Defensa de la Participación Ciudadana Informada: Centra su intervención en que la participación no es solo asistir, sino comprender lo que se discute, basándose en los artículos 2 y 40 de la Constitución.
Complejidad del Lenguaje Técnico: Denuncia que el proyecto de modificación del EOT utiliza un lenguaje jurídico y técnico complejo (términos como densificación, cargas urbanísticas o macroproyectos) que la mayoría de la comunidad no comprende.
Critica a la Socialización Actual: Señala que publicar documentos o convocar audiencias no es suficiente; la participación debe ser pedagógica para ser real y legítima.
Interconexión Urbano-Rural:Sostiene que el territorio es un sistema interconectado y no se puede fragmentar.Advierte que los cambios en la densidad y el consumo urbano impactan directamente la ruralidad, especialmente en lo que respecta al recurso hídrico y servicios ecosistémicos.
Impacto a Largo Plazo: Recuerda que el EOT es la hoja de ruta territorial hasta el año 2035, por lo que su aprobación sin comprensión ciudadana debilita la legitimidad del proceso.
Solicitud Concreta a la Administración: Exige que, antes de la aprobación definitiva, se garantice un proceso de socialización pedagógica con lenguaje claro y espacios comunitarios reales para explicar los cambios estructurales propuestos.
Conclusión sobre el Ordenamiento: Enfatiza que un territorio no se ordena solo con normas, sino con conciencia colectiva.
Estado de Vulnerabilidad Hídrica: Advierte que, aunque Guasca es territorio de páramo, la disponibilidad real de agua para consumo está en riesgo debido al cambio climático, la deforestación y fugas significativas en la infraestructura.
Cuestionamiento a la Proyección Habitacional: Critica que el proyecto planee cubrir un déficit con 1,614 nuevas unidades habitacionales para el año 2035 sin tener claridad sobre la procedencia del agua para estas familias.
Dudas sobre la Capacidad de la PETAP: Pregunta si existe un estudio técnico actualizado de oferta y demanda hídrica y si la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PETAP) tiene la capacidad futura para atender el crecimiento proyectado.
Saturación de la PETAR:Denuncia que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PETAR) ya opera por encima de su capacidad.Señala que esto provoca procesos de descontaminación incompletos y vertimientos deficientes que degradan los ecosistemas y afectan la biodiversidad aguas abajo.
Exigencia de Garantías antes de Urbanizar:Solicita que se contemple la ampliación funcional de la PETAR antes de otorgar nuevas licencias de construcción.Sostiene que antes de autorizar mayor altura y densidad urbana, el municipio debe garantizar la capacidad real instalada de los servicios públicos.
Transparencia y Gestión del Riesgo:Pide que se publiquen los resultados de seguimiento y control a los vertimientos comerciales e industriales.Interroga sobre la existencia de planes de contingencia ante un posible colapso del sistema hídrico.
Conclusión del Modelo de Ordenamiento: Enfatiza que el ordenamiento territorial no puede planearse sobre la base de la insuficiencia hídrica.
Foco de la Intervención: Artículo 15. Centra su discurso en el régimen de transición para la relocalización de establecimientos de comercio C3 (expendio de bebidas alcohólicas para consumo en el sitio) localizados en el parque principal y cerca de instituciones educativas o deportivas.
Cuestionamiento al Plazo de Relocalización:Expresa su preocupación por la fecha límite del 31 de diciembre de 2026 establecida en el parágrafo 1 del proyecto.Pregunta por qué la norma parece afectar solo a los bares, mientras que los gastrobares u otros establecimientos que también venden alcohol para consumo no se verían perjudicados.
Defensa del Derecho al Trabajo e Igualdad:Reivindica que ejercen una actividad comercial legal y que tienen derecho a la igualdad de condiciones frente a otros comercios.Menciona que los problemas de orden público en el parque ya fueron solucionados con apoyo de la Policía y la Secretaría de Gobierno, por lo que no debería penalizarse al comercio actual.
