equitativos y sostenibles. Aquí les explicamos cómo:
1. El Marco Legal: La Vida Primero
El corazón de esta política radica en la modificación de la Ley 388 de 1997, que rige los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), a través del Artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 del PND. Esta reforma no solo incorpora la gestión del cambio climático como una determinante del ordenamiento territorial, sino que establece una jerarquía de determinantes, donde el Nivel 1 es prevalente.
Estas determinantes de Nivel 1, de superior jerarquía, se centran en la conservación y protección del ambiente y los ecosistemas, el ciclo del agua, los recursos naturales, la prevención de amenazas y riesgos de desastres, la gestión del cambio climático y la soberanía alimentaria. Esto significa que, al planificar, la vida y los ecosistemas tienen prioridad sobre las lógicas de mercado. Los municipios y distritos tienen la obligación de acatar estas directrices.
2. Principios Fundamentales para el Ordenamiento
Para guiar la acción municipal, es crucial entender los principios que sustentan esta política:
Priorizar el agua, la biodiversidad y a las personas: La planificación territorial debe centrarse en estos tres elementos, construyendo hábitats resilientes al clima y asegurando el acceso a los servicios ecosistémicos.
Adaptación y Mitigación del Cambio Climático: Los municipios deben trabajar en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), incrementar las áreas de reforestación y restauración, y disminuir la deforestación. Esto implica regular el uso del suelo previendo los cambios futuros en temperatura, precipitación y nivel del mar. Es un llamado a frenar la deforestación, que es clave para la mitigación y adaptación.
Garantizar el Derecho Humano a la Alimentación: Esto se logra protegiendo el suelo rural y conservando las áreas agrícolas y agropecuarias, incluso declarando "Áreas de Protección para la Producción de Alimentos".
Salvaguardar el Patrimonio Cultural y Arqueológico: Reconocer y proteger estos elementos, incluidos los saberes locales y ancestrales, como parte esencial del ordenamiento territorial.
3. Acciones en la Planificación Territorial (POT, PBOT, EOT)
La implementación de esta política se articula a través de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), que son instrumentos clave de planificación a 12 años.
Etapa de Diagnóstico
Realizar un análisis exhaustivo del territorio, abarcando sus dimensiones ambientales, económicas, socioculturales, funcionales e institucionales.
Es vital consolidar información climática territorial (histórica, actual y futura) y las principales fuentes de GEI.
Solicitar activamente las determinantes ambientales y estudios técnicos disponibles a la autoridad ambiental para su correcta incorporación. Utilizar la información a escala nacional, regional y local, incluyendo la del Catastro Multipropósito, para definir el modelo de ocupación.
Fomente la participación social activa y efectiva para validar la información climática con actores institucionales, sociales y sectoriales, enriqueciendo el diagnóstico con percepciones comunitarias y enfoques diferenciales.
Etapa de Formulación
Las políticas, objetivos y estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático deben ser definidas e incluidas en los componentes rural y urbano del POT.
Es crucial incorporar adecuadamente las determinantes ambientales, que son normas de superior jerarquía y restringen o condicionan los usos del suelo. Esto implica proyectar un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima desde la estructura ecológica, sistemas productivos, equipamientos colectivos, espacio público, vivienda y movilidad.
Etapa de Ejecución, Seguimiento y Evaluación
Definir acciones a corto, mediano y largo plazo, coordinándolas con los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) del departamento.
Los programas deben ser coherentes con las actividades planificadas y armonizarse con los Planes de Desarrollo Territorial para asegurar su materialización presupuestal.
Revisión del POT
Muchos planes de ordenamiento están desactualizados. Es fundamental que los municipios realicen revisiones y ajustes a sus POTs, ya sea por vencimiento de vigencia o por la necesidad de incorporar nuevas directrices, como las relacionadas con el agua y el cambio climático.
4. Coordinación y Colaboración Regional
El ordenamiento territorial alrededor del agua exige un enfoque regional. Los municipios deben coordinar programas y proyectos estratégicos con municipios vecinos y entidades nacionales y departamentales, utilizando esquemas asociativos territoriales (EAT) para unir esfuerzos e inversiones.
La Ley 2294 de 2023, que aprueba el PND, incluso crea los Consejos Territoriales de Agua, buscando fortalecer la gobernanza multinivel del agua y el ordenamiento territorial en torno a ella, con enfoque de adaptabilidad al cambio climático y gestión del riesgo.
5. Información y Fortalecimiento de Capacidades | El Soporte Técnico
Para una gestión efectiva, los municipios deben:
Utilizar información disponible: Aprovechar las herramientas y datos a escala nacional, regional y local, incluyendo la del Catastro Multipropósito. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) es un aliado clave, ofreciendo el Observatorio de Ordenamiento Territorial y "Colombia en Mapas" para apoyar la toma de decisiones.
Fortalecer capacidades: Es fundamental capacitar a los gobiernos locales y las comunidades para que comprendan y apliquen los instrumentos de ordenamiento territorial, el Catastro Multipropósito y el Sistema de Administración del Territorio (SAT).
6. Inclusión Social y Gestión Comunitaria | El Conocimiento Local
La participación activa de la comunidad es un pilar:
Inclusión de las personas: Los municipios deben incorporar a las personas en el centro de la planeación, reconociendo sus experiencias, necesidades y conocimientos específicos. Esto incluye promover la participación comunitaria en la construcción de presupuestos participativos.
Atención a la informalidad: El PND busca planificar y atender la ciudad informal y los asentamientos humanos informales, asegurando el acceso a agua potable y saneamiento básico. Se busca priorizar obras de mitigación y procesos de legalización y regularización sobre la figura de la reubicación, cuando sea posible.
Apoyo a la gestión comunitaria: Es vital reconocer y apoyar las formas de organización y gestión del agua de forma popular a través de acueductos comunitarios y territorialidades campesinas agroalimentarias (TCAM). Estas iniciativas demuestran autonomía y un manejo adecuado del bien común, y deben ser integradas en la planificación. Las "culturas anfibias" de regiones como La Mojana, que tradicionalmente conviven con las dinámicas hídricas, ofrecen valiosos saberes para la adaptación.
Conclusión
La Política Nacional de Ordenamiento Territorial alrededor del agua representa una oportunidad histórica para Colombia. Requiere que los municipios adopten un enfoque integral, participativo, basado en la información técnica y coordinado regionalmente. Al priorizar la protección de los recursos hídricos, la adaptación al cambio climático, la soberanía alimentaria y la mejora de la calidad de vida de sus poblaciones, nuestros territorios no solo cumplirán con un mandato nacional, sino que construirán un futuro más justo, equitativo y sostenible para todos, priorizando la vida sobre cualquier otra lógica.
Con una inversión de $28 billones de pesos en esta transformación, el Gobierno Nacional está sentando las bases. Ahora, la acción y la visión de cada administración municipal son fundamentales para materializar este cambio profundo y asegurar la subsistencia como especie humana.
