El derecho a la información pública: pilar de la democracia y la participación ciudadana
El acceso a la información pública se reconoce ampliamente como un pilar fundamental para construir democracias sólidas y participativas. No se trata solo de un derecho individual, sino de un elemento esencial para que la ciudadanía pueda ejercer control sobre sus gobernantes, participar en la toma de decisiones y exigir rendición de cuentas.
En Colombia, este derecho está consagrado en la Constitución Política y se desarrolla a través de diversas leyes, entre las que destaca la Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Esta normativa establece los principios de publicidad, veracidad, oportunidad e igualdad en el acceso a la información pública, definiendo los procedimientos para solicitarla y las excepciones a este derecho.
La transparencia en la gestión pública permite a la ciudadanía conocer cómo se administran los recursos públicos, cómo se toman las decisiones que les afectan y cómo se rinden cuentas sobre la gestión de lo público. Esto genera confianza en las instituciones, previene la corrupción y fomenta la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Sin embargo, la existencia de un marco legal que garantice el acceso a la información pública no es suficiente. Es necesario que exista una cultura de la transparencia arraigada en las instituciones y que los servidores públicos asuman este derecho como un deber inherente a su función.
El desafío actual radica en fortalecer la cultura de la transparencia, promover el uso de las tecnologías de la información para facilitar el acceso a la información pública y generar mecanismos de control ciudadano más efectivos que garanticen el cumplimiento de este derecho fundamental. Solo así, la ciudadanía podrá ejercer plenamente su derecho a participar en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática.
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