Falta de Infraestructura y Concertación:Denuncia que no existen actualmente en Guasca sitios desarrollados o una "zona de bares" a donde puedan trasladarse para seguir su actividad económica.Asegura que el sector comercial no fue tenido en cuenta ni invitado a las reuniones de concertación para este proyecto de acuerdo.Impacto Económico y Contractual:Advierte que los comerciantes tienen contratos de arrendamiento vigentes, deudas bancarias e inversiones recientes que no pueden ser recuperadas en un plazo tan corto.
Pide un "tiempo vulnerable" o más largo para poder cambiar de actividad económica si es necesario.
Ambigüedades Técnicas del Proyecto:Cuestiona si cambiar la actividad a "licorera" o "gastrobar" les permitiría permanecer en el sitio.Critica los nuevos requisitos como el estudio acústico para renovar licencias y la exigencia de áreas mínimas de 50 m², señalando que implican inversiones costosas para un tiempo de funcionamiento muy breve.
Propuesta de Transición: Solicita que se evalúe ampliar el plazo de transición a un máximo de 4 años para permitir una adaptación financiera y logística real de los comerciantes.
Seguridad Ciudadana y de Género:Expresa una preocupación profunda por el impacto del aumento de la urbanización en los índices de delincuencia local (hurtos, violencia, consumo de sustancias).Hace un llamado especial a proteger la seguridad de las mujeres en el territorio como un derecho fundamental.Cuestiona si existen estudios de seguridad previos y si los servicios de emergencia (policía, bomberos, defensa civil) tienen capacidad para atender a una mayor población.
Cuestionamiento al Modelo de Urbanización (Proyecto Las Margaritas):Pide que el municipio no se convierta en una "réplica de Ciudad Bolívar o Soacha" debido a la saturación de edificaciones.Reflexiona sobre el impacto de construir edificios en lugar de preservar el paisaje de cerros y naturaleza.
Transparencia en la Vivienda de Interés Social (VIS/VIP):Propone la creación de una veeduría ciudadana para asegurar que las viviendas realmente beneficien a personas vulnerables y no se conviertan en un negocio para constructoras o para personas que buscan arrendar múltiples unidades.
Déficit de Espacio Público y Servicios:Señala la falta de parques y áreas de esparcimiento para niños, jóvenes y adultos.Pregunta si las coberturas en salud, saneamiento básico y educación son suficientes para soportar el crecimiento proyectado.
Gestión del Recurso Hídrico y Cultivos Bajo Cubierta:Pregunta cuándo se reglamentará la modificación para los cultivos bajo cubierta (invernaderos), denunciando que ya se sobrepasaron las 300 áreas permitidas en el EOT actual.Defiende el agua como un servicio vital que debe ser protegido por encima del progreso económico.
Participación Ciudadana y Marco Legal:Invoca la Ley 388 de 1997 para enfatizar que, aunque los aportes del cabildo no sean vinculantes, las autoridades tienen la obligación de tener en cuenta la participación ciudadana en las decisiones sobre el uso del suelo.
Visión de Futuro y Legado:Concluye con una reflexión sobre la responsabilidad de los gobernantes como "custodios del territorio" y no "depredadores", instando a un desarrollo responsable que no sacrifique la esencia, la paz y la salud de las futuras generaciones por beneficios económicos inmediatos.
Cambios en los Sectores Normativos: Menciona que el proyecto propone reducir los sectores de 13 a 10, destacando la exclusión del sector 7 para pasar barrios ya consolidados (como Guazuca, Villa Juliana, Portales de Valenta y Monteazul) al sector normativo .
Cuestionamiento al Proyecto de Vivienda (VIS/VIP):Señala que en el sector normativo 9 se proponen lotes mínimos de 10,000 m² para construir edificios de 5 pisos (18 metros de altura).Pregunta qué estudios técnicos, geológicos y de suelos avalan el aumento de la altura, que antes era de tres pisos.
Estabilidad del Terreno y Antecedentes:Advierte que el lote del municipio (antigua finca de la familia León) tiene cuerpos de agua que fueron cubiertos y que se usó para disponer tierras removidas de otras vías sin el debido tratamiento.Cuestiona la estabilidad para sostener torres de 5 pisos y cita como ejemplo negativo las inundaciones en los primeros pisos de Villa Catalina por problemas de saneamiento.
