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Introducción | Iniciamos Un Dialogo Respetuoso
Hace algún tiempo, en los vibrantes espacios de una red social creada para conectar a los Consejeros Territoriales de Planeación (CTPs) de Colombia, donde a menudo sentían el aislamiento y la falta de impacto en su valioso rol de participación local, comenzó a gestarse un diálogo que resonaba con fuerza, no solo entre estos especialistas, sino entre todos aquellos interesados en el futuro de nuestro territorio.
A partir de la discusión sobre la Propuesta del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás en Antioquia, cuya consulta popular estaba próxima, se encendió también un diálogo respetuoso sobre la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (RMBC). Aunque ambas figuras comparten elementos, la RMBC se ha calificado como un caso sui generis dentro de la normativa colombiana. Desde sus inicios, este modelo ha generado una serie de inquietudes y argumentos en contra, aún a la espera de un contrapeso de voces a favor.
Modificación de la Constitución
Esta iniciativa no es un capricho del momento, sino la cristalización de una profunda necesidad de redefinir la relación entre Bogotá Distrito Capital y los municipios vecinos. El Acto Legislativo 2 de 2020, promulgado el 22 de julio de ese año, fue el hito que modificó el artículo 325 de la Constitución Política de Colombia, dando vida a la RMBC. Su misión es clara: funcionar como una entidad administrativa de asociatividad regional de régimen especial, concebida para garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo sostenible y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo.
El Distrito Capital, la Gobernación de Cundinamarca y los municipios del departamento pueden unirse a esta región, especialmente si comparten dinámicas territoriales, ambientales, sociales o económicas. En el ámbito de sus competencias, las decisiones de esta nueva Región están pensadas para tener superior jerarquía sobre las del Distrito, los municipios asociados y el departamento de Cundinamarca, en lo relacionado con los temas objeto de su competencia. No obstante, un aspecto fundamental que siempre se buscó salvaguardar fue la autonomía territorial de las entidades que la conformen, dejando claro que no quedarán incorporadas al Distrito Capital. De hecho, el propio Distrito Capital podría, a su vez, conformar una región administrativa con otras entidades de carácter departamental.
La Ley Organica 2199 de 2022
La Ley 2199 de 2022 define que la Región Metropolitana busca promover el desarrollo armónico, la equidad, el cierre de brechas entre los territorios y la ejecución de obras de interés regional, sin posiciones dominantes. Sus principios incluyen la sostenibilidad, el reconocimiento de la pluralidad geográfica, institucional, económica, social, étnica y cultural, y la promoción de la identidad regional. También se rige por la gradualidad en la asunción de funciones, la economía y el buen gobierno, la especialidad (solo interviene en competencias transferidas o delegadas, no exclusivas de los municipios, distrito o departamento), la participación ciudadana, la coordinación, la subsidiariedad y la complementariedad. Se requiere que los municipios que se asocien compartan uno o más "hechos metropolitanos" reconocidos por el Consejo Regional. Estos hechos metropolitanos son fenómenos o situaciones que afectan o benefician a múltiples entidades asociadas y cuya gestión coordinada es más efectiva. Para su declaración, se requiere un documento técnico de soporte que caracterice el fenómeno, establezca interdependencias y defina objetivos. La Ley 2199 también detalla las competencias de la RMBC en áreas como movilidad, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, servicios públicos domiciliarios y TIC, desarrollo económico, ambiente y ordenamiento territorial y hábitat.
Desafios y Preocupaciones
Sin embargo, el camino hacia la consolidación de la RMBC no ha estado exento de desafíos y preocupaciones. Una de las críticas más recurrentes ha sido la velocidad de su proceso de aprobación e implementación, incluso en medio de la pandemia y de manera virtual, lo que para algunos, como el señor Iván Carrillo de RURALIA URBANA, pareció un "afán del Cartel RMBC". Esta celeridad, sumada a la percepción de una falta de consulta popular y participación ciudadana, ha sido un punto de fricción constante. De hecho, la Corte Constitucional se inhibió de pronunciarse sobre algunos cargos de vicios de procedimiento relacionados con la vulneración del principio de participación ciudadana y la omisión de consulta previa a comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras e indígenas. Se ha señalado que el derecho a la consulta previa, estipulado en el Convenio 169 de la OIT, debería respetarse plenamente en estos casos.
Inquietudes
También han surgido inquietudes sobre la posible "usurpación" de competencias de las asambleas departamentales en temas como la fijación de tarifas de transporte y la planificación de servicios. Voces como las de la Veeduría Ambiental Teusacá La Calera han centrado su preocupación en la expansión urbanística sin control y la especulación inmobiliaria ("volteo de tierras"), reclamando un modelo de integración que prime el cuidado del agua y la naturaleza, y que garantice la soberanía alimentaria, lamentando la aparente ausencia de una autoridad ambiental con poder real dentro de la RMBC. La idea de que sectores económicos busquen lucrarse con grandes negocios en el departamento, desplazando personas y sin una planificación con la ciudadanía, también ha sido un argumento central en contra de la iniciativa. Se ha mencionado que la Región Metropolitana podría crear cinco nuevos impuestos para los bogotanos, entre el 0.5% y el 5.0%, y que los municipios podrían perder el control de su ordenamiento territorial, servicios públicos y transporte interno. Los municipios de Sabana Centro han expresado preocupaciones por el crecimiento desbordado de Bogotá, la afectación de los servicios públicos y la falta de planificación vial.
Apreciaciones de los Consultores
Pese a estas preocupaciones, un estudio del Centro Nacional de Consultoría (2022) ha sugerido que la implementación de esta Región no generaría un impacto fiscal adverso y, por el contrario, podría incrementar la actividad económica formal y, con ello, el recaudo tributario. Además, la Corte Constitucional ha señalado que en materia de ordenamiento territorial, las normas de la Región Metropolitana no desconocen la competencia de los concejos para reglamentar los usos del suelo y que las entidades locales deben respetar un marco normativo, pero son ellas las que deciden asociarse voluntariamente a la Región Metropolitana.
A modo de Conclusión
Es una narrativa compleja, donde la visión de una planificación regional integrada para mejorar la movilidad, los servicios públicos y el ordenamiento territorial, choca con la persistente preocupación por la autonomía de los municipios y la verdadera participación ciudadana. La creación de la Región Metropolitana, aunque se plantea como una solución para problemas estructurales y un motor de desarrollo sostenible y equitativo, nos invita a una reflexión profunda sobre cómo, en la búsqueda de soluciones a gran escala, podemos asegurar que la voz de cada comunidad, cada municipio y cada ciudadano sea verdaderamente escuchada y respetada.
Al final, este ambicioso proyecto es como un gran tejido que se va hilando, puntada a puntada, sobre la geografía de Bogotá y Cundinamarca. Para que esta tela sea fuerte y duradera, y no solo bella, es esencial que cada hebra, cada hilo de autonomía local y participación ciudadana, se entrelace con cuidado y propósito, asegurando que el diseño final sea un reflejo auténtico y beneficioso para la vida de todos.