Capacidad de Servicios Públicos:Expresa su preocupación por la suficiencia de la PTAR (aguas residuales) y la PETAP (agua potable) para cubrir las 500 unidades proyectadas por privados más las que planea el municipio.Menciona la importancia de cumplir con la sentencia del río Bogotá.
Reubicación del Comercio Tipo 3 (Bares y similares):Cuestiona el traslado de estos comercios al sector normativo 8 (zona de la Calle 11 y sector posterior al cementerio).Pregunta cómo se protegerán los derechos de los comerciantes que ya tienen contratos de arrendamiento, arraigo y obligaciones bancarias en el parque principal.
Limitantes Técnicas y Económicas en la Nueva Zona Comercial:Señala que los predios en el nuevo sector tienen restricciones graves: rondas de protección de la quebrada Chimicé (15 m) y aislamientos de la vía departamental (20 m).Duda de la capacidad de los comerciantes locales para adquirir y desarrollar lotes con un área mínima de 250 m², como exige la propuesta.
Petición de Concertación: Solicita que, si se aprueba la modificación, se brinde a los comerciantes un plazo acorde a sus necesidades financieras y legales para no vulnerar su derecho al trabajo.
Presentación y Representación: Se presenta en nombre de las nueve comunidades religiosas del municipio (incluyendo la Iglesia Católica y diversas congregaciones) y del Comité de Libertad Religiosa.
Labor Social y Psicológica: Resalta que el trabajo de las iglesias en Guasca va más allá de lo espiritual, brindando apoyo social, económico y psicológico a familias con problemas, y actuando como refugio frente a problemas de drogas o alcohol.
Barreras en el Esquema Anterior: Explica que la normativa vigente limitaba a las congregaciones pequeñas a terrenos no menores a 300 metros cuadrados, lo cual resultaba excesivamente costoso para grupos de solo 15 o 20 personas.
Reconocimiento a la Administración: Agradece los aportes técnicos de la actual administración que ya permiten a las comunidades religiosas acceder al uso del suelo en espacios D2.
Solicitud de Apertura a Espacios D1: Pide formalmente que se les permita funcionar en espacios aún más pequeños (categoría D1), de menos de 100 metros cuadrados, para acoger dignamente a congregaciones pequeñas de 20 a 25 personas.
Compromiso con la Convivencia y Normatividad:Control de Ruido: Asegura que las comunidades se acogen estrictamente a las normas para no generar contaminación auditiva ni molestar a los vecinos.
Movilidad: Expresa la disposición de cumplir con los requisitos de parqueaderos para no afectar el tráfico del municipio.
Justificación de Ausencia: Informa que el señor José Univio (octavo inscrito y también miembro del comité) no pudo asistir al cabildo debido a una emergencia hospitalaria con un miembro de su congregación, aclarando que su ponencia seguía la misma línea de pensamiento.
Identificación y Mandato Legal: Se presenta como integrante del Consejo Territorial de Planeación (CTP) desde principios de 2024. Define su rol como un puente entre la administración y la sociedad para aconsejar sobre el Plan de Desarrollo y el EOT.
El caso de estudio: Urbanización Monte Azul. Explica que, para entender los términos complejos de la modificación, decidió estudiar el caso práctico de Monte Azul, motivado por la situación de un habitante (William Mauricio Rodríguez) multado con 6.5 millones de pesos por control urbanístico.
Denuncia de Inequidad y Conflicto de Intereses: Señala una presunta injusticia en la aplicación de la ley, donde el rigor recae sobre un ciudadano mientras otros propietarios del mismo conjunto, supuestamente vinculados a la administración, no enfrentarían las mismas consecuencias.Advierte sobre el riesgo de que el futuro acuerdo nazca con vicios de inseguridad jurídica o conflictos de intereses si no se aclaran estos puntos.
Cambios Técnicos Específicos propuestos para Monte Azul. Traslado del sector normativo 11 al sector normativo 6.Cambio del tratamiento de suelo de "desarrollo" a "consolidación".Cambio de la actividad permitida de "múltiple" a "netamente residencial".
Cuestionamiento sobre Densidades y Licencias: Pregunta cómo se armonizará la nueva norma con la licencia original que aprobó 46 casas bifamiliares (equivalentes a 92 familias) frente a la realidad física actual del proyecto.
Petición Formal de Explicación: Solicita a la oficina de planeación una explicación detallada y técnica sobre cómo estos cambios afectan o sanean la situación de Monte Azul, enfatizando que la planeación debe ser un "traje a la medida" del interés general y no de predios particulares.
Observación sobre la Transparencia del Evento: Expresa su preocupación por los fallos en la transmisión y grabación del cabildo debido a cortes de energía, señalando que se perdieron testimonios valiosos de la comunidad en los canales oficiales (Facebook y YouTube) y sugiriendo la necesidad de planes de contingencia como una UPS.
Representación de los Ecosistemas: Manifiesta que su intervención no solo representa a las personas, sino también a los ecosistemas del municipio, actuando como voz de la naturaleza frente a la intervención humana.
Cuestionamiento al Concepto de Patrimonio: Reflexiona sobre qué tipo de patrimonio se está defendiendo realmente. Sugiere que más allá de conservar fachadas o materiales antiguos, el enfoque debería estar en rescatar los valores y tradiciones autóctonas que representan el bienestar del ser humano.
Alerta sobre la Metropolización:Expresa una "grave preocupación" porque, a pesar de que la administración niega el interés en la Región Metropolitana, los términos "metropolización" y "región metropolitana" aparecen en el texto del proyecto.Solicita formalmente que, si no hay interés en integrarse a dicha figura, se eliminen esas palabras del documento para no dejar la "puerta abierta" a que futuros alcaldes o concejos tomen esa decisión sin garantías para la comunidad.
Integración Urbano-Rural y Catastro: Señala que el área rural y urbana son ecosistemas interdependientes. Menciona que la reciente actualización del rezago catastral rural tiene un impacto que no debe excluirse del análisis de la modificación del EOT.
Crítica al Modelo de Vivienda ("Jaulas para la gente"):Cuestiona la falta de propuestas para "barrios verdes" o huertas urbanas.Critica que se esté acomodando a las personas en espacios reducidos, refiriéndose a ellos como "jaulas", en lugar de garantizar espacios dignos, sostenibles y que permitan la autolimentación.
Lecciones Olvidadas de la Pandemia: Advierte que parece haberse olvidado rápidamente la enseñanza del 2019 sobre los riesgos y la necesidad de espacios adecuados, perdiendo el sentido de pertenencia y previsión.
Reclamo Procedimental por el Tiempo: Al inicio y cierre de su intervención, reclama que solicitó ser considerado como "tercer interviniente", lo cual, según su interpretación de la normativa, le otorgaría condiciones especiales de tiempo que no le fueron reconocidas por la mesa directiva.
¿Es posible ser "Tercer Interviniente" en un Cabildo Abierto?
Introducción
El pasado 10 de marzo de 2026, el municipio de Guasca, Cundinamarca, vivió una jornada de intensa deliberación política durante el cabildo abierto convocado para discutir la modificación excepcional del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). Entre las múltiples voces ciudadanas, surgió una mención técnica que generó curiosidad y debate: la figura del "tercer interviniente". Sin embargo, la mención de este estatus procesal en el marco de un cabildo revela una confusión técnica común entre dos regímenes jurídicos distintos de participación.
La Naturaleza del Tercer Interviniente
La figura del tercer interviniente tiene un carácter estrictamente administrativo y procedimental. Su fundamento más sólido se encuentra en el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, que permite a cualquier persona vincularse a una actuación administrativa relacionada con la expedición, modificación o cancelación de licencias o permisos ambientales.
A diferencia de otros procesos, el régimen ambiental permite una legitimación amplia: no se requiere demostrar un perjuicio individual. Una vez reconocido mediante un acto administrativo, el tercero adquiere derechos procesales de gran peso:
Acceso total al expediente técnico.Facultad de aportar pruebas y controvertir conceptos de la autoridad.
Derecho a interponer recursos de reposición contra la decisión final de la administración.
El Cabildo Abierto: Un Foro de Soberanía Política
Por el contrario, el cabildo abierto es un mecanismo de democracia deliberativa consagrado en el artículo 103 de la Constitución. No es un trámite ante una autoridad ambiental, sino la congregación del pueblo soberano para discutir asuntos de interés general ante el Concejo Municipal.
En el contexto de Guasca, el cabildo es un requisito de validez obligatorio para aprobar ajustes al EOT; sin él, el acuerdo municipal sería nulo. En este espacio, los ciudadanos no actúan como "terceros intervinientes", sino bajo la calidad de habitantes, voceros o intervinientes inscritos.
¿Era posible esgrimir esa figura en el cabildo?
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, no es adecuado ni posible actuar bajo la calidad de "tercer interviniente" en una sesión de cabildo abierto. La ley establece diferencias claras que impiden el uso de esta figura en dicho foro:
Propósito distinto: Mientras el tercero interviniente busca un control legal y técnico de un acto administrativo, el interviniente en un cabildo busca la deliberación política y la expresión de opiniones generales.
Efectos legales: La intervención en un cabildo genera un derecho a recibir una respuesta razonada y escrita por parte de la corporación en una audiencia posterior, pero no otorga el derecho a interponer recursos legales contra el debate mismo.
Marco Normativo: El tercero interviniente se rige por la Ley 99 de 1993 y el CPACA, mientras que el cabildo se rige por la Ley 1757 de 2015 y la Ley 507 de 1999.
La Concurrencia de Roles
Aunque el término fue mal empleado en la plenaria, es probable que la confusión nazca de la concurrencia de etapas en el ordenamiento territorial. Un ciudadano de Guasca interesado en proteger el agua o evitar la densificación urbana ("Suacha-ización") pudo haber ejercido ambos roles en momentos diferentes:
Ante CORPOGUAVIO: Pudo solicitar ser reconocido como tercer interviniente durante el trámite de concertación ambiental del EOT, asegurando así su derecho a controvertir técnicamente el proyecto antes de que llegara al Concejo.
En el Concejo: Actuó como un ciudadano inscrito con derecho a voz para fiscalizar si los estudios técnicos de la alcaldía eran suficientes para sustentar el crecimiento propuesto.
En conclusión, aunque un participante haya "salido" con la figura del tercer interviniente en el cabildo, esta no es procesalmente aplicable en ese espacio. El cabildo de Guasca del 10 de marzo fue un ejercicio de soberanía política donde el ciudadano tuvo voz, mas no las facultades de impugnación técnica que le otorga el estatus de tercero ante las autoridades ambientales.
Necesidad de Claridad y Transparencia: Como presidente de junta, solicita que la administración sea más clara sobre los cinco puntos específicos que cambiarán en el EOT para evitar "especulaciones" en las veredas sobre temas como la región metropolitana.
Crisis del Recurso Hídrico: Expresa su preocupación por el estado del río Chipatá, del cual se surten múltiples acueductos (Santana, Dos Florestas, San Pastor Ospina), señalando que el caudal ha disminuido drásticamente en poco tiempo.
Cuestionamiento a las Alturas y Espacio Público:
Menciona que en el teatro se les habló de permitir alturas de 4 o 5 pisos para supuestamente liberar espacio para parques y zonas verdes.
Compara esta propuesta con el caso de Villa Catalina, criticando la falta de planeación en parqueaderos y senderos peatonales en construcciones previas.
Preocupación por Nuevos Desarrollos: Consulta sobre el impacto que tendrán las nuevas construcciones y movimientos de tierra en predios como la finca Pote León y otros sectores aledaños en cuanto a la prestación de servicios públicos.
Problemática de Residuos en Veredas: Señala que actualmente hay deficiencias en el manejo de basuras y reciclaje en las zonas rurales, por lo que cuestiona la capacidad de recibir a más población.
Barreras de Acceso a la Vivienda:
Relata su caso personal para ilustrar la dificultad que tienen las personas sin empleo formal, caja de compensación o capacidad de endeudamiento para acceder a subsidios de vivienda.
Cuestiona si realmente estas soluciones habitacionales beneficiarán a los trabajadores locales (como los de las fincas de flores).
Defensa de la Identidad Arquitectónica:
Critica construcciones recientes que no respetan la estética del pueblo, como el "edificio de las monjas".
Exige disciplina en el manejo de fachadas y balcones en el centro histórico para que Guasca mantenga su esencia de pueblo y no crezca de forma desordenada